Cambiar el paradigma: el conocimiento indígena en la investigación científica




La investigación colaborativa entre el conocimiento de los pueblos indígenas y el conocimiento científico ha cobrado mayor relevancia, pues permite comprender y enfrentar problemas globales como el cambio climático y sus efectos. Sin embargo, este intercambio de saberes supone grandes desafíos como el permanente riesgo de la pérdida de estos conocimientos y la falta de reconocimiento de los poseedores de la información. Las nuevas formas de investigación apuntan a un trabajo colaborativo que preserve el conocimiento tradicional, reconozca su autoría y entregue una comprensión integral del problema que se está analizando. "Muchos investigadores solo nos ponen como informantes, cuando nosotros somo los que hemos facilitado el conocimiento sobre las plantas", cuestionan los líderes indígenas amazónicos.


Xilena Pinedo


Durante los últimos años, la Amazonía ha sido uno de los territorios sobre los que más se ha investigado en todo el continente. Las expediciones sobre esta zona se remontan con mayor intensidad al siglo XIX y no siempre tuvieron un fin exclusivamente científico. El antropólogo peruano Alberto Chirif cuenta, en su libro Después del caucho, que estos viajes científicos, financiadas por los gobiernos, surgieron con el fin de encontrar sobre todo nuevas fuentes de recursos, debido al crecimiento tecnológico y el desarrollo industrial. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, "el Gobierno francés envió a Olivier Ordinarie a Perú a adquirir semillas de cinchona para aclimatarlas a Argelia".

Muchos de estos estudios han necesitado del apoyo de líderes indígenas locales y del conocimiento que estos tienen sobre la flora y la fauna, en lo que se considera uno de los espacios más biodiversos del mundo. Sin embargo, sus nombres y sus aportes no siempre han sido mencionados, expuestos o reconocidas en los artículos científicos. O, incluso, han sido registrados como descubrimientos.

El antropólogo Rodrigo Lazo explica a OjoPúblico que, históricamente, las investigaciones científicas han incluido el conocimiento tradicional de diferentes maneras, de las que se destacan dos, principalmente.

La ciencia occidental ha publicado algunos saberes tradicionales como si se tratasen de descubrimientos nuevos, sobre todo, al estar relacionados a botánica, farmacología o propiedades de plantas medicinales. Por otro lado, las ciencias sociales, en su mayoría, han tendido a folclorizar y romantizar los conocimientos indígenas y locales. “Otra forma ha sido ponerlos como intocables”, precisó.

Sin embargo, ninguna de las dos formas que incorporan el conocimiento tradicional en los artículos científicos presentan como autores a voces locales ni líderes indígenas. Esta falta de reconocimiento resulta contradictoria si se tiene en cuenta que son ellos quienes poseen estos saberes y los han conservado en sus comunidades por años.

“En toda investigación, la línea base son los conocimientos, las experiencias y las prácticas que posee la comunidad. Ninguna investigación sale de un conocimiento propio del investigador”, dice Tuntiak Katan, miembro del pueblo indígena Shuar y vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

La lideresa Teresita Antazú, miembro del pueblo Yanesha y dirigente de la Unión de Nacionalidades Asháninkas y Ainisha (UNAY), habla de la importancia del conocimiento heredado y transmitido por generaciones. “Nosotros somos del pueblo Yanesha, tenemos nuestras creencias y toda una tradición que venimos transmitiendo desde nuestros abuelos, las mamás a los hijos y nosotros a los nietos”, dice.

La también exdirigente de la Asociacion Interetnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) cuenta que, en su comunidad, siempre han estado abiertos a compartir sus conocimientos con los investigadores, a pesar de que muchas veces no reciben actualizaciones sobre lo que ocurrió con esos estudios. “Ha pasado que han venido médicos a las comunidades, pero vienen y se van, entonces, no sabemos si se habrá escrito algo de nosotros o no”, indica.

Por ello, desde hace un siglo aproximadamente, la academia científica occidental ha intentado trabajar colaborativamente con otros sistemas de producción de conocimientos como los saberes tradicionales.

Manuel Martín, filósofo y director de Investigación en sociodiversidad del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), explica a OjoPúblico que recién a partir del siglo XX, los investigadores han mostrado interés por comprender el conocimiento indígena, sobre todo, en cuanto a lo relacionado al uso de las plantas para tratar malestares y para relacionarse con la naturaleza. “En las universidades extranjeras, sobre todo, ya se empieza a incorporar la visión sociocultural a las investigaciones que son de ciencias naturales”, aseguró.

A este proceso lo han denominado como la descolonización de las estrategias de investigación, lo que, básicamente, hace referencia a la restauración de los conocimientos y prácticas culturales y espirituales que fueron arrebatados por la colonización, tal como lo explica un artículo editorial publicado en la revista Science.

Esa colonización sobre el conocimiento indígena se remonta por lo menos al siglo XVIII, según Alberto Chirif. En su libro Después del caucho, el autor explica que, en ese entonces, el proceso de industrialización y el desarrollo de una ciencia positivista colocó al hombre como gran investigador y acabó con las relaciones entre el ser humano y naturaleza, la cual pasó a ser concebida solo como una fuente para producir recursos y ganancias.

Sin embargo, la descolonización supone que la producción del conocimiento deja de estar en manos, exclusivamente, de la academia científica. “La descolonización avanza y empodera a los pueblos indígenas y deja de perpetuar su subyugación y explotación”, apunta el editorial antes referido de la revista Science.

Un ejemplo claro de la colonización existente en ese ámbito sucede cuando los científicos realizan investigaciones sobre las comunidades sin haberles consultado previamente o cuando escriben sobre “culturas en desaparición” sin considerar la percepción de los miembros de esa cultura o sin poseer una muestra representativa.

La historia de Chácobo, un pueblo índigena de Bolivia, es un ejemplo claro. Sobre ellos, algunos escritos decían que estaban perdiendo sus conocimientos; pero un trabajo realizado por la bióloga especialista en etnobotánica Narel Paniagua, junto con comuneros locales, demostró lo contrario. Entre 2013 y 2014 halló que muchos de los saberes que fueron documentados por el botánico Brian Boom entre 1983 y 1984 aún se conservaban. “Este trabajo realizado aproximadamente 30 años después de su sedentarización, mostró que su conocimiento y uso de las plantas aún permanecía entre las personas”, indicaron.

Durante ese estudio, la científica boliviana Narel Paniagua y su esposo (de la misma profesión) Rainer Bussmann capacitaron a comuneros del pueblo de Chácobo para que sean ellos mismos los que lideraran su propia investigación. De esa manera, diez personas de la comunidad entre hombres y mujeres entrevistaron a más de 250 personas sobre las plantas que utilizan con diferentes fines como la alimentación, construcción, medicina, entre otros.

Ese trabajo colaborativo dio como resultado un libro en el que se documentaron las más de 300 especies de plantas que se usan en la comunidad con su nombres en chácobo y en español. Además, el material reconoció como autores a los miembros del pueblo indígena y a Narel Paniagua y a Rainer Bussmann como editores.

Sin embargo, la historia y trabajo de Narel Paniagua es aislado. Son muy pocas las investigaciones que reconocen a los miembros de las comunidades indígenas como autores y que les devuelven la información recopilada en una forma que sea fácilmente comprensible para todos.

El líder Tuntiak Katan, representante de COICA, le dice a OjoPúblico que, normalmente, lo que hacen los investigadores cuando se acercan a las comunidades indígenas es hablar con un miembro de la comunidad, hacerle preguntas y luego retirarse. “La mayoría de investigadores va, coge la información, sale de ahí, publica la investigación y la comunidad nunca sabe lo que pasó con esa información”.

Por ello, la coproducción de conocimiento busca cerrar estas brechas históricas entre las comunidades y los científicos occidentales. Este trabajo colaborativo apunta a preservar el conocimiento tradicional, reconocer su autoría, aplicar los resultados obtenidos a la realidad y proveer de una comprensión integral (científica, social y cultural) del problema que se está analizando.


El largo camino de la investigación colaborativa

Una investigación colaborativa inicia desde que se propone el tema a estudiar. Normalmente, el conocimiento científico se caracteriza por estar basado en paradigmas, es decir, centrado en la experimentación en laboratorio y en el campo, explicó Manuel Martín, director de Investigación en sociodiversidad del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) a OjoPúblico.

Los estudios científicos publicados en revistas indexadas parten de las interrogantes que se plantea el o la investigadora y que, luego, comprueba a través del uso de una metodología. “Siempre vamos y hacemos todos los planteamientos desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto y desde nuestra necesidad”, sostuvo Narel Paniagua, científica reconocida por su trabajo con las comunidades indígenas en la conservación de los conocimientos tradicionales.

