Cuentos políticos: Pedrito, el Lobo, Maquiavelo y Goebbels


Meme de la segunda vuelta presidencial de 2017: 
según la propaganda de la derecha, si ganaba Guillier seríamos "Chilezuela".


«No entiendo por qué, luego de tantos años amenazados con el apocalipsis, habría ahora que creer que la propuesta de nueva Constitución sea un libelo bolivariano.»


Óscar Barrientos


Muchos escritores de mi generación han dado cuenta de la infancia en dictadura, desde diferentes aristas. Pienso en Nona Fernández, Alejandro Zambra, Leonardo Sanhueza o en Álvaro Bisama. Casi todos los que nacimos un poco antes o inmediatamente después del Golpe hemos tenido que recurrir a un baúl en el que los recuerdos están algo enmohecidos por la urgencia de los días.

Cuando fue el plebiscito de 1988 yo contaba a mi haber con 14 años, y si bien formaba parte de un entorno familiar no particularmente ideologizado, a mis mayores y cercanos no les simpatizaba el régimen. Recuerdo como si fuese ayer que la franja del Sí se esmeró en demostrar que, en caso de perder Pinochet, Chile se convertiría en una república socialista, en la que habría colas, hambruna, campos de concentración y adoctrinamiento en los colegios. El eslogan (tácito) era: «O seguimos adelante o volvemos a la Unidad Popular». Mostraban gulags con cercos electrificados y a figuras políticas como Patricio Aylwin o Ricardo Lagos los ilustraban —en forma abierta o encubierta— a la manera de agentes de Moscú.

Con la caída del Muro de Berlín (1989) y el desmembramiento de la Unión Soviética (1991), la caricatura de bolchevique pasó a tercer plano, y esos sectores derechistas y conservadores se concentraron en dar cuenta del fracaso de los socialismos reales. Había una parte del espectro político nacional que aún justificaba la presencia de Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, considerándolo creador de un legado plausible, pese a las barbaridades que persistía en proferir o del famoso «boinazo» que puso en riesgo al país en virtud de los cheques de su hijo.

El gobierno de Eduardo Frei (que yo asocio a un bostezo) casi terminando se encuentra con el arresto de Pinochet en Londres, lo que, una vez más, activó las alarmas de confabulaciones y fantasmas de poderosos activistas del marxismo internacional que conspirarían desde las sombras para hundir la figura y el legado de este señor que alguna vez firmó con el seudónimo de Daniel López. Se llegó a afirmar que la Cámara de los Lores era una caterva de comunistas con peluca, e incluso un militar manifestó su interés de ir con un pelotón a Gran Bretaña a rescatar al dictador atribulado; algo así como la película Los indestructibles, pero en versión chilensis.

Con el arribo de Ricardo Lagos a La Moneda, en 2000, no faltó quien lo calificara casi como la reencarnación de Salvador Allende. En sectores se habló de que volverían las JAP y el desabastecimiento, que silenciosamente se fraguaba un gobierno populista e igualitarista, que el socialismo no tenía patria, que Chile se convertiría en una nueva Cuba. No sé si lo decían con convicción, pero lo decían. Posteriormente (2006), ante la primera presidenta de la Historia de Chile, Michelle Bachelet, aparecieron también los dispuestos a endosarle su castro-chavismo, esta vez desde una misoginia que no se esmeraban demasiado en ocultar.

Y para qué continuar con el relato, si hasta a Alejandro Guillier se le caricaturizó casi como un caudillo tropical que, sentado en un saco azucarero, gobernaría un gran presidio llamado Chilezuela.

Muchas voces durante el estallido de octubre de 2019 acusaron que se trataba de una triangulación La Habana-Caracas-Santiago (con fuerte influencia del K-pop), y un diputado de Evópoli exigió la renuncia del rector Ennio Vivaldi por albergar en el plantel una escuela de guerrillas que respondía a la sigla “ACAB” (referida, en realidad, al Archivo Central Andrés Bello, en homenaje al célebre jurista y escritor que, como bien sabemos, era venezolano y fundó la Universidad de Chile).

