Covid-19 ha revelado una pandemia preexistente de pobreza que beneficia a los ricos




El punto de referencia de pobreza defectuoso e incomprendido del Banco Mundial ha llevado a una imagen engañosamente positiva y a una complacencia peligrosa.


Philip Alston


La pobreza aparece de repente en todas las portadas. A medida que el coronavirus asola el mundo, su impacto totalmente desproporcionado en las personas pobres y las comunidades marginadas es ineludible. Cientos de millones de personas están siendo empujadas a la pobreza y el desempleo, con un apoyo lamentable en la mayoría de los lugares, junto con una enorme expansión del hambre , la falta de vivienda y el trabajo peligroso.

¿Cómo podría la narrativa de la pobreza haberse convertido en un centavo? Hasta hace apenas unos meses, muchos celebraban el inminente fin de la pobreza; ahora está en todas partes. La explicación es sencilla. Durante la última década, líderes mundiales, filántropos y expertos han adoptado una narrativa engañosamente optimista sobre el progreso del mundo contra la pobreza. Ha sido elogiado como uno de los " mayores logros humanos ", una proeza vista " nunca antes en la historia humana " y un logro " sin precedentes ". Pero la historia de éxito siempre fue muy engañosa.

Como muestro en mi informe final como relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, casi todas estas cuentas optimistas se basan en una medida: la línea de pobreza internacional de $ 1,90 (£ 1,50) por día del Banco Mundial, que es ampliamente malinterpretada, defectuosa y ofrece una imagen engañosamente positiva. Ha generado una indebida sensación de satisfacción y una peligrosa complacencia con el statu quo.

Bajo esa línea, el número de personas en “pobreza extrema” cayó de 1.900 millones en 1990 a 736 millones en 2015. Pero la caída dramática solo es posible con un punto de referencia escandalosamente poco ambicioso, que apunta a asegurar una mera subsistencia miserable. La mejor evidencia muestra que ni siquiera cubre el costo de la comida o la vivienda en muchos países. Y oscurece la pobreza entre las mujeres y aquellos a menudo excluidos de las encuestas oficiales, como los trabajadores migrantes y los refugiados. Gran parte del declive promocionado se debe al aumento de los ingresos en un solo país, China.

Las consecuencias de esta imagen tan poco realista de progreso contra la pobreza han sido devastadoras.

En primer lugar, se atribuye al crecimiento económico, lo que justifica una agenda “pro-crecimiento” caracterizada por la desregulación, la privatización, impuestos más bajos para las corporaciones y el rico movimiento fácil de dinero a través de las fronteras y protecciones legales excesivas para el capital. En mis seis años investigando los esfuerzos antipobreza de los gobiernos para la ONU, encontré esta conveniente coartada una y otra vez. Todo, desde exenciones fiscales para los súper ricos hasta megaproyectos destructivos que extraen riqueza del sur global, se alaban como esfuerzos para reducir la pobreza, cuando no hacen tal cosa.

Presentar la agenda de los ricos como el mejor camino para aliviar la pobreza ha trastocado por completo el contrato social y redefinido el bien público como ayudar a los ricos a enriquecerse aún más.

En segundo lugar, la narrativa del progreso se ha utilizado para ahogar los espantosos resultados que tan a menudo provoca esta perversión de las políticas favorables al crecimiento. Muchos de los países que han logrado un gran crecimiento del PIB también han experimentado una desigualdad explosiva, un aumento del hambre, costos de salud y vivienda inasequibles, brechas raciales persistentes en la riqueza, la proliferación de trabajos que no pagan un salario digno, el desmantelamiento de las redes de seguridad social. y devastación ecológica. Estos fenómenos, directamente relacionados con las políticas neoliberales, no se tienen en cuenta en el relato de las conquistas heroicas contra la pobreza.

En tercer lugar, el cuadro color de rosa que pinta la medida de pobreza más publicitada del Banco Mundial ha fomentado la autocomplacencia. Miles de millones de personas enfrentan pocas oportunidades, muertes prevenibles y siguen siendo demasiado pobres para disfrutar de los derechos humanos básicos. Aproximadamente la mitad del mundo, 3.400 millones de personas, viven con menos de $5,50 al día , y esa cifra apenas ha disminuido desde 1990. Incluso los países de altos ingresos con amplios recursos no han logrado reducir seriamente las tasas de pobreza.

El coronavirus simplemente ha levantado la tapa de la pandemia de pobreza preexistente. El Covid-19 llegó a un mundo donde la pobreza, la desigualdad extrema y el desprecio por la vida humana prosperan, y en el que las políticas legales y económicas están diseñadas para crear y mantener la riqueza para los poderosos, pero no para acabar con la pobreza. Esta es la elección política que se ha hecho.

En ninguna parte son más evidentes estos problemas que en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU , que claramente no se cumplirán sin una recalibración drástica. El marco de los ODS deposita una fe inmensa y errónea en el crecimiento y el sector privado, en lugar de imaginar a los estados como los agentes clave del cambio y adoptar políticas que redistribuirán la riqueza y abordarán la precariedad.

Hasta que los gobiernos tomen en serio el derecho humano a un nivel de vida adecuado, la pandemia de pobreza sobrevivirá por mucho tiempo al coronavirus. Esto requiere que dejen de esconderse detrás de la miserable línea de subsistencia del Banco Mundial y abandonen el triunfalismo sobre el fin inminente de la pobreza. Es imperativa una transformación social y económica más profunda para evitar una catástrofe climática, brindar protección social universal, lograr la redistribución a través de la justicia fiscal y, en última instancia, para encaminarse realmente hacia la erradicación de la pobreza.



* Publicado en The Guardian, 11.07.20. Philip Alston fue relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos de 2014 a 2020.

FFAA y de Orden en defensa de sus pensiones




La investigadora de Fundación SOL expone las diferencias en las pensiones que reciben las Fuerzas Armadas y de Orden y el resto de la población. "Seguir ignorando la existencia de este paralelismo de sistemas que tiene el país es impresentable y, a pesar de ello, el actual gobierno ha manifestado que no contempla una reforma que cambie este panorama".


Venus Reyes


Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado que inició la dictadura cívico-militar en Chile, conmemoración que nos lleva a reflexionar cada tema con una perspectiva de memoria y de futuro. El debate previsional no ha estado exento de dicha consideración y, dado el contexto histórico en que nos encontramos, parece relevante aproximarnos a un tema que no ha sido lo suficientemente abordado: el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Dicho régimen coexiste con el sistema de AFP en el que cotiza la mayoría de trabajadores y trabajadoras del país y no deja de sorprender que este paralelismo, de alguna forma, valida la existencia de dos sociedades: una sin seguridad (AFP y Compañías de Seguros de Vida) y otra con seguridad social (Fuerzas Armadas y de Orden).

