La economía es ética




Thomas Piketty, el autor del best seller mundial El capital en el siglo 21, debe volver al aula para aprender economía.


Jorge L. Daly


Adam Smith debe estar tirándose los cabellos. Bueno, así creo que lo imaginan todos los que lo exaltan por desentrañar el misterio del capital, los que en una de sus frases célebres reconocen la piedra angular de la economía de mercado:
“...no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, sino de su deseo por preservar sus propios intereses”
Nada mejor expresa los valores y comportamientos de los últimos dos siglos: el egoísmo del ser humano prima sobre su sentimiento humanitario, pero si deja que el mercado libremente opere, verá que la riqueza de las naciones aumenta. ¿Acaso no es esto lo que todos queremos? Se le llama capitalismo. Y si unos ganan mucho, muchísimo más que otros se debe a que el mercado, en su infinita sabiduría, sabe remunerar los aportes de cada cual a la sociedad.

El señor Piketty necesita regresar a la universidad para aprender economía, punto... O tal vez son los que se adhieren a esta lectura estrecha de Adam Smith los que deban regresar al aula. 

Porque el pensador escocés ante todo fue un humanista y, como tal, nunca hubiera consentido los niveles obscenos de desigualdad que Piketty expone. 

Más aún, quién sabe, hasta la hubiera expuesto como producto de esa caricatura que hoy pasa por libre mercado, el ícono que domina la discusión escolástica y que arropa las decisiones que emanan de directorios de las grandes instituciones financieras que tiranizan la economía del mundo

Desde que hace poco más de treinta años se corporizara en las políticas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, el libre mercado es mandamiento en los textos de economía y ensalzado en los discursos de graduación. Pero, la verdad es que solamente existe en la imaginación de un bien pensante y en el cálculo cínico de los mandarines del mundo corporativo que lo esgrimen para perpetuar y legitimar sus posiciones de privilegio.

El aumento notable de la desigualdad que registra los Estados Unidos coincide precisamente con este período que ha visto “el fin de la historia” y la coronación de la ideología única del libre mercado. Y ésta, a su vez, concurre con el encumbramiento del sector financiero en la economía del país. 

Si importa comprobar, como lo hace Piketty, que la desigualdad se acerca los niveles escandalosos en épocas que alguna vez la pensamos superadas, es igualmente importante preguntar por las causas que la explican. 

Empiece echándole un vistazo a la santificación del proceso de desregulación financiera y preste atención a la manera como sus operadores hacen dinero... cada vez más alejados de las actividades productivas que solían financiar, cada vez más cerca de las apuestas especulativas en activos financieros. 

Son millonadas las que se embolsan y si alguna vez sale mal una apuesta, ahí está el gobierno para socorrerlos. Y qué pena que éste haya no haya contemplado ayuda efectiva a los millones que quedaron incapaces para cumplir con sus pagos de las hipotecas. En estos tiempos, sin duda, el gobierno se inclina ante los que más tienen.

Mejor decirlo sin tapujos: el gobierno de los Estados Unidos y el de países que exhiben tendencias hacia la fuerte concentración de ingresos sin voluntad política para hacerle contrapeso están al servicio del mejor postor. Al permitir la mercantilización de intangibles que no deben estar en venta, privilegian el beneficio privado en detrimento de la confianza y el interés público

¿No le parece terrible? El asunto entonces es muchísimo más grave que el cálculo que Piketty hace para confirmar que hay pocos que se llenan los bolsillos y muchos que reciben migajas. Es más grave porque el funcionamiento del mercado está condicionado por consideraciones éticas. O mejor dicho, en este contexto, por la falta de ética

Al respecto, San Agustín se anticipó a los tiempos cuando sentenció que en mercados carentes de justicia operan bandas de ladrones. ¿Acaso no es esto evidente en los escándalos, prácticamente impunes, que permean el actuar de los grandes bancos comerciales?

Los que todavía creen que el funcionamiento del libre mercado contribuye al bien común tienen entonces mucho que responder. 

Mientras tanto, a la teoría que le da sustento debemos sentar en el banquillo de los acusados. Porque la ciencia económica se erige sobre la gran mentira de que los mercados son neutrales, de que no pronuncian juicios de valor, de que consideraciones éticas les son ajenas. Adam Smith y los economistas clásicos no se dejaron engañar por essa ficción. Infortunadamente la sabiduría de los clásicos en la actualidad no se palpa. 

Un economista hoy le sirve para sopesar los costos y los beneficios de todas las opciones que se le presentan y así elegir, libre y voluntariamente, aquella que le reporta la máxima utilidad. Le sirve para convencerlo de que todo en la vida tiene precio pero no para reflexionar si las opciones son correctas o no lo son, si proponen el bien o lo que no está bien

Menos le sirve para sopesar el impacto de sus decisiones en la sociedad en su conjunto, en la manera como gravitan sobre la dignidad de los seres humanos. En suma, sobre lo que nunca debe tener precio.

Sí, Adam Smith debe estar revolcándose en su tumba, pero creo que por constatar cuánto se ha apartado la teoría que él fundó de la ética. O quizás de felicidad por el promisorio aporte de Piketty. 

La desigualdad importa por su relevancia para los tiempos que vivimos, como también la pobreza, la ignorancia, la concentración y manipulación de los mercados financieros o la captura de gobiernos por grupos privados. Y en todos estos temas la ética importa, ¿no le parece?


Estatua de Adam Smith en Edimburgo.


* Publicado en El País, 21.05.14.

Levantarse frente a la idioticracia: despertar la responsabilidad civil




Carlos Javier González Serrano


Hace algunos años, una campaña publicitaria de un organismo público eligió como eslogan la siguiente fórmula: “No tenemos sueños baratos”. De alguna manera, quien lo leyera debía declararse pobre, al menos implícitamente, y relacionar sus carencias –fueran del tipo que fueran– con el elemento estrictamente dinerario. Ya el sociólogo Émile Durkheim había escrito, muchas décadas antes, en los albores del siglo XX, que la clave del bienestar social consiste en introducir en la plebs [la plebe] “el convencimiento de que no tienen derecho a más”, y añadía:
"Lo que se necesita para que reine el orden social es que la generalidad de los humanos estén contentos con su suerte."
Pero ¿qué sucede cuando ni siquiera se tiene la paciencia, o incluso la posibilidad, de recapacitar en aquello que nos puede hacer felices, en qué pueda ser la felicidad? ¿Cómo reconvertir al contemporáneo sujeto del rendimiento, empresario de sí mismo, en un individuo que piensa, que reflexiona, que se atreve a hacer un alto en el camino? Como los perros del experimento de Pavlov, nos han convertido –sin distinción de edad o condición– en febriles marionetas que reaccionan mecánicamente a estímulos dados. Unos estímulos cuya programación (algorítmica) está diseñada para sumirnos en la más profunda ignorancia. En la más soberana idiotez.

El idiota, en la antigua Grecia (ιδιωτης), era el individuo que se resignaba a ocuparse de sus asuntos personales y no le inquietaban, en absoluto, los problemas sociales, las dificultades de la polis: es decir, los contratiempos del conjunto social al que pertenecía. El idiota era el individuo que se ceñía a lo puramente doméstico, al ámbito del hogar, mientras omitía deliberadamente cualquier tipo de implicación con la sociedad en la que estaba inserto. Etimológicamente, por tanto, la idiotez está asociada a una buscada alienación, a una falsa independencia que se funda en la mala fe, es decir, en un mal y despótico uso de la libertad que reclama para sí la potencia de aislarse del grupo para que nadie venga a pedirle explicaciones.

