"Mientras el COVID-19 golpea al mundo, los millonarios como nosotros tenemos un papel fundamental en la curación de nuestro mundo. […] A diferencia de decenas de millones de personas en todo el mundo, nosotros no tenemos que preocuparnos por perder el trabajo, la casa o la capacidad de mantener a nuestra familia. […] Por favor, cóbrennos más impuestos. Háganlo. No lo duden. Es la opción correcta. Es la única opción. La humanidad es más importante que nuestro dinero."
Franklin Arthur y otros
"Millionaires for Humanity"
Ramón López y Gino Sturla
¿Quiénes no han sufrido los embates de esta crisis y tampoco han contribuido al financiamiento de sus costos? Principalmente los grupos que registran mayores niveles de riqueza e ingresos, que, lejos de sufrir los efectos de la pandemia, han visto su riqueza aumentada de manera significativa. Según un estudio de Oxfam (Ruiz, 2020), la fortuna de los milmillonarios en América Latina aumentó más de 48.000 millones de dólares hacia fines de 2020, en un momento de gran crisis y notables sufrimientos para el resto de la población.
Los impuestos al patrimonio han existido por mucho tiempo en prácticamente todos los países del mundo. Los impuestos patrimoniales tradicionales, que incluyen impuestos a la propiedad física (casas, tierra y demás), impuestos a la herencia y otros existen en casi todos los países y, como se muestra en este artículo, en algunos de ellos constituyen una proporción significativa de la recaudación tributaria.
Existe otra categoría de impuestos al patrimonio, que aquí se denomina impuestos patrimoniales no tradicionales, que gravan patrimonios financieros y otras formas de riqueza, incluidos patrimonios bursátiles, entre otros. Los impuestos patrimoniales no tradicionales son mucho menos frecuentes, actualmente se aplican en un número limitado de países y han sido objeto de críticas por parte de economistas ortodoxos y algunos encargados de la formulación de políticas. Los impuestos patrimoniales globales corresponden a la suma de los tradicionales y los no tradicionales.
Los impuestos patrimoniales constituyen una temática especialmente particular en el caso de Chile por varias razones.
En primer lugar, a diferencia de otros países, en Chile la crisis sanitaria se da poco tiempo después de la crisis social surgida del estallido social de octubre de 2019. Este conflicto se ha mantenido vigente de una manera subyacente, fundamentalmente por dos razones: porque las demandas sociales que lo gatillaron no han sido en absoluto satisfechas y porque la crisis sanitaria no ha hecho más que agravar las enormes carencias sociales y la vulnerabilidad de ciertos sectores de la sociedad. Dada la intensidad de la crisis actual, si no se toman medidas urgentes de apoyo a los sectores más afectados por enormes pérdidas de ingreso, las cifras de pobreza del país podrían llegar al 50% de la población y causar una espiral de violencia con consecuencias difíciles de prever.
En segundo lugar, como se verá más adelante, los niveles de desigualdad y, sobre todo, de concentración de la riqueza en Chile son abismales, tal vez de los más altos del mundo. Esto vuelve más relevante aún el planteo de los impuestos a la riqueza que tienen el potencial de corregir esta desigualdad en sus raíces más profundas.
En tercer lugar, a pesar de esta profunda desigualdad, la carga tributaria del país es una de las más bajas de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El sistema tributario incluso ha tratado los ingresos provenientes del capital con extraordinaria preferencia, evitando prácticamente la aplicación de regalías sobre las rentas económicas, y las ganancias de capital casi no están sujetas a impuestos.
En cuarto lugar, desde el inicio de la crisis sanitaria del COVID-19 el país se ha visto enfrentado a dos visiones dominantes: la del gobierno, que tiende a imponer demasiadas condiciones para acceder a la ayuda social, y la de ciertos sectores progresistas, que han postulado la necesidad de un apoyo social más laxo, recurriendo a deuda fiscal o a los fondos soberanos. Si bien la segunda alternativa hubiera generado consecuencias económicas y sociales menos dramáticas, continúa con la lógica de que en el corto y mediano plazo los costos de las crisis los pagarán los sectores medios y de menores ingresos, percepción generalizada en la población y amplificada por las condiciones sociales existentes desde octubre de 2019.