Desde Fundación SOL nos hemos preguntado por los resultados de este particular sistema de pensiones y elaboramos un estudio titulado “Pensiones por la Fuerza: Resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden”, que además de la actualización 2023, cuenta con dos versiones anteriores en los años 2019 y 2021.

Esta columna se propone, en primer lugar, relatar brevemente el escenario histórico en que comienzan a coexistir dos sistemas de pensiones completamente distintos y, en segundo lugar, exponer la magnitud de las pensiones de retiro [1] que pagan CAPREDENA y DIPRECA.

Remontémonos a la década de los ’80, cuando se consolidó en Chile una reforma estructural al sistema de pensiones que sustituía las múltiples cajas previsionales por un nuevo mercado de cuentas individuales. Sin embargo, hay un grupo de la sociedad que no se sumó a este nuevo sistema: las Fuerzas Armadas y de Orden, que se mantuvieron en sus respectivas cajas. Dos elementos explican esta decisión.

Primero, el régimen especial de las Fuerzas Armadas y de Orden consiste en un sistema de reparto que entrega beneficios definidos, es decir, quien se jubila sabe con certeza cuál será el monto de su pensión, ya que tiene tasas de reemplazo claras. En definitiva, una pensión calculada en base a un porcentaje concreto y conocido del sueldo que reciben hacia el final de sus carreras es más conveniente que las pensiones inciertas de quienes cotizan en AFP, tal como demuestran los datos que veremos a continuación.

Segundo, el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas y de Orden entrega pensiones suficientes. Por una parte, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) es la institución encargada de pagar pensiones a quienes se desempeñaron en las Fuerzas Armadas, ya sea en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. A diciembre de 2022, CAPREDENA pagó 104.976 pensiones, de las cuales 71.199 corresponden a pensiones de retiro, que alcanzan un monto promedio de $1.250.794. Este monto considera ambas áreas de la carrera militar: Oficiales y Cuadro Permanente (Suboficiales).

Es importante destacar que, de las pensiones que paga Capredena, se encuentran grandes diferencias por género y dentro de los cuadros. En promedio, los hombres reciben pensiones 1,6 veces mayores a las de las mujeres, y en promedio, los Oficiales reciben 2,4 veces más que el Cuadro Permanente (Suboficiales).

Por otra parte, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) paga pensiones a las Fuerzas de Orden y Seguridad: Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. A diciembre de 2022, Dipreca pagó 70.793 pensiones, de las cuales 44.623 corresponden a la modalidad de retiro y alcanzan un valor promedio total de $1.476.267.

Al revisar los montos promedio de pensiones de retiro según institución, se observa que el valor más alto se encuentra en Investigaciones con $1.977.825, luego en Gendarmería con $1.813.389 y el valor más bajo está en Carabineros con $1.338.798.

Agreguemos otro dato para la reflexión: las personas que cotizan en el sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden aportan prácticamente la mitad de lo que se aporta al sistema de AFP. En Dipreca se cotiza un 5,95% del sueldo imponible, mientras que en CAPREDENA es el 6%; ambos suman un porcentaje adicional que va entre 0,5% y 1% a un Fondo de Revalorización de Pensiones, el que tiene como objetivo aumentar en términos reales (sobre inflación) el monto de las pensiones.

A propósito, mientras las pensiones de trabajadores y trabajadoras que cotizan bajo el sistema de capitalización individual apenas mantienen el poder adquisitivo, las pensiones entregadas por CAPREDENA y DIPRECA han aumentado considerablemente. De hecho, eliminando el efecto de la inflación, las pensiones de retiro pagadas por CAPREDENA han aumentado un 28,1% en términos reales, pasando de $976.305 en el año 2005 a $1.250.794 en 2022. Algo similar ha sucedido con las pensiones pagadas por DIPRECA, que al revisar según institución desde el año 2006 a 2022, en Investigaciones ha aumentado un 30,2%, en Carabineros un 35,3% y en Gendarmería un 83,5%.

Comparemos estas cifras con una pensión de vejez de $372.646 [2], que corresponde al monto promedio para aquellas personas que cotizaron entre 25 y 30 años en el sistema de AFP (tiempo similar a los años de servicio que deben cumplir funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden para jubilar). Las pensiones promedio pagadas por Capredena son 3,4 veces mayores a este valor, mientras que las pensiones promedio pagadas por DIPRECA son 4 veces superiores.

Volviendo a lo que nos dice la historia de Chile, las actas secretas de la Junta Militar (Acta 398-A del 14 de octubre de 1980) revelan la sugerencia del dictador Augusto Pinochet, acerca de presentar la permanencia en el sistema de cajas de forma encubierta a la ciudadanía y no levantar sospechas del nuevo sistema que se implementaría para la clase trabajadora. De hecho, recientemente en el año 2018, el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, compartía con oficiales militares el importante mensaje de “cuidar con dientes y muelas” sus pensiones.

Es decir, desde la década de los ’80 a la fecha, las Fuerzas Armadas y de Orden han realizado una constante defensa corporativa a su sistema y, los resultados que se han presentado brevemente en esta columna (así como en el estudio), permiten comprender las razones por las cuales han mantenido y seguirán en la misma línea.

Resulta paradójico pensar que en un contexto de dictadura encabezada por las fuerzas militares fueran estas las que no se quisieron cambiar al revolucionario sistema recién implementado. Desde un principio tomaron la decisión de no traspasar su sistema de seguridad social a manos privadas y, avalados por su poder en el régimen que encabezaban, se mantuvieron en sus cajas a diferencia de trabajadores y trabajadoras que sin más opción debieron pasar a este nuevo sistema.

Los 50 años de conmemoración del golpe cívico-militar nos obliga a pensar en qué democracia nos imaginamos para el futuro y bajo qué principios. Seguir ignorando la existencia de este paralelismo de sistemas que tiene en el país es impresentable y, a pesar de ello, el actual gobierno ha manifestado que no contempla una reforma que cambie este panorama, así que aparentemente la coexistencia de ambos regímenes no tiene un final cercano.


NOTAS:

[1] Las pensiones de retiro son una modalidad análoga a las pensiones de vejez, por edad o anticipadas, pagadas por las AFP y Compañías de Seguros de Vida.

