Familias y colegios: determinantes para acceder a la élite

La probabilidad de llegar a la cima empresarial en Chile e ingresar al grupo del 0,1% más rico depende en gran medida de asistir a una universidad de la élite y aún más el haber ido a uno de 8 colegios privados top.

Iván Weissman

El debate sobre la desigualdad y la ausencia de una real meritocracia, se tomó la agenda en Chile hace ya cinco años.

El modelo que generó el mayor crecimiento promedio de un país emergente de los últimos 30 años y que dejó al país a las puertas del desarrollo (medido como PIB per cápita) no ha podido lograr que Chile salga de la lista de uno de los países más desiguales.

El modelo efectivamente sacó a millones de la pobreza material, pero llegar a la cima en Chile aún depende de la cuna.

Así lo revela un estudio publicado esta semana en el prestigioso National Bureau of Económic Researc (NBER) por Seth Zimmerman, economista de Yale y profesor de la Facultad de negocios de la Universidad de Chicago, en que queda al desnudo el mito de la meritocracia en nuestro país.

El “paper” muestra de manera contundente que en Chile, asistir a una universidad de élite aumenta las probabilidades de una persona de ascender a puestos de alta dirección en las grandes empresas e ingresar al grupo del 0.1% más rico, pero sólo si también asistió a una de ocho colegios privados exclusivos antes de la universidad.

En otras palabras, una educación de élite sólo sirve para amplificar unos orígenes en la élite. El estudio reconoce que las personas procedentes de entornos desfavorecidos se benefician al recibir una buena educación, pero por regla general en Chile no ascienden tan alto como sus homólogos privilegiados.

Lo que revela el estudio es importante, porque vendría a confirmar la percepción de la élite como una comunidad cerrada, endogámica, basada en la procedencia y las conexiones por encima de la educación y los logros. No se puede entrar en la élite ni siendo inteligente ni habiendo ido a las mejores escuelas, a menos que ya se sea parte de ella por su origen social y familiar, lo que contraría el principio meritocrático del ideal capitalista, al menos en los textos.

Zimmerman ya había publicado parte de esta investigación hace tres años. El nuevo estudio complementa y potencia la primera versión del estudio.

¿Cómo entrar al 1%?

La investigación específicamente muestra que ingresar a Derecho, Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil en la U. de Chile o Pontificia Universidad Católica mejora notablemente las chances de llegar a la elite empresarial y económica. Esa probabilidad se dispara aún más si también esos gerentes y directores de empresas fueron alumnos del St. George, The Grange School, El Verbo Divino, Colegio Manquehue, Tabancura, San Ignacio y el colegio Craighouse.

Zimmerman afirma que para quienes provienen de los colegios restantes, incluyendo el Instituto Nacional, ingresar a las carreras universitarias anteriores no afecta las chances de terminar en los directorios o cargos gerenciales de las empresas más grandes de Chile listadas en bolsa.

En 2013, en una columna que publicó en La Tercera, el economista Eduardo Engel se refirió al primer estudio de Zimmerman, y en este destaca que lo que confirma Zimmerman es que son las redes que construyen los estudiantes que provienen de colegios privados de élite durante sus años universitarios las que explican por qué su paso por la universidad hace más probable que terminen formando parte de la élite empresarial.

Engel cita el hecho que la investigación del profesor de Chicago reveló que “dos egresados del mismo año de la misma carrera terminan en posiciones de liderazgo en la misma empresa a que dos egresados de distintas carreras y el mismo año o dos egresados de la misma carrera pero en años distintos terminen dirigiendo la misma empresa. La probabilidad en el primer caso es el doble que en los restantes”.

Las cifras a las que llega la investigación de Zimmerman son contundentes: titularse de una de las tres carreras mencionadas de una de las universidades de la élite (U. de Chile y PUC) aumenta en 50% el número de esos alumnos de terminar en un alto cargo ejecutivo o en el directorio y en 45% el de pertenecer al 0,1% más rico de Chile. Si a eso se suma ir a esos ocho colegios mencionados los números son aún más dramáticos y se desploman a casi a cero para estudiantes de “backgrounds” no privilegiados y otros colegios.

Para su estudio Zimmerman tuvo acceso a datos entre 1980 y 2013 del censo, el DEMRE y el Servicio de Impuestos Internos. El foco de su investigación era estimar el efecto de atender a una universidad de la élite y colegio privilegiado en la probabilidad de que estas personas logren llegar a la cima del mundo empresarial y económico de Chile.

Usando esos datos el estudio muestra que mirando a cifras de entre 2005 y 2013, el 1,8% de los estudiantes que ingresaron a Derecho, Ingeniería o Administración de Empresa/Economía en la PUC o la U. de Chile acaparan el 41% de las gerencias y directorios de las mayores empresas del país y el 38% del 0,1% más rico de Chile y el 45% del 0.01% con mayores ingresos.

Para esos estudiantes la probabilidad de entrar al top 0,1% de los que tienen mayores ingresos es 45% superior al resto de los estudiantes.

