Soldados israelíes montan guardia mientras los partidarios de los asentamientos israelíes en Cisjordania se reúnen después de una marcha durante la Pascua Judía, en el puesto de avanzada de Eviatar, en Cisjordania ocupada, el 10 de abril de 2023.
© Ariel Schalit / AP
En la última década, los movimientos de colonos israelíes han apostado a una nueva estrategia para incrementar el control de tierras en Cisjordania ocupada: la instalación de campamentos o puestos precarios, que se suman a los asentamientos y que están regidos por pastores de ovejas que logran dominar una mayor porción de territorio. Para garantizar su éxito se apoyan en el uso de la violencia contra las poblaciones palestinas, para lo que cuentan con el apoyo –explícito o tácito– de las autoridades israelíes.
Janira Gómez y Federico Cué
En febrero de 2021, Ze'ev Hever, líder del movimiento de asentamientos "Amana", brindó un inusual discurso público durante una conferencia de su grupo, en la que elogió la nueva estrategia de los colonos israelíes para expandir su dominio en Cisjordania ocupada:
"La construcción ocupa poco terreno, debido a las consideraciones económicas del desarrollo de edificios, que es costoso, y así hemos llegado a 100 kilómetros cuadrados después de poco más de cincuenta años. En cambio, con las granjas de pastores, en los últimos tres años nos hemos aventurado en una gran extensión; cubren un área casi el doble de grande que el área construida de los asentamientos".
Una declaración sin tapujos, verificada en terreno por la ONG israelí Kerem Navot. En su informe "The Wild West", publicado en mayo de 2022, llegó a documentar la existencia de 77 colonias agrícolas en Cisjordania (en adelante, outposts, puestos de avanzada o campamentos como sinónimos), la mayoría establecidas durante la última década –y todas ilegales bajo el derecho internacional e inclusive para la propia legislación israelí–.
Granjas y puestos de avanzada israelíes instalados por año en Cisjordania ocupada. © France 24
Solo estas instalaciones –que se suman a los asentamientos israelíes (es decir, desde micro-urbanizaciones a comunidades valladas con alta seguridad y con edificaciones y recursos básicos como agua, electricidad o redes telefónicas)– controlan unas 60.000 hectáreas de territorio, poco menos de un 7% del total del Área C, la porción de Cisjordania que está bajo control administrativo y de seguridad de Israel.
Y la tendencia de su proliferación va en gran aumento, sobre todo tras la asunción en diciembre del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, formado por partidos de extrema derecha, nacionalistas y ultrarreligiosos.
Arik Ascherman, rabino y activista de derechos humanos, asegura a France 24 que "la política no escrita pero muy real de Israel es que miles de palestinos pueden ser expulsados de Cisjordania, ser forzados a dejar el Área C e instalarse en las zonas urbanas de las Áreas A y B", en referencia a los sectores bajo control administrativo de la Autoridad Palestina.
Y es que el precio lo pagan los palestinos, desprotegidos frente a una expansión ilegal israelí conseguida mediante coerción, violencia y en complicidad con las fuerzas de Israel. Ascherman cuenta por "cientos" los casos que ha documentado de agresiones de colonos contra palestinos, que observan "que la Policía y el Ejército solo miran cuando los colonos entran, golpean a la gente, destruyen sus tractores, pinchan sus contenedores de agua, cortan o queman árboles".
Situaciones a las que el también director de la ONG Torat Tzedek ("la Torá de la Justicia") agrega que "colonos o el Ejército les impiden entrar a sus tierras de pastoreo" o hay veces que "llamamos a la policía y no viene; o hay gente presenta quejas y nunca pasa nada".
Este panorama se entiende con un ejemplo a gran escala, que ocurrió en cuestión de días después de un ataque palestino en una gasolinera del área de Ramallah (esto fue el 20 de junio, y causó la muerte de cuatro israelíes); y luego de una nueva y mortífera redada israelí en Jenin (que dejó siete palestinos muertos).