Nos espolean cada día, casi a casa instante, sobre todo desde instancias políticas, a expresarnos libremente en nombre, precisamente, de la tan manoseada libertad de expresión. Pero ¿qué importa ésta, se pregunta el profesor y filósofo Emilio Lledó:
“...si lo que expresamos es el discurso estúpido y vacío de las palabras mal sabidas, de los conceptos manipulados, incluso por nosotros mismos, de las ideas estereotipadas, convertidas en pringue ideológico que se recalienta en el rescoldo de nuestros miedos y de nuestros intereses?” (Sobre la educación, Taurus, 2018, p. 26).
La sociedad contemporánea vive envuelta en un terrible halo de credulidad y superstición, sujeta al albur de los grandes emporios empresariales y de las disposiciones y tendencias económicas de turno. Sobre todo porque no se tiene qué decir. Hemos sido idiotizados. Sólo convence el constante tráfico de poder, influencia y dinero. Como apuntó muy inteligentemente Étienne de la Boétie en su Discurso de la servidumbre voluntaria, “siempre el pueblo necio fabrica él mismo las mentiras para después creerlas”.

“No existen sueños baratos”: el catálogo de cosas (y emociones, y experiencias) que no se compran con dinero se hace cada vez más exiguo, y todo tiene que monetizarse (los intereses, las aficiones, la cultura, la propia imagen, las amistades, etc.). Nada cae fuera del peligroso dominio de lo pecuniario: todo se hace cuantificable, medible, mensurable, y lo cuantitativo –en términos económicos– pasa a convertirse en la clave para medir el valor de cualquier realidad

Ya dejó escrito el Nobel de Literatura Elias Canetti que la más cruel muerte no es la biológica, sino la que convierte al individuo (y sus posesiones) en un número, en un agregado, en una agrupación de cosas que se pueden amontonar. Ni que decir tiene que con ello está más que servido el caldo de cultivo de la más desaforada desigualdad.

En una sociedad idiotizada, sus miembros se dan por contentos con cualquier sucedáneo de libertad, palabra ésta tan trillada en días de populismo de toda índole. El mismo La Boétie se asombraba, en pleno siglo XVI, con cuán poco se conforma el pueblo. Qué actuales, qué dolorosas se hacen estas palabras:
"Los teatros, los juegos, las farsas, los espectáculos, los gladiadores, las bestias extrañas, las medallas, los cuadros y otras bagatelas semejantes fueron para los pueblos antiguos los cebos de la servidumbre, el precio de su libertad, los instrumentos de la tiranía. Este medio, esta práctica, estas seducciones utilizaban los antiguos tiranos para adormecer a sus súbditos bajo el yugo."
Seguimos sin despertar de ese sueño que idiotiza, que incapacita para ocuparse de lo común. Bajo capa de entretenimiento, se nos sirven numerosas ocupaciones que nos mantienen (voluntariamente) idiotizados. No se trata de llamar a la revolución, sino de despertar a la llamada de la auténtica libertad: la de constituirse como individuos autónomos a través del ejercicio comprometido del pensamiento

Hay que tener la valentía de forjar un criterio propio. “Los medios de comunicación, dicen algunos de sus practicantes y teóricos –apunta Emilio Lledó en el libro aludido, p. 30–, tienen que servir para divertir y alegrar. Probablemente, pero no así. La lamentable programación de esos esperpentos implica un desprecio terrible a la sociedad, a los espectadores, a los que se rebaja a niveles profundos” y mediante los que se les instala en la ignorancia y la idiotez como si se tratara de su elemento más natural, mientras su sensibilidad para lo mejor se va minando y distorsionando.

“No tenemos sueños baratos”. Pues bien, como apuntó a mitad del XIX el historiador Guglielmo Ferrero, “nunca ha habido tanto dinero en el mundo y nunca ha habido tan poco”. Porque algún día, en un aciago pero lúcido instante, caeremos en la cuenta de que nuestra más profunda crisis viene dada por una respetabilidad ante un sistema que nos instrumentaliza bajo una falsaria y melosa capa de la libertad

Nunca antes se dio en la historia una tan alta y dañina identificación entre racionalidad económica e hipócrita fanatismo neoliberal. Quizá haya llegado el momento de imaginar nuevas posibilidades. Colectivamente. Porque “el mercado” es, como cualquier otra, sólo una abstracción más que nos ata de pies y manos. Incluso nuestros sueños.

Para terminar, recordemos una vez más a La Boétie: “Los tiranos sólo son grandes porque nos ponemos de rodillas”. Frente a la idioticracia, y más necesaria que nunca, se levanta una responsabilidad civil que no tema a la propaganda del miedo que siembra un amañado concepto de libertad. Porque justamente sólo se es libre cuando se es capaz de denunciar, públicamente y con intención de participar en los asuntos de la polis, los males que acechan a la auténtica libertad. 

Digamos, con Albert Camus: “Soy avaro de esa libertad que desaparece desde que empieza el exceso de bienes”.



* Publicado en El vuelo de la lechuza, 19.02.23.

Gaza y la patraña de los valores occidentales


Decenas de cadáveres se amontonan en un fosa común del cementerio de Jan Yunis antes de ser enterrados (Foto: Mahmud Hams - AFP - 06.12.23).


Noelia Idáñez


En medio de la desproporcionada ofensiva militar que el Estado de Israel está llevando a cabo en Gaza a raíz de los atentados de Hamás del pasado 7 de octubre, se ha conmemorado el cincuenta y seis aniversario de la masacre de Kafr Qasim.

El 29 de octubre de 1956 cuarenta y ocho personas fueron asesinadas en un pueblo árabe israelí en la frontera entre Israel y Cisjordania. La matanza fue perpetrada por la policía israelí de frontera que disparó indiscriminadamente a ciudadanos árabes que se saltaban un toque de queda impuesto ese mismo día como consecuencia de la crisis de Suez, y del que estos civiles muy probablemente no tenían conocimiento alguno. Entre los asesinados había veintitrés niños y un bebé nonato en el vientre de su madre, que junto con otras cinco mujeres también resultó muerta.

El actual presidente de Israel, Isaac Herzog, líder durante años del Partido Laborista y de la oposición en la Kneset, acudió en 2021 a rendir tributo a las víctimas de la masacre en nombre del Estado de Israel y pidió perdón por lo sucedido. Dijo: «Está claro para todos nosotros: la matanza y el daño a inocentes está absolutamente prohibido. Eso debe estar por encima de cualquier argumento político». Isaac Herzog, que ha sido un firme partidario de la solución de los dos Estados, también dijo: «Esta es nuestra oportunidad, como sociedad, de decir no a los prejuicios. Esta es nuestra oportunidad, como sociedad humana, de potenciar lo que tenemos en común como ciudadanos y vecinos». «Esto no es un decreto del destino, sino una asociación del destino. Esta es nuestra oportunidad para erradicar la discriminación y el odio».

Esta semana Herzog ha conversado con la cadena norteamericana de televisión MSNBC. Preguntado por lo que persigue Israel con esta acción militar cruenta en Gaza, Herzog ha explicado que los terroristas de Hamás se esconden en toda la Franja y que se ha alertado a la población civil para que se ponga a salvo de un ataque que reconoce indiscriminado por la dificultad de actuar de otra manera para alcanzar el objetivo de dar caza a los terroristas infiltrados entre la población civil. 