Uno de los objetivos de su investigación era determinar el rol de instituciones de educación en países donde la desigualdad es muy alta, como es el caso de Chile. Las cifras que usa el economista de Yale es que el top 10% en Chile acapara el 41% de los ingresos, comparado con sólo el 30,2% en EE.UU. y 25,6% en Polonia. Pero cita otros datos para sugerir que el porcentaje en Chile podría llegar al 55% si se incluye ingresos por renta financiera. Y ahí el 1% acapara el 23% de todos los ingresos del país y el 0,1% se queda con el 11%.

El estudio revela que los ingresos anuales mínimos para entrar al top 0,1% en 2013 eran de US$ 340,000. El promedio alcanzaba a US$ 550,000 y para el 0.01% era alrededor de US$ 1.4 millones.

Los ingresos promedios de los egresados de esas tres carreras de la PUC y la U. de Chile es de US$ 79,000 al año.

Zimmerman dice que lo revelado en su investigación tiene implicancias para poder entender mejor el rol de la educación en generar movilidad social y económica en una sociedad. Hasta ahora hay evidencia contundente que en general el acceso a la educación superior ayuda a mejorar los ingresos, y en particular para estudiantes de estratos socioeconómicos bajos, pero lo que muestra el ejemplo de Chile es que para llegar a la cima hay otros factores determinantes, entre ellos venir de un colegio/familia de la élite.

Eso sí, a pesar de la contundencia de las cifras, el informe destaca que los vínculos sociales en Chile juegan un rol menos relevante que en el resto de las economías de la región.

* Publicado en El Mostrador, 10.12.06.

Lecciones de la codeterminación en empresas alemanas

Alfonso Mora y Cristóbal Otero

Antes de discutir el caso alemán, es necesario explicar cómo funcionan los gobiernos corporativos en ese país. A diferencia de Chile, Estados Unidos y el Reino Unido, en Alemania y en múltiples países europeos y asiáticos, los gobiernos corporativos de las empresas tienen dos niveles: el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión. Este modelo dual permite reflejar la visión de los stakeholders (es decir, de los empleados, proveedores, comunidades y accionistas) y en el caso alemán da espacio a la codeterminación[1].

El Consejo de Administración está liderado por el gerente general y considera solo a personas que trabajan dentro de la empresa (generalmente, el equipo ejecutivo). Su misión es llevar el día a día y representar a la empresa ante terceros. Por otro lado, el Consejo de Supervisión está compuesto por individuos que no están en posiciones ejecutivas en la compañía y sus atribuciones y formas varían de país a país. En Alemania, el número de miembros depende del tamaño de la empresa[2] y tiene como principales facultades:

1. Designar y remover a los miembros del Consejo de Administración (incluido a su Gerente General o CEO)[3].

2. Determinar las remuneraciones del Consejo de Administración[4].

3. Aprobar algunas decisiones del Consejo de Administración como, por ejemplo, ciertas fusiones y adquisiciones[5].

Lejos de ser un órgano ornamental o exclusivamente consultivo, en Alemania el Consejo de Supervisión cuenta con una de las formas más efectivas de influir en las decisiones estratégicas de las empresas, mediante la determinación, por ejemplo, de quiénes ejercerán su administración cotidiana[6]. En la práctica hoy los trabajadores tienen el derecho a determinar hasta el 50 por ciento de los miembros del Consejo de Supervisión en las empresas grandes[7]. ¿Cómo se llegó a esto?

Codeterminación en Alemania: Historia y normativa

Algunas fuentes sostienen que las primeras ideas de codeterminación fueron intelectualmente concebidas por el teólogo Franz von Baader en la década de 1830[8]. Aunque tuvo cierta relevancia en los intelectuales de la época, no fue hasta casi un siglo después, en noviembre de 1918, que se dio uno de los pasos más importantes para su aplicación práctica.

Recién había terminado la Primera Guerra Mundial, y con la abdicación del emperador Guillermo II se declaraba el nacimiento de la República Alemana de Weimar. El contexto de una economía en ruinas por la guerra, la presión de los sindicatos más importantes del país y la baja capacidad de negociación del capital, fueron las condiciones que le otorgaron a la codeterminación la primera de sus victorias: la suscripción de contratos colectivos entre sindicatos y federaciones empresariales[9].

Un año después de la suscripción de estos convenios, se dictó la “Ley de Comités de Empresa 1920”[10], estableciéndose que uno o dos representantes de los trabajadores ocuparían un espacio en el Consejo de Supervisión[11]. Por primera vez, los trabajadores tendrían, por mandato legal, el derecho a participar en la conformación del gobierno corporativo de las empresas. Sin embargo, esta normativa fue derogada en 1934, durante el primer año del gobierno conservador/nacionalsocialista liderado por Adolf Hitler. Desde entonces, y mientras el nazismo estuvo en el poder, no existieron en Alemania normas de codeterminación.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos en la República Federal Alemana se encontraron de nuevo en una situación de mayor poder relativo, a causa de la debacle moral en que se encontraban muchas de las empresas, especialmente las que habían apoyado el régimen nazi. Esto permitió que, tal como había ocurrido después de la Primera Guerra Mundial, se volvieran a suscribir convenios colectivos, estableciendo codeterminación en los Consejos de Supervisión en empresas del sector minero y metalúrgico. Al poco tiempo, se promulgó la “Ley de Codeterminación Minera”[12] que otorgó a los trabajadores en las grandes empresas del sector el derecho a elegir al 50% del Consejo de Supervisión[13].