[2] Monto de pensión promedio que pagan las AFP y Compañías de Seguros de Vida, incluyendo PGU. Según datos de la Superintendencia de Pensiones a diciembre de 2022.





* Publicado en CNN Chile, 10.07.23.

Neoliberales contra Isabella Weber




Hace dieciocho meses, la economista Isabella Weber se enfrentó a intensas críticas por culpar de la inflación a los beneficios empresariales. Ahora su análisis aparece regularmente en la prensa económica y los ideólogos neoliberales se quejan de ello.


Simon Grothe


Durante dos años, el mundo entero se ha obsesionado con la inflación. En lugar de celebrar el renacimiento del debate sobre el tema, muchos economistas están enfadados. No contra la inflación, sino contra la profesora Isabella Weber.

Ya en el invierno de 2021, Weber señaló en una columna como invitada para The Guardian que muchas empresas estaban trasladando sistemáticamente las presiones inflacionistas de la pandemia a sus clientes uno a uno, y algunas lo estaban haciendo en una proporción aún mayor, con beneficios en auge. Normalmente, los bancos centrales combaten estas presiones subiendo los tipos de interés, lo que amortigua la demanda agregada de la economía. En concreto, esto significa generar desempleo. En lugar de subidas de tipos, Weber propuso controles estratégicos de precios gestionados por el Estado. Fue acribillada por esta postura, y un Premio Nobel tachó su teoría de «verdaderamente estúpida». Más tarde se disculpó.

Apenas dieciocho meses después de la publicación de su columna, todas las grandes organizaciones económicas --como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los bancos centrales de Estados Unidos (la Reserva Federal) y de la eurozona (el Banco Central Europeo)-- han publicado múltiples estudios que abordan el análisis de Weber (a menudo sin citarlo). La propia Weber siguió con dos trabajos de investigación, que reunían apoyo empírico para su teoría de la inflación impulsada por los beneficios. Para la economista Veronika Grimm, asesora del Gobierno alemán, todo esto es pura farsa.

Sin embargo, mientras los economistas descargan su ira en Twitter, Weber recorre el mundo concediendo entrevistas semanales a importantes medios como Bloomberg, el New Yorker y el Financial Times. Un presentador de la CNN comentó con aprecio que, después de todo su éxito, Weber se niega a añadir un toque arrogante de «te lo dije» a sus intervenciones. Pero pocas veces ha habido un abismo tan evidente entre la economía convencional y la prensa económica. ¿Puede eso explicar por sí solo el vitriolo dirigido a Weber?

El dramaturgo estadounidense Edward Albee dijo que el título de su obra ¿Quién teme a Virginia Woolf? significaba algo así como «¿Quién teme vivir sin ilusiones?». Entonces, cuando dirigen su fuego contra Weber, ¿a qué temen personas como Grimm?


La inflación del vendedor

Aprincipios de este año, Weber y su estudiante de doctorado Evan Wasner desarrollaron una teoría dinámica para explicar la última racha de subidas de precios. La llamada inflación del vendedor, argumentan, se desarrolla en cuatro fases.

Primera fase: estabilidad. Es un día más en el capitalismo. La gente va a trabajar, fabrica y vende cosas, sus jefes se quedan con una parte como beneficio y pagan un salario con el resto.

Segunda fase: impulso. La escasez real de productos básicos clave, cuyo coste entra en la producción de muchos otros, provoca un shock de precios. Aparte de los cuellos de botella habituales que surgen de la anarquía de la producción capitalista, considérese el impacto de acontecimientos repentinos como sequías, congelaciones de las importaciones de gas, etcétera.

Tercera fase: repercusión. Las empresas protegen sus márgenes de beneficio del aumento del coste de los insumos subiendo sus propios precios. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los establecimientos se ven afectados directa o indirectamente por la subida de los precios del gas: utilizan electricidad procedente de centrales eléctricas de gas, calientan el suelo de sus tiendas con gas o utilizan gas para producir fertilizantes y otros productos químicos. Por supuesto, dado que las empresas capitalistas no son organizaciones benéficas, hacen todo lo posible por repercutir el aumento de los costes a su clientela. Como una patata caliente, el aumento de precios pasa de empresa en empresa hasta que acaba en el supermercado como una etiqueta de precio más alto. ¿Cómo se libran los trabajadores de la patata caliente? Exigen a su vez salarios más altos para estabilizar su poder adquisitivo en términos reales.

Entonces llegamos a la cuarta fase: el conflicto. Los trabajadores luchan por unos salarios más altos para compensar las pérdidas de poder adquisitivo, lo que supone un aumento de los costes para las empresas, que a su vez incrementan los precios. Sin embargo, no se trata en absoluto de un conflicto en igualdad de condiciones, ya que los asalariados sólo intentan compensar las pérdidas anteriores de su salario real. Además, en cada ronda de negociación colectiva se ven obligados a escuchar a algún economista que les sermonea diciendo que ahora son ellos los responsables de luchar contra la inflación y que deben pedir aumentos menores para aportar su granito de arena. Mientras que los aumentos de precios en las fases segunda y tercera son limitados, la fase de conflicto --si los trabajadores están bien organizados-- ejerce presión sobre el nivel general de precios, ya que los aumentos de precios se retroalimentan en un círculo vicioso. Como de hecho no ha sido así, en la mayoría de los países los salarios no han seguido el ritmo de la inflación. Los salarios reales --lo que los salarios realmente pueden comprar-- cayeron.

Muchos medios de comunicación, atraídos por la nueva perspectiva de Weber, calificaron su análisis de «inflación codiciosa» (greedflation). Sin embargo, este resumen de su teoría demuestra que no se trata de un proceso impulsado fundamentalmente por la codicia subjetiva. Weber insiste en ello en cada entrevista. La codicia no es una categoría relevante para explicar las presiones inflacionistas, porque las empresas en los mercados capitalistas están obligadas por la competencia a maximizar sus márgenes. Los beneficios son, por tanto, una consecuencia de las relaciones sociales y no tienen nada que ver con gestores codiciosos[1].


¿Qué ha cambiado?