Sin embargo, si la selección del tema se realizara en el marco de un trabajo colaborativo, este surgiría a partir de una conversación con las comunidades locales e indígenas sobre las necesidades y los problemas que se enfrentan en esa región en específico. La investigadora boliviana señala que el trabajo de los científicos debería partir por proponer el proyecto a la comunidad, explicar lo que se quiere hacer y cómo los beneficiará.

Rodrigo Lazo, antropólogo que trabajó con comunidades awajún, aclara que a ese método de trabajo se le conoce como “investigación basada en la comunidad”. El especialista sostiene que llevar a cabo esta metodología es complejo, puesto que implica que los investigadores vayan a la comunidad, identifiquen lo que necesitan y es relevante para ellos, y, a partir de allí, planteen las preguntas de investigación y las hipótesis. “No es que el investigador habla solo con sus pares, sino que la producción científica se desplaza a otro lugar que no es el laboratorio”, señala.

De esta manera, definir el trabajo de investigación requiere de más tiempo, porque supone la necesidad de establecer una relación entre los investigadores occidentales y los líderes de las comunidades en la que dialoguen y concluyan cómo y qué problema abordar.

En esa línea, el artículo editorial de la revista Science de junio del 2021, sugiere que, antes de enviar las solicitudes de financiamiento, los académicos no indígenas deberían construir relaciones de confianza que permitan comprenden cómo las habilidades ofrecidas por ellos beneficiarán y complementarán las habilidades y la experiencia de los poseedores de conocimientos tradicionales.

Por ello, los asesores de investigación y los financiadores deben comprender que este tipo de trabajos requieren de más tiempo del que suelen proporcionar, puesto que los investigadores deben acercarse a cada una de las comunidades indígenas y comprender sus dinámicas internas, un proceso que puede tomar meses hasta años. “Es importante también que nosotros como investigadores mostremos a los financiadores que si no tenemos el tiempo suficiente no podemos hacer trabajos de calidad”, precisa Narel Paniagua.

Algunas organizaciones que financian investigaciones científicas están impulsando estos cambios. Gael Almeida, directora regional para Latinoamérica de National Geographic Society, dijo a OjoPúblico que la institución resalta, por ejemplo, la importancia de dar visibilidad a ambos tipos de conocimientos al financiarlos por igual. “Así como se financia a personas que está haciendo investigaciones con el método científico y que ha seguido esta carrera académica, también estamos financiando proyectos que son basados en conocimiento tradicional y a miembros de comunidades indígenas o locales”, indicó.

Amalia Pesantes, antropóloga médica que trabaja en temas de salud pública y comunidades indígenas, explicó a este medio que un aspecto importante para establecer este diálogo entre los dos tipos de conocimientos es que los investigadores compartan tiempo y vivencias con las comunidades con las que van a trabajar.

“Yo creo que si alguien quiere hacer una investigación en la que busque dar valor a los conocimientos indígenas, es importante que comparta tiempo para que pueda entender cómo se conectan los conocimientos con diferentes etapas de la vida o con personas de la comunidad”, señaló.

Tuntiak Katan, índigena de la Amazonía ecuatoriana y coordinador de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, agrega que cualquier investigador debería, primero, conocer la estructura organizativa que tiene esa comunidad para poder empezar a hacer su investigación y, después, debería hacer una presentación clara de lo que va a hacer para que la persona que va a hacer entrevistada sea consciente de la información que va a entregar.

Este acercamiento y las experiencias compartidas durante ese tiempo no solo son importantes para poder comprender la estructura y las necesidades de las comunidades indígenas, sino también para que los científicos entiendan el valor cultural y social que tienen elementos que suelen ser objetos de estudio como el agua o los alimentos.

La antropóloga médica Amalia Pesantes pone como ejemplo las investigaciones que se hacen en el campo de la nutrición. En el caso de estudios que intenten conocer la cantidad de carbohidratos o vitaminas que tiene un alimento, menciona, los profesionales que trabajen colaborativamente en este tema también deben entender que este alimento tiene un valor social y de reunión.

Una revisión, publicada en la revista Earth Surface Dynamics de la Unión Europea de Geociencias, también resalta la necesidad de comprender o, al menos, respetar la cosmovisión y prioridades de las comunidades indígenas por parte de los investigadores occidentales.

"Es necesario anticipar que las formaciones rocosas y los ríos pueden ser ancestros; que cuando las comunidades hablan de peces, están hablando de hermanos y hermanas; y cuando las comunidades hablan del suelo, están describiendo a su madre Tierra", dijo la autora principal Clare Wilkinson.

Teresita Antazú, miembro de la comunidad Yanesha, reafirmó la importancia de entender esta cosmovisión para, de esa manera, proteger los recursos naturales. Ella contó que, para los yaneshas, la tierra es la madre; los bosques son sus hermanos; el sol y la luna, sus primos, y, en general, todo lo que los rodea son su familia.

No obstante, este aspecto ha sido históricamente ignorado por la ciencia occidental que se limitó a estudiar el objeto en torno a sus cualidades y características, mas no a entender la relación entre este y su entorno.

Por ello, la líder indígena resaltó que el desconocimiento de estos saberes pone en riesgo los recursos. “La gente de afuera, que desconoce toda la cosmovisión de los pueblos indígenas, viene a tumbar toda la madera [porque] no les importa y no saben que son parte de nosotros, igual del río sacan oro y no les importa echar químicos porque para ellos no significan nada”, enfatizó.

El investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) mencionó que los pueblos indígenas dialogan con su entorno y se relacionan con él de una manera totalmente diferente a los que tiene la sociedad occidental, hoy en día.

“El problema es que cuando hablamos de conocimientos tradicionales, hablamos de conocimientos que son muy integrales y hoy la ciencia se ha especializado tanto que es muy difícil encontrarlo en el conocimiento occidental”, afirmó.

De esta manera, el conocimiento científico excluye formas de producción de conocimiento propias de las comunidades indígenas que involucran diferentes aspectos como la experiencia, la inclusión de la espiritualidad o el uso de plantas que tienen componentes psicoactivos para relacionarse con su entorno.

Por ello, es importante que las comunidades poseedoras del conocimiento tradicional no solo participen en la recolección de la información, sino que también tengan un rol fundamental en su análisis y la elaboración de los resultados.

Un artículo publicado en Nature resalta que los miembros de las comunidades indígenas también tienen algo que decir “no solo en la definición de las preguntas de investigación y cómo la investigación será importante para las comunidades, sino también en el análisis y la interpretación de los datos”.

Narel Paniagua explicó a OjoPúblico que, a veces, analizar los datos sin conocer el contexto genera que la interpretación de los mismos no se ajusten ni se adecúen a la realidad local. “Si los conversaramos y dialogaramos con ellos [los miembros de las comunidades], tal vez podríamos tener una visión y una perspectiva más amplia del por qué tenemos esos resultados y también unas recomendaciones más sólidas”, precisó.

A su vez, Clare Wilkinson, autora de la investigación publicada en Bioscience sobre la conexión entre la ciencia occidental y los conocimientos indígenas y locales, resalta que en este trabajo colaborativo debe existir un intercambio de conocimientos por ambas partes.

Sin embargo, las dificultades para desarrollar la cooproducción de conocimiento no solo se presentan durante el desarrollo de la investigación, sino también al momento de publicar los resultados. Al finalizar los proyectos, los investigadores como Narel Paniagua se encuentran con limitaciones para poder colocar como autores a los miembros de la comunidad que participaron.

Cuando ella terminó sus investigaciones con comunidades indígenas de Perú y Bolivia en las que participaron miembros de estas recolectando y proporcionando información sobre los conocimientos de sus pueblos, muchas revistas científicas le preguntaban por el nivel de educación de los participantes en la investigación como requisito para colocarlos como coautores.

“Es muy complejo porque tú puedes poner a la comunidad como coautora, pero muchas revistas, incluso muchos revisores y editores tienen como criterio que la persona que escribe debe tener cierta formación”, agregó. Narel Paniagua indicó que, al margen de preguntarles si tenían doctorado, les preguntaron si sabían leer y escribir.

Sin embargo, el reconocimiento a las comunidades otorgado por Narel en las publicaciones de sus libros es importante para reconocer a los poseedores de esos conocimientos tradicionales, que en reiteradas ocasiones fueron invisibilizados.

Tutiak Katan, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), enfatizó que, muchas veces, los científicos citan en sus investigaciones conocimientos indígenas que han recolectado en su trabajo con las comunidades; sin embargo, no mencionan quienes le proporcionaron esa información. “Muchos investigadores ni siquiera ponen como informantes a quienes dieron la información o, incluso, ponerlos solo como informantes es como minimizar o no respetar el conocimiento de estas personas”, precisó.

Un artículo publicado en Advancing Earth and Space Science (AGU), evidencia que este problema se repite en diferentes comunidades indígenas alrededor del mundo. David Chavez , investigador que analizó estudios sobre indicadores ecológicos de cambio estacional o prácticas agrícolas, mencionó que en estas investigaciones “fue difícil identificar quién de la comunidad estaba aportando ese conocimiento, cómo esos hallazgos fueron devueltos a esa comunidad o qué preguntas e inquietudes tenía la comunidad indígena en términos de la investigación”.