Al primer retiro del diez por ciento de los fondos de AFP se planteaba que el sistema económico colapsaba irremediablemente.

Y así continúa el cuento de Pedrito y el lobo. Por una oreja susurra Maquiavelo y por la otra, Goebbels.

¿Alguien se hace cargo de esas narrativas esgrimidas por décadas? No entiendo por qué, luego de tantos años amenazados con el apocalipsis, habría ahora que creer que la propuesta de nueva Constitución sea un libelo bolivariano, que se prohibirán las empanadas y el vino tinto, que los secundarios serán komsomoles, que los abortos serán a los nueve meses, que la plurinacionalidad fragmenta al país, que se abolirá la propiedad privada o que las pensiones serán devoradas por el leviatán estatista.

Creo que el proceso constitucional ha sido importante, nos ha obligado a discutir nuestras diferencias. Probablemente ha dado cuenta de un país que no estaba visibilizado y ha contribuido a entender una nueva dimensión de la acción política. Quizás sea el cierre de un ciclo. Parece que la época de los gobiernos de expertos tiende a naufragar y la ciudadanía reclama un ejercicio del poder más directo, sin una cúpula que esté constantemente mediando sus decisiones.

Ojalá alguien le cuente a Pedrito cómo andan las cosas por la comarca.


Panfleto de la campaña presidencial de 1989: arriba a la derecha aparece Patricio Aylwin, candidato de la Concertación, junto a Volodia Teiteilboim, dirigente del Partido Comunista.



* Publicado en Ciper, 18.07.22.

CADEM: ¿Cuándo una encuesta se transforma en fake news?




Ernesto San Martín


Muchas veces se ha dicho que hoy estamos en “la era de los datos”. Por doquier están: en las redes sociales, en la banca, en los servidores de supermercados y de aquellas empresas donde adquirimos libros, música, películas; en ministerios, como el de salud o desarrollo social; en nuestros celulares. Ante este fenómeno, se ha ido configurando toda una ciencia que, entre muchos objetivos, busca utilizar dichos datos para realizar predicciones, cuidando que las mismas sean lo más certeras posibles.

Pero hay otro servicio, más modesto tal vez, que ofrece la Estadística Social, esa que surgió en el siglo XIX con Adolphe Quetelet (Essai de physique sociale, 1835): establecer proposiciones verdaderas en relación a comportamientos sociales, teniendo presente, por ejemplo, que los ciudadanos tienen libertad de elegir actuar o no cuando las condiciones para ello han sido establecidas (es lo que se llama libre arbitrio; Luis de Molina, Concordia, 1588). La Estadística Social se focaliza en estas condiciones que dan origen a los datos para que el reporte de los hallazgos explicite las consecuencias de dichas condiciones. Esto tiene importantes implicancias para la forma en que se comunican las encuestas.

¿Se hace de la manera correcta en nuestro país? Fue lo que nos preguntamos en una reciente investigación liderada por nuestra Facultad de Matemáticas UC, cuyos resultados señalan la forma en que se debieran comunicar las encuestas, revelando la necesidad de hacer más explícita la incertidumbre inducida por las tasas de no respuesta en sus informes.


¿Aprueba o rechaza?

Detengámonos en una condición que precede a toda encuesta: solicitar a los potenciales participantes querer participar o no de dicho instrumento dada las condiciones establecidas por quién la está aplicando, la que al menos debe satisfacer la Ley de protección de la vida privada (Arancibia & San Martín, 2021). Tomemos un ejemplo conocido, la encuesta CADEM: dicha encuesta establece como condición de elegibilidad ser mayor de edad, información que se verifica al momento de responder un llamado telefónico, y, en caso de serlo, querer participar de la encuesta misma (para un resumen de los detalles del protocolo, ver San Martín & Alarcón-Bustamante, 2022).