Otra objeción sostiene que si las empresas pueden simplemente subir sus precios, como quiere la teoría de Weber, ¿por qué no lo hacen antes de la crisis inicial? En su artículo, Weber y Wasner argumentan que en una situación en la que surge una escasez real, las empresas competitivas situadas aguas arriba de los cuellos de botella sólo atienden inicialmente a sus respectivas clientelas. Así, pueden subir los precios sin temor a que la competencia les robe clientes con precios más bajos. Estas tendencias se refuerzan cuando un gran operador domina el mercado. Weber y Wasner citan al director general de Tyson Foods, el mayor productor de carne estadounidense, que reveló en una junta de accionistas que todos los competidores de la empresa habían imitado sus subidas de precios. Un razonamiento similar al de Weber y Wasner puede encontrarse ahora también en los informes más recientes del FMI y del Bundesbank alemán: los cuellos de botella en la producción han otorgado un importante poder de mercado a las empresas.

Además, las empresas pueden imponer más fácilmente subidas de precios a sus clientes cuando éstos están acostumbrados a oír todos los días en los medios de comunicación nuevos choques de costes y crecientes presiones inflacionistas. Algunos en la prensa estadounidense han etiquetado esta dinámica como «excuseflation» (excusa de la inflación). Legendariamente, el jefe de Iron Mountain relató en una llamada sobre las ganancias en 2018 que rezaría por la inflación todos los días, porque le permitía impulsar mayores tasas de ganancias. Añadió que su oración por la inflación era, para él, como una «danza de la lluvia».

Ahora, esto puede ser solo el tipo de alarde para cortejar a los inversores en una conferencia telefónica. Pero numerosos estudios han investigado la cuestión de si las empresas han aumentado sus márgenes de beneficio durante este último periodo de inflación sostenida. Aún no existe un consenso definitivo: distintos estudios basados en conjuntos de datos variados llevan a conclusiones diferentes. En su artículo, Weber y Wasner muestran una fuerte correlación entre las tasas de beneficios y los precios en determinados sectores que clasifican como pertenecientes al grupo de impulso, entre los que se incluyen, por ejemplo, las empresas productoras de materias primas y energía. El Instituto Roosevelt y la Fed de Kansas City han constatado un aumento de los márgenes medios de beneficio en Estados Unidos, y el Bundesbank ha constatado más o menos lo mismo en Alemania, con un aumento de las tasas de inflación en 2021 y 2022 del 2,1 y el 2,4%, respectivamente. 

Incluso el conservador Instituto de Investigación Económica de Múnich escribió en un documento que «las empresas también están tomando el aumento de los costes como una excusa… para mejorar su situación de beneficios aumentando aún más sus precios de venta… Sobre todo en la agricultura y la silvicultura, incluida la pesca, así como en la construcción y el comercio mayorista, la hostelería y el transporte, las empresas subieron sus precios bastante más de lo que habría cabido esperar basándose únicamente en el aumento de los precios de los insumos». La participación de los beneficios unitarios en el crecimiento de los precios está muy por encima de la media histórica de la zona euro.

La teoría de Weber, sin embargo, no se basa en si los márgenes de beneficio son elevados por término medio, sino que afirma más bien que el poder de fijación de precios a corto plazo permite a las empresas protegerse de los choques de costes y, por tanto, que los beneficios contribuyen más que los salarios al aumento de los precios. Como ha demostrado recientemente el BCE, los beneficios por unidad producida también pueden aumentar mientras los márgenes de beneficio permanecen constantes, desplazando la distribución de la renta entre beneficios y salarios a favor de los primeros. Los márgenes de beneficio son tasas, mientras que los salarios son cantidades fijas. La misma tasa, digamos el 10%, multiplicada por unos costes totales más elevados, digamos un aumento de 100 a 150, conduce a una mayor masa de beneficios: 15 en lugar de 10, mientras que los salarios permanecen obstinadamente constantes.


Ganan los que no deberían hacerlo

Apartir de aquí, sostengo con mi colega Michalis Nikiforos que las tasas de beneficios constantes pueden ser otra causa de la inflación impulsada por los beneficios. Los que sostienen lo contrario afirman que las empresas tienen un derecho natural a una parte fija de la renta total de la sociedad y que los asalariados deberían igualmente aceptar naturalmente la pérdida. Economistas como Grimm insisten continuamente en que el aumento de los precios y de los beneficios unitarios frente a unos salarios constantes es enteramente una cuestión de contabilidad. Grimm no explica por qué los salarios no siguen el mismo camino por sí solos, y naturaliza así la negociación socialmente disputada de la renta nacional entre el trabajo y el capital a favor del capital.

La distribución de la renta entre salarios y beneficios es un proceso social y, por tanto, ignora cualquier ley natural. El hecho de que las empresas puedan repercutir tan fácilmente los choques de costes, mientras que los asalariados sufren pérdidas reales de su poder adquisitivo, atestigua aún más la debilidad de los sindicatos y la fuerza del capital. Aunque los economistas de la corriente dominante advierten repetidamente contra la introducción de ajustes automáticos en los salarios y el gasto social para compensar la inflación, dicha indexación es una realidad de facto para algunas rentas del capital: las empresas pueden repercutir los aumentos de costes uno a uno, o incluso tenerlos por escrito en sus contratos, como en el caso de la indexación del 70% de los alquileres en Berlín.

Al señalar el papel de los beneficios, Weber ha liberado el discurso sobre la subida de precios de la camisa de fuerza que le imponen las teorías dominantes sobre la inflación. A partir del simple hecho de que «los precios suben porque las empresas los suben», en las últimas décadas se ha erigido una superestructura teórica que excluye la capacidad de las empresas para fijar los precios y sus efectos distributivos. En su ausencia, estas perspectivas antiestatistas reducen la inflación a la burda impresión de dinero y al aumento de la deuda pública. Gracias al análisis de Weber, la atención se ha desplazado ahora a instrumentos políticos como el control de precios y los impuestos sobre los beneficios extraordinarios, y por tanto sobre el capital, en lugar de centrarse en los ajustes de los ingresos de la clase trabajadora derivados del desempleo inducido por la política monetaria.

Incluso la presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró ante el Parlamento Europeo que la política monetaria no es tan eficaz para gestionar las subidas de precios de nuestro tiempo y que los cambios en la legislación antimonopolio deberían asumir una mayor parte de la carga. Y la directora del FMI, Gita Gopinath, declaró en junio que los márgenes de beneficio deben hundirse para combatir la inflación.


La inflación de los vendedores lo cambia todo

Pero la investigación de Weber tiene implicaciones que van más allá de hacer frente a las crisis de precios. ¿Qué tienen en común los salarios mínimos, los impuestos de sociedades, los precios del carbono y las subidas de los tipos de interés? Todas estas medidas son objetivos políticos que implican un aumento de los costes para las empresas que están en el sector privado. Si Weber tiene razón, y las investigaciones posteriores apoyan su tesis, entonces vivimos en una estructura de mercado en la que la dirección socialdemócrata requiere instrumentos totalmente distintos de los que se discuten en los círculos políticos liberales.