A ello, se suma que la invisibilización de los poseedores del conocimiento tradicional genera desconfianza dentro de las comunidades. En la comunidad Yanesha, narró Teresita Antazú, había una gran aceptación a que los investigadores conozcan las plantas medicinales que utilizan.

Sin embargo, ante el desconocimiento sobre lo que hacían los científicos con esa información, nació la percepción de que solo venían a llevarse sus conocimientos y venderlos. “Se crea un poco de incertidumbre y las personas se vuelven un poquito duras para contar cosas, hasta entre nosotros mismos. Es bien difícil”, manifestó.

Por esa razón, Tutiak Katan resaltó la importancia de reconocer a las comunidades indígenas en las investigaciones. El vicecoordinador de la COICA sostuvo que a quienes denominan como informantes deberían ser considerados como coautores, puesto que son los que poseen la información sobre lo que el científico externo va a hacer su investigación y la publicación respectiva.

La científica Narel Paniagua habla de la importancia de darle el reconocimiento como coautores. “No es que ellos sean informantes como siempre se los ha llamado, son participantes y ese es un término que está siendo muy difícil de reconocer”, aseveró.

Al respecto, Gael Almeida afirma que ha existido un cambio en el tiempo sobre el reconocimiento de los colaboradores indígenas dentro de las investigaciones. La directora regional para América Latina de National Geographic Society contó que antes no se veían a los colaboradores locales como parte del equipo sino como alguien ayudaba al científico a llegar al lugar o a conocer determinadas plantas, por ejemplo. Sin embargo, desde principios del siglo XXI, han identificado un cambio y, ahora, se promueve la integración entre todos los participantes. “Desde el diseño de un proyecto puedes ver si es genuina la intención de incorporar esos saberes locales o si nada más lo estás poniendo ahí, pero realmente no lo estás haciendo”, precisó. Por ejemplo, añadió, ello se percibe cuando en el formulario solo se asume que la persona local será la guía de campo, pero no se detalla cómo se va a incorporar en la investigación.

Luego de la publicación de los resultados analizados en conjunto, es importante asegurar que la información regrese a las comunidades para que ese conocimiento producido colaborativamente pueda ser aplicado a la realidad. Tuntiak Katan, miembro del pueblo indígena Shuar, mencionó que, como parte de la investigación, los científicos deberían devolver el conocimiento recolectado en un lenguaje que sea entendible por la comunidad, puesto que muchas veces se les hace entrega de una copia de la publicación hecha en una revista científica.

A su vez, Narel Paniagua señaló que ese tipo de entrega resulta poco útil para la comunidad por el lenguaje en el que está escrito y por el formato en el que se imprime, puesto que las hojas de papel no suelen durar mucho en la Amazonía por la humedad propia del ambiente. Por ello, su trabajo se ha centrado en asegurar que el conocimiento que devuelve a la comunidad sea accesible a ellos.

“Hemos trabajado mucho con comunidades en las que hemos tratado de documentar el conocimiento tradicional y devolver a las comunidades en el formato que ellos escojan. De tal forma, que esta información vuelve a las comunidades y su conocimiento tradicional pueda ser utilizado como una herramienta en la conservación”, comentó a OjoPúblico.


La producción científica y sus grandes carencias

“Realmente son muchas limitaciones desde nuestro lado como científicos más que desde el lado de ellos, porque si les explicáramos mejor, si nos tomáramos el tiempo, creo que podríamos tener una respuesta bastante enriquecedora”, dijo Narel Paniagua. Ciertamente, existen determinadas razones que explican la dificultad para llevar a cabo una investigación colaborativa entre ambos sistemas de conocimientos.

En principio, históricamente, ha existido una valoración de la investigación científica como superior y, en muchos casos, se la ha concebido como la única forma válida de producir conocimiento. Sin embargo, esto no tendría que ser así. “Son saberes distintos, pero son igual de importantes y valiosos”, enfatiza Gael Almeida.

A su vez, Manuel Martín crítica el hecho de que los conocimientos indígenas siempre fueron observados desde una perspectiva vertical, en la que los conocimientos occidentales siempre tenían una hegemonía sobre los conocimientos tradicionales. El estudio, publicado en la revista Bioscience, también confirma que, generalmente, el conocimiento científico tiene una posición dominante sobre los diferentes sistemas de conocimientos, entre los que se incluyen los indígenas.

Sin embargo, para poder llevar a cabo la coproducción de conocimiento a partir del trabajo colaborativo entre ambos sistemas es necesario abandonar esa posición vertical. La antropóloga médica Amalia Pesantes aconsejó que al acercarse a los pueblos indígenas se debe buscar crear una relación de confianza y los investigadores occidentales deben tener una posición de humildad, reconocer que lo que saben tiene muchas falencias y que existen otras formas de aprender.

A su vez, la etnobióloga Narel Paniagua señaló que la investigación hecha por científicos latinoamericanos también tiene estos rezagos de superioridad —a pesar de que se ha iniciado hace 30 años aproximadamente, pues antes era hecha por extranjeros, agrega—, pero además está marcada por el racismo.

Esta predominancia del conocimiento científico occidental y el hecho de priorizar que la educación se oriente en esa dirección, también ha puesto en peligro la supervivencia del conocimiento tradicional.

Tal es el caso de Medardo, un anciano del pueblo indígena urarina, que falleció en 2021 y que hace un año le comentó al investigador Manuel Martín su preocupación por la falta de interés de los jóvenes por los valores de relacionamiento con los entornos naturales y los conocimientos que él tenía sobre la ingesta de algunas plantas con componentes psicoactivos que le permitían dialogar con esos entornos. “Ese señor ha fallecido hace poco y con él se han ido muchos conocimientos y prácticas que hubieran sido de suma utilidad para la sociedad nacional también”, añadió el especialista.

Como el caso del señor Medardo, hay cientos de casos más. La Covid-19 se ha llevado a muchos ancianos indígenas y esto representa un riesgo para la conservación de los conocimientos tradicionales. Tutiak Katan, coordinador general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, aseguró que, en términos generales, sí existe una tendencia de pérdida de conocimientos porque solamente los mayores los poseen. “Es un desafío de cada comunidad”, afirmó.

Ello también ha provocado que en la comunidad científica y en el público en general exista un gran desconocimiento sobre lo que es el conocimiento tradicional. La científica Narel Paniagua destacó la importancia de que el público urbano entienda por qué las comunidades indígenas usan los recursos en las formas en que los usan.

“Por ejemplo, ahora con la pandemia, las plantas medicinales son la bomba y todo el mundo cree que las puede usar porque la gente local las usa. Pero, la gente no entiende por qué y cómo ha evolucionado el uso de esas plantas”, señaló. Por ello, el científico social Manuel Martín precisó que el desconocimiento de estas prácticas y de estos sistemas de conocimientos indígenas, hace muy difícil que se integren y que se puedan usar.

Finalmente, como mencionó Narel Paniagua en la comunidad existen dificultades intrínsecas para reconocer a los miembros de comunidades indígenas como productores de este conocimiento. Esto debido a que la academia científica suele pedir que quienes aparezcan como autores de investigaciones tengan una formación educativa de “alto nivel”, pero el acceso a esa formación es complicado para los profesionales latinoamericanos y, aún más, para las comunidades indígenas.

En general, la formación de científicos en los países de América Latina suele ser escasa. Solo en el Perú existen, aproximadamente, 125 investigadores por millón de habitantes, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Es decir, un poco más de 4.000 científicos a nivel nacional. Colombia, por su parte, se destaca por contar con más de 15.000 científicos reconocidos por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, un equivalente a 334 investigadores por millón de habitantes.

Una cifra similar presenta Ecuador que tiene más de 11.000 investigadores, que representan un aproximado de 650 científicos por millón de habitantes. No obstante, en comparación con los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, entre otros— estas cifras son mínimas, puesto que el promedio es de 4.000 científicos por millón de habitantes.

Por lo que, la formación de profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) aún es inferior para los países de la región latinoamericana. Ello, a su vez, supone que las posibilidades para un miembro de una comunidad indígena de convertirse en científico son aún menores.

Así lo evidencia también el III Censo de Comunidades Nativas 2017 hecho en Perú, el cual demostró que en aquellas comunidades indígenas que cuentan con instituciones educativas, solo el 23,5 % tiene acceso a educación secundaria y el 0,1 %, a educación técnico superior. Aunque el otorgamiento de cupos en universidades públicas a miembros indígenas fue un paso importante por parte del estado peruano, aún ellos tienen menores posibilidades de acceder a esta formación.