Fatigado y un tanto contrariado por las preguntas a las que contestó con una precisión lingüística ensayada e incompatible con la realidad de los hechos que describe --puesto que no se ha proporcionado a los gazatíes ni refugio, ni descanso ni ayuda humanitaria y dado que el número de muertos nos habla de lo que Naciones Unidas califica de castigo colectivo-- Herzog trata de describir la indefendible ofensiva israelí gesticulando con las manos, dibujando un trazado imaginario de la Franja como si quisiera dar a entender que lo que se dirime en Gaza no es la vida de cientos de miles de seres humanos, sino el territorio baldío al interior de las rayas dibujadas en un mapa. Durante la entrevista Gaza está en las manos de Herzog --otrora un hombre de paz-- y ahora ya solo es un dibujo en el aire, un trazado en un mapa de guerra, un asunto de geometría.

Inquirido entonces por la evidente desproporción que existe entre el número de víctimas israelíes ocasionadas por los atentados de Hamás (en torno a 1200 personas) y el número de muertos palestinos como consecuencia de la ofensiva militar que el Estado de Israel ha desplegado en los dos últimos meses (alrededor de 15000), el presidente Isaac Herzog responde que la guerra que Israel está librando en Gaza es en defensa de los «valores occidentales» frente a la amenaza de un yihadismo global con sede en Teherán.

Ya no se trata entonces de luchar contra una organización terrorista palestina o de vengar una acción concreta. Tampoco de actuar conforme al tan traído y llevado derecho a la legítima defensa. Se trata de desplegar una estrategia de neutralización de la amenaza yihadista en defensa de Occidente y sus valores

El marco de Herzog es, como es evidente, un marco de guerra en el que los así llamados valores occidentales son la coartada con la que negociar la indiferencia de unos y el apoyo sostenido de otros al supremacismo y el militarismo de Israel. 

Hace apenas dos años Herzog hablaba de superar el odio y la discriminación en favor de la concordia y expresaba su condena a unos hechos execrables acaecidos hace más de cincuenta años. Se mostraba partidario del respeto a la vida, la paz y la convivencia. Hoy Herzog invoca los valores occidentales para justificar una acción de guerra desproporcionada que Israel está llevando a cabo, según sus propias palabras, «por el bien del mundo entero»

Es decir, hace un llamamiento a que asumamos su marco de guerra, demos por buena la existencia de una amenaza yihadista global de la que somos objetivo como Israel lo ha sido de los atentados de Hamás. Los valores occidentales son la marca con la que Israel pretende validar su marco de guerra ahora que el derecho a la legítima defensa empieza a hacer aguas, a transparentar su inconsistencia toda vez que legitimidad y desproporción, defensa y genocidio son parejas de conceptos antitéticas.

Los valores occidentales estuvieron muy presentes en la narrativa sobre la guerra iniciada en febrero de 2021 con la invasión ordenada por Putin en territorio de Ucrania. En su nombre se justificó el envío de armas y tuvo lugar una especie de revival de la OTAN. 

Muchas criticamos entonces aquellas apelaciones beligerantes que se sustentaban en visiones etnocéntricas, coloniales y equívocas sobre modelos civilizatorios y otras formas poco amables de jerarquizar el mundo. 

Los mismos valores occidentales que no nos interpelaron para movilizar los apoyos que había que brindar a, en aquel caso, el Estado agredido y oponernos como hicimos a la Rusia de Putin por convicciones pacifistas que se nos afearon y fueron ridiculizadas (expulsando por cierto al pacifismo de la nómina de los valores occidentales), sirven menos si cabe cuando de lo que se trata es de dar por bueno que Israel los utilice para esconder sus intenciones supremacistas y genocidas. 

Si la Unión Europea y Estados Unidos continúan legitimando y apoyando la guerra que Israel libra contra el pueblo palestino en nombre de los valores occidentales se evidenciará aún más, si es que eso es posible, lo que estos valores son: una auténtica patraña.


Isaac Herzog, presidente del Estado Judío de Israel.


* Publicado en Público, 08.12.23.

Élites empresariales y su escasa capacidad reflexiva




Qué significó para las élites empresariales chilenas el estallido social, el proceso constituyente y cómo fundamentaron los escándalos de colusión que protagonizaron, son algunas de las preguntas que responde la investigación del libro ¿Son o se hacen?: Las élites empresariales chilenas ante el cuestionamiento ciudadano.


Carmen Sepúlveda


No fue fácil llegar a conversar con los patriarcas de la élite empresarial del país. Lo logró desde un puente que no falla: el espiritual. Fue un sacerdote jesuita el que le abrió las puertas de las casas y oficinas de los guardianes del modelo neoliberal chileno. Así lo relata Alejandro Pelfini, doctor en Sociología de la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg de Alemania, argentino y académico de la Universidad del Salvador y de Flacso-Argentina, que presentó su libro ¿Son o se hacen?: Las élites empresariales chilenas ante el cuestionamiento ciudadano, de Ediciones UAH.

Este trabajo –que hizo junto a su colega Omar Aguilar, doctor en Sociología de la UAH, producto del Fondecyt regular 1141001, La transformación de las élites empresariales en una sociedad emergente. Distinción, tolerancia y transnacionalización de las élites empresariales chilenas, y realizado entre 2014 y 2017– cubre un período histórico marcado por los escándalos de corrupción, colusión, financiamiento ilegal de la política, estallido social y proceso constituyente. “Fue un momento que puso en tela de juicio la supuesta superioridad y capacidad de liderazgo de los ‘guardianes del modelo’, porque la ciudadanía los apuntó como abusadores”, dice Pelfini.

Quisieron indagar en la definición de este grupo y cómo respondieron al cuestionamiento por su riqueza y probidad moral, no solamente en Santiago sino también en regiones. Para lograr un análisis robusto hicieron treinta entrevistas a sus representantes, a las que agregaron otras más recientes sobre las actitudes predominantes del empresariado respecto de la nueva Constitución. Fue un trabajo largo, de años, y que finalizó con el prólogo encargado al destacado periodista Daniel Matamala, quien utilizó la metáfora del espejo de la bruja de Blancanieves para retratar a una élite con exceso de vanidad e incapacidad de aceptar la realidad y la verdad de las cosas.

Matamala se pregunta: "¿Qué respuesta ha recibido históricamente la élite empresarial chilena cuando pregunta a su espejo? ¿Cómo ha cambiado esa respuesta en los últimos años? ¿Cuál ha sido la reacción ante los cambios de la realidad económica, política y social del país? La investigación responde a todas estas interrogantes y también a la del título '¿Son o se hacen?'”.

Para Pelfini, la élite nacional heredó una serie de capitales y un habitus que le permite concebirse, ejercer y ser percibida como grupo privilegiado. La pregunta “son o se hacen” tiene que ver con sus orígenes, su continuidad en el tiempo, la relación con la clase alta, su capacidad de renovación y de vincularse al Estado y a la clase política. Esto último, en nuestro país, lo lograron a partir de la segunda fase de la dictadura. “Lo primero que quisimos hacer fue definirlos, porque es difícil y polémico”, señala.

-¿Por qué es tan complejo?