Si muchas empresas pueden repercutir los costes inmediatos que les impone la política económica socialdemócrata (salarios mínimos, impuestos de sociedades, precios e impuestos sobre el carbono, tipos de interés), entonces existe la inquietante posibilidad de que dicha política no tenga ningún efecto o sea totalmente contraproducente. ¿Qué sentido tiene aumentar el salario mínimo si el nivel de precios sube al mismo ritmo? Dejar la lucha contra la inflación en manos de los bancos centrales, y el cerco tecnocrático del conflicto distributivo que conlleva, es igualmente ineficaz si las empresas pueden repercutir el aumento de los costes de los préstamos.

La «negociación salarial» se presenta así como una ilusión, ya que el poder de mercado de las empresas determina en última instancia el poder adquisitivo de los trabajadores. 

El economista de mediados del pasado siglo, Michał Kalecki, sostenía que los vendedores de fuerza de trabajo sólo negocian sus salarios nominales, dado que sus salarios reales están estructuralmente determinados por el poder de fijación de precios de las empresas, es decir, por la fuerza relativa de las grandes empresas, los sindicatos y las instituciones estatales en el mercado laboral. Dicho de otro modo, los salarios reales dependen del estado de la lucha de clases.

Así pues, la política económica progresista no puede prescindir de la exigencia de un cambio en la estructura del mercado que cree el poder necesario para repercutir los aumentos de costes. Esto significa acabar con los monopolios, reforzar los sindicatos, eliminar el exceso de beneficios mediante impuestos extraordinarios y mantener reservas estratégicas de insumos críticos

La reciente reforma de la ley antimonopolio alemana es un primer paso en esta dirección. En una entrevista concedida al Frankfurter Allgemeine Zeitung, el jefe de la autoridad antimonopolio alemana anunció acciones legales en las industrias en las que «los precios suben de manera muy notoriamente uniforme». Y ese es el mayor temor de la profesión económica: que las condiciones económicas se politicen y democraticen.


NOTA del Blog:

[1] Resulta curioso que Weber remarque que la avaricia no es una variable a tomar en cuenta. Se puede especular que está tan imbuída del científico enfoque económico que no se percata de que aquella perspectiva reemplazó un término moral por uno aparentemente técnico. Aunque maximizar sea pretender obtener la mayor ganancia posible... o sea, ser avaricioso. Lo que nos lleva a preguntarnos, una vez más, qué es ser heterodoxo en "ciencia económica".


* Publicado en Jacobin, 25.09.23.

Sobre la presentación sudafricana al CIJ por el genocidio en Gaza




John Mearsheimer


Le escribo para informar sobre un documento verdaderamente importante que cualquier persona interesada en la guerra [sic, aquí asumimos que es una agresión israelí] en curso en Gaza debería difundir ampliamente y leer atentamente.

En particular, me refiero a la “solicitud” de 84 páginas que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 29 de diciembre de 2023, acusando a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

1. Afirma que las acciones de Israel desde el inicio de la guerra [sic] el 7 de octubre de 2023 “tienen como objetivo conducir a la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino en la Franja de Gaza”[1]. Ese cargo claramente entra dentro de la definición de genocidio de la Convención de Ginebra, de la que Israel es signatario.

2. La aplicación es una excelente descripción de lo que Israel está haciendo en Gaza. Es completo, bien escrito, bien argumentado y minuciosamente documentado. La aplicación tiene tres componentes principales.

En primer lugar, detalla los horrores infligidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a los palestinos desde el 7 de octubre de 2023 y explica por qué les espera aún más muerte y destrucción. En segundo lugar, la solicitud proporciona un conjunto sustancial de pruebas que demuestran la intención genocida de los líderes israelíes hacia los palestinos (59-69). Los comentarios de los líderes israelíes –todos cuidadosamente documentados– son impactantes.

Uno nos lleva a pensar en cómo los nazis hablaban del trato dado a los judíos cuando leemos cómo los líderes israelíes en “posiciones de máxima responsabilidad” hablan de los palestinos (59).

En esencia, el documento sostiene que las acciones de Israel en Gaza, combinadas con las declaraciones de intenciones de sus líderes, dejan claro que la política israelí está "calculada para conducir a la destrucción física de los palestinos en Gaza" (39).

En tercer lugar, el documento hace todo lo posible para situar la guerra [sic] en Gaza en un contexto histórico más amplio, dejando claro que Israel ha tratado a los palestinos en Gaza como animales enjaulados durante muchos años.

Cita numerosos informes de la ONU que detallan el trato cruel de Israel a los palestinos.

En resumen, la aplicación deja claro que lo que los israelíes han estado haciendo en Gaza desde el 7 de octubre es una versión más extrema de lo que estaban haciendo antes de esa fecha.

No hay duda de que muchos de los hechos descritos en el documento sudafricano han sido informados anteriormente por los medios de comunicación. Sin embargo, lo que hace que la aplicación sea tan importante es que reúne todos esos datos en un solo lugar y proporciona una descripción completa y plenamente fundamentada del genocidio israelí.

En otras palabras, ofrece el panorama general sin descuidar los detalles. No sorprende que el gobierno israelí calificara las acusaciones de “difamación de sangre” sin “base fáctica ni jurídica”.

Además, Israel afirma que “Sudáfrica está colaborando con un grupo terrorista que pide la destrucción del Estado de Israel” [3].

Sin embargo, una lectura atenta del documento deja claro que tales afirmaciones no tienen fundamento. De hecho, es difícil ver cómo Israel podrá defenderse racional y legalmente cuando comiencen las audiencias. Después de todo, los hechos brutos son difíciles de discutir.

Permítaseme ofrecer algunas observaciones adicionales sobre las acusaciones sudafricanas.

En primer lugar, el documento enfatiza que el genocidio es distinto de otros crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, aunque "a menudo existe una estrecha conexión entre todos estos actos" [1].

Por ejemplo, atacar a la población civil para ayudar a ganar una guerra, como ocurrió cuando Gran Bretaña y Estados Unidos bombardearon ciudades alemanas y japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, es un crimen de guerra, pero no es genocidio.

Gran Bretaña y Estados Unidos no buscaban destruir “una parte sustancial” o la totalidad de la población de esos estados objetivo.