Estas posibilidades se reducen debido al deficiente nivel de educación secundaria, la poca información sobre las oportunidades para cursar estudios superiores y la escasa cobertura de carreras de las becas ofrecidas a estudiantes indígenas, como informó una investigación, hecha en Perú y publicada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), sobre los aspectos que influyen y condicionan el acceso, formación y egreso de mujeres indígenas en dos universidades de Iquitos

“Es importante el reconocimiento de los integrantes indígenas como autores en las investigaciones, porque cuando la información vuelve a la comunidad, ellos se empoderan y generan una visión de valor que ellos no percibían a su conocimiento tradicional”, subrayó Narel Paniagua.

Esta devolución del conocimiento ayuda como un recurso para transmitir estos saberes a través de las generaciones. La líder yanesha Teresita Antazú explicó que los mapas y cuentos grabados por el antropólogo Richard Chase Smith en 1980, ahora, sirven para que los más jóvenes aprendan sobre las costumbres de la comunidad.

El trabajo de Richard Smith y Narel Paniagua son ejemplos de la colaboración que se puede alcanzar entre ambos sistemas de conocimientos. En el caso de Narel, además de la publicación de libros con la coautoría de las comunidades, ella y su esposo Rainer Bussmann desarrollaron un proyecto en el que capacitaron a gente local a hacer el trabajo que ellos hacen.

Es decir, los miembros de las comunidades indígenas con las que trabajaron (los Lamas y los Chácobos, por ejemplo) aprendieron a diseñar un cuestionario, a hacer las entrevistas, a registrar las entrevistas, a vaciar esa información en bases de datos y a participar en la elaboración del libro final que han devuelto a las comunidades.

“Si les das las herramientas, les das los insumos para que ellos puedan hacer las investigaciones podríamos colaborar de una forma impresionante. Si no puedes ir, ellos pueden registrar la información, te la pueden mandar y podemos analizarla juntos”, concluyó Narel Paniagua.



* Publicado en OjoPúblico, 09.08.21.

El mono, los dardos y el sonrojo de Wall Street




A propósito del texto que compartimos abajo sobre finanzas y su singular carácter... Hace años tuve la oportunidad de estar en un almuerzo posterior a un coloquio sobre el tema en una universidad. Los ponentes y luego comensales eran un "científico" neoliberal y exministro de la dictadura cívico-militar, una profesora experta en matemáticas financieras y un broker de la Bolsa de Santiago (quien expuso en el coloquio con un estilo que nada tenía que envidiar a los predicadores televisivos del "Evangelio de la Prosperidad").

Recuerdo dos conversaciones del almuerzo. Primero, el broker aseguró que si le pasabas $10 millones para que los invirtiera en la Bolsa... al día siguiente te podía devolver el doble o nada. Pero, el broche de oro fue cuando se le preguntó por la lógica de la especulación. Como lo más natural del mundo explicó que ante una ola especulativa él se "subía a la ola" de compras y el punto era saber cuándo "bajarse". Lo que, según dijo, era pura intuición. Esta afirmación provocó aireadas protestas del científico exministro, quien encaró a la experta en matemáticas financieras para que desmintiera al broker exponiendo las teorías y modelos cuantitativos sobre la especulación desarrollados por la "ciencia económica".

La experta profesora no pronunció palabra... y al resto nos quedó claro el nivel científico de la especulación financiera. Salvo al indignado exministro de la dictadura.

En su libro Un paseo aleatorio por Wall Street, el economista Burton Malkiel, protagonista de la nota que abajo presentamos, señala respecto a especulación financiera:
"La teoría explica que las variaciones a corto plazo de los valores cotizados en Bolsa no pueden predecirse. Los servicios de asesoramiento de inversiones, las predicciones de ganancias y los complicados gráficos que se manejan con estos objetivos son inútiles... Llevado todo esto a su extremo lógico quiere decir que un mono con los ojos vendados y arrojando dardos sobre las páginas de un periódico financiero podría seleccionar una cartera de valores tan bien como podría hacerlo el mejor de los expertos en la materia"

§§§


David Fernández


Uno de los experimentos más curiosos acerca de la fiabilidad de las recomendaciones de los analistas bursátiles tiene como protagonista a un mono. Sí, a un mono. En 1973 el profesor Burton Gordon Malkiel publicó el libro Un paseo aleatorio por Wall Street. Para comprobar si los aciertos de los expertos eran o no aleatorios debía hacerse, según Malkiel, un concurso entre profesionales y una elección de acciones completamente al azar. La metáfora de esta selección fortuita consistía en imaginar un mono con los ojos vendados lanzando dardos a la página con la lista de acciones del The Wall Street Journal. Luego se compararían los rendimientos de las carteras de ambos contendientes.

Los redactores del diario estadounidense cogieron el guante lanzado por este prestigioso economista. Lo sorprendente es que cuando se comparó el comportamiento anual de la cartera de valores elegida al azar por el mono, con el de los fondos de inversión referenciados al mercado estadounidense, la cartera del mono había superado al 85% de los fondos, además de haber superado al comportamiento de los principales índices de este país.

En defensa de los analistas hay que decir que este experimento se realizó durante 14 años y en el largo plazo las recomendaciones de los profesionales batieron a las de su rival. Eso sí, aquellos que optaran por seguir las apuestas del mono no tuvieron que soportar las importantes comisiones que cobran los gestores de fondos.





* Publicado en El País, 23.09.07. David Fernández es periodista económico y jefe de sección Negocios de El País.

La educación como negocio o la muerte de la universidad




Alejandro Martínez G.



Bajo el paradigma neocapitalista, la educación superior ha marginado a las humanidades y renegado del espíritu original de la academia


El profesor Terry Eagleton ha hecho un diagnóstico de las instituciones de educación superior en Gran Bretaña en el que considera que las universidades están terminalmente enfermas, al menos si continúan abrazando un modelo clientelar de enseñanza. El sistema británico es sin duda distinto a los sistemas universitarios que se pueden encontrar en países latinoamericanos, sin embargo la tendencia de concebir la educación como un negocio, de desplazar las humanidades en favor de carreras técnicas y de fomentar el pensamiento utilitario en detrimento del pensamiento crítico se puede observar de manera global, por lo que podemos extrapolar en cierta medida el análisis de Eagleton a nuestros países particulares, aunque seguramente habrá algunas excepciones.

Eagleton, escribiendo para Chronicle, se enfrasca en una franca diatriba en contra del sistema universitario de su país, en el cual ha servido y del cual ha obtenido beneficios económicos. Si bien hay que tomar con un grano de sal su condena de "la muerte lenta de la Universidad", también debemos reconocer sus credenciales, especialmente en defensa de las humanidades, siendo profesor emérito de inglés y autor de decenas de libros. La seriedad del diagnóstico puede parecernos exagerada, pero si recuperamos el sentido original del mundo académico (la Academia que proviene de la escuela fundada por Platón), no es del todo equivocado.

Regresando al origen, la filosofía platónica concibe que el fin de la educación es abrir el ojo interior, o el ojo de la mente, una forma de percibir desde una profundidad psíquica desarrollada a través de la vida filosófica. En La República, Platón señala que "lo que la educación debería ser, es el arte de la orientación" y que no se debe "implantar una visión" en la mente, sino simplemente enseñar a ver puesto que, como los prisioneros en la cueva, muchas veces ni siquiera hemos desarrollado un ojo (metáfora de la mente o del alma) capaz de distinguir las sombras de la fuente de la luz. En otras palabras, esta educación está basada en un principio práctico de enseñar a pensar y no qué pensar, desarrollando la capacidad de percepción individual.

Esta es también la esencia del método socrático, en el que el individuo llega a sus propias conclusiones ejercitando la dialéctica. De igual manera, siendo fiel a la filosofía platónica, la educación idealmente no sólo cultiva la razón del individuo, sino desarrolla su capacidad intuitiva, la cual es una forma superior de conocimiento según Platón, permitiéndole acceder a la noesis [acto intencional de pensar]. Podemos ver este espíritu académico al servicio del alma humana, por ejemplo, en Erasmo de Rotterdam y en el génesis mismo del Renacimiento, ligado al surgimiento de las primeras universidades europeas y a la circulación de las ideas de Platón y Aristóteles, entre otros filósofos.

Teniendo esto en mente, analicemos el estado de las universidades, siguiendo el diagnóstico del doctor Eagleton. El principal problema que detecta Eagleton es que las universidades han sido cooptadas por el modelo económico neocapitalista, haciendo que su operación y valores sean casi idénticos a los de una corporación.

Teniendo un puesto a nivel de dirección en Oxford, Eagleton señala que sintió la necesidad de renunciar cuando descubrió que "esperaban que me comportara como un CEO más que como un académico". Esto es seguramente una administración en favor de los intereses políticos y económicos de la universidad y no en favor de la cultivación de las mentes de los universitarios. Este modelo, nos dice el profesor Eagleton, está siendo adoptado a lo largo del mundo anglosajón a partir de Stanford y el MIT, universidades que han creado el modelo de la universidad empresarial. La creciente "bizantina burocracia" de las universidades cree que está manejando "General Motors"; y entonces quizás podemos extender la metáfora automotriz a los estudiantes como autómatas, corriendo mecánicamente con un solo programa básico: capitalizar económicamente sus estudios.