Consideremos la encuesta CADEM del lunes 11 de abril, y centrémonos en una pregunta que, aparentemente, tiene gran relevancia entre las diferentes opiniones públicas: “Con la información que tiene actualmente, ¿Ud. votaría apruebo o rechazo a la constitución que proponga la Convención Constitucional en el plebiscito de salida de septiembre de este año?" CADEM reporta de esta manera el resultado obtenido: “Se mantiene diferencia en favor del rechazo (44% -2pts) en el plebiscito de salida vs 39% (-1pt) que votaría apruebo”. Hace una comparación con las aplicaciones de la encuesta en semanas anteriores: estas son precisamente las dos series que se informan en el reporte oficial.


Opinión o conocimiento riguroso

Pero este no es un reporte transparente porque no explicita las consecuencias de las condiciones de ejercer la libertad en responder o no. En efecto, CADEM reporta la tasa de respuesta entre los elegibles que respondieron al llamado telefónico: 11.3%. Por lo tanto, el resultado debería reportarse de la siguiente manera: entre los elegibles que respondieron su celular y accedieron participar de la encuesta (707 ciudadanos), el 44% (311 ciudadanos) rechazaría el texto constitucional. Pero es probable que a pocos les interese la opinión de este magro grupo de personas.

Si interesa generalizar el resultado a la población de elegibles que responden la encuesta, habría que reportar de la siguiente manera: entre los elegibles que respondieron el llamado telefónico, al menos el 5% rechazaría el plebiscito de salida y a lo más el 93.7% lo rechazaría. Si, por el contrario, interesa generalizar los resultados a la población de elegibles, el reporte debe decir: entre los elegibles, al menos el 0.002% rechazaría el plebiscito de salida y a lo más el 99.9% lo rechazaría (detalles de cómo se obtienen estos resultados se encuentran en San Martín & Alarcón, 2022).

Estos intervalos explicitan la incerteza debida a la libertad de querer responder o no la encuesta, mostrando que hay una enorme diversidad de opiniones. Es cierto que hay técnicas estadísticas que permiten ignorar las tasas de no respuesta, imputando los valores. Pero esas técnicas asumen que la sociedad se comporta de una determinada manera, y el reporte no hace sino repetir dicho supuesto.

La Estadística Social puede ayudar a transparentar los debates políticos. De hecho, su motivación y parte de su desarrollo se debe precisamente a la necesidad de contar con instrumentos que permitan explicitar las consecuencias de la libertad de participación. En estos meses en que nuestro país se enfrentará a decisiones políticas relevantes, ejercicios como el anterior deben ser hechos por ciudadanos y por la prensa.

Repetir los reportes erróneos, construyendo argumentos políticos sobre ellos, significa transformar una encuesta en fake news.

A pesar de estas advertencias de cómo comunicar rigurosamente una encuesta, cabe preguntarse por qué esta necesidad de repetir una opinión que, al querer presentarse como científica, se transforma en una mentira. No hay que evaluarla en términos morales, sino políticos, tratando de entrever semana a semana la acción que se busca suscitar. 

Pues, como preclaramente lo explicaba Hannah Arendt en su La mentira en política, se miente en política con el objetivo de cambiar la realidad factual. Es posible que se esté instalando, por parte de la Convención Constitucional, una realidad que otros sectores quieren cambiar; es posible que se quiera instalar una realidad sustentada en determinadas percepciones.

En todo caso y para finalizar, cualquiera sea el caso, un reporte riguroso de las encuestas mostrarán que hay diversidad de opiniones, lo que es sano para nuestro país.



* Publicado en El Mercurio, Sección "Columna de ciencia", 18.04.22. Ernesto San Martín es profesor titular de la Facultad de Matemáticas UC, doctor en Estadística, dirige el Núcleo Milenio sobre Movilidad Intergeneracional (MOVI) y el Laboratorio de Estadística Social (LIES), UC.


- Para un brevísimo resumen sobre la metodología de la CADEM: Transparentando la CADEM (25.04.22).