-Porque en Chile, cuando se habla de élite, se dicen cosas como viven en el barrio alto, pero esa categoría no significa nada; otros la definen como el 1% más rico, pero eso habla muy poco de su capacidad de organización; otros dicen que son los dueños de las empresas más grandes de Chile o quienes encabezan los rankings internacionales como Forbes. A mí me parece que esos criterios no son satisfactorios; no muestran la capacidad organizativa y de agencia que sí tienen los grandes empresarios que actúan políticamente. Una cosa son los empresarios, otra el empresariado, y otras sus vanguardias y sus personajes clave.

-¿Cómo pudo acceder a ellos?

-Le tengo que agradecer mucho a la Universidad Alberto Hurtado, porque nosotros empezamos con los contactos clave que nos llevaron a las fuentes más cercanas, pero en un momento nos dimos cuenta de que no llegábamos al corazón del grupo. Enviamos e-mails y cartas y no tuvimos respuesta, y fue ahí cuando le escribí al padre Fernando Montes, que había dejado de ser rector y sabía que estábamos haciendo esta investigación. Él nos apoyó: gracias a su gestión fuimos recibidos en sus casas, oficinas y pudimos tener muy buenas conversaciones con todos ellos.

-Uno de los hallazgos es que la élite chilena es muy homogénea, concentrada y con una capacidad de actuar como grupo que es superior a lo que pasa en otros países. ¿Por qué?

-La homogeneidad tiene que ver con su origen y la élite chilena tiene una escasa capacidad reflexiva, de autocrítica y de autobservación. En general, son ingenieros comerciales e ingenieros industriales que se forman en los mismos colegios y universidades. Me parece que hay un tema más ideológico, un universo simbólico muy automatizado, repetitivo y autocomplaciente que hace que el grupo se sienta muy orgulloso de sí mismo y de ser los “guardianes” de los chilenos.

-¿Cómo eso?

-Hay una idea de superioridad moral que se entiende cuando dicen “nosotros somos los que tenemos un talento especial, la responsabilidad de hacer las cosas bien y eso es un servicio al país”. La superioridad cognitiva aparece cuando plantean “sabemos lo que hay que hacer y tenemos el know how para hacerlo”.

-¿Cómo les llegan nuevas temáticas, como la agenda de género?

-Frente al tema de género o a las brechas con las PYMES pueden dar pequeñas señales de cambio, pero son cosméticas, porque cuando se sienten amenazados por un proceso en serio, como es una reforma tributaria, vuelve a imperar esa idea de consolidación de las posiciones y de la deslegitimación de otras posturas.

-¿Están preparados para una democratización efectiva?

-Pueden aceptar a la democracia como un régimen político, pero entender al otro como un interlocutor válido, no. Comunicacionalmente no aceptan otra visión y eso se vio muy claro en las entrevistas.

-Y qué pasa con los hijos, ¿tienen una mirada más renovadora?

-Sí, claro. Después del estallido tuvieron expresiones en esa línea, pero no llegaron a establecerse como posturas mayoritarias, porque cuando toman decisiones clave repiten lo de siempre. Habría que ver qué pasa en diez años más con la incorporación de las mujeres en las empresas, pero nada garantiza que por ser mujer la élite va a cambiar su manera de ver el mundo. Puede haber cierto tono un poco más sensible [sic], pero no soy tan optimista de creer que cierta cuota de diversidad cambiará el núcleo. Frente al estallido, por ejemplo, dijeron “aquí pasó algo que no funcionó, que tenemos que revisar”, y eso les duró unos meses. Cuando analizaron que, en el contexto de generar un cambio perderían privilegios, dijeron “hasta aquí no más llegamos” y se pusieron a la defensiva.

-O sea, ¿no ceden?

-Uno podría pensar que aprovecharían de mejor manera las crisis y que cedieran en algunas cosas. Pero no: quieren seguir liderando de la misma manera y esperan que revueltas como el estallido pasen y que el país continúe funcionando a su favor.

-¿Qué es lo bueno de la élite chilena?

-Es interesante cómo se constituyen con una identidad tan fuerte, eso es admirable y llama la atención, porque son capaces de mantener un proyecto consistente, con escasa fragmentación interna, sin grandes conflictos productivos ni políticos, si se compara con élites de otros países que son más complejas. Eso lo lograron durante la dictadura y tiene la virtud de hacer consistente el modelo que quieren, decidir qué política económica necesitan. Hay algo ahí ante lo que uno, como investigador, se saca el sombrero.

-¿Qué autocrítica hay tras los grandes escándalos de colusión donde se les apuntó como abusadores?

-Dicen “son unos pocos y no hay que enjuiciar a todo el empresariado, que es respetuoso, honesto y responsable”. Se comparan con el resto de la región y dicen cosas como “no somos corruptos como el empresariado argentino o peruano, acá respetamos la ley”.

-En términos religiosos, ¿les funciona la culpa?

-Culpa colectiva, jamás. Ellos están convencidos de que son un aporte al país, que dan trabajo, que generan riqueza y que mejoraron el bienestar del país.

-¿Por qué es necesario que los chilenos leamos este libro y sepamos cómo piensa la élite?

-En términos políticos es necesario porque el empresariado es un actor con poder y capacidad de veto a cualquier proceso de reforma. Hay que entender que, frente a cualquier conmoción social, hay que dialogar con ellos; si se quiere cambiar el modelo, hay que hacer algo con ellos. Por eso hay que conocerlos, diagnosticar sus ventajas y sus desventajas, identificar sus logros, sus talentos y sus déficits. Y también reconocer su astucia y capacidad de contraataque, y estar prevenidos frente a eso.

-Por lo menos no se ocultan…

-Aparecen mucho en la prensa, sabemos quiénes son, están en la esfera pública y algunos tienen Twitter. Si comparamos esta forma de ser con la élite argentina, la chilena es muy identificable, porque en mi país (Argentina) es muy complejo saber dónde están y además nadie se define a sí mismo como un grupo dirigente. Acá, en cambio, se muestran como líderes del empresariado con poder ilimitado.

-Es bien pesimista lo que arroja este estudio: frente a la cantidad de hitos que han sacudido al país no tienen un esquema diferente.

-Lamentablemente, no. Y tomando en serio su discursividad moral, en algún momento, pensé que podría haber un mayor aprendizaje y una autocrítica. De verdad lo esperaba, pero quizás fuimos algo ingenuos en eso. La pregunta era qué capacidad tienen de aprovechar estos procesos para renovar liderazgos y la respuesta fue: no hay capacidad, hay escasa reflexividad y lo que esperan es que el país siga igual.





* Publicado en El Mostrador, 24.03.23.

La Doctrina Monroe y el "patio trasero"




“América para los americanos” es la frase que resume una de las políticas exteriores más antiguas y emblemáticas de Estados Unidos, de la que se cumplen 200 años: la Doctrina Monroe.


Redacción BBC News Mundo


La expuso el 2 de diciembre de 1823 el presidente James Monroe (1817-1825) en un discurso ante el Congreso de EE.UU. En su mensaje, Monroe lanzó una advertencia a las potencias europeas para que se mantuvieran fuera del continente americano. Aquellos eran los años posteriores a las independencias que ganaron las naciones americanas frente a las monarquías de España, Francia o Portugal.

“Los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han asumido y mantienen, no deben ser considerados en adelante sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea”, dijo Monroe ante el Congreso de su país.

Pero más allá de verse como un gesto solidario hacia otros países de la región, la doctrina que expuso el mandatario derivó en una política expansionista y de protección de los intereses económicos estadounidenses en el Hemisferio Occidental (y también de sus socios británicos).