La enorme cantidad de dinero que circula en las universidades, permite que parafraseemos al escritor de ciencia ficción y fundador de la cienciología, L. Ron Hubbard, quien famosamente dijo que si uno quería hacerse millonario debía fundar una religión. Hoy en día si uno quiere hacerse rico parece un buen plan de negocios fundar una universidad.

Eagleton nos dice que cuando "los profesores se convierten en gerentes, los estudiantes se convierten en consumidores". La regla de la administración de que "el cliente siempre tiene la razón" reencarna en el mundo universitario en profesores que "fracasan si el estudiante reprueba" y en cursos hechos a la medida para estudiantes que responden a modas y caprichos intelectuales, por lo cual vemos cursos de "vampirismo en vez de victorianismo, sexualidad en vez de Shelley, fanzines en vez de Foucault, el mundo contemporáneo en vez del medieval". Perdemos entonces también la memoria histórica, entendiendo que, regresando a Platón, aprender es esencialmente recordar.

El modelo económico dominante está ligado a una política tecnocrática, y por lo tanto las "humanidades son las que más están siendo orilladas". Se distribuyen fondos y becas en las universidades para la ciencia, la medicina y la ingeniería, pero "se ha dejado de entregar recursos significativos a las artes. No es disparatado cuestionarse si departamentos enteros de humanidades desaparecerán en los años siguientes. Si los departamentos de inglés sobreviven, tal vez sea sólo para enseñarles a los estudiantes de administración de empresas cómo usar el punto y coma", dice irónicamente Eagleton (dando una pista de algo que también podríamos perder, el humor crítico del humanista).

En el Renacimiento tuvimos a la Familia Medici, quienes se convirtieron en mecenas de artistas y filósofos, especialmente bajo la influencia del gran filósofo neoplatónico Marsilio Ficino, quien era llamado "doctor del alma". Aún no se había perdido la noción de que el hombre tenía mucho que ganar --ganancias incuantificables, capital espiritual-- cultivando el arte por el arte, embelleciendo su existencia. Hoy las universidades se mueven bajo el paradigma de que es la investigación científica la que genera dinero, "no los cursos en expresionismo o la Reforma".

Al suprimir o marginar a las humanidades también perdemos la esencia de la "universidad", el lugar en el que se expande el conocimiento de lo particular a lo universal, lo cual sugiere un amplio abanico, un encuentro de todos los mundos, una totalidad, y no sólo un limitado espectro racionalizado y atomizado conforme a la utilidad y la preponderancia económica. La palabra "universidad" pierde su sentido, y por lo tanto cuando Eagleton ve la gradual muerte de la universidad no está del todo equivocado; las instituciones educativas superiores siguen y seguirán pero tal vez las universidades estén muriendo, porque "el espíritu" original está dejando el cuerpo o el campus.

Quizás este desplazamiento de las humanidades tenga también una agenda política más perversa o al menos una utilidad poco mencionada. Puesto que, como nos dice Eagleton, el valor de las humanidades yace en que "no se conforman a las nociones dominantes". Esto es justo de lo que hablábamos con la referencia al origen platónico de la academia: el pensamiento crítico, reflexivo e intuitivo que no se alinea con el adoctrinamiento de la estructura de poder sin antes cuestionarlo.

Observando esta tendencia y colocándose un poco en la mente de Eagleton uno piensa en la alegoría de Alphaville, la película de Godard no del todo lejana a la cueva de Platón o a la posterior The Matrix. Una tecnocracia en la que las humanidades están virtualmente extintas y las personas no recuerdan ya su existencia lo suficiente para poder cuestionar la realidad en la que viven. La película de Godard es hiperbólica, una reimaginación de los estados totalitarios en un momento en el que Stalin y Hitler estaban frescos en la conciencia; sin embargo, también es sensible a los mecanismos de propaganda occidentales que utilizan la tecnología como herramienta fundamental de programación de las masas, literalmente implantando imágenes en nuestra mente y no enseñándola a discernir.

Tal vez Eagleton exagera, al igual que Godard, y las universidades y nuestra sociedad no están en un curso decadente. Lo que preocupa, sin embargo, es que podamos llegar a un punto en el que ya ni siquiera seamos capaces de percibirlo, y que como ente social hayamos perdido la capacidad de ejercer un pensamiento crítico o que ese mismo pensamiento crítico sea tan marginal que no tenga ningún peso e influencia en las decisiones colectivas. Entre la marcha irrefrenable del materialismo, del capitalismo y del progreso cientificista, con sus poderosas máquinas siempre encendidas, es difícil escuchar y darle importancia a la voz del arte y del alma humana.


* Publicado en Pijamasurf, 28.04.15.

Dime qué hay de falso en el informe de Amnistía Internacional sobre Israel





Gideon Levy


A medida que disminuyen las maldiciones y los chillidos –Amnistía son antisemitas, el informe está lleno de mentiras, la metodología es absurda– uno debe preguntarse: ¿Qué, precisamente, es incorrecto en el informe del apartheid?

¿Israel no se basó en una política explícita de mantener la hegemonía demográfica judía, mientras se reducía el número de palestinos dentro de sus fronteras? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Esta política no existe hasta el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Israel no mantiene un régimen de opresión y control de los palestinos en Israel y en los territorios ocupados en beneficio de los judíos israelíes? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Las reglas de enfrentamiento con los palestinos no reflejan una política de disparar a matar, o al menos mutilar? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Los desalojos de palestinos de sus hogares y la denegación de permisos de construcción no forman parte de la política israelí? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso?

¿No es Sheikh Jarrah apartheid? ¿La ley del estado-nación no es apartheid? ¿Y la negación de la reagrupación familiar? ¿Y los pueblos no reconocidos? ¿Y la “judaización”? ¿Hay un solo ámbito, en Israel o en los territorios, en el que exista una igualdad verdadera, absoluta, excepto en el nombre?

Leer el informe es desesperarse. Es todo lo que sabíamos, pero condensado. Sin embargo, Israel no sintió desesperación ni remordimiento. La mayoría de los medios lo marginaron y lo desdibujaron, y el coro hasbara[*] lo rechazó. El ministro de propaganda, Yair Lapid, recitó sus líneas y se lanzó al ataque incluso antes de que se publicara el informe. El ministro de Asuntos de la Diáspora, Nachman Shai, se apresuró a seguirlo. Aún no ha nacido un informe internacional que Israel no vaya a denunciar mientras se niega a responder a un solo punto de él. Una organización tras otra, algunas de ellas importantes y honestas, lo llaman apartheid, e Israel dice: antisemitismo.

Por favor, demuestre que Amnistía está equivocada. Que no existen dos sistemas de justicia en los territorios, dos conjuntos de derechos y dos fórmulas para la distribución de los recursos. Que la legitimación del asentamiento Evyatar no es apartheid. Que los judíos puedan reclamar su propiedad anterior a 1948 mientras que a los palestinos se les niega el mismo derecho no es apartheid. Que un asentamiento verde justo al lado de una comunidad de pastores sin electricidad ni agua corriente no es apartheid. Que los ciudadanos árabes de Israel no son discriminados sistemática e institucionalmente. Que la Línea Verde no se ha borrado. ¿Qué no es verdad?

Incluso Mordechai Kremnitzer se asustó por el informe y lo atacó. Sus argumentos: el informe no distingue los territorios ocupados de Israel, y trata el pasado como si fuera el presente. Así es como sucede cuando incluso la academia de izquierda se alista en defensa de la propaganda sionista. Acusar a Israel de los pecados de 1948 y llamarlo apartheid es como acusar a Estados Unidos de apartheid debido al pasado de Jim Crow, escribió en el Haaretz del miércoles.

La diferencia es que el racismo institucionalizado en los Estados Unidos ha desaparecido gradualmente, mientras que en Israel está vivo y coleando tan fuerte como siempre. La Línea Verde también ha sido borrada. Ha sido un estado por un tiempo ahora. ¿Por qué Amnistía debería hacer la distinción? 1948 continúa. La Nakba continúa. Una línea recta conecta Tantura y Jiljilya. En Tantura masacraron, en Jiljilya causaron la muerte de un hombre de 80 años, y en ambos casos las vidas palestinas no valen nada.

Por supuesto, no hay propaganda sin elogios para el sistema de justicia. “La importante contribución de los asesores legales del gobierno y los tribunales, que, contra una gran mayoría política, impidieron la prohibición de candidatos y listas árabes para la Knesset… Un partido árabe que se une a la coalición pone inmediatamente en ridículo la acusación de apartheid”, escribió Kremnitzer.