Vemos que en Alemania se dieron dos condiciones para que la codeterminación se transformara en ley. Por un lado, el colapso del poder político y la debacle de la autoridad moral de los empresarios tras las dos guerras mundiales, lo que generó que la capacidad de negociación entre empleadores y trabajadores se tornara relativamente equivalente. Por otro lado, el movimiento obrero alemán se unificó con el objetivo de obtener una voz jurídicamente vinculante en la empresa[14].

La codeterminación dejó de estar limitada exclusivamente a empresas mineras en 1952, con la promulgación de la “Ley de Constitución de Comités de Empresa”[15]. Esta ley estableció que los trabajadores tenían derecho a nombrar a 1/3 de los miembros del Consejo de Supervisión en todas las sociedades anónimas, y en las sociedades de responsabilidad limitada con más de 500 trabajadores[16].

Desde entonces, pasaron más de dos décadas para que se volviera a legislar sobre codeterminación en Alemania. En 1976, se aprobó por amplia mayoría y con apoyo transversal[17] la “Ley de Codeterminación de 1976”[18], que estableció que los trabajadores pudieran nombrar el 50% de los miembros del Consejo de Supervisión en todas las empresas[19] con más de 2.000 empleados. Como contrapeso a estas medidas, se estableció que la presidencia del Consejo de Supervisión debía ser elegida entre aquellos miembros designados por los accionistas y, que de existir un empate en una votación del Consejo, la presidencia tendría voto dirimente[20]. De esta forma, se aseguró que los accionistas mantuvieran la prevalencia en la determinación y actuación del Consejo de Supervisión[21].

La aprobación de esta ley generó cuestionamientos de constitucionalidad por parte de grandes empresas alemanas, que recurrieron ante el Tribunal Constitucional Federal por la afectación del derecho de propiedad, el derecho a desarrollar libremente la actividad empresarial y el derecho a la libertad de asociación. El recurso interpuesto no tuvo éxito: el Tribunal rechazó el recurso argumentando que cuanto mayor fuera la relevancia social y uso de la propiedad, mayor es la competencia del poder legislativo para regular su uso, y que la empresa no podía ser equiparada a sus accionistas[22].

Las normas de codeterminación para las empresas con menos de 2.000 trabajadores fueron modificadas el año 1994. Se estableció que en el caso de las sociedades anónimas, el derecho a designar 1/3 del Consejo de Supervisión sería aplicable solamente para empresas nuevas y con más de 500 trabajadores. Esta es la modificación que sirvió de base para el estudio de Jäger y Schoefer analizado en la primera columna.

Codeterminación en la Unión Eurpea

Las normas de codeterminación en Alemania y su estructura de gobierno corporativo no son un caso aislado en la tradición europea. La mayoría de los países de la Unión Europea incorpora leyes que consideran, con distintos requisitos y regímenes de gobierno corporativo, algún grado de participación de los trabajadores en los directorios[23]. Como referencia, sugerimos ver lista de múltiples países europeos con políticas de codeterminación y su regulación en la columna 1.

En la Unión Europea también han existido intentos de avanzar en codeterminación a nivel comunitario. La Comisión Europea propuso en el año 1972 una directiva para que todos los Estados miembros incorporen normas de codeterminación, aunque no contó con el respaldo necesario para ser aprobada[24]. En la década de 1980 se presentaron modificaciones para flexibilizar la propuesta original, que tampoco encontraron el apoyo suficiente entre los países miembros. Finalmente, la Comisión Europea retiró el año 2001 la propuesta comunitaria de codeterminación[25]. Desde entonces no se ha intentado avanzar en estas normas a nivel de la Unión Europea, dejándose al arbitrio de cada país determinar sus propias reglas.

En 2001, mismo año en que se retiró la propuesta, se aprobó una regulación para establecer, por primera vez, empresas que se rijan por las normas de la Unión Europea y no por las de un país en particular. Éstas se conocen como Sociedades Anónimas Europeas (Societas Europaea)[26]. Esta nueva regulación permitió que una empresa existente, por ejemplo, en Alemania, podría transformarse en una Societas Europaea cuya conformación, estatutos y gobierno corporativo ya no dependen de lo establecido en la legislación alemana, sino que de lo dispuesto a nivel comunitario[27].

Esto levantó cuestiones específicas en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores en los países en que existe codeterminación. El desafío era resguardar sus derechos, pero sin extenderlos al resto de los países, considerando que no existía voluntad política para avanzar en ese sentido. Se estableció entonces que si a una empresa eran aplicables normas de codeterminación en su país de origen, le seguirán siendo idénticamente aplicables frente a su transformación en una Sociedad Anónima Europea[28]. De esta forma las grandes empresas alemanas no pueden evitar la codeterminación por medio de su transformación a una Societas Europaea, tal como se ha argumentado en el debate nacional[29].

Comentario final

Como vemos, no existe una única política de codeterminación que se ajuste a las particularidades de cada país. La experiencia de la Unión Europea nos enseña que ha sido especialmente complejo aplicar regulaciones comunes a países distintos. La idiosincrasia local, las normas sociales, políticas y culturales determinan el espacio que ocupan los trabajadores dentro de las empresas y en sus decisiones estratégicas.