La guerra de The Economist contra Chile




El reciente ataque de The Economist al nuevo proyecto de constitución de Chile no es una sorpresa: es solo el último de la campaña de décadas de la revista contra la democracia sudamericana.


Melany Cruz


The Economist ha publicado un líder que alienta a los chilenos a "rechazar el nuevo proyecto de constitución". En el artículo, el medio británico llama al borrador un "desorden confuso", "lleno de lenguaje confuso" y "absurdamente largo". Al calificar el borrador como demasiado progresista, la pieza aludía a temas comunes de la guerra cultural.

Parece que la incapacidad de The Economist para hacer frente a la palabra "género", que aparece treinta y seis veces en el borrador, los llevó a malinterpretar la esencia del documento. Tergiversan el proceso, el contenido y, francamente, el propósito de una constitución, que es distinta de la legislación que —luego— decidirá el poder legislativo en el Congreso. Pero empecemos desde el principio.

El proyecto de Constitución de Chile es el producto de dos años de proceso democrático, la primera vez en la historia de Chile que una constitución ha sido redactada por su pueblo en lugar de una élite política, económica o militar. En medio de la revuelta social de 2019, los partidos políticos se unieron en el "acuerdo del 15 de noviembre" o "Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución", que decidió desencadenar el proceso de redacción de una nueva Constitución.

El acuerdo estableció que el proceso debe tomar la forma de una Convención Constituyente aprobada democráticamente vía referéndum, indicando que la Convención debe tener paridad de género, escaños reservados para grupos indígenas e incluir listas independientes (candidatos por fuera de los partidos políticos). El acuerdo del 15 de noviembre estableció que, en caso de aprobarse democráticamente la redacción de la nueva Constitución, el proyecto también deberá ser acordado mediante referéndum, que está previsto que se realice el 4 de septiembre de este año.

El acuerdo se convirtió en ley en diciembre de 2019, lo que permitió que el sistema legislativo iniciara el proceso que hemos visto hasta ahora. Si bien el tumulto político fue alto en 2019, el acuerdo convocó a una de las demandas sociales de la revuelta: romper con el pasado dictatorial anidado en la Constitución del '80.

En octubre de 2020, el 79% de los votantes decidió aprobar la redacción de una nueva constitución a través de una Convención Constitucional, con una participación del 51% del padrón electoral. Esto desencadenó las campañas electorales para los miembros de la Convención que también fueron elegidos democráticamente en mayo de 2021. El resultado resultó en una composición mayoritariamente progresista de miembros con diversos antecedentes. Desde el centro izquierda tradicional, como el Partido Socialista, hasta movimientos sociales independientes, un total de 155 miembros (78 hombres y 79 mujeres, incluidos 17 miembros de grupos indígenas) fueron elegidos para la Convención.

Se comprometieron a escribir el nuevo borrador, y también a retirarse de cualquier cargo de elección pública durante los dos años posteriores a la finalización del proceso. La composición demográfica de la Convención fue un reflejo directo de la del país, demostrando nuevamente el carácter democrático del proceso que incluyó a un grupo diverso de chilenos que rara vez participó en la configuración de su propio país. Feministas de diferente formación política, por ejemplo, se convirtieron en mayoría en la Convención, mostrando el vínculo directo entre el auge del movimiento feminista en 2018 y las transformaciones políticas que han tenido lugar recientemente en el país.

El proceso que se ha llevado a cabo ha sido definido por decisiones democráticas y colectivas que dan transparencia y legitimidad al proyecto de constitución. Aunque la Convención estuvo compuesta principalmente por partidos y alianzas políticas progresistas, así como por organizaciones de izquierda y movimientos sociales, esto no ocurrió por casualidad ni imposición, como parece insinuar The Economist. Más bien, los miembros electos hicieron campaña con la misma capacidad que los candidatos de derecha y de centro que, aunque en minoría, todavía están representados en la Convención.