“El significado de la Doctrina Monroe ha variado constantemente desde que el presidente Monroe la enunció en su discurso al Congreso de 1823. Las discrepancias varían dependiendo de cómo individuos específicos han interpretado la doctrina en los últimos 200 años”, le explica a BBC Mundo el profesor Alex Bryne, un especialista en historia de EE.UU.

Y es que, en nombre de la Doctrina Monroe, en los últimos dos siglos ha habido numerosas intervenciones políticas, militares y económicas estadounidenses en América Latina, región que por ello llegó a ser considerada como el "patio trasero" de Washington.


Por qué surgió la doctrina

El discurso del presidente Monroe se dio pocos años después de que en Europa se formara la llamada Santa Alianza (1815) entre los imperios de Rusia, Austria y Prusia, que tenía como objetivo la defensa de las monarquías absolutistas y la lucha contra los movimientos revolucionarios.

En ese contexto, Gran Bretaña --que había asumido buena parte del comercio que las naciones independientes cortaron con el resto de Europa-- se alió con EE.UU. para evitar el retorno de otras potencias europeas al continente americano.

Monroe y su secretario de Estado, John Quincy Adams, formularon una política que establecía que EE.UU. asumía la defensa de la soberanía de América con el apoyo del poderío naval británico, del que carecía su país.

“Consideraríamos peligroso para nuestra paz y seguridad cualquier intento por su parte [de las potencias europeas] de extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio”, les dijo Monroe a los congresistas.

Advirtió que cualquier acción contra los países independientes de América “con el propósito de oprimirlos o controlar de cualquier otra manera su destino” por parte de cualquier potencia europea sería visto “como la manifestación de una disposición inamistosa hacia Estados Unidos”.

Para el profesor Alex Bryne, esta declaración “en su forma más pura” es una proclamación “en la que se afirma que Estados Unidos considerará cualquier nueva colonización de los subcontinentes americanos como una amenaza para sus intereses nacionales”.

Pero poner en práctica esta doctrina no era fácil, ya que en ese entonces Estados Unidos no era la potencia que conocemos hoy.

“EE.UU. llevaba años como país independiente (1776), pero era todavía un país débil, limitado a la costa este de su territorio", explica a BBC Mundo el historiador Veremundo Carrillo, especialista en relaciones panamericanas del Colegio de México.

El verdadero efecto de la Doctrina de Monroe, señalan los expertos, se vería décadas después en cómo esta fue interpretada e implementada, sobretodo a fines del siglo XIX y durante la mayor parte del XX.


Los inicios de la doctrina

Entre los países de América Latina, las palabras de Monroe fueron bienvenidas.

Las naciones independizadas buscaban el reconocimiento internacional y EE.UU. fue de los primeros países en dárselo. Por su parte, Reino Unido se convirtió en un “banco” que financiaba a las nuevas naciones americanas, lo cual le favoreció a Londres para acceder al rico comercio del continente.

El libertador Simón Bolívar declaró en 1824: “Inglaterra y Estados Unidos nos protegen”. De forma similar, el vicepresidente colombiano Francisco de Paula Santander aseguró que contarían con aliados “en caso de que su independencia y libertad fueran amenazadas por las potencias aliadas”. Chile y Argentina también expresaron su gratitud.

En México, el canciller Lucas Alamán buscaba que EE.UU. facilitara recursos de todo tipo “para el sostén de la independencia y de la libertad".

Pero la implementación inicial de la Doctrina Monroe no fue la que esperaban los gobiernos latinoamericanos.

La toma de las islas Malvinas/Falklands por parte de Reino Unido se produjo en 1833 sin intervención de EE.UU. Luego los británicos reforzaron su control sobre Belice, Jamaica y otros territorios del Caribe, también sin intervención estadounidense.

“Hubo varios momentos en los que se cuestionó la Doctrina Monroe, pero correspondía a los políticos estadounidenses determinar si realmente era válido el cuestionamiento”, señala Bryne. “Después de todo, la Doctrina Monroe no comprometía a Estados Unidos a ninguna acción”.


La doctrina expansionista

Fue el presidente James K. Polk (1945-1849) el que dio una primera reinterpretación a la doctrina “como una política de expansión de EE.UU.”, señala Carrillo.

Washington ejecutó la invasión de México, por la que este país fue obligado a ceder 55% de su territorio, en 1848. También ocupó en varios momentos República Dominicana y Panamá.

El caso de la intervención francesa en México (1862-1867), mediante la cual Napoleón III instauró un imperio efímero con el apoyo de los conservadores mexicanos, fue otra prueba de que el espíritu original de la Doctrina Monroe no era aplicado uniformemente. Estados Unidos no mostró mayor oposición. El hecho de que ese periodo coincidiera con la Guerra Civil estadounidense (1862-1865) limitó en gran medida el apoyo de Washington al gobierno liberal de Benito Juárez.

“Estados Unidos no tuvo poder para aplicar la doctrina durante la mayor parte del siglo XIX”, considera Bryne.

El presidente Rutherford B. Hayes (1877-1881) también hizo su propia interpretación de la Doctrina Monroe, cuando declaró a Centroamérica y el Caribe como región de influencia exclusiva de EE.UU. Por ese entonces ya era clave el control de Nicaragua y Panamá como pasos estratégicos para el comercio entre el Pacífico y el Atlántico.

En otro momento clave de su política expansionista, en 1898 Estados Unidos intervino a favor de las independencias de Cuba y Puerto Rico, colocando a las islas caribeñas bajo su tutela.


El “policía” de América

Estados Unidos también había mediado a fines del siglo XIX en el conflicto entre Venezuela y Reino Unido por la colonia británica de Guayana (actual Guyana). Y en 1903 Washington medió de nuevo para poner fin al bloqueo naval que los británicos impusieron a Venezuela por el pago de unas deudas.

Fue entonces cuando el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció un nuevo corolario para la Doctrina Monroe: EE.UU. podía intervenir en los asuntos internos de una nación latinoamericana si esta cometía faltas flagrantes.

En las décadas posteriores, ya con una fuerza militar y económica que lo convirtieron en potencia mundial, EE.UU. se erigía como “el policía americano con el pretexto de resguardar el continente”, señala Carrillo. Y Washington llevaría a cabo una treintena de intervenciones en los países de América Latina.

En las dos Guerras Mundiales, Estados Unidos ejerció un mayor control del continente para evitar la influencia de las potencias enemigas. Y durante la Guerra Fría, los diferentes presidentes de EE.UU. “invocaron el peligro comunista” para justificar sus numerosas intervenciones en América Latina.

“Se habla de muchas doctrinas: la Truman, la Kennedy, la Johnson. Pero desde una lectura más panorámica, todas son reinterpretaciones de la Doctrina Monroe”, considera Carrillo.


¿Sigue vigente?

¿Sigue la Doctrina Monroe vigente en la actualidad?

“Creo que la Doctrina Monroe no puede aplicarse hoy de la misma forma que en el pasado. El mensaje original de Monroe se enunciaba firmemente contra el colonialismo, lo que no es relevante en la actualidad”, considera Brynes.

“Personalmente creo que la Doctrina Monroe ya no tiene sentido, es un significante vacío al que se le han atribuido demasiados significados diferentes a lo largo del tiempo”.

Sin embargo, Carrillo considera que “la idea que dio origen a la Doctrina Monroe sigue vigente: EE.UU. sigue teniendo un papel preponderante respecto a sus vecinos”.