La limpieza étnica apoyada por la violencia selectiva también es un crimen de guerra, incluso si no es genocidio, una acción que el experto en Holocausto, nacido en Israel, Omer Bartov llama “el crimen de todos los crímenes” [4].

Por cierto, creí que Israel era culpable de graves crímenes de guerra, pero no de genocidio, durante los dos primeros meses de la guerra, a pesar de que cada vez había más pruebas de lo que Bartov llamó “intención genocida” por parte de los líderes israelíes [5].

Pero después de la tregua del 24 al 30 de noviembre de 2023 y el regreso de Israel a la ofensiva, me quedó claro que los líderes israelíes de hecho buscaban destruir físicamente una porción sustancial de la población palestina de Gaza.

En segundo lugar, aunque la solicitud sudafricana se centra en Israel, tiene enormes implicaciones para Estados Unidos, especialmente para el presidente Biden y sus principales asesores. ¿Por qué?

Porque hay pocas dudas de que la administración Biden es cómplice del genocidio de Israel, que también es un acto punible según la Convención sobre Genocidio.

A pesar de reconocer que Israel está realizando “bombardeos indiscriminados”, el presidente Biden también declaró que “no haremos absolutamente nada excepto proteger a Israel. Ni una sola cosa” [6].

Biden ha cumplido su palabra, llegando incluso a pasar por alto al Congreso dos veces para proporcionar rápidamente armamento adicional a Israel.

Independientemente de las implicaciones legales de su comportamiento, el nombre de Biden –y el de Estados Unidos– siempre estará asociado con lo que probablemente se convertirá en uno de los casos clásicos de intento de genocidio.

En tercer lugar, nunca imaginé que vería el día en que Israel, un país lleno de sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, enfrentaría una acusación grave de genocidio.

Independientemente de cómo se desarrolle este caso en la CIJ –y aquí soy plenamente consciente de las maniobras que Estados Unidos e Israel emprenderán para evitar un juicio justo–, en el futuro Israel será ampliamente considerado como el principal responsable de uno de los casos canónicos. de genocidio.

En cuarto lugar, el documento sudafricano enfatiza que no hay razón para pensar que este genocidio terminará pronto, a menos que la CIJ intervenga con éxito.

Cita dos veces las palabras del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu del 25 de diciembre de 2023 para dejar claro este punto: “No paramos, seguimos luchando y profundizaremos la lucha en los próximos días, será una batalla larga y no está cerca de su fin"  (8, 82).

Esperamos que Sudáfrica y la CIJ pongan fin a la lucha, pero en última instancia, el poder de los tribunales internacionales para coaccionar a países como Israel y Estados Unidos es extremadamente limitado.

Finalmente, Estados Unidos es una democracia liberal llena de intelectuales, editores de periódicos, formuladores de políticas, expertos y académicos que rutinariamente proclaman su profundo compromiso con la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Suelen ser muy elocuentes cuando los países cometen crímenes de guerra, especialmente si Estados Unidos o uno de sus aliados está involucrado.

Sin embargo, en el caso del genocidio de Israel, la mayoría de los expertos en derechos humanos de la corriente principal liberal han dicho poco sobre las acciones salvajes de Israel en Gaza o la retórica genocida de sus líderes.

Ojalá en algún momento expliquen su inquietante silencio. De todos modos, la historia no será amable con ellos, ya que apenas dijeron una palabra mientras su país era cómplice de un crimen horrible, perpetrado ante los ojos de todos.


NOTAS:

Ponce Lerou siempre gana




Daniel Matamala


Si hay dictadura, gana Ponce, el yernísimo.

Si vuelve la democracia, gana Ponce, el benefactor.

Si gobierna la derecha, gana Ponce, el Rey del Litio.

Si gobierna la izquierda, gana de nuevo Ponce, el Rey Perpetuo del Litio.

El verano de 1969, Julio César Ponce Lerou tuvo su golpe de suerte. Vacacionando en Maitencillo, conoció a la joven hija de un militar, Verónica Pinochet. Luego, ya convertido en el yerno del amo y señor de Chile, coleccionó quince cargos en entidades y empresas estatales como Conaf, Iansa, Enami, ENAP, CTC, Endesa, y las dos más importantes para su futuro: Corfo y SQM.

Lo bautizaron como el “yernísimo”.

En 1983, un escándalo de corrupción lo obligó a dejar sus cargos, pero cuatro años después volvió a SQM como presidente del directorio, gracias a los votos de los directores militares designados por la dictadura de su suegro. Privatizó la empresa y se quedó con el control mediante una estructura piramidal conocida como “las cascadas”.

La transición a la democracia amenazó su poder. La Cámara de Diputados cifró en 2.223 millones de dólares la pérdida patrimonial del Fisco por las privatizaciones truchas, de las cuales SQM era el símbolo principal. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) abrió una causa por estafa y fraude al fisco por las operaciones entre Ponce y Corfo. El Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó indagatorias en su contra.

El senador DC Eduardo Frei denunció que los trabajadores de SQM en la salitrera Pedro de Valdivia “viven en un ambiente propio de campo de concentración, en cloacas inmundas como animales”. La denuncia fue respaldada por su colega Jorge Pizarro, y el gobierno de Aylwin anunció una comisión investigadora.

Entonces, el “yernísimo” se reinventó. Se separó de Verónica Pinochet y se convirtió en el gran benefactor de la política chilena. Años después, la familia de Pizarro, la campaña de Frei y los ministros del Interior y Economía de Aylwin aparecerían en la nómina de asesores y pagos ilegales de SQM.

Una auditoría estadounidense demostró que SQM entregó, solo en cinco años investigados, 21 millones de dólares a políticos, dos tercios de ellos por vía ilegal. Magnánimo, pagó a derecha, centro e izquierda. En la campaña presidencial de 2009, los tres candidatos financiados por SQM (Piñera, Frei y ME-O) sumaron el 94% de los votos.

“Julio quiso apoyar a gente de todas las creencias. Él quería mantener la democracia en el país”, explicó su abogado y amigo Darío Calderón. Tanta generosidad tuvo sus ventajas. El CDE, el SII y la Cámara de Diputados abandonaron sus indagaciones, y el Estado que se aprestaba a perseguir a Ponce se convirtió en su socio. Corfo le entregó la explotación del litio en el salar de Atacama a cambio de un miserable 6,8% de las ventas.

Ese contrato permitió a Ponce convertirse en el “Rey del Litio”, con una fortuna estimada por Forbes en 3.300 millones de dólares.