De la misma forma, múltiples experiencias en países desarrollados nos muestran que el objetivo del equipo ejecutivo de las empresas no consiste necesariamente en maximizar el precio de las acciones --que a veces se repite como un mantra en ciertas discusiones públicas en Chile--, sino que es más amplio y complejo, e involucra una multiplicidad de voces y actores.

El proceso constituyente que vive el país, es una oportunidad para canalizar los cambios de paradigmas sociales y económicos que enfrentamos. Tal como nos enseña la historia alemana, las crisis también representan oportunidades. Alemania logró cristalizar en su regulación elementos políticos y sociales --y no exclusivamente económicos-- que dieran cabida a los cambios de paradigma que enfrentaba saliendo de las guerras.

El aprendizaje es que la mejor receta para las discusiones que son incómodas para el status quo, es enfrentarlas con la complejidad que requieren y no callarlas con caricaturas. Lo que nuestro país necesita hoy es una discusión sustantiva sobre un tema complejo. Esta discusión hoy recién comienza y llegó para quedarse.

Notas y referencias:

[1]Klaus J. Hopt and Patrick C. Leyens (2021). The Structure of the Board of Directors: Boards and Governance Strategies in the US, the UK and Germany. Law Working Paper N° 567/2021. European Corporate Governance Institute (ECGI) Working Paper Series in Law. En http://ssrn.com/abstract_id=3804717

[2]Ver § 95 Aktiengesetz (i.e. Ley de Corporaciones de Alemania): hasta 9 miembros en empresas cuyo capital sea de hasta €1.5 millones; hasta 15 miembros en empresas cuyo capital sea superior a €1.5 millones; y hasta 21 miembros en empresas cuyo capital sea superior a €10 millones.

[3]Ver § 84 Ley de Corporaciones de Alemania.

[4]Ver § 87 Ley de Corporaciones de Alemania.

[5]La Comisión de Gobierno Corporativo de Alemania sugiere que los asuntos que requieren la aprobación del Consejo de Supervisión incluyen aquellas que modifican fundamentalmente la situación patrimonial, financiera o de resultados de la empresa. Ver du Plessis J., Sandrock O. (2007) The German System of Supervisory Codetermination by Employees. In: German Corporate Governance in International and European Context. Springer, Berlin, Heidelberg. (pp. 126) señala que.

[6]du Plessis J., Sandrock O. (2007) The German System of Supervisory Codetermination by Employees (p. 117). In: German Corporate Governance in International and European Context. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-71187-2_5

[7]Ver § 96 de la Ley de Corporaciones de Alemania.

[8]McGaughey, E. (2016). The codetermination bargains: The history of German corporate and labor law. Columbia Journal of European Law, 23(1), 135-176.

[9]T. Raiser, ‘‘The Theory of Enterprise Law in the Federal Republic of Germany’’ 1988 American Journal of Comparative Law 111, 117.

[10]Betriebsrätegesetz 1920.

[11]De aquellos pertenecientes al Comité de Empresa o “Works Council”.

[12]Montan- Mitbestimmungsgesetz 1951, ver aquí.

[13]En empresas mineras con más de 1.000 trabajadores.

[14]McGaughey, E. (2016).

[15]Betriebsverfassungsgesetz 1952.

[16]Sociedades anónimas (Aktiengesellschaften (AGs) o Public Limited Companies) y sociedades de responsabilidad limitada (Gesellschaften mit beschrankter Haftung (GmbHs) o Private Limited Companies).

[17]McGaughey, E. (2016).

[18]Mitbestimmungsgesetz 1976 (i.e. Ley de Codeterminación 1976). Ver aquí.

[19]Aktiengesellschaften – AG (German stock corporations), Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbH (German private limited liability companies) y GmbH & Co. KG (German limited liability partnerships).

[20]Ver § 27 (1) y (2) y § 29 (2) de la Ley de Codeterminación de 1976.

[21]du Plessis, Jean and Sandrock, Otto (2005). “The rise and fall of supervisory codetermination in Germany?” International company and commercial law review, no. 2, pp. 67-79.

[22]McGaughey, E. (2016).

[23]OECD, Collective Bargaining and accession countries. Board-level employee representation. Ver aquí.

[24]EC Commission, Employee Participation and Company Structure in the European Community (Supp 8/75 1975) Bulletin of the European Communities 15. Ver aquí.

[25]Ver aquí.

[26]Regulación (CE) No 2157/2001 Del Consejo de 8 de octubre de 2001 por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE).

[27]La Regulación considera que la Sociedad Anónima Europea puede principalmente nacer por medio de (i) la fusión transfronteriza de sociedades anónimas constituidas en países miembros; o (ii) transformación de una sociedad anónima constituida en un Estado miembro siempre que tuviera por al menos dos años una subsidiaría bajo la ley de otro Estado miembro; entre otras alternativas. Para más información ver Artículo 2 de la Regulación (CE) No 2157/2001.

[28]Ver Artículo 47 (4) de la Regulación y Artículo 7 (2) (a) de la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, en relación a la letra a) del Anexo 3 de la misma.