“Una de las paradojas que tiene EE.UU. es ser una república imperial, con valores del republicanismo democrático, que muchas veces ha actuado en función del imperialismo más clásico, con intereses meramente comerciales”, concluye.


¡Fuera! La Doctrina Monroe debe ser respetada - Caricatura política de Gillam de 1896 en la que el Tío Sam se encuentra con un rifle entre las figuras europeas escandalosamente vestidas y los representantes de Nicaragua y Venezuela vestidos con trajes nativos. Biblioteca del Congreso. – Wikimedia Commons.


* Publicado en BBC News Mundo, 05.12.23.

Propuesta constitucional desprotege aún más a la ciudadanía




Amnistía Internacional señaló que ha revisado de manera exhaustiva la nueva propuesta constitucional desde los estándares internacionales, resaltando que se trata de un texto que contiene muchas amenazas para el ejercicio de los derechos humanos.

“La nueva propuesta de constitución lamentablemente no garantiza que vayan a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas, tampoco asegura igualdad y está lejos de poner fin a los abusos que tanto daño hacen a la sociedad. Por el contrario, la desprotección que generaría es realmente alarmante”, menciona Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, en una declaración pública de la organización.

Asimismo, Amnistía Internacional, menciona en su declaración, que entre los aspectos valorables destaca la prohibición de la pena de muerte y de los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Indica que también es un avance que en la propuesta se establezca que las restricciones al derecho de reunión tendrían que ser por ley y no simplemente por disposiciones generales de policía como se señala en la constitución vigente. «No obstante hubiera sido deseable que garantizara el derecho a manifestarse, recogiendo así el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en estas materias«, señaló.

Por otra parte, si bien la organización revisó el texto completo, en este comunicado pondrá el foco en los siguientes temas: salud, pensiones, derechos laborales, derecho al agua y derechos sexuales y reproductivos. Estos temas fueron relevados básicamente, según indicó, porque coinciden de manera más directa con las demandas ciudadanas y por la relevancia que tienen desde la perspectiva de los derechos humanos.


Salud

Si bien es positivo que la actual propuesta incluya el concepto “integral” en la norma, es muy riesgoso que incorpore de manera explícita la libertad de elección entre entidades del Estado (FONASA) y privadas (ISAPRE's) y sin incluir una norma tajante que impida a estas últimas discriminar tal como lo han hecho hasta ahora.

“El nuevo texto constitucional no se hizo cargo de las vulneraciones que ha provocado el sistema actual de salud, por el contrario, petrifica un modelo injusto que excluye a ciertas personas, por ejemplo, a quienes tienen preexistencia médica, no pueden pagar el alza de los planes de salud y a quienes se les consideran “de alto riesgo” por ser personas mayores. Con la propuesta constitucional “el sálvese quien pueda” se legitima, lo cual es tremendamente cruel”, menciona Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Chile es parte de diversas convenciones internacionales de derechos humanos que exigen al Estado que fiscalice y resguarde la prestación del servicio de salud, para esto debe establecer medidas que regulen y supervisen que terceros interfieran en el derecho a la salud. Este mandato queda totalmente desdibujado en la propuesta de nueva constitución.


Seguridad social (pensiones)

La nueva propuesta se limita a constitucionalizar la existencia de prestadores que administren cotizaciones previsionales (AFP) y la libertad de elección, es decir, “el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada, que los administre e invierta”, sin obligar a estas entidades a cumplir sus funciones libre de discriminación.

“El sistema de capitalización individual en los términos establecidos en Chile genera una insuficiencia de recursos que afectan principalmente a mujeres, personas con menos ingresos, con trabajos informales y con lagunas previsionales. Sin duda, la propuesta constitucional perpetúa un modelo de pensiones que ha mostrado ser ineficiente, discriminador y además, tal como está estipulado, no da espacio para introducir cambios”, menciona Rodrigo Bustos.

Junto a lo anterior, pone en riesgo la implementación de importantes leyes, como la denominada “Papito Corazón”, pues prohíbe estrictamente que las cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados sean expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno.


Derechos de los/las trabajadores/as

La nueva propuesta constitucional reconoce que el trabajo debe ser “decente”, pero lo enmarca exclusivamente dentro de una relación laboral, por lo tanto, excluye a trabajadores/as informales, quienes mayoritariamente se han desenvuelto en espacios de vulnerabilidad. Esto implica una transgresión al artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a la Organización Internacional del Trabajo que establece que no debiera haber un nivel más bajo de aplicación de las normas de trabajo fundamentales para los trabajadores informales.

“Es lamentable que el nuevo texto constitucional ignore la desprotección que viven las personas que trabajan de manera informal y las deje fuera de un marco regulatorio clave de garantías de sus derechos”, añade Rodrigo Bustos.

Otro punto que ha generado controversia es lo relativo al derecho a la huelga, dado que la propuesta constitucional circunscribe esto sólo en el marco de la negociación colectiva, la cual se da cada dos o tres años aproximadamente. Esto constituye una barrera importante para ejercer algún tipo de presión por parte de los/as trabajadores/as, lo cual va totalmente en contra de lo que exige el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


Derecho al Agua y medioambiente

La nueva propuesta constitucional establece el derecho al acceso al agua y al saneamiento, y dispone que es deber del Estado garantizarlo a las generaciones actuales y futuras. Este enunciado supone un avance, aunque luego el texto plantea aspectos que son realmente preocupantes y pueden generar interpretaciones dañinas para el medio ambiente.

El texto expresa que “es deber del Estado promover la seguridad hídrica acorde con criterios de sustentabilidad”. Sin embargo, la definición de “sustentabilidad” puede entenderse como desvinculada y en oposición a la idea de “desarrollo”. No se especifica a qué tipo de desarrollo se refiere, lo cual podría interpretarse como “desarrollo de ciertas personas y sus propios intereses”.

“Es una mala señal que la propuesta constitucional aborde la sustentabilidad y el desarrollo como conceptos antagónicos e incluso excluyentes. Mientras los movimientos sociales y las comunidades han sido tajantes en advertir sobre los efectos del cambio climático y la escasez de agua, la propuesta constitucional no prioriza esta crisis de derechos humanos y solo plantea que la protección del medio ambiente deberá ser ponderada en virtud del desarrollo”, menciona Rodrigo Bustos.

Además, la nueva propuesta privatiza los bienes comunes naturales o bienes nacionales de uso público, permitiendo que sean transados en mercados. También establece el reconocimiento de propiedad sobre derechos de aprovechamiento de las aguas y concesiones mineras. Es decir, considerará los bienes naturales como productos en un sistema de mercado con todas las facultades que eso supone (uso, goce y disposición, transmisión y transferencia).

Un posible avance en torno al derecho al acceso al agua queda entregado a la voluntad de los dueños de los derechos de aprovechamiento de agua, los cuales están blindados con todas las garantías del derecho a la propiedad. Esto perpetúa el problema de acceso al agua que han experimentado, por ejemplo, comunas como Petorca.


Derechos sexuales y reproductivos

De manera específica la nueva propuesta constitucional establece el derecho a la vida de “quien está por nacer” en lugar del “que está por nacer”. La palabra “quien” puede significar una merma en el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al abrir espacio para que la ley actual de aborto en tres causales sea declarada inconstitucional. Además, impide avanzar a otras formas de regulación del aborto más amplio. Por cierto, esta norma podría afectar la entrega de métodos anticonceptivos y tecnologías reproductivas como la fertilización in vitro.