Esa semana, la coalición de Netanyahu aprobó 5.400 nuevas viviendas en asentamientos –para llegar a casi 13.000 en 2023, un récord anual desde que la ONG Peace Now inició su registro en 2012–, pero además colonos atacaron de forma violenta decenas de aldeas palestinas devolviendo al vocabulario común la palabra "pogromo" e instalaron más campamentos precarios en varios puntos del territorio palestino ocupado.
Viviendas aprobadas en asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada entre 2012 y 2023. © France 24
Enmascarada detrás de una represalia por el ataque palestino, esta combinación de medidas gubernamentales más violencia civil de los colonos sin ningún castigo exhibe la complicidad entre ambos actores, que juntos contribuyen a la expansión de la ocupación israelí y al desplazamiento forzado de las comunidades palestinas. A veces en menor escala y sin tanto eco mediático, pero de forma cotidiana en Cisjordania ocupada.
En dos días, más puestos de avanzada, con el apoyo tácito del Gobierno
El 29 de junio pasado, la ONG israelí Peace Now denunció que, de la noche a la mañana del 21 de junio, colonos israelíes instalaron seis nuevos puestos de avanzada en Cisjordania ocupada, con "tiendas de campaña y estructuras temporales", cerca de asentamientos ya establecidos.
Mientras todos los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados son ilegales de acuerdo al derecho internacional, estos "campamentos precarios" (conocidos en inglés como outposts) son erigidos sin permisos ni autorizaciones, por lo que Israel también los considera ilegales. Sin embargo, como señala Peace Now, estos últimos sí se instalaron con conocimiento de las autoridades.
Aunque tres de los seis puestos fueron removidos días después por el Ejército israelí (y un cuarto fue posiblemente abandonado, según la organización), los dos restantes –en las afueras de los asentamientos de Immanuel y Tko'a–, se mantuvieron en pie.
Además, el Gobierno israelí intervino en favor de otros dos "campamentos". Por un lado, bajo protección de fuerzas israelíes y el apoyo explícito del ministro de Seguridad, el extremista Itamar Ben-Gvir, varias familias reocuparon el 21 de junio el puesto ilegal de Evyatar, fundado hace una década y evacuado en distintas ocasiones, la última a inicios de este 2023.
Por el otro, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich –él mismo un colono y con cada vez más poder en el órgano militar que regula la vida en el Área C de Cisjordania ocupada–, actuó contra el pedido de la fiscal general israelí para desarmar otro puesto ilegal, el de Hamor, también instalado después del ataque palestino contra una gasolinera que dejó cuatro colonos muertos. Finalmente, la Corte Distrital de Jerusalén congeló el desalojo de este campamento, montado en tierras pertenecientes a las aldeas palestinas de Luban al-Sharqiya y Sinjil.
Con su Administración de Asentamientos –que desde junio fue premiada con el control total del planeamiento de las colonias–, Smotrich ha causado, además, una caída abrupta en la demolición de edificios construidos sin permiso por israelíes en Cisjordania ocupada, de un promedio de 25 por mes a 2 por mes desde la asunción del Gobierno en diciembre de 2022. Esto mientras la destrucción de edificaciones palestinas se ha disparado.
Todas estas medidas, y otras tantas que resulta difícil abarcar, son muestras de cómo el Gobierno de Netanyahu, el establecimiento militar y el liderazgo de los colonos comparten una agenda hacia una creciente anexión de facto de los Territorios Palestinos Ocupados.
Una agenda anexionista que aparece, de nuevo sin tapujos, en los acuerdos de coalición firmados por los partidos que devolvieron al poder a Netanyahu.
El cerco de los asentamientos ahoga a las comunidades beduinas
Entre las comunidades palestinas más vulnerables y en la mira están las aldeas beduinas repartidas en el Área C de Cisjordania ocupada, sobre todo aquellas instaladas en el Valle del Jordán. Sus habitantes son mayormente pastores o agricultores y viven rodeados de asentamientos y puestos de avanzada israelíes.