[29]Sin embargo, de acuerdo a un artículo publicado en The Economist, algunas empresas pequeñas/medianas se han transformado en Societas Europaea antes de alcanzar el umbral de 500 trabajadores para así no quedar sujetas a la codeterminación alemana. Ver aquí.

* Publicado en Ciper, 08.04.21. Alfonso Mora es abogado y magíster en Derecho Tributario Internacional y Europeo. Cristóbal Otero es economista y magíster en Filosofía de las Ciencias Sociales.

Los niños muertos de Gaza siempre nos perseguirán

Alí (8 años) y su hermana Mayar Izzeldeen (12 años) fueron asesinados por ataques israelíes a Gaza.

Yossi Klein

No hay nada como matar niños para unir corazones y mentes. Durante las últimas 18 semanas, los israelíes han estado luchando entre sí, sin poder encontrar nada que nos acerque más. Luego vino la matanza de los niños en la Franja de Gaza y demostró que, después de todo, somos hermanos.

Cayeron las barreras y se olvidó la mala voluntad. Yair Lapid colocó un brazo consolador sobre el hombro de Benjamin Netanyahu, mientras que Benny Gantz apoyó la cabeza contra May Golan, y fue sorprendente que toda la Knesset [parlamento israelí] no se puso de pie y espontáneamente se puso a cantar “Hatikva” [himno nacional de Israel].

Debe ser admitido. Matar niños es el más atroz de los crímenes. No hay crimen más despreciable. En eso radica su despreciabilidad y su poder. Actúa como elemento disuasorio, es efectivo y hace fluir sangre nueva y fresca a nuestras arterias.

Si alguien tenía alguna duda de que la fuerza aérea es fuerte y amenazante, la matanza de niños demostró que es demasiado pronto para decir elogios por ella. Es fuerte, es aterrador y se enfrenta a un ejército de unos 30.000 soldados que carecen de los medios para el combate aéreo.

La fuerza aérea siempre gana, si no por nocaut, entonces con puntos, y si no con puntos, entonces con la ayuda de los expertos inactivos de la televisión. La matanza de niños y el bombardeo de civiles son de mayor disuasión y eficacia que cualquier “banco objetivo”, el infame “derrumbe” de edificios o cualquier intento de “erradicar los cimientos del terrorismo de una vez por todas”.

Matar niños está diseñado para causar dolor, para golpear el lugar más sensible de todos. No está diseñado para detener el terrorismo; está diseñado para disuadir a los terroristas [sic] y hacernos felices. Cuando Itamar Ben-Gvir habla de “un golpe doloroso”, imagino que se refiere precisamente a eso. De hecho, debería cambiar su eslogan electoral: no “50 terroristas muertos por cada misil”, sino “50 niños muertos por cada misil”.

Algo acerca de tal declaración de él animaría a la gente e infundiría confianza, aunque todos saben que después de un período de descanso adecuado, un aumento en las encuestas de opinión y el final del testimonio del testigo del juicio de Netanyahu, Ari Harow, estaremos preparados para la próxima operación.

Matar niños es una acción efectiva que queda grabada en la memoria. ¿Quién se acuerda de los terroristas [sic] que matamos, los que fueron la razón por la que Ben-Gvir decidió embarcarse en esta operación? ¿Matamos a dos? Cuatro vendrán a reemplazarlos. Después de todo, hemos estado aquí antes.

Pero las fotos de Alí Izzeldeen, de 8 años, y su hermana Mayar, de 12, son imposibles de olvidar. Se parecen demasiado a nuestros propios hijos (después de todo, todo el mundo conoce a un niño de una edad similar) y la idea de que lo matamos no debería darnos descanso. Estos pensamientos siempre nos seguirán persiguiendo.

Estas imágenes no son el resultado de un paso en falso menor. No es como si un piloto llegara, abordara un avión, matara cualquier cantidad de seres humanos sin nombre ni rostro y regresara para almorzar. Aquí, con los niños muertos de Gaza, estas son imágenes que lo perseguirán toda su vida y aparecerán en sus pesadillas. Estoy seguro de que en el curso de formación de pilotos preparan a los cadetes para tal situación, un caso en el que su conciencia personal está en contradicción con su deber profesional.

Estoy seguro de que nuestros valientes pilotos, aquellos que se oponen a la reforma judicial y que están preservando la democracia, aquellos que arriesgan sus vidas día y noche para salvaguardar nuestra seguridad y bienestar, también fueron elegidos en función de su resiliencia emocional y su capacidad para hacer frente a la terrible culpa que implica matar a niños inocentes. También es posible que no se les permita ver la destrucción que han provocado en las familias, incluidos los niños. Es posible que al igual que un pelotón de fusilamiento, también se repartan la culpa entre ellos, para que no recaiga sobre uno solo de ellos.

El asesinato de niños no solo tiene como objetivo disuadir a los terroristas [sic]. Cuando los ministros de este gobierno hablaron del doloroso golpe, se referían a nosotros. Nos hacen saber que no son derrotistas débiles e impotentes como el gobierno anterior. Ciertamente lo lograron. Nos dieron justo entre los ojos. Las imágenes de los niños son impactantes y perturbadoras.

