Las abultadas lamentaciones de la Asociación de Isapres

Con estadísticas y datos refuta el autor de esta columna para CIPER los recientes planteamientos de la Asociación de Isapres en torno a la crisis del sector: «En el periodo 1990-2021, los hogares afiliados a isapres han transferido a la industria privada de seguros de salud un monto de $8,6 billones por concepto de ganancia bruta, que no ha ido a parar ni al pago de prestaciones de salud ni de licencias médicas, sino solo a hacer funcionar el sistema».

David Debrott

Gran polémica generó la decisión de Isapre Colmena de demandar a sus propios beneficiarios por intentar protegerse, por una vía legal y legítima, frente al alza de precio de sus planes de salud por sobre el IPC. Tan insólita y aberrante era la medida en contra de sus propios afiliados que terminó con la salida del gerente general de la compañía.

Sin embargo, desde la asociación empresarial que agrupa a las isapres con fines de lucro —así llamadas «abiertas», para distinguirlas de aquellas que corresponden a los antiguos departamentos de bienestar de grandes empresas públicas (isapres cerradas)— se ha intentado justificar el actuar de una de las empresas asociadas señalando que la situación de la industria es crítica, ya que registrarían pérdidas por $170 mil millones en los últimos quince meses. En un comunicado oficial difundido hace unos días [descargable desde el sitio web de la Asociación de Isapres] se añade que estas compañías ya no tienen margen de operación y funcionan con aportes de capital de sus dueños; así como que el cierre de algunas podría producirse en cosa de meses.

Cita el documento al presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon:

«Estos resultados nos ponen en el peor escenario en la historia de las isapres. El sector se ha visto presionado por el congelamiento de precios, el aumento sostenido de licencias durante los últimos años y el incremento de las prestaciones, a pesar de los esfuerzos realizados por parte de las isapres por administrar este escenario y continuar brindando salud de calidad a sus afiliados, lo que nos ha llevado a una situación muy compleja»

Años atrás, anteriores presidentes de la misma asociación empresarial se quejaban amargamente de que las isapres «no podían darse el lujo de recibir gente enferma»; o que sus utilidades, que podían parecer abultadas, si se calculaban por beneficiario apenas alcanzaban para costear «una bebida con un hot-dog».

Sin ánimo de extender una polémica estéril —pues el juicio respecto del sistema de isapres se encuentra asentado en la ciudadanía— me permito poner a disposición de los beneficiarios de isapres y de la población en general algunas cifras que dan contexto de largo plazo a esta «crítica situación» que describe la asociación empresarial (Isapres de Chile).

Las Isapres fueron creadas el año 1981, pero no fue hasta la década de los 90 que lograron disputar porcentajes de beneficiarios significativos al sistema público. La Constitución de 1980 permitió, gracias a la garantía de la «libertad de elección» de sistemas de salud, que un segmento de la población de mayores ingresos y menor riesgo sanitario pudiese llevarse su cotización obligatoria de seguridad social (el 7%) para subsidiar el pago de las primas de seguro privado. Cuando falta para cubrir el valor de la prima, como es habitual, se debe enterar el monto con una cotización voluntaria. Es decir, el sistema privado de aseguramiento fue creado por la Constitución de 1980 y se basa en un subsidio de recursos públicos para beneficiar a las empresas y desarrollar una industria de salud privada con fines de lucro.

Mediante este mecanismo, desde 1990 hasta 2021 las Isapres han obtenido utilidades después de impuestos por $1,3 billones (unos US$ 1,685 billones [1]), calculado en moneda actual de igual valor. En estos 32 años, solo han tenido pérdidas después de impuestos los años 2021 (por $148 mil millones) y 2016 (por $57 mil millones); estas últimas, a raíz de la megaestafa contra beneficiarios, prestadores y accionistas de parte de los controladores de la antigua Isapre MasVida (las demás isapres ese año tuvieron utilidades). Lógicamente, en el cálculo hemos deducido tales pérdidas del monto de utilidades acumuladas. Son $1,3 billones los que los afiliados a las isapres les han transferido a los dueños de estas en este periodo, razón por la cual debería existir un mínimo de generosidad de su parte cuando, en un año puntual, se incurre en pérdidas contables.

Pero la realidad es bastante más compleja. Estas cifras ocultan la verdadera transferencia de valor que hacen los hogares chilenos de ingresos medios/altos y altos —que, cuando se trata de trabajadores independientes, muchas veces pagan con gran esfuerzo la cotización voluntaria o el total de la prima— hacia los dueños de las isapres. En el periodo 1990-2021, los hogares afiliados a isapres han transferido a la industria privada de seguros de salud un monto de $8,6 billones (unos US$ 11,363 billones) por concepto de ganancia bruta («margen de explotación»), que no ha ido a parar ni al pago de prestaciones de salud ni de licencias médicas, sino solo a hacer funcionar el sistema: gastos de administración y ventas, publicidad, gastos financieros, costas judiciales, pago de remuneraciones de directivos, y utilidades[2].

Pero incluso la transferencia de recursos desde los hogares hacia los dueños de la salud privada es aún mayor, ya que existe una estrecha integración entre los grupos empresariales que controlan las isapres y los que controlan las grandes clínicas y centros médicos, razón por la cuál una parte muy significativa del valor de las prestaciones de salud pagadas por las isapres, en la realidad son transferencias de valor desde el segmento asegurador privado hacia el segmento prestador privado, ambos con fines de lucro. No existen estadísticas públicas de las utilidades de dicho segmento prestador, excepto en casos puntuales de sociedades anónimas abiertas.

Genuinamente, lo que ha ocurrido con la salud en Chile es un proceso de acumulación de capital gigantesco, que no ha requerido mayor esfuerzo por parte del sector empresarial, ya que el requisito de capital mínimo que se exige para constituir una isapres es francamente irrisorio (5.000 UF) [3]. Las garantías obligatorias que deben mantener (una suerte de “encaje” financiero), son financiadas con los recursos que aportan los propios afiliados.

Tiene todo sentido plantearse una refundación de la arquitectura financiera del sistema de salud, en la que los recursos que con esfuerzo aportan los hogares y aquellos que redistribuye el Estado mediante recaudación de impuestos vayan a financiar acciones de salud y licencias médicas, y no terminen transformados en utilidades del capital que acentúan la concentración del ingreso. Para evitar que los aportes obligatorios que los beneficiarios hacen para financiar la seguridad social se transformen en lucro empresarial, la propuesta de nueva Constitución avanza en la dirección correcta, al establecer como fuente de financiamiento preferencial del Sistema Nacional de Salud a las rentas generales de la nación (principalmente impuestos) y que por ley se podrán establecer cotizaciones obligatorias que tendrán como única finalidad el financiamiento solidario del sistema y que los recursos totales serán administrados por un órgano público.

Avanzar desde un Fondo Universal de Salud hacia la refundación de un Sistema Nacional de Salud público, universal e integrado es un camino que busca revertir las políticas de despojo que gobernaron la economía y los derechos sociales bajo la Constitución de la dictadura y el neoliberalismo.

NOTAS:

[1] En Chile un billón es un millón de millones. En EE.UU. y en dólares, un billón es mil millones.

[2] Todos los datos estadísticos corresponden a elaboración propia basada en datos de la Superintendencia de Salud.

[3] Ver Ley de Isapres.

* Publicado por CIPER, 20.07.22. David Debrott es economista con amplia experiencia en el tema de la salud pública salud.