La incapacidad de los tradicionales grupos y partidos políticos neoliberales y conservadores para persuadir al electorado no es culpa de los progresistas, sino más bien una consecuencia de décadas de ineficiencia política y desapego de la realidad que enfrenta la mayoría de los chilenos. Su compromiso político de cambiar el país a través de "reformas" no ha coincidido con las intenciones de la mayoría de la gente de "refundar Chile", un sentimiento que surgió claramente de la revuelta social en 2019.

El trabajo dentro de la Convención desde su composición en julio de 2021 fue completamente independiente de otras esferas políticas, incluidos el gobierno, el parlamento y los partidos políticos. La Convención organizó comisiones temáticas y creó su reglamento. Todas las discusiones se hicieron públicas y se transmitieron en vivo, ampliando nuevamente las vías del compromiso democrático.

Sin embargo, lo más interesante del proceso fue la incorporación de iniciativas populares. Se permitió al público proponer iniciativas de normas para ser discutidas en la Convención. Las propuestas fueron presentadas en línea y votadas por cualquier chileno con derecho a voto. Cada individuo podía proponer y apoyar hasta siete iniciativas y aquellas que obtuvieron más de 15.000 firmas de al menos cuatro regiones diferentes fueron discutidas y votadas en la Convención. Muchos de los artículos actuales en el borrador provienen de, o son un reflejo de, esas iniciativas.

Aunque The Economist desestimó el borrador como "excesivamente progresista" (una frase que aparentemente cambió más tarde en el artículo por "a veces chiflada"), lo que ignora es que las ideas progresistas contenidas en el borrador no fueron impuestas, manipuladas o diseñadas por un grupo minoritario, se construyeron en gran medida a través de un proceso democrático coherente y transparente en el que se permitió participar a todas las personas de todo el espectro político. The Economist parece estar confundido sobre el hecho de que Chile, como sociedad, se está volviendo cada vez más progresista y que la gente está cada vez más desilusionada con la imposición a largo plazo de las reformas neoliberales que han convertido al país en el más desigual de América del Sur.

La imaginación liberal de The Economist de que Chile ha sido una economía de mercado ideal no se alinea con la experiencia de muchos de los que crecieron allí. El pueblo chileno, durante décadas, ha estado imaginando un país diferente con prioridades diferentes. Es por ello que las iniciativas más votadas fueron el derecho a la seguridad social, la educación gratuita, la salud universal y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. El borrador debía reflejar las iniciativas sociales requeridas para construir las bases de un nuevo pacto social basado en la igualdad, la solidaridad y la justicia, cosas que, tal vez, simplemente están más allá de la imaginación liberal.

The Economist se concentra en el argumento de que la incorporación de los derechos sociales, políticos y de los trabajadores en la Constitución "explotaría el presupuesto", pero lo que confunden en gran medida (o ignoran) es que las constituciones no definen los presupuestos, los legisladores lo hacen. La Constitución, de aprobarse en septiembre, se convertirá en una nueva hoja de ruta para la construcción del país, avanzando en el desarrollo de los derechos sociales básicos que han sido despojados del pueblo chileno durante los últimos cuarenta años. Más importante aún, la Constitución será el resultado de un proceso democrático popular, el primero que experimenta Chile desde el retorno a la democracia.

Es de este poder popular que temen quienes escriben para The Economist, así como las élites nacionales en Chile. La posibilidad de aceptar este proyecto en referéndum podría consolidar el hecho de que las personas que fueron víctimas del primer experimento neoliberal finalmente han despertado.



* Publicado en Tribune, 15.07.22. Melany Cruz es profesora de política internacional en la Universidad de Leicester.

Ben-Gurión y el sionismo de "izquierda"




No te engañes. Es simple propaganda o mitología eso de relacionar una alta moral, solidaridad y pacifismo con las posturas de izquierda. David Ben-Gurión y el sionismo de izquierda son uno de tantos ejemplos de aquello.