Ponce factura, y también legisla. La gerencia de SQM redactó un artículo que la eximía de cualquier aumento de impuestos por seis años. El gerente general Patricio Contesse le envió el texto al senador UDI Pablo Longueira, este lo reenvió al gobierno de Piñera, el Congreso lo aprobó y el memo de SQM se convirtió en Ley de la República. Investigaciones judiciales comprobaron que, en la misma época, la empresa pagó 730 millones de pesos al círculo cercano de Longueira.

En 2020, la Corte Suprema ratificó que Ponce fue el “ideólogo” de un “esquema fraudulento” para perjudicar a los accionistas minoritarios de SQM a través de las “cascadas”. Gracias a él, obtuvo una “utilidad fraudulenta” de 128 millones de dólares.

“En Estados Unidos, Julio Ponce estaría preso”, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Pero no en Chile. Su “pena” fue una multa de 3 millones de dólares, el 2,3% de lo defraudado.

En el caso de las platas políticas ilegales, ni siquiera eso. Patricio Contesse cargó con todas las culpas, Ponce nunca fue tocado por la investigación, y no está entre los acusados.

Cuando Eduardo Bitran, timonel de Corfo, demandó a SQM por incumplimiento del contrato con el Fisco, denunció que “connotados políticos del más alto nivel me exigieron que cerrara un acuerdo con Ponce”. La disputa se acabó en 2018, con un nuevo pacto entre SQM y el Estado. Esta vez sí fue un win-win: SQM extendió su contrato, y el Fisco se quedó con gran parte de las regalías. El año pasado, el litio entregó a las arcas fiscales más de 5 mil millones de dólares. Además Ponce debió dejar el directorio de la empresa, aunque mantuvo su parte de la propiedad.

Después de décadas de expolio, ahora las ganancias de SQM sí se comparten con los dueños del litio: todos los chilenos.

Esta semana, el gobierno celebró, con bombos y platillos, un nuevo acuerdo con SQM para explotar el litio del Salar de Atacama. Se formará una sociedad hasta 2060, en que Codelco será accionista mayoritario, aunque en los primeros cinco años no tendrá el control ni la mayoría de las utilidades.

Los análisis son divididos: algunos celebran que el Estado se asegura rentas importantes contando con el know how del negocio que tiene SQM. Otros consideran que, como dueño del litio, debió exigir una tajada mayor, o licitar el recurso de manera transparente, en vez de negociar con solo una empresa.

¿Gana Chile con este acuerdo? Discutible. Lo que no admite dudas es que, como siempre, gana Ponce. Las acciones de SQM subieron tras el anuncio, y la compañía cerró 2023 como la empresa más valiosa de Chile, con una capitalización bursátil de 16.717 millones de dólares.

En 2014, el diputado Boric decía que “Julio Ponce es un delincuente de cuello y corbata”. En 2023, el presidente Boric celebra que Ponce sea socio del Estado hasta 2060. Ponce se convierte en el Rey Perpetuo del Litio, hasta que cumpla 115 años de edad, blanqueado por el único sector político que le faltaba: el Frente Amplio que antes lo denunciaba como ícono de la corruptela entre política y negocios.

En Chile todo es incierto, todo cambia y todo gira para seguir igual: siempre, siempre, siempre gana Ponce.



* Publicado en La Tercera, 30.12.23.

"Nunca una generación que se dijo tan comprometida molestó menos a los verdaderos poderes"




«No podemos dejar la portavocía de lo social a las multinacionales», explica Edu Galán (Oviedo, 1980). Es contundente: hay una falsa forma de contestación en el activismo social del presente. En su último libro, La máscara moral (Debate), desgrana estas nuevas formas de relacionarnos (y señalarnos) impulsadas por un mercado que, en última instancia, ha hecho al individuo la medida de todas las cosas.


Iñaki Domínguez


-¿De dónde surge tu interés por indagar en estos temas, actualmente asociados a la izquierda identitaria?

-Porque vivo en el mundo. Yo estudié psicología y me interesa la sociología, y creo que la irrupción de las redes sociales y de un sistema de mercado que creo es diferente al de hace 30 ó 40 años ha cambiado ambas disciplinas. Al analizar algo que está pasando ahora mismo a lo mejor se te escapan cosas, pero es un problema que a mí no me preocupa: quisiera ofrecer diagnósticos para que mis lectores dediquen, de esas cinco horas que dedicamos diariamente a internet, al menos cinco minutos a pensar, y no a andar como hámsters en una rueda dentro de una jaula.

-¿Has recibido críticas por tus posiciones frente a la cultura de la cancelación?

-Yo creo que la cultura de la cancelación existe y se dirige siempre contra personas que son emocionalmente cercanas; es decir, personas públicas o famosas. A Sánchez Galán, de Iberdrola [grupo empresarial dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía], no lo van a cancelar por muchas burradas que diga porque nadie lo conoce. Irán contra Pablo Motos [presentador de TV] o contra gente conocida. 

En España, dicha cultura es menor que en Estados Unidos porque la industria cultural en España es menor. Aquí la cancelación consiste en dar un disgusto a uno y, bueno, que no cobre una factura. ¿Está menos presente? Vale, pero hay gente –que son mis detractores en ese sentido– que dicen que no existe, que todo esto es un lloriqueo de señoros. Pero es tan fácil como enseñarles ejemplos como el de María Frisa, la escritora infantil, y decirles que si eso es una crítica legítima dentro de la libertad de expresión. Esto va de querer que alguien deje de trabajar, de asociar a uno a los peores males del mundo. Y a mí me la suda (sic) [que le es indiferente] con lo que me asocien, pero hay gente que lo pasa muy mal. Por eso hay que rebelarse contra eso y contra estos papanatas que niegan su existencia y que minimizan el impacto psicológico de la cultura de la cancelación.

-Carl Jung decía en la primera mitad del siglo XX que vivimos tiempos en los que la gente imposta las emociones. ¿Crees que esta situación ha empeorado?

-Sí. Es muy interesante que en esta época la gente sienta mucho; está todo el rato sintiendo. Un ejemplo es que ya no se argumenta, sino que son todo historias personales. Sienten tanto que si yo siento que soy asexual y estoy oprimido, pues estoy oprimido, ¿no? Y el sentimiento sería definitivo ante la razón. 