Tal vez deberíamos simplemente exigir que Facebook prohíba la publicación de tales imágenes, que nos resultan tan perturbadoras y que desvían la atención de la brillante operación de la fuerza aérea hacia asuntos tan insignificantes como los que acabamos de discutir.

Después de todo, los 500 niños asesinados en el verano de 2014 no derribaron ninguna coalición. Y además, difícilmente puedes considerar a los niños muertos como "niños"; después de todo, los "niños" son nuestros soldados que los matan.

* Publicado por Haaretz, 11.05.23.

Economistas que odian a las mujeres

Isabella Weber.

Las ideas más audaces para combatir la inflación y la crisis económica y ambiental ya no son monopolio de hombres. Ya era hora.

Carlos Tromben

El 29 de diciembre de 2021 la economista alemana Isabella Weber publicó una columna de opinión en The Guardian titulada “¿Pueden los controles de precios estratégicos ayudar a combatir la inflación?”. Estaba violando no solo un tabú entre los economistas del último medio siglo, sino aquella vieja norma del periodismo que desaconseja titular artículos con una pregunta retórica.

Quizá fue por eso mismo que la columna se viralizó provocando reacciones furiosas y destempladas. “Idea Perversa”, “fundamentalmente equivocada”. Paul Krugman, premio nobel de economía y reconocido liberal, la trató incluso de “estúpida”.

Weber lo pasó muy mal, pero terminaría reivindicándose. Economistas heterodoxos salieron a defenderla por encima de las fronteras de género, pero lo más importante es que los gobiernos más sensibles al cambio de época tomaron nota.

Hablar de controles de precios huele a marxismo y a keynesianismo, naftalina pura para los neoliberales que siguen ejerciendo un control hegemónico en la academia y en la prensa. Este pensamiento único no solo es perverso a la hora de validar o destruir tesis doctorales y congelar el debate. Se está mostrando además en toda su ineficacia para responder a los desafíos de una época de crisis simultánea en la economía, la sociedad, el medio ambiente, la demografía y la democracia.

Quizá por esto mismo que un puñado de académicas como Isabella Weber, Daniela Gabor, Kate Raworth y Mariana Mazzucato se estén posicionando como arietes intelectuales clavados en el corazón de una ortodoxia ultramasculina y antiempática.

Gabor, una rumana doctorada en el Reino Unido, habla del “consenso de Wall Street” y del problema medioambiental como un problema macrofinanciero. Según ella los gobiernos se han transformado en agencias de gestión y mitigación de riesgo para los grandes inversionistas privados e institucionales, blindándolos frente al escrutinio de la sociedad civil.

Mazzucato, una italiana formada en Estados Unidos, lleva años impugnando el mito de la innovación tecnológica como una hazaña meramente privada, impulsada por visionarios individuales. Tal como sugiere Gabor respecto de las finanzas, Mazzucato muestra cómo el Estado se ha hecho cargo del riesgo en las primeras etapas de una cantidad asombrosa de proyectos, ideas y modelos que luego han sido patentados por individuos y transformados en renta privada.

La británica Raworth ataca el más sagrado de los fetiches masculinos en economía: el crecimiento. ¿Sirve de algo sin sustentabilidad, proyectado al infinito y con un lastre de desigualdad que socava las bases del sistema político?

Por sostener estas ideas han recibido andanadas de críticas de sus pares, pero ninguna ha concentrado tanto odio ni logrado una reivindicación tan rápida como Isabella Weber, quien debió enfrentar una mezcla tóxica de misoginia y ortodoxia por rescatar las enseñanzas de la historia.

Una pandemia, según Weber, es algo comparable a una guerra mundial, y los dos grandes conflictos bélicos del siglo XX fueron enfrentados con políticas fiscales y monetarias totalmente distintas entre sí. La primera guerra mundial, anclada en el liberalismo clásico, provocó una inflación galopante. Para la segunda, en cambio, las doctrinas de Keynes instalaron la noción de gasto fiscal contracíclico y control de precios. La inflación en Estados Unidos no pasó del 2 por ciento anual.

El debate actual tiene un polo que le atribuye toda la responsabilidad de la inflación a las personas con billeteras abultadas por la ayuda estatal (que en Chile se nutre de la variante “retiros”). Es la narrativa de la espiral salario-precio. Gobiernos demasiado dadivosos y políticos populistas provocaron el descalabro, sumado a las vapuleadas cadenas logísticas globales. Por ello, la respuesta adecuada es subir las tasas de interés, encarecer el crédito, ahogar a los consumidores y generar temporalmente una buena cantidad de cesantes.

La narrativa contraria mantiene el problema logístico, deshecha la arista salarios y se centra en las ganancias de las empresas. En vez de culpar a la demanda, hay que centrar el análisis en la oferta.

Weber buscó datos para sostener que los productores subieron los precios para compensar sus mayores costos operacionales, derivados de la escasez y encarecimiento de sus insumos. Pero se pasaron tres pueblos y los subieron tanto que las ganancias no solo se mantuvieron intactas, sino que aumentaron. En Estados Unidos las ventas de autos cayeron a su peor nivel en diez años, pero las ganancias fueron mayores que en 2017.