Considérese las dos citas de Ben-Gurión que a continuación presentamos. Ambas dejan en evidencia, no solo a quien las pronunció, sino al propio espíritu del sionismo de izquierda que “fundó” el Estado Judío de Israel en 1948:
“A los árabes de la tierra de Israel [Palestina] les queda una sola opción: escapar”
“Debemos eliminar los nombres árabes debido a consideraciones políticas: así como no reconocemos la propiedad política de los árabes sobre la tierra, no reconocemos su propiedad espiritual y sus nombres”
Por si alguien tuviera la duda, Ben-Gurión no sufrió un repentino cambio ideológico o moral ante los sucesos posteriores a la partición decretada por la ONU de Palestina el 27 de noviembre de 1947... un territorio que no les pertenecía y con población nativa. Ya 1937 le escribió a su hijo Amos:
“El territorio [Palestina] no es solamente importante en sí (...) representa una ventaja de poder que nos permitirá apoderarnos más fácilmente de la totalidad de Palestina. El establecimiento de un Estado incluso pequeño tendrá un efecto de palanca y nos ayudará enormemente en nuestros esfuerzos históricos para recuperar la totalidad del país”
Un año después, coherentemente con su voluntad de expansión, Ben-Gurión declaraba en 1938 ante dirigentes de la Agencia judía:
“El traslado obligatorio [de los palestinos] nos aportaría una región inmensa. Estoy a favor de un traslado obligatorio y no veo nada de inmoral en ello”
Entonces, no puede ser extraño para nadie que el sionismo de izquierda fuera el artífice de los crímenes de la limpieza étnica (Nakba) de Palestina en 1948. Crímenes que fueron también cometidos con igual entusiasmo por los sionistas de derecha.

El sionismo hizo que Israel naciera criminal. Las supuestas diferencias entre “izquierda” y “derecha” no son más que en términos de ciertas políticas internas. No con respecto a la expansión y colonización de Palestina, ni a un proyecto de una Israel completamente judía. Sobre esto hay un consenso transversal en Israel.

Ya en el siglo XXI, señala Gilad Atzmon (saxofonista de jazz, activista político, escritor y novelista nacido en Israel[1]) que “Es hora de desechar la terminología ‘derechas’ e ‘izquierdas’” cuando se trata de una supuesta diferencia entre los grupos políticos israelíes respecto al sionismo y los palestinos:
“...la mayoría de los judíos que participan en el juego político israelí, si no todos (...) están comprometidos con el sueño del ‘Estado judío’. Por supuesto, difieren en algunas cuestiones prácticas y pragmáticas menores, pero en lo esencial están nítidamente de acuerdo. Aquí va un viejo chiste israelí: un colono israelí propone a su amigo de izquierdas: ‘El próximo verano tenemos que poner a todos los árabes en autobuses y sacarlos de nuestra tierra’. El izquierdista: ‘Vale, pero asegúrate de que los autobuses tengan aire acondicionado’.”[2]
Volviendo a Ben-Gurión y por si aún quedaran dudas, como buen sionista, despreciaba a los sobrevivientes del Holocausto por débiles e indignos para ayudar a construir el recién fundado Estado Judío de Israel. Sin ir más lejos, en 1942, se había referido así a los judíos víctimas del nazismo:
“El desastre que enfrenta el judaísmo europeo no es asunto mío”
Con tal calaña de fundadores, no debería extrañar que el Estado Judío de Israel, de 1948 a la fecha, más que historia tenga un prontuario.

Sin comentarios.


Ben-Gurión leyendo la Declaración de Independencia del Estado Judío de Israel.
Salón del Museo de Tel Aviv, 14 de mayo de 1948.


NOTAS:

[1] Atzmon abandonó Israel y se nacionalizó británico, precisamente, por el ambiente asfixiante de un país colonial. Por ejemplo, el ejército (de ocupación) tiene potestad de censura de los textos escolares.

El royalty mirado desde el 11 de julio de 1971




11 de julio de 1971... La segunda independencia de otro Chile, uno que duró poco. Sigue el saqueo, pero no nos engañemos: hemos permitido la pérdida de soberanía y de miles de millones de dólares.