Es tan bueno agitar al Tribunal Superior de Justicia, que no ha impedido ni una sola iniquidad de ocupación, y Mansour Abbas para demostrar que no hay apartheid. Setenta y cuatro años de estado sin una nueva ciudad árabe, sin una universidad árabe o una estación de tren en una ciudad árabe se ven empequeñecidos por el gran encubrimiento de la ocupación, el Tribunal Superior de Justicia y un socio de coalición árabe menor, e incluso que uno consideraba ilegítimo.

El mundo seguirá lanzando invectivas, Israel seguirá ignorándolo. El mundo dirá apartheid, Israel dirá antisemitismo. Pero la evidencia seguirá acumulándose. Lo que está escrito en el informe no se deriva del antisemitismo, sino que ayudará a fortalecerlo. Israel es el mayor motivador de impulsos antisemitas en el mundo de hoy.


Gideon Levy


Nota del blog:

[*] Hasbara es un concepto desarrollado por el Estado Judío de Israel, derivado del verbo "explicar", que se refiere a su propaganda que legitima en el mundo sus acciones contra Palestina.


* Publicado en el diario israelí Haaretz, 03.02.22. Gideon Levy es un periodista israelí.

Por qué el modelo de salud pública del Reino Unido podría arreglarle la vida a nuestra clase media




Pablo Torres


El Reino Unido es un país desarrollado e inclusivo. Luego de diez años viviendo aquí, me pregunto qué aspectos de su orden social pueden ser practicables en un Chile más equitativo. Para mí, la respuesta corta está en su sistema de salud; un tema presente en el debate público chileno, que hoy cobra relevancia en la Convención Constituyente (así como en dichos de la pasada campaña presidencial del presidente electo, Gabriel Boric). Es lógico que así sea: los sistemas de salud conforman no solo una línea-base ética fundamental de las políticas sociales, sino que también un pulmón necesario para oxigenar el desarrollo de todas las otras áreas del bienestar ciudadano.

Para el caso particular de Chile, un sistema de salud público y de calidad podría contribuir a la solvencia financiera de la clase media, esa que hoy opta por las isapres aunque la endeuden (según Casen 2020, 2.189.572 trabajadores en Chile que reciben un sueldo mensual superior a $950.000 se encuentran afiliados a isapres).

Tener acceso a un sistema de salud gratuito y de calidad en el Reino Unido ha sido una experiencia personal muy gratificante. Al igual que la salud pública chilena, el sistema británico se compone en parte de consultorios de atención primaria atendidos por médicos generalistas, algunos centros de atención secundaria, y una red de hospitales donde se encuentran los especialistas (cardiólogos, neurólogos, pediatras, etc.). El total de gasto destinado a la salud es del 9,8% del PIB, lo cual no está lejos del 8,8% del PIB gastado en Chile (al considerar tanto gasto público como privado).

Las instalaciones, la tecnología y el trato del personal de salud son similares a los de una clínica de rango medio (o al de un hospital público chileno moderno). La gran diferencia está, por cierto, en la gratuidad; además de la calidad y velocidad de acceso al servicio. Quizás suena penoso y cursi, pero debo decir que la primera vez que me atendí en el sistema de salud público británico fue también la primera vez en mi vida que sentí que el Estado (aunque no fuera mi Estado) me cuidaba bien (y cuidaría incondicionalmente), independientemente de mi condición o circunstancia. No ha importado que me presente como extranjero recién llegado en busca de trabajo, y más tarde como estudiante de posgrado o académico investigador: siempre, mientras he vivido en el Reino Unido, he contado con acceso a una buena red de apoyo y cuidado en salud gratuita.

Es difícil comunicar lo que significa este sentir, pero quizás ayude una anécdota personal sobre el nacimiento de mis hijos. Ya después de ocho años estudiando y trabajando acá, una noche llegamos con mi señora de urgencia al hospital debido al nacimiento anticipado de nuestros mellizos. Nos ingresaron inmediatamente a la sala de observaciones. Asignaron una matrona que no solo la monitoreaba a ella y a los mellizos que ya querían nacer, sino que hasta se dio la molestia de prepararme un té (lo que causó una pequeña controversia familiar, pero yo me defiendo diciendo que no aceptarlo hubiese sido de mala educación). Para el parto nos atendió un equipo médico de diez profesionales en pabellón. Era un procedimiento de alto riesgo, pero todo salió bien. Luego del parto, y porque los pequeños eran prematuros, nos otorgaron servicio de dos incubadoras por una semana. Además, tuvimos acceso a dieciséis días de cama en pieza compartida (incluso, yo pude quedarme algunas noches allí). Todo esto, más medicamentos, comida, tests, y visitas post hospitalarias de enfermeras a nuestra casa durante ocho semanas salió a costo cero ($0).

Un año más tarde operarían sin costo a uno de mis hijos, al mes siguiente de que el especialista indicara la necesidad de tratar un problema médico semi-urgente. ¿Qué más puedo pedir? En Chile, el equivalente de estos dos episodios nos hubiera dejado con una deuda no menor. Los planes de isapre generalmente no cubren las complicaciones de parto, y los días de cama y otras prestaciones tienen un porcentaje de cobertura con topes no muy altos. La deuda nos habría llegado justo cuando más requeríamos de solvencia familiar. No puedo dejar de preguntarme, entonces: ¿por qué si en Chile gastamos poco menos que el Reino Unido en salud, y más que el promedio OCDE, nuestro sistema de salud sigue siendo deficiente?

En ambos países existe una cantidad similar de camas de hospitales (2 vs. 2.4 por cada 1000 habitantes) y doctores (2.6 vs. 2.8 por cada 1000 habitantes). Pero en Chile las listas de espera para atención con especialistas y cirugía eran, pre-COVID19, hasta 9.5 veces más largas (469 días, promedio para cirugía esencial no urgente no-GES) que las del Reino Unido (49 días). ¿Qué está fallando?

Todo parece apuntar hacia el sistema de reparto del financiamiento entre Fonasa y las isapres. Las condiciones actuales del sistema público y del privado son tan inequitativas que resultan insalvables. Gracias a contar con el 7% de los salarios de alrededor de tres millones de afiliados —la mayoría, de ingresos superiores a $950.000 mensuales—, las isapres recaudan el 46% del monto total de pagos de la población, aún cuando atienden solo al 17 a 18% de ella. Pese a esto, las isapres no cubren más que el 25% del costo de las prestaciones relacionadas con preexistencias durante los primeros 18 meses de afiliación. En la práctica, trabajan sobre todo con personas de perfiles de bajo riesgo, lo cual abarata sus costos y le genera mayor carga al Estado (Fonasa). Así, mucho del dinero que pagamos por salud en isapres no se gasta en salud, sino que se transforma en utilidades para los dueños de éstas (utilidades que además podrían abandonar el país de la noche a la mañana, pues 80% de las Isapres son de inversionistas extranjeros).

¿Cuánto costaría mejorar el sistema de salud pública chileno? Al ver los números me resulta sumamente interesante notar que nuestro sistema privado de salud gasta por persona al mes solo 35% más (US$69,63) que su sistema público (US$51,43). En teoría, y sólo en lo monetario, el costo que tendría transformar este último en un sistema similar al privado implicaría inyectarle un 35% más de recursos (menos de lo que podría aportar al sistema público la clase media afiliada a isapres).

Otro aspecto ejemplar que es relevante mencionar sobre el sistema de salud británico es el coste de los medicamentos, que son muy bajos, fijos y universales. Independiente de lo que aquí necesites, el costo de todo medicamento es el mismo (hoy, cada receta médica mensual equivale a $10.500 chilenos, o $120.000 al año por una cantidad ilimitada de recetas médicas). Uno de mis hijos, que tiene alergia a la proteína de la leche, recibió el equivalente de lo que en Chile serían $200.000 mensuales de fórmula láctea libre de lactosa (Neocate) de manera gratuita por seis meses. Niños y personas de tercera edad, desempleadas o con muy bajos ingresos reciben todos sus medicamentos gratuitamente.

Permítaseme hacer un ejercicio mental para ilustrar el nivel de ahorro que un sistema de salud público como el británico podría traer a millones de chilenos de clase media:

Hoy el costo de un plan de libre elección etiquetado como «conveniente» para una pareja —con cobertura hospitalaria del 100%, ambulatoria del 90% y de medicamentos del 30% (la más completa existente en el mercado chileno en estos momentos, pero con topes anuales en cobertura)— cuesta aproximadamente $300.000 al mes (ver más en www.queplan.cl); o sea, $3.600.000 en un año. 216 millones de pesos durante sesenta años es el costo que tendría que pagar una pareja que comienza a trabajar a eso de los 20 y vive hasta los 80 años, la expectativa de vida actual en Chile. Si el cobro promedio por persona en salud se fijara en US$90 mensual ($73.500, que es más alto que los US$69,63 ó $56.500 que gastan actualmente las isapres en cada afiliado), estaríamos hablando de un gasto de $106 millones en sesenta años por pareja/familia, no $216 millones; vale decir, un ahorro de más del 50% ($110.000.000). Según listas de Portal Inmobiliario, esta última figura es equivalente a cerca de la mitad del valor de una casa de 120 mt2, ya sea nueva en Chicureo o usada en Santiago Centro, Macul o La Florida (y equivale al ciento por ciento del precio de una casa usada más pequeña —70mt2— en Puente Alto, Maipú, Padre Hurtado o Quilicura, por dar algunos ejemplos).