Ascherman explica a este medio que hay "una cadena" de estos establecimientos "a lo largo del Valle del Jordán" y que "ahora los movimientos son para tomar todo lo que está entre medio, sacar a todos los palestinos de la zona y quedarse con todo".
En términos territoriales, el Valle del Jordán constituye el 25% del total de la superficie de Cisjordania y, aunque se estima que 53.000 palestinos viven allí, el 92% se concentra en el 5% del valle, en Áreas A y B (el 95% restante es Área C, en la que Israel no permite las construcciones palestinas).
Las comunidades beduinas y de pastores contabilizan apenas 4.400 habitantes y luchan por sobrevivir entre las restricciones de las fuerzas israelíes, las demoliciones de sus viviendas y medios de vida, las agresiones de colonos y las dificultades económicas. Algo que, en ocasiones, se vuelve insostenible.
"Cuando un pastor no puede subsistir en su actividad –ya sea financieramente, por la violencia o todo lo demás–, algunos deciden llevarse sus rebaños a las Áreas A y B. Así, sin disparar un tiro ni presentar una orden de desalojo, la política no escrita de Israel ha sido cumplida", denuncia Ascherman.
El caso concreto de Ein Samiya: 178 personas forzadas a desplazarse
A finales de mayo, los residentes de la comunidad palestina de Ein Samiya, en el área de Ramallah, se vieron forzados a abandonar las tierras en las que vivieron durante cuarenta años, a raíz de los constantes ataques de colonos israelíes, amparados por el Ejército, así como las demoliciones de sus estructuras y las repetidas restricciones de las autoridades en el ingreso a sus terrenos.
En total, 178 personas, pertenecientes a un clan familiar de beduinos, se han tenido que dispersar entre las colinas de la zona y ven amenazada su subsistencia como ganaderos y agricultores, al no contar con el acceso a las tierras y al agua que nacía del manantial ubicado allí.
Abu Najeh Ka'abneh, el líder de la comunidad, detalla en este reportaje de France 24 que "desde hace cinco años, los colonos israelíes nos han estado acosando".
"Traían sus propias ovejas y no nos dejaban pastorear las nuestras –contaba en junio–. Teníamos un campo en el que plantábamos trigo, pero ellos iban y, o lo quemaban, o dejaban que sus ovejas comieran allí. Nuestros niños se sentían muy asustados porque casi cada noche, los colonos aparecían y tiraban piedras".
El punto de no retorno llegó luego de que un rebaño completo de ovejas de uno de los miembros de la comunidad fuera entregado por la policía a los colonos, que habían denunciado que esos animales les habían sido robados. Una sensación de desprotección, agudizada por agresiones nocturnas más fuertes, que llevaron a Abu Najeh a "la conclusión de que no podíamos esperar más".
Ahora, Abu Najeh y parte de su clan se han instalado en unas tierras cedidas por un agricultor, dentro del Área B de Cisjordania ocupada. Para montar sus campamentos, debieron mover piedras y crear un camino improvisado en una colina. Muchos de sus muebles y pertenencias están desperdigados por el suelo y las pocas ovejas que todavía mantienen, están encerradas en un corral.
En las montañas de alrededor, las tierras "son muy áridas, no hay nada para comer", por lo que deben pagar un transporte para traer heno (que cuesta casi 500 dólares por tonelada) y alimentar al rebaño. Todo esto supone un gasto adicional que les ha empujado a ir vendiendo poco a poco su ganado para sobrevivir.
El mismo sentimiento de incertidumbre invade a Arik Ascherman, que considera que "nada bueno puede salir de esto"; como activista expresa sus "serias dudas sobre si existe una voluntad en la comunidad internacional de poner presión sobre Israel" para que "haga lo mínimo para proteger a la gente" que está bajo su control.
"Soy una persona de fe, soy optimista a largo plazo, pero en el corto plazo no veo ninguna causa para ser optimistas. Nos estamos metiendo cada vez más en las sombras", sentencia.
* Publicado en France 24, 21.07.23.