En este contexto, para mitigar lo que Weber denominó “inflación de oferentes”, no sirve controlar el precio de los autos ni de los productos finales, sino de los insumos fundamentales. El metro cúbico de gas, la tonelada de madera o lo que se requiere para generar un kilowatt/hora. La responsabilidad de estos precios en la inflación es mucho mayor que los salarios.

Después de una nueva ronda de descalificaciones en su Alemania natal, Weber comenzó a ser tomada en serio por gobiernos, bancos y organismos multilaterales. Los medios donde antes se le había ridiculizado comenzaron a publicar nuevas columnas de opinión y a invitarla a sus podcasts. El gobierno alemán la convocó para diseñar una política de gas y el congreso norteamericano para exponer sus ideas sobre regulación estratégica y puntual de los precios en tiempos de emergencia.

Lo aleccionador del caso es que Isabella Weber no es ni más ni menos inteligente y brillante hoy que hace dos años. Sí, sigue siendo mujer, y a los sacerdotes nunca les ha gustado mucho que tomen la palabra.

* Publicado en Interferencia, 09.06.23.

Amigos y sirvientes... de las isapre

Daniel Matamala

La riqueza es poder”, dice Thomas Hobbes en el Leviatán, “porque procura amigos y sirvientes”. Esta semana tuvimos un caso de libro: el proyecto de perdonazo a las isapres.

Hagamos un poco de historia. Un fallo de la Corte Suprema obliga a las aseguradoras a devolver más de un billón de pesos que cobraron indebidamente a sus afiliados. El gobierno propuso facilidades especiales para ese pago. Pidió a la Corte Suprema una prórroga de seis meses --que esta de inmediato concedió-- mientras se tramita una ley ad hoc. Ella entrega seis meses más para que cada isapre presente un plan de devoluciones.

Imagine, estimada lectora, estimado lector, que usted es dueño de una pyme y recibe un fallo judicial semejante: debe devolver a sus clientes plata que les ha cobrado en exceso. Ni en la más florida de sus fantasías podría usted soñar con tales facilidades: varias prórrogas, una ley especial y la posibilidad de diseñar usted mismo un plan de pagos.

Pero, lejos de disculparse con sus clientes por los cobros indebidos, lejos de colaborar con la búsqueda de una solución, lejos de presentar un plan para devolver la plata, las isapres se hacen las ofendidas.

Califican el proyecto de ley como un “engaño” y anuncian que el sistema de isapres cerrará en septiembre, sin devolver un solo peso de lo esquilmado a sus clientes, y con el consecuente efecto dominó para tres millones de beneficiarios, centros médicos y clínicas.

Dicen que el proyecto de ley “arriesga el cierre de las isapres”. Nótese el absurdo. La culpa es de todos, menos de los únicos y contumaces responsables: ellos mismos.

¿Cómo se dan el lujo de actuar así? ¿Por qué se presentan como las víctimas cuando son los victimarios?

Lo supimos el lunes, en un giro francamente impúdico de los acontecimientos.

La Comisión de Constitución del Senado aprobó una reforma constitucional que en la práctica anula los efectos del fallo de la Suprema. Las isapres cobran multiplicando el precio base del plan por la tabla de factores. Como la tabla se ajusta a la baja, el proyecto permite ajustar el precio base al alza, retroactivamente.

Así, la baja anula al alza y, en un truco de mago, la deuda pasa a ser cero. La comisión más importante del augusto Senado de la República de Chile aprobó cambiar la Constitución para convertir un fallo judicial en papel mojado.

Al eludir los efectos de la sentencia, la justicia se vuelve un cascarón vacío, una mera pantomima. Hacemos como que cumplimos los fallos, pero en la práctica los anulamos si el afectado es demasiado poderoso.

El poder procura amigos y sirvientes.

El discurso es que no se legisla para favorecer a las isapres, sino a sus afiliados. Es cierto que en algunos casos el Estado debe actuar para evitar los efectos sociales de la caída abrupta de un sector de la economía. Pasó en algunos países con la pandemia, donde ciertas empresas fueron “rescatadas”.

Pero este caso es muy diferente. A las isapres no les ocurrió ninguna desgracia. No fueron golpeadas por una pandemia, una crisis o un meteorito. Simplemente, cosechan lo que sembraron.

Ya en 2010, el Tribunal Constitucional falló que la tabla de factores viola la Constitución. Y las isapres llevan más de una década ignorando más de dos millones de fallos judiciales que han decretado, una y otra vez, que las alzas de planes y la aplicación de tabla de factores son ilegales.

Armaron su modelo de negocios y amasaron 1,3 billones de pesos en ganancias, sobre la base de ignorar esos fallos, a la vez que usaban a sus “amigos y sirvientes” para boicotear cualquier solución en el Congreso (detalles en la columna “A ver si se nos ocurre algo”, de enero de 2023).

Y cuando el negocio dejó de ser fabuloso, comenzaron los chantajes. En julio del año pasado, la isapre Colmena amenazó con demandas a los afiliados que cometieran la osadía de reclamar sus derechos ante la justicia.

Ese mismo mes, la Asociación de Isapres anunció que, debido a los recursos judiciales, el cierre del sistema “puede producirse en solo meses”.