Esta situación se agrava dado que la norma sobre objeción de conciencia no introduce ningún tipo de limitación y podría entenderse que incluye a las instituciones. “La objeción de conciencia es el derecho que tiene una persona, jamás una institución, a no cumplir una determinada ley por aspectos relacionados con su religión o su modo de pensar. Los Estados deben regular la objeción de conciencia de tal modo que se asegure que nadie vea vulnerado su derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva”, añade Rodrigo Bustos.


Políticas tributarias y recaudación de menos recursos para derechos sociales

Amnistía Internacional advierte además que para proteger y garantizar los derechos humanos, en particular los derechos sociales, se necesitan recursos, y esto se ve en riesgo si Chile recauda menos recursos de contribuciones y otros impuestos como lo plantea el texto que se plebiscitará en diciembre.

La propuesta constitucional exime de pagos de contribuciones a los inmuebles que constituyan la vivienda principal del propietario, lo cual parece ser un aspecto positivo para algunas personas, pero tiene dos problemas de fondo: beneficia principalmente a las personas con mayores recursos económicos e implica una considerable disminución de recaudación tributaria que permite financiar derechos sociales, especialmente para las personas con menores ingresos.

Por cierto, la disminución de ingreso en arcas fiscales es perjudicial para el Fondo Común Municipal. Esta política financia a más de 200 municipalidades, especialmente las más pobres, las que verían reducidos sus recursos de forma extrema. Esto acarrea consecuencias negativas para las personas de esas comunas y también para el balance macroeconómico del país.

Además, la nueva propuesta constitucionaliza la posibilidad de deducir gastos “objetivamente necesarios para la vida” de la base imponible sobre la que se aplica el impuesto a la renta. Esta norma beneficiaría a las personas con mayores ingresos pues son las que por su alta renta pagan este impuesto. Ello puede acarrear una considerable disminución de recaudación de recursos que dificulten la satisfacción de derechos sociales.

El Derecho Internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a procurar hasta el máximo los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos y sociales. La política fiscal debe permitir entonces que haya recursos suficientes para garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud, vivienda, alimentación, y como mecanismo para reducir la desigualdad. Las normas que se establecen en la propuesta constitucional afectarían el cumplimiento de esta obligación.

Amnistía Internacional, señala, que tiene la responsabilidad de advertir sobre los peligros que presenta el texto constitucional desde la perspectiva de los derechos humanos. “Tenemos el convencimiento de que Chile tiene que avanzar hacia mayor dignidad para todas las personas. El voto informado es una responsabilidad que debemos asumir porque una constitución sienta las bases de un modelo de sociedad que vamos a tener por un periodo largo y sin duda repercute en la vida cotidiana”, concluye Rodrigo Bustos.



* Publicado en Amnistía Internacional (Chile), 23.11.23.

Patriotic Millonaires (Reino Unido) piden que les cobren más impuestos




Los mensajes proyectados en el Tesoro y el Banco de Inglaterra resaltaron el hecho de que un impuesto del 2% sobre aquellos con más de £10 millones podría recaudar £22 mil millones al año, o £423 millones a la semana. Esto podría cubrir el costo salarial promedio de más de 600.000 enfermeras al año, más de tres cuartas partes de la fuerza laboral de enfermería del Reino Unido.

Este enorme potencial de recaudación de ingresos se produce cuando se rumorea que el Canciller [Rishi Sunak] está considerando alternativas que reducirían los ingresos disponibles para las prioridades nacionales o beneficiarían al 4 por ciento más rico mediante la reducción del impuesto a la herencia.

Patriotic Millionaires UK (PMUK), una organización de millonarios que quieren ver una mayor inversión en Gran Bretaña, está pidiendo aumentos de impuestos para los súper ricos y ha proyectado estos mensajes en el Tesoro para recordar a la Canciller el amplio apoyo a esta política tanto por parte del público y las personas más ricas del Reino Unido.

Una encuesta de YouGov encontró que tres cuartas partes de los británicos apoyan un impuesto al patrimonio. Mientras tanto, a principios de este año, en nombre de PMUK, Survation encuestó a aquellos con activos invertibles de £1 millón o más sobre sus actitudes hacia la economía, la riqueza extrema y la política fiscal. Esto representa el 6 por ciento superior de la población del Reino Unido. La encuesta encontró:

- El 68% del 6% más rico de la población del Reino Unido encuestado apoya la introducción de un impuesto del 2 por ciento para aquellos con más de £10 millones.

- En todo el espectro político, la mayoría de los votantes encuestados de todos los partidos políticos apoyaron la introducción de dicho impuesto, con el nivel más bajo de apoyo de los votantes conservadores con un 51%.

- Una subsección de los encuestados incluía individuos con más de £10 millones en activos, y un sorprendente 66 por ciento de este grupo apoyaba la introducción de un impuesto sobre el patrimonio para ellos mismos.

Además, una encuesta publicada por Tax Justice, realizada por Opinium Research, muestra que tres de cada cinco británicos creen que cerrar las lagunas fiscales debería ser una prioridad. Cifra que asciende a casi tres de cada cuatro de los que votaron por los conservadores en las elecciones generales de 2019. Además, sólo 1 de cada 4 piensa que recortar impuestos, más que gastar en servicios públicos, debería ser una prioridad para la Cancillería.

En medio de los rumores sobre la agenda de reducción de impuestos del Canciller en la Declaración de Otoño, Phil White de Patriotic Millionaires UK dijo:
“Todo el país sabe que necesitamos una importante inyección de capital para volver a encarrilarnos. Tenemos un potencial de 423 millones de libras esterlinas a la semana, que actualmente no figura en los ingresos por inversiones nacionales, porque no gravamos la riqueza extrema. ¿Seguramente la gente del Reino Unido merece más? Para una Gran Bretaña mejor, nuestro Gobierno debería dar prioridad a gravar a aquellos de nosotros que más podemos permitírnoslo”
En respuesta a la idea de que recortar los impuestos a la herencia podría aparecer en la Declaración de Otoño, el Sr. White añadió:
“Dar prioridad a la reducción de impuestos, especialmente para los más ricos, es una decisión deprimente por parte de este Canciller sobre la reforma fiscal. En lugar de eso, podemos aumentar la inversión en Gran Bretaña y aliviar la presión sobre los trabajadores gravando a los súper ricos
Rachael Henry, de Tax Justice UK , afirmó:
“Hace mucho que debería haberse cobrado impuestos a quienes tienen una riqueza extrema y se han cerrado las lagunas que les permiten reducir aún más sus impuestos. Nuestro análisis en Tax Justice UK muestra que cerrar sólo cinco lagunas fiscales injustas, que benefician a personas ricas y empresas multinacionales, podría recaudar más de £7 mil millones al año para servicios públicos vitales. Y eso incluso antes de introducir políticas muy necesarias, como un impuesto al patrimonio”.




* Publicado en la web de Patriotic Millonaires UK, 21.11.23.

Propuesta constitucional es económica y socialmente inservible




La nueva propuesta constitucional es una defensa del modelo de desarrollo existente y sigue el mismo camino de la Constitución de 1980, asegurando el sistema productivo primario, la apertura radical al mundo y de régimen de negocios para la salud, educación y previsión.


Roberto Pizarro H.


La propuesta constitucional que ha entregado la derecha a la sociedad chilena es inservible. Es una defensa del modelo económico y social instalado por la dictadura de Pinochet, que no se modificó durante el período de transición a la democracia. Y es ese modelo el que ha generado una gran brecha de desigualdades e injusticias, con una inédita concentración del ingreso y de la propiedad en el 1% de las personas más ricas de Chile.