Entonces, lo que está en juego aquí no es solo la tranquilidad que otorga un sistema de salud pública —que te atiende incluso si tienes preexistencias, o si estás desempleado y sin ahorros para seguir pagando la cuota mensual—, sino que también la capacidad que tiene una familia de clase media para asegurar la casa propia (según Casen 2020, el 38% de los chilenos del quintil más acomodado no es propietario) junto a una eventual jubilación digna, que no ponga presión en las siguientes generaciones para la mantención médica y habitacional de sus padres y abuelos; lo cual, inevitablemente se traduce en la perpetuación de mayores inequidades sociales y perjudica la movilidad social de los más jóvenes.

Al ritmo actual, el 20% de los mayores de 60 años en Chile no cuenta con casa propia (ver Casen 2020). Deben seguir pagando arriendo a la vez que enfrentan altos gastos en medicamentos. Si durante la vejez, en Chile llegar a fin de mes pasa a ser un arte macabro, en el Reino Unido la gente ocupa sus ahorros previsionales en salir a viajar y realmente disfrutar de su jubilación (hablo de personas de todo el espectro socio-económico). Claro que hay otros factores que permiten que las familias ahorren lo suficiente como para lograr aquello (educación gratuita y de calidad; pensiones formadas por aportes tanto del empleador como del empleado y el Estado; seguros de cesantía generosos), pero, tal como he argumentado aquí, no hace falta ser economista para darse cuenta de que, en gran medida, este disfrute de los británicos se debe a la cobertura gratuita y de calidad que ofrece su sistema de salud pública durante toda la vida. Al migrar la clase media chilena (sobre todo aquella de ingreso superior a $950.000 al mes) a una salud pública y de calidad, no solo se ayudaría a sí misma sino que a todo el país. Todos necesitamos de algo similar. Cuánto me gustaría poder volver a un Chile donde se pueda vivir cuidado y tranquilo así.



* Publicado en Ciper, 27.01.22. Pablo Torres es PhD. Académico investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge. Postdoctoral Fellow de la British Academy (Reino Unido).

Amnistía Internacional: Israel comete crimen de apartheid





“Israel no es un Estado de toda su ciudadanía [...] sino el
Estado nación del pueblo judío y únicamente de éste”.
Benjamin Netanyahu, PM de Israel
Mensaje publicado en Internet en marzo de 2019


Las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer el crimen de apartheid contra los palestinos, ha dicho hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe condenatorio. La investigación detalla cómo Israel impone un sistema de opresión y dominación contra el pueblo palestino dondequiera que tenga control sobre sus derechos. Esto incluye a los palestinos que viven en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), así como a los refugiados desplazados en otros países.

El informe completo, El apartheid de Israel contra los palestinos: sistema cruel de dominación y crimen contra la humanidad, establece cómo las incautaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los asesinatos ilegales, los traslados forzosos, las restricciones drásticas de movimiento y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a los palestinos son todos componentes de un sistema que equivale al apartheid según el derecho internacional. Este sistema se mantiene por violaciones que Amnistía Internacional consideró que constituyen el apartheid como un crimen de lesa humanidad, tal como se define en el Estatuto de Roma y la Convención del Apartheid.

Amnistía Internacional pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que considere el crimen de apartheid en su investigación actual en los TPO y pide a todos los estados que ejerzan la jurisdicción universal para llevar ante la justicia a los autores de crímenes de apartheid.
“No hay justificación posible para un sistema construido alrededor de la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas. El apartheid no tiene cabida en nuestro mundo, y los estados que opten por hacer concesiones a Israel se encontrarán en el lado equivocado de la historia. Los gobiernos que continúan suministrando armas a Israel y lo protegen de la rendición de cuentas en la ONU están apoyando un sistema de apartheid, socavando el orden legal internacional y exacerbando el sufrimiento del pueblo palestino. La comunidad internacional debe hacer frente a la realidad del apartheid de Israel y buscar las muchas vías hacia la justicia que permanecen vergonzosamente inexploradas”.
Las conclusiones de Amnistía Internacional se basan en un creciente cuerpo de trabajo de ONG palestinas, israelíes e internacionales, que han aplicado cada vez más el marco del apartheid a la situación en Israel y/o los TPO.


Identificando el apartheid

Un sistema de apartheid es un régimen institucionalizado de opresión y dominación de un grupo racial sobre otro. Es una grave violación de los derechos humanos que está prohibida en el derecho internacional público. La amplia investigación y el análisis jurídico de Amnistía Internacional, llevados a cabo en consulta con expertos externos, demuestran que Israel aplica ese sistema contra los palestinos mediante leyes, políticas y prácticas que garantizan su trato discriminatorio prolongado y cruel.

En el derecho penal internacional, los actos ilícitos específicos que se cometen dentro de un sistema de opresión y dominación, con la intención de mantenerlo, constituyen el crimen de lesa humanidad del apartheid. Estos actos están establecidos en la Convención del Apartheid y el Estatuto de Roma, e incluyen homicidios ilegítimos, torturas, traslados forzosos y la negación de derechos y libertades básicos.

Amnistía Internacional documentó actos proscritos en la Convención del Apartheid y el Estatuto de Roma en todas las áreas controladas por Israel, aunque ocurren con mayor frecuencia y violencia en los TPO que en Israel. Las autoridades israelíes promulgan múltiples medidas para denegar deliberadamente a los palestinos sus derechos y libertades básicos, incluidas restricciones de movimiento draconianas en los TPO, la falta de inversión discriminatoria crónica en las comunidades palestinas en Israel y la denegación del derecho de retorno de los refugiados. El informe también documenta el traslado forzoso, la detención administrativa, la tortura y los homicidios ilegítimos, tanto en Israel como en los Territorios Palestinos Ocupados.

Amnistía Internacional concluyó que estos actos forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población palestina y se cometen con la intención de mantener el sistema de opresión y dominación. Por lo tanto, constituyen el crimen de lesa humanidad del apartheid.

El homicidio ilegítimo de manifestantes palestinos es quizás el ejemplo más claro de cómo las autoridades israelíes utilizan actos prohibidos para mantener el statu quo. En 2018, los palestinos de Gaza comenzaron a realizar protestas semanales a lo largo de la frontera con Israel, exigiendo el derecho al retorno de los refugiados y el fin del bloqueo. Incluso antes de que comenzaran las protestas, altos funcionarios israelíes advirtieron que los palestinos que se acercaran al muro serían fusilados. A fines de 2019, las fuerzas israelíes habían matado a 214 civiles, incluidos 46 niños.

A la luz de los homicidios ilegítimos sistemáticos de palestinos documentados en su informe, Amnistía Internacional también pide al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo total de armas a Israel. Esto debería cubrir todas las armas y municiones, así como el equipo para hacer cumplir la ley, dados los miles de civiles palestinos que han sido asesinados ilegalmente por las fuerzas israelíes. El Consejo de Seguridad también debería imponer sanciones específicas, como la congelación de activos, contra los funcionarios israelíes más implicados en el crimen del apartheid.


Palestinos tratados como una amenaza demográfica

Desde su establecimiento en 1948, Israel ha seguido una política de establecer y luego mantener una mayoría demográfica judía y maximizar el control sobre la tierra y los recursos para beneficiar a los judíos israelíes. En 1967, Israel extendió esta política a Cisjordania y la Franja de Gaza. Hoy, todos los territorios controlados por Israel continúan siendo administrados con el propósito de beneficiar a los israelíes judíos en detrimento de los palestinos, mientras que los refugiados palestinos continúan siendo excluidos.

Amnistía Internacional reconoce que los judíos, al igual que los palestinos, reclaman el derecho a la autodeterminación y no cuestiona el deseo de Israel de ser un hogar para los judíos. Del mismo modo, no considera que Israel, etiquetándose a sí mismo como un “Estado judío”, indique en sí mismo una intención de oprimir y dominar.

Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional muestra que los sucesivos gobiernos israelíes han considerado a los palestinos una amenaza demográfica e impusieron medidas para controlar y disminuir su presencia y acceso a la tierra en Israel y los TPO. Estos objetivos demográficos están bien ilustrados por los planes oficiales para “judaizar” áreas de Israel y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, que continúan poniendo a miles de palestinos en riesgo de traslado forzoso.


