Roberto Pizarro H.
La propuesta constitucional que ha entregado la derecha a la sociedad chilena es inservible. Es una defensa del modelo económico y social instalado por la dictadura de Pinochet, que no se modificó durante el período de transición a la democracia. Y es ese modelo el que ha generado una gran brecha de desigualdades e injusticias, con una inédita concentración del ingreso y de la propiedad en el 1% de las personas más ricas de Chile.
El lamentable fracaso de la primera propuesta constitucional dio paso a una nueva propuesta que, en vez de tener origen en el pueblo, nació de un Parlamento, con escasa legitimidad en la ciudadanía, el que organizó un proceso que abrió camino para que la derecha, con una mayoría circunstancial, redactara un documento que en lo económico, social, político y cultural ensombrece el futuro de nuestro país.
La reciente propuesta constitucional, impulsada por la derecha, perpetúa el modelo neoliberal, caracterizado, en primer lugar, por políticas sociales focalizadas para enfrentar la pobreza, desechando políticas universales. Así, se construyó una muralla que divide social y territorialmente a las familias chilenas, al convertir a la salud, educación y previsión en negocios de mercado en vez de derechos universales.
Por otra parte, en el plano productivo el estricto accionar del libre mercado, con un Estado subsidiario (favorecido por la Constitución de 1980), concentró los frutos del crecimiento en las grandes empresas. La subsidiaridad y “neutralidad” del Estado cerró las puertas para que el sector público protegiera a las medianas y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, impidió que nuevas actividades económicas, con potencial a futuro, pudiesen ser impulsadas o promovidas por el Estado. Ese Estado frágil tampoco ha tenido la capacidad para frenar la concertación de precios del empresariado, con dolorosos costos para las familias más pobres.
Finalmente, junto al Estado subsidiario, la decisión de abrir radicalmente la economía al mundo, sin regulación alguna, cerró las puertas a la diversificación productiva y, sobre todo, provocó la quiebra de líneas de producción que tradicionalmente abastecían el mercado nacional.
La apertura económica al mundo para una economía pequeña, como la chilena, es insoslayable; pero, la radicalidad adoptada en esa apertura ha sido un error. El bajo arancel del 6% (parejo para todos los bienes), se redujo a 0%, con una gran cantidad de Tratados de Libre Comercio (TLC), lo que afectó líneas de producción que podrían haberse conservado o potenciado con un Estado más inteligente que las protegiera de la apertura comercial.
Al mismo tiempo, la política pública de “neutralidad”, tampoco le ha permitido al Estado orientar las inversiones provenientes del exterior en favor de sectores manufactureros y más bien se han dirigidos a los sectores de mayores ventajas comparativas, los productores de recursos naturales.
El sistema económico se concentró entonces en la producción-exportación de recursos naturales: cobre, agricultura primaria y pesca. Se expandieron, al mismo tiempo, la banca, el comercio y los servicios, muy ligados a esas actividades primarias. Así las cosas, la industria manufacturera -los procesos de transformación- se han reducido a una mínima expresión.
En consecuencia, no es casual que la oferta de trabajo se vea reducida, con salarios bajos y una creciente economía informal, la que, además, potencia vínculos con la delincuencia. No obstante, un grupo relativamente reducido de economistas, abogados e ingenieros de alta calificación obtienen elevados salarios en empresas y consultoras ligadas al gran empresariado.
Con esa base económica limitada, el interés por el desarrollo tecnológico es escaso y la productividad se mantiene estancada por más de una década. Ello también afecta el sistema educacional, porque no existe motivación por extender su calidad al conjunto de los jóvenes. En efecto, al gran capital y los sectores económicos que controla le resulta suficiente el contingente de estudiantes que surgen de las escuelas privadas, que se profesionalizan en las mejores universidades y que luego se especializan en universidades norteamericanas.
En estas condiciones, junto a las desigualdades sociales, el dinámico crecimiento de los años noventa se ha visto seriamente afectado en los últimos años.
La nueva propuesta constitucional
La nueva propuesta constitucional es una defensa del modelo de desarrollo existente y sigue el mismo camino de la Constitución de 1980, asegurando el sistema productivo primario, la apertura radical al mundo y de régimen de negocios para la salud, educación y previsión.
En efecto, en el plano social defiende la segregación en materia de salud, educación y previsión. Es decir, se constitucionalizan las desigualdades, con la capitalización individual, la imposibilidad de crear un sistema integrado de salud y la permanencia de la desigualdad en el sistema educativo.
En el plano productivo, se mantiene el Estado subsidiario y la concepción de “neutralidad”, lo que impide el despliegue de políticas públicas que favorezcan a pequeñas y medianas empresas y también impide al Estado crear empresas públicas o apoyar iniciativas privadas que sean de interés público.
Y, no hay cambios en la política comercial de apertura indiscriminada, la que apoyada en un Estado subsidiario, seguirá promoviendo un tipo de crecimiento basado en la explotación de recursos naturales, sin avances hacia su manufacturación.
Así las cosas, se perpetuará la crisis económica y social que vive nuestro país, lo que conducirá inevitablemente a nuevos movimientos sociales como los vividos en octubre de 2019.
Nuestro país demanda urgentes cambios para terminar con las desigualdades y promover el crecimiento económico. Ello exige un nuevo modelo de desarrollo que, junto con asegurar derechos sociales fundamentales y distribuir poder, logre crear riqueza en forma sostenida y así asegurar en el largo plazo dichos derechos. Para ello la actual propuesta constitucional no sirve. El país necesita:
En primer lugar, terminar con el Estado subsidiario y contar un Estado activo, emprendedor, que deje de lado la neutralidad y que tenga la capacidad para desplegar alianzas con el sector privado y/o participar directamente en impulsar actividades productivas. El Estado también debe tener la fortaleza suficiente para regular la concertación de precios que se presenta en los mercados.
En segundo lugar, para superar el carácter extractivo de nuestra matriz productiva y exportadora, junto con un Estado emprendedor se necesita replantear la estrategia comercial seguida en las últimas décadas. Una política comercial, con una nueva estrategia de desarrollo no es que deba terminar con la apertura al mundo, porque una economía pequeña necesita de los mercados externos. Pero, al igual que en el mercado interno, los movimientos de bienes, servicios y de capitales deben regularse, en favor de las prioridades productivas y sociales que se ha propuesto la nueva estrategia de desarrollo.
A ello debe agregarse la urgente necesidad del Estado en fomentar y financiar el desarrollo tecnológico para apoyar la transformación productiva. Ello es relevante para todas las actividades y especialmente en lo que se refiere a las industrias verdes y digitales.
Finalmente, es preciso terminar con la focalización y garantizar derechos sociales en educación, previsión, salud, vivienda, junto a la construcción de un sistema nacional de cuidados. Para ello es imprescindible implementar políticas sociales universales. Es lo que hará posible avanzar hacia un Estado social de derecho, terminando así con el negocio de mercado en la salud, educación y previsión
Empleo formal, salarios dignos y políticas sociales universales son las que nos conectan con una sociedad integradora. Es lo que permitirá derrumbar la muralla que divide a las familias chilenas y construir una nación para todas y todos.
La nueva propuesta constitucional hace crecer la muralla divisoria en la salud, educación y previsión, entre hombres y mujeres, entre trabajadores y dueños del capital, entre pequeñas y grandes empresas, entre las regiones y Santiago. Al mismo tiempo, consolida el sistema productivo depredador de los recursos naturales, impide el avance de la industria, el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la productividad.
Por tanto, la propuesta constitucional es inservible, porque no ayudará a reimpulsar la economía y tampoco servirá para reducir las brechas sociales.