§§§


No hacía falta ser pitoniso para saber que el royalty era una criatura que antes de nacer estaba muerta. Era predecible por las pocas ganas del gobierno: una propuesta que iba del no cobro a un cobro mínimo sobre las ganancias, pero en tres años más y que por ley habría podido evadirse (aunque todo indica que igualmente será empleado como "prueba de la blancura" para las elecciones municipales). Por la connivencia de sectores de la propia Concertación y la oposición, con los intereses de las grandes empresas mineras (las encuestas —que indican "lo que la gente quiere"— no se tomaron en cuenta para hacer política, pues en este caso indicaban un altísimo respaldo al royalty). Por la inmensa presión del resto del gran empresariado que veía en este asunto particular una amenaza a su derecho de pernada en general.

El resto corrió por parte de muchos medios que no dieron cabida a voces disidentes o no ayudaron a aclarar el asunto. Por ejemplo, al referirse al cobro como "impuesto" —palabra maldita en el imaginario actual— cuando los propios economistas clásicos lo definen como "renta de la tierra". 

Aunque, tal vez, el aspecto decisivo fue el escenario ideológico del debate: la alta legitimación que tiene en el país un modelo que propone un estado no sólo enano, sino tetraplégico y que manda privilegiar al sector privado en una discriminación hiperpositiva.

Pero, a propósito de los recursos mineros, hagamos historia y repasemos lo que ocurrió con el metal más representativo del país. Es algo que pasó tan sólo hace 33 años. ¿Está aún en su memoria o sabía Ud. que el 11 de julio de 1971, en una sesión del Congreso pleno se aprobó por unanimidad la reforma constitucional que permitió la nacionalización del cobre? Sí, eso sucedió ¡y por unanimidad! De derecha a izquierda todos los partidos votaron para realizar el sueño largamente anhelado por el país: que el cobre —la viga maestra de nuestra economía, el sueldo de Chile— fuera por fin chileno.

No era sólo una cuestión política de soberanía nacional, de ejercer el dominio efectivo de los recursos naturales del país; ni tampoco sólo una medida económica que buscaba asegurar mayores entradas monetarias. Fue un paso más en la construcción de Chile como nación... Algo así como ese primer trabajo que le permitió a Ud. dejar de vivir con sus padres, casarse y formar una familia o comenzar el ahorro para comprar una casa. Esas cosas que le hacían pensar orgulloso lo que Ud. era y podía ser.

Por eso, a nadie cupo la menor duda sobre la nacionalización propuesta por un gobierno marxista. Ni siquiera para los que ya estaban hace rato trabajando para derrocarlo. No se oyeron voces defendiendo la conveniencia de que el Estado no tomara sus responsabilidades, de que las transnacionales eran las indicadas para explotar esos recursos, porque así invertirían y darían trabajo, aunque se llevaran todas las ganancias. Era ridículo o una franca traición a los intereses del país... ¿Era?

La cuestión es que un hecho tan decisivo para Chile yace olvidado. Para los serios entendidos de hoy fue un pecado de juventud quizás, una locura de esos años populistas, una irresponsabilidad económicamente hablando. Es claro que nuestro país ya no es el mismo. En 33 años la unanimidad es otra. A principios del siglo XXI estamos enfrascados en discutir, casi como si se tratara de legalizar la pedofilia, ¡acerca de un cobro mínimo por algo que es nuestro y que en el resto del mundo es una práctica normal!

En este asunto de nuevo tenemos otro ejemplo de que no sólo la cabeza de playa fue asegurada, sino que el país ya fue ocupado desde hace mucho. Las pocas escaramuzas emprendidas por unos cuantos partisanos están desde ya perdidas. No deja de ser admirable tal eficiencia propagandística. A estas alturas a quién se le ocurriría defender públicamente la real nacionalización de las riquezas mineras del país. Ya sabemos que constitucionalmente son chilenas. Sí, así lo estableció la Constitución de la dictadura cívico-militar en su Artículo 19, numeral 24: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas". Más, también, sabemos cómo por un resquicio en la práctica no. Lo que significa ello para el Estado de derecho es ya tema de otra columna, que dejaré a esos puntillosos legalistas que hoy se oponen a que se cambien las reglas del juego... que los favorecen.