Esto, recordemos, fue en julio de 2022. Antes de los fallos de la Suprema que ordenan la devolución.

Mientras, las aseguradoras han dejado de cumplir sus compromisos, acumulando más deuda, no solo con sus clientes, sino también con los centros de salud. Las clínicas denuncian que las isapres les deben 500 mil millones de pesos en prestaciones ya realizadas, y no pagadas.

¿Qué se quiere salvar, entonces?

Digamos que nuestro Congreso aprueba este vergonzoso perdonazo, haciendo desaparecer los efectos del fallo de la Suprema. ¿Queda resuelto el problema? No. Las propias isapres ya decían, antes de ese fallo, que su cierre era inminente.

¿Qué viene después, entonces? ¿Otra reforma constitucional para borrar su deuda con las clínicas? ¿Otra más para prohibir que la gente pueda recurrir a la justicia contra sus ilegalidades? ¿O mejor nos ahorramos los intermediarios y les pedimos a las isapres que tengan la gentileza de redactar ellas mismas la nueva Constitución?

Una industria que sólo se sostiene si se le permite ignorar fallos judiciales, abusar de sus clientes e incumplir con sus proveedores no es una industria viable. Ninguna persona que realmente crea en el libre mercado debería defender que el Estado la salve y sostenga artificialmente.

El padre del liberalismo económico, Adam Smith, comparaba los intereses económicos con “un Ejército demasiado grande”, que se vuelve “formidable para el gobierno y en muchas ocasiones puede intimidar a los legisladores”.

Nuestros legisladores no deben dejarse intimidar ni cooptar. Su responsabilidad no es salvar los intereses de quienes no son capaces de sobrevivir cumpliendo la ley, sino buscar fórmulas que protejan a los tres millones de afiliados, abriendo la cancha para los privados que sí estén dispuestos a cumplir las reglas.

Es de ellos --de los pacientes del sistema de salud, y no de sus dueños-- de quienes nuestros políticos deben ser amigos y sirvientes.

* Publicado en La Tercera, 20.05.23.

Estas son las horrorosas nuevas cifras del libro en Chile

David Hevia

Espero sinceramente que las autoridades lean este texto, pues mientras durante años dijeron que «desde el mundo privado ha existido un esfuerzo significativo por transformar a Chile nuevamente en una potencia editorial» (Política Nacional de la Lectura y el Libro, 2015-2020), lo cierto es que el Informe Estadístico ISBN 2022, que acaba de aparecer, muestra que si el número de libros publicados en 2021 ya era por sí mismo miserable, con apenas 8.531 obras para todo el período, las cosas siempre pueden ser peor, bajando ahora a 8.288. 

El retroceso global de 2,85%, sin embargo, está lejos de ser lo más grave del escenario.

En efecto, al desglosar los datos por área, se puede constatar que, respecto del año anterior, los títulos de literatura caen 11,26%, y que, en ese marco, la baja en narrativa es de 6,7%, mientras que en ensayo el revés es de 14,5% y en poesía el declive es de 30,3%.

La tragedia es mayúscula en otros frentes estratégicos. Así, los títulos de filosofía publicados caen un 22,7% respecto del año anterior, al tiempo que los de ciencias puras se hunden un 15,8%, seguidos de cerca por los de educación, donde el descenso es de 13,6%.

Particularmente preocupante resulta, además, verificar que la merma en títulos de literatura infantil es de 29,4%, que el 61% de las obras publicadas están en el rango de tiraje mínimo (1-500 ejemplares) y que solo el 9,18% de los textos se origina en las universidades del país. Respecto de esto último, me parece importante fijar la atención, asimismo, en las brechas, pues mientras la Pontificia Universidad Católica figura con 150 títulos en 12 meses, en el mismo período, en cambio, la Universidad de Chile aparece con apenas 26. La miseria se incrementa considerablemente al observar las cifras de las estatales universidades de Aysén y de O’Higgins, que anotan 3 y 2 textos publicados, respectivamente, a lo largo de todo el año 2022.

¿Hablemos de descentralización? El 78,4% de los registros corresponde a la Región Metropolitana.

¿Hablemos de concentración? Dos editoriales acaparan 1.225 títulos publicados; los ministerios de Educación y las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en cambio, no suman más que 68.

¿Hablemos de la inclusión, ya que tanto se menciona el concepto en los discursos de unos y otros? Libros publicados en Braille durante 2022: 1. Sí, tal como se lee: uno.

A eso nos ha llevado la progresiva privatización y pauperización de la educación en el país; a eso nos ha llevado la prioridad que se ha dado en el último medio siglo al sector empresarial, reduciendo el aprendizaje a un negocio y sustituyendo las políticas de fomento y democratización de la lectura por los artificios de la publicidad.

Espero, insisto, que las autoridades se tomen unos minutos para leer este texto, porque la realidad no se asemeja en absoluto a la «potencia editorial» que han creído proyectar para Chile. Espero, también, y muy sinceramente, que las autoridades se dignen a conversar sobre esto con los creadores de la palabra y no solo con los que lucran promoviendo la ignorancia.

* Publicado en la web de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), 17.05.23. David Hevia es el presidente de la SECH.