La gente se siente feliz o se siente triste en internet, pero no saben lo que sienten. Es decir, las emociones deberían tener un sentido. Tiene que haber un correlato: que te vaya bien en el trabajo, que has recibido una buena noticia, que te ha tocado la lotería o lo que a cada cual le motive. Y al igual, estar triste no debería ser fabricado: tendrías que tener unos condicionantes de vida que tú afrontes y deriven en que tú estés triste. Y no pasa nada por estar triste, pero aquí la gente está triste porque iba a ir a la playa y llueve. La gente fabrica emociones que no tienen correlato y, claro, así andan las cabezas. Es como correr una maratón como si fuesen los cincuenta metros lisos: vas desencajado. 

Es un tema central en La máscara moral: qué significan las cosas y a qué comprometen. Y esto no es ser reaccionario ni nada, es que se ha convertido todo en un chau chau [resignación cuando algo ya no tiene remedio] de la nada. Vivimos en un mundo de ecos en el que la gente utiliza las palabras como si fuesen papagayos, sin entender su significado y el compromiso que implican consigo mismo y para con los demás.

-¿Qué crees que se esconde detrás de esa «máscara moral» de la que hablas en tu libro?

-Por una parte, se esconde la llamada de atención. O sea, llamar la atención y emplear un mecanismo conductual tan sencillo como el reforzamiento social. Las redes sociales son unas herramientas que sirven para maximizar los beneficios de unas multinacionales. Punto pelota. Tú tienes franquiciada una cuenta de Twitter y ellos, así, tienen contenidos, pero el refuerzo dentro de ese ambiente que han creado las multinacionales sirve para llamar la atención, porque es la competición que se desarrolla ahí. 

Eso por un lado, pero también hay políticos, periodistas o coachs que hacen dinero de esa dinámica, de esa forma de comunicarse tan propia de las redes sociales. Tenemos el ejemplo muy claro de este periodismo cultural moral, que es un periodismo hediondo. Te dicen: «Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Las películas, por ejemplo, no tienen un discurso moral?». Y claro que lo tienen, pero lo moral no es lo que las define. Es una condición necesaria, pero que se juzgue como buena o mala por su discurso moral no es suficiente para evaluar una obra artística. 

Es como ocurre en esta película vomitiva que ganó los Oscar, que es buena porque todos los personajes sordos están interpretados por actores sordos. Y no te metas con esto porque la película está blindada: pasas de criticar una película, una obra artística, a criticar a los sordos del mundo. Y claro, esto es muy problemático.

-¿Es la izquierda woke un producto del neoliberalismo?

-Sí. Creo que proviene de unas universidades norteamericanas, como afirma el documental El siglo del yo, de Adam Curtis, que recomiendo muy vivamente. Esta centralidad del yo, esta sentimentalización de todo, le viene muy bien al mercado neoliberal, que se centra en el individuo, en el que este es la medida de todo y donde al individuo se le hace creer que es ajeno a cualquier contexto (y en unas redes sociales en las que todos compiten por ser protagonistas). 

Se ha convencido a la gente a través de esta ideología liberal, que es transversal. Se le dice lo mismo a un chaval de izquierdas que a un chaval de Vox [partido de ultraderecha]: que tienen poder para cambiar la sociedad o para mantener la unidad de España y que todo está a sus pies, cuando todos sabemos perfectamente la influencia de las clases sociales. 

Si naces en el Pozo del Tío Raimundo [barrio pobre de la zona de Vallecas] es como si sales a correr una carrera sin una pierna o sin las dos. Y claro, la gente se frustra mucho, pero para el mercado es un chollo [cosa buena y barata], porque esta cháchara del deseo interior es infinita. Se te puede vender un producto para que tú lo compres y expreses tu estado de ánimo y cuán especial te sientes. Se mete a la gente en una dinámica en la que la única forma que tiene de expresarse es comprar, algo que vemos muy bien en las grandes tiendas de Gran Vía, en Madrid, que pertenecen a locales que han dejado de ser cines. Y no solo por la tecnología, sino porque nos hemos cansado de ver a los demás: lo que nos gusta es comprar cosas para que nos vean a nosotros.

-¿Es una forma de falsa contestación?

-Claro. Hoy ves a gente que está 24 horas al día luchando contra el sistema. No hay cosa más pesada, ¿no? Hay gente en Twitter que vive luchando. En Twitter, claro, porque si estuviesen luchando de verdad… En general, más que de activismo serio, esta situación tiene mucho de demostración ególatra y espuria; de poner un hashtag y conformarse. Y la gente te dice: «¡Muy bien, estás comprometido con no sé qué!». Y uno siente que está arreglando el mundo. Hay que ser papanatas. Nunca una generación que se dijo tan comprometida molestó menos a los verdaderos poderes, que son los bancos o las multinacionales. Es una izquierda que se siente cómoda cuando en un anuncio de una multinacional sale una persona trans con el abuelo. Y esto es un espejismo, la gente vive en un espejismo; no podemos dejar la portavocía de lo social a las multinacionales.

-Hablas de una suerte de vigilancia moral. ¿A qué crees que se debe esta, que se da de unos a otros?

-Primero, al hecho de que tenemos unos aparatos tecnológicos acojonantes (sic) [impresionantes] y muy baratos. Esto es muy importante: esa facilidad permite esa vigilancia. En lo personal, esa vigilancia resulta muy reforzadora. La gente se siente como el jurado o el juez de los procesos de las brujas de Salem. Se sienten moralmente elevados, con la sensación de que arreglan el mundo o le devuelven el orden. Sensaciones que son muy placenteras pero, claro, desde fuera se ve todo lo contrario. Es arrasar los derechos de otras personas y es hipócrita, irracional y supersticioso; tiene todo aquello que desprecio.

-¿Tiene fecha de caducidad esta impostura moral?

-Me gustaría que fuese una moda, pero no lo sé. Lo que sí sé es que desde hace años la cosa ha ido a peor. Yo lo viví con Mongolia [revista satírica]. Cuando empezábamos, la gente señalaba menos y era menos agresiva que ahora con respecto a la sátira y el humor. Diez años después, cuando dejo Mongolia en el 2021, yo ya veía que los que eran de una misma cuerda ya no entendían la sátira de izquierdas salvaje; no entendían la grosería, no entendían absolutamente nada. 

Espero que sea una moda y que entendamos lo importante que es la libertad de expresión, pero mi sensación es que va a peor y que la gente no tiene ningún problema en aumentar el control sobre los demás y en que haya consecuencias frente a las cosas que dice la gente. Yo tiemblo de miedo.


Edu Galán



* Publicado en Ethics, 19.12.22. Edu Galán es un escritor, guionista y crítico cultural español.

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