Mi homenaje para ese 11 de julio de 1971. Para los chilenos que creyeron en la nacionalización y para los que la votaron.





* Esta columna se publicó originalmente en El Mostrador, 07.08.04.

Millonarios por la Humanidad: "En los impuestos confiamos"

Más de 100 millonarios llaman a cobrar impuestos sobre el patrimonio de los más ricos para recaudar ingresos que podrían acabar con la pobreza de miles de millones.


A nuestros compañeros millonarios y multimillonarios,

Si participa en el "Davos en línea" del Foro Económico Mundial este enero, se unirá a un grupo exclusivo de personas que buscan una respuesta a la pregunta detrás del tema de este año: "¿Cómo trabajamos juntos y restauramos la confianza?".

No vas a encontrar la respuesta en un foro privado, rodeado de otros millonarios y multimillonarios y las personas más poderosas del mundo. Si prestas atención, descubrirás que eres parte del problema.

La confianza --en la política, en la sociedad, en los demás-- no se construye en pequeñas habitaciones laterales a las que solo pueden acceder los más ricos y poderosos. No está construido por viajeros espaciales multimillonarios que hacen una fortuna con una pandemia, pero no pagan casi nada en impuestos y proporcionan salarios bajos a sus trabajadores. La confianza se construye a través de la rendición de cuentas, a través de democracias bien engrasadas, justas y abiertas que brindan buenos servicios y apoyan a todos sus ciudadanos.

Y la base de una democracia fuerte es un sistema fiscal justo. Un sistema tributario justo.

Como millonarios, sabemos que el sistema fiscal actual no es justo. La mayoría de nosotros puede decir que, si bien el mundo ha pasado por una inmensa cantidad de sufrimiento en los últimos dos años, en realidad hemos visto aumentar nuestra riqueza durante la pandemia; sin embargo, pocos, si es que alguno de nosotros, puede decir honestamente que pagamos nuestra parte justa en impuestos.

Esta injusticia arraigada en los cimientos del sistema fiscal internacional ha creado una colosal falta de confianza entre la gente del mundo y las élites que son los arquitectos de este sistema. Cerrar esa división requerirá más que proyectos vanidosos de multimillonarios o gestos filantrópicos fragmentarios: requerirá una revisión completa de un sistema que hasta ahora ha sido diseñado deliberadamente para enriquecer aún más a los ricos.

En pocas palabras, restaurar la confianza requiere gravar a los ricos. El mundo, todos los países que lo componen, deben exigir que los ricos paguen su parte justa. Impónganos a nosotros, los ricos, e impónganos ahora.

La verdad es que "Davos" no merece la confianza del mundo ahora mismo. A pesar de las innumerables horas dedicadas a hablar sobre hacer del mundo un lugar mejor, la conferencia ha producido poco valor tangible en medio de un torrente de autofelicitaciones. Hasta que los participantes reconozcan la solución simple y efectiva que se les presenta a la cara (imponer impuestos a los ricos), la gente del mundo seguirá viendo su supuesta dedicación a solucionar los problemas del mundo como poco más que una actuación.

La historia pinta una imagen bastante sombría de cómo se ve el final de las sociedades extremadamente desiguales. Para todo nuestro bienestar, ricos y pobres por igual, es hora de enfrentar la desigualdad y elegir gravar a los ricos. Muéstrale a la gente del mundo que mereces su confianza.

Si no lo hace, entonces todas las conversaciones privadas no cambiarán lo que se avecina: son impuestos u horcas. Escuchemos la historia y elijamos sabiamente.

Ver las y los firmantes.



* Publicado en el sitio de Millionaires for Humanity, 2022.




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