El lamentable fracaso de la primera propuesta constitucional dio paso a una nueva propuesta que, en vez de tener origen en el pueblo, nació de un Parlamento, con escasa legitimidad en la ciudadanía, el que organizó un proceso que abrió camino para que la derecha, con una mayoría circunstancial, redactara un documento que en lo económico, social, político y cultural ensombrece el futuro de nuestro país.

La reciente propuesta constitucional, impulsada por la derecha, perpetúa el modelo neoliberal, caracterizado, en primer lugar, por políticas sociales focalizadas para enfrentar la pobreza, desechando políticas universales. Así, se construyó una muralla que divide social y territorialmente a las familias chilenas, al convertir a la salud, educación y previsión en negocios de mercado en vez de derechos universales.

Por otra parte, en el plano productivo el estricto accionar del libre mercado, con un Estado subsidiario (favorecido por la Constitución de 1980), concentró los frutos del crecimiento en las grandes empresas. La subsidiaridad y “neutralidad” del Estado cerró las puertas para que el sector público protegiera a las medianas y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, impidió que nuevas actividades económicas, con potencial a futuro, pudiesen ser impulsadas o promovidas por el Estado. Ese Estado frágil tampoco ha tenido la capacidad para frenar la concertación de precios del empresariado, con dolorosos costos para las familias más pobres.

Finalmente, junto al Estado subsidiario, la decisión de abrir radicalmente la economía al mundo, sin regulación alguna, cerró las puertas a la diversificación productiva y, sobre todo, provocó la quiebra de líneas de producción que tradicionalmente abastecían el mercado nacional.

La apertura económica al mundo para una economía pequeña, como la chilena, es insoslayable; pero, la radicalidad adoptada en esa apertura ha sido un error. El bajo arancel del 6% (parejo para todos los bienes), se redujo a 0%, con una gran cantidad de Tratados de Libre Comercio (TLC), lo que afectó líneas de producción que podrían haberse conservado o potenciado con un Estado más inteligente que las protegiera de la apertura comercial.

Al mismo tiempo, la política pública de “neutralidad”, tampoco le ha permitido al Estado orientar las inversiones provenientes del exterior en favor de sectores manufactureros y más bien se han dirigidos a los sectores de mayores ventajas comparativas, los productores de recursos naturales.

El sistema económico se concentró entonces en la producción-exportación de recursos naturales: cobre, agricultura primaria y pesca. Se expandieron, al mismo tiempo, la banca, el comercio y los servicios, muy ligados a esas actividades primarias. Así las cosas, la industria manufacturera -los procesos de transformación- se han reducido a una mínima expresión.

En consecuencia, no es casual que la oferta de trabajo se vea reducida, con salarios bajos y una creciente economía informal, la que, además, potencia vínculos con la delincuencia. No obstante, un grupo relativamente reducido de economistas, abogados e ingenieros de alta calificación obtienen elevados salarios en empresas y consultoras ligadas al gran empresariado.

Con esa base económica limitada, el interés por el desarrollo tecnológico es escaso y la productividad se mantiene estancada por más de una década. Ello también afecta el sistema educacional, porque no existe motivación por extender su calidad al conjunto de los jóvenes. En efecto, al gran capital y los sectores económicos que controla le resulta suficiente el contingente de estudiantes que surgen de las escuelas privadas, que se profesionalizan en las mejores universidades y que luego se especializan en universidades norteamericanas.

En estas condiciones, junto a las desigualdades sociales, el dinámico crecimiento de los años noventa se ha visto seriamente afectado en los últimos años.


La nueva propuesta constitucional

La nueva propuesta constitucional es una defensa del modelo de desarrollo existente y sigue el mismo camino de la Constitución de 1980, asegurando el sistema productivo primario, la apertura radical al mundo y de régimen de negocios para la salud, educación y previsión.

En efecto, en el plano social defiende la segregación en materia de salud, educación y previsión. Es decir, se constitucionalizan las desigualdades, con la capitalización individual, la imposibilidad de crear un sistema integrado de salud y la permanencia de la desigualdad en el sistema educativo.
En el plano productivo, se mantiene el Estado subsidiario y la concepción de “neutralidad”, lo que impide el despliegue de políticas públicas que favorezcan a pequeñas y medianas empresas y también impide al Estado crear empresas públicas o apoyar iniciativas privadas que sean de interés público.

Y, no hay cambios en la política comercial de apertura indiscriminada, la que apoyada en un Estado subsidiario, seguirá promoviendo un tipo de crecimiento basado en la explotación de recursos naturales, sin avances hacia su manufacturación.

Así las cosas, se perpetuará la crisis económica y social que vive nuestro país, lo que conducirá inevitablemente a nuevos movimientos sociales como los vividos en octubre de 2019.

Nuestro país demanda urgentes cambios para terminar con las desigualdades y promover el crecimiento económico. Ello exige un nuevo modelo de desarrollo que, junto con asegurar derechos sociales fundamentales y distribuir poder, logre crear riqueza en forma sostenida y así asegurar en el largo plazo dichos derechos. Para ello la actual propuesta constitucional no sirve. El país necesita:

En primer lugar, terminar con el Estado subsidiario y contar un Estado activo, emprendedor, que deje de lado la neutralidad y que tenga la capacidad para desplegar alianzas con el sector privado y/o participar directamente en impulsar actividades productivas. El Estado también debe tener la fortaleza suficiente para regular la concertación de precios que se presenta en los mercados.

En segundo lugar, para superar el carácter extractivo de nuestra matriz productiva y exportadora, junto con un Estado emprendedor se necesita replantear la estrategia comercial seguida en las últimas décadas. Una política comercial, con una nueva estrategia de desarrollo no es que deba terminar con la apertura al mundo, porque una economía pequeña necesita de los mercados externos. Pero, al igual que en el mercado interno, los movimientos de bienes, servicios y de capitales deben regularse, en favor de las prioridades productivas y sociales que se ha propuesto la nueva estrategia de desarrollo.

A ello debe agregarse la urgente necesidad del Estado en fomentar y financiar el desarrollo tecnológico para apoyar la transformación productiva. Ello es relevante para todas las actividades y especialmente en lo que se refiere a las industrias verdes y digitales.

Finalmente, es preciso terminar con la focalización y garantizar derechos sociales en educación, previsión, salud, vivienda, junto a la construcción de un sistema nacional de cuidados. Para ello es imprescindible implementar políticas sociales universales. Es lo que hará posible avanzar hacia un Estado social de derecho, terminando así con el negocio de mercado en la salud, educación y previsión

Empleo formal, salarios dignos y políticas sociales universales son las que nos conectan con una sociedad integradora. Es lo que permitirá derrumbar la muralla que divide a las familias chilenas y construir una nación para todas y todos.

La nueva propuesta constitucional hace crecer la muralla divisoria en la salud, educación y previsión, entre hombres y mujeres, entre trabajadores y dueños del capital, entre pequeñas y grandes empresas, entre las regiones y Santiago. Al mismo tiempo, consolida el sistema productivo depredador de los recursos naturales, impide el avance de la industria, el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la productividad.

Por tanto, la propuesta constitucional es inservible, porque no ayudará a reimpulsar la economía y tampoco servirá para reducir las brechas sociales.



* Publicado en Politika, 15.11.23.

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