Opresión sin fronteras

Las guerras de 1947-49 y 1967, el gobierno militar en curso de Israel de los TPO y la creación de regímenes legales y administrativos separados dentro del territorio han separado a las comunidades palestinas y las han segregado de los judíos israelíes. Los palestinos han estado fragmentados geográfica y políticamente y experimentan diferentes niveles de discriminación según su estatus y el lugar donde viven.

Los ciudadanos palestinos en Israel disfrutan actualmente de mayores derechos y libertades que sus contrapartes en los TPO, mientras que la experiencia de los palestinos en Gaza es muy diferente a la de los que viven en Cisjordania. No obstante, la investigación de Amnistía Internacional muestra que todos los palestinos están sujetos al mismo sistema general. El trato de Israel a los palestinos en todas las áreas persigue el mismo objetivo: privilegiar a los israelíes judíos en la distribución de la tierra y los recursos, y minimizar la presencia palestina y el acceso a la tierra.

Amnistía Internacional demuestra que las autoridades israelíes tratan a los palestinos como un grupo racial inferior que se define por su condición árabe no judía. Esta discriminación racial está cimentada en las leyes que afectan a los palestinos en todo Israel y los TPO.

Por ejemplo, a los ciudadanos palestinos de Israel se les niega una nacionalidad, lo que establece una diferenciación legal de los israelíes judíos. En Cisjordania y Gaza, donde Israel ha controlado el registro de población desde 1967, los palestinos no tienen ciudadanía y la mayoría son considerados apátridas, lo que requiere tarjetas de identificación del ejército israelí para vivir y trabajar en los territorios.

A los refugiados palestinos y sus descendientes, que fueron desplazados en los conflictos de 1947-49 y 1967, se les sigue negando el derecho a regresar a sus antiguos lugares de residencia. La exclusión de refugiados por parte de Israel es una violación flagrante del derecho internacional que ha dejado a millones de personas en un limbo perpetuo de desplazamiento forzado.

A los palestinos en el Jerusalén Este anexado se les otorga la residencia permanente en lugar de la ciudadanía, aunque este estado es permanente solo de nombre. Desde 1967, a más de 14.000 palestinos se les ha revocado la residencia a discreción del Ministerio del Interior, lo que ha dado lugar a su traslado forzoso fuera de la ciudad.


Ciudadanos menores

Los ciudadanos palestinos de Israel, que representan alrededor del 19% de la población, se enfrentan a muchas formas de discriminación institucionalizada. En 2018, la discriminación contra los palestinos se cristalizó en una ley constitucional que, por primera vez, consagró a Israel exclusivamente como el “Estado nacional del pueblo judío”. La ley también promueve la construcción de asentamientos judíos y degrada el estatus del árabe como idioma oficial.

El informe documenta cómo los palestinos están efectivamente bloqueados para arrendar el 80% de las tierras estatales de Israel, como resultado de las confiscaciones de tierras racistas y una red de leyes discriminatorias sobre asignación, planificación y zonificación de tierras.

La situación en la región de Negev/Naqab en el sur de Israel es un excelente ejemplo de cómo las políticas de planificación y construcción de Israel excluyen intencionalmente a los palestinos. Desde 1948, las autoridades israelíes han adoptado varias políticas para “judaizar” el Negev/Naqab, incluida la designación de grandes áreas como reservas naturales o zonas de tiro militar, y el establecimiento de objetivos para aumentar la población judía. Esto ha tenido consecuencias devastadoras para las decenas de miles de beduinos palestinos que viven en la región.

Treinta y cinco aldeas beduinas, hogar de unas 68.000 personas, actualmente “no son reconocidas” por Israel, lo que significa que están cortadas del suministro nacional de electricidad y agua y son objeto de repetidas demoliciones. Como las aldeas no tienen estatus oficial, sus residentes también enfrentan restricciones a la participación política y están excluidos de los sistemas de salud y educación. Estas condiciones han obligado a muchos a abandonar sus hogares y aldeas, lo que equivale a un traslado forzoso.

Décadas de trato deliberadamente desigual de los ciudadanos palestinos de Israel los han dejado económicamente en desventaja en comparación con los judíos israelíes. Esto se ve exacerbado por la asignación descaradamente discriminatoria de recursos estatales: un ejemplo reciente es el paquete de recuperación de Covid-19 del gobierno, del cual solo el 1,7% se entregó a las autoridades locales palestinas.


Despojo

El despojo y desplazamiento de los palestinos de sus hogares es un pilar fundamental del sistema de apartheid de Israel. Desde su establecimiento, el Estado de Israel ha impuesto confiscaciones masivas y crueles de tierras contra los palestinos, y continúa implementando innumerables leyes y políticas para obligar a los palestinos a vivir en pequeños enclaves. Desde 1948, Israel ha demolido cientos de miles de viviendas palestinas y otras propiedades en todas las áreas bajo su jurisdicción y control efectivo.

Al igual que en Negev/Naqab, los palestinos en Jerusalén Este y el Área C de los TPO viven bajo el control total de Israel. Las autoridades niegan los permisos de construcción a los palestinos en estas áreas, obligándolos a construir estructuras ilegales que son demolidas una y otra vez.

En los TPO, la continua expansión de los asentamientos israelíes ilegales exacerba la situación. La construcción de estos asentamientos en los TPO ha sido una política del gobierno desde 1967. Actualmente, los asentamientos cubren el 10 % de la tierra en Cisjordania, y alrededor del 38 % de la tierra palestina en Jerusalén Este fue expropiada entre 1967 y 2017.

Los barrios palestinos de Jerusalén Este suelen ser blanco de organizaciones de colonos que, con el pleno respaldo del gobierno israelí, trabajan para desplazar a las familias palestinas y entregar sus hogares a los colonos. Uno de esos vecindarios, Sheikh Jarrah, ha sido escenario de frecuentes protestas desde mayo de 2021 cuando las familias luchan por mantener sus hogares bajo la amenaza de una demanda de los colonos.


Restricciones de movimiento draconianas

Desde mediados de la década de 1990, las autoridades israelíes han impuesto restricciones de movimiento cada vez más estrictas a los palestinos en los TPO. Una red de puestos de control militares, barricadas, vallas y otras estructuras controla el movimiento de los palestinos dentro de los TPO y restringe sus viajes a Israel o al extranjero.

Una valla de 700 km, que Israel todavía está extendiendo, ha aislado a las comunidades palestinas dentro de “zonas militares”, y deben obtener múltiples permisos especiales cada vez que entran o salen de sus hogares. En Gaza, más de 2 millones de palestinos viven bajo un bloqueo israelí que ha creado una crisis humanitaria. Es casi imposible para los habitantes de Gaza viajar al extranjero o al resto de los TPO, y están efectivamente segregados del resto del mundo.
“El sistema de permisos en los TPO es emblemático de la descarada discriminación de Israel contra los palestinos. Mientras los palestinos están encerrados en un bloqueo, atrapados durante horas en los puestos de control o esperando otro permiso para pasar, los ciudadanos y colonos israelíes pueden moverse como quieran”.
Amnistía Internacional examinó cada una de las justificaciones de seguridad que Israel cita como base para su trato a los palestinos. El informe muestra que, si bien algunas de las políticas de Israel pueden haber sido diseñadas para cumplir objetivos de seguridad legítimos, se han implementado de una manera sumamente desproporcionada y discriminatoria que no cumple con el derecho internacional. Otras políticas no tienen absolutamente ninguna base razonable en la seguridad y están claramente moldeadas por la intención de oprimir y dominar.


El camino a seguir

Amnistía Internacional proporciona numerosas recomendaciones específicas sobre cómo las autoridades israelíes pueden desmantelar el sistema de apartheid y la discriminación, segregación y opresión que lo sustentan.

La organización pide que se ponga fin a la práctica brutal de la demolición de viviendas y los desalojos forzosos como primer paso. Israel debe otorgar los mismos derechos a todos los palestinos en Israel y los TPO, de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Debe reconocer el derecho de los refugiados palestinos y sus descendientes a regresar a los hogares donde alguna vez vivieron ellos o sus familias, y proporcionar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad una reparación completa.

La escala y la gravedad de las violaciones documentadas en el informe de Amnistía Internacional exigen un cambio drástico en el enfoque de la comunidad internacional sobre la crisis de derechos humanos en Israel y los TPO.

Todos los estados pueden ejercer la jurisdicción universal sobre las personas sospechosas razonablemente de haber cometido el crimen de apartheid según el derecho internacional, y los estados que son parte de la Convención del Apartheid tienen la obligación de hacerlo.
“Israel debe desmantelar el sistema de apartheid y comenzar a tratar a los palestinos como seres humanos con los mismos derechos y dignidad. Hasta que lo haga, la paz y la seguridad seguirán siendo una perspectiva lejana para israelíes y palestinos por igual”.


Video de Amnistía Internacional:
El apartheid israelí contra la población palestina un crimen de lesa humanidad.



* Publicado por Amnistía Internacional, 01.02.22.

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