En quinto lugar se destaca que la deficiencia en materia de apoyo estatal a los sectores vulnerables se ha traducido en la cuantiosa utilización de los fondos de cesantía de los trabajadores y en el retiro de los fondos de pensiones. Esta última medida concitó un gran apoyo en la ciudadanía, recogido por toda la oposición e incluso parte del oficialismo. Sin perjuicio de los beneficios de corto plazo para la población, aquí los recursos provienen de los mismos trabajadores, en ningún caso se obtienen de los sectores de la población que tienen mayores fortunas.
En sexto lugar, el gobierno definió, junto con un grupo de economistas ortodoxos, un plan de activación económica denominado Acuerdo por la Protección Social y Recuperación del Empleo que, pese a las resistencias iniciales, fue aprobado por la oposición. Este acuerdo incluye un Marco Fiscal que, grosso modo, contempla unos 12.000 millones de dólares a ejecutar en 24 meses. En la lógica del punto quinto, este plan tampoco supone acuerdos relativos a cambios tributarios que permitan evitar la sensación ya mencionada de que “las crisis las pagamos todos”.
En séptimo lugar, en junio del 2020 se presentó un proyecto de reforma constitucional en la Cámara de Diputados de Chile para el establecimiento de un impuesto a los superricos, por única vez. El proyecto cuenta con un alto respaldo ciudadano (CELAG, 2020) y ha tenido buena acogida entre los parlamentarios de la oposición, generando votaciones históricas. Aun así, algunos economistas ortodoxos que dicen representar al progresismo se oponen férreamente.
Si se consideran estos siete puntos, resulta claro que el país convivirá con una deuda financiera externa y, más importante aún, con una deuda social con todos los trabajadores y las pymes que han pagado con sus ahorros los costos de la crisis y que seguirán pagándolos con sus impuestos.
El costo fiscal del apoyo social puede llegar a 15.000 millones de dólares (casi un 6% del PIB). La cuestión fundamental —y coherente con lo ya mencionado— es que una parte significativa de ese financiamiento debe venir de una contribución de los sectores más ricos de la población, entre los que se constata que los milmillonarios (sobre 1.000 millones de dólares) han aumentado un 27% su fortuna durante la crisis del COVID-19 (Ruiz, 2020).
Una parte importante del apoyo social necesario debe provenir de las más grandes fortunas. En este trabajo se propone un mecanismo para esta contribución que implique un impuesto patrimonial no tradicional de mucha simplicidad dirigido a un pequeño grupo de ricos y superricos (el 0,07% de la población adulta).
El análisis comparado de los impuestos patrimoniales vigentes en otros países indica que un gravamen de este tipo en Chile es totalmente viable. Si bien es cierto que otros países tienen o han tenido tasas más bajas, es importante considerar que la gran mayoría de ellos tiene otros impuestos directos más altos que los que se aplican en Chile y un gasto fiscal sobre los 30 puntos porcentuales del producto (en comparación con los 21 puntos porcentuales del PIB de Chile).
Por otra parte, una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG, 2020) en mayo ha mostrado que un 72,8% de la población chilena está de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas.
En abril de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a los gobiernos de todo el mundo a imponer nuevos impuestos sobre la riqueza para conseguir liquidez, e incluyó en su propuesta la rebaja de impuestos sobre los salarios y la realización de transferencias de efectivo a los más afectados (FMI, 2020). En enero, el FMI había afirmado que se debía combatir la desigualdad elevando el gasto social, financiado con impuestos en lo más alto de la distribución del ingreso. El organismo internacional indicó en ese momento que esta política no afectaría el crecimiento económico (Georgieva, 2020). El Financial Times (2020) recientemente ha hecho lo propio y en una editorial histórica del 3 de abril indicó que los impuestos a las rentas y a la riqueza debían estar presentes en la agenda redistributiva.
* Este texto es una selección del artículo "Hiperfortunas y superricos: ¿por qué tiene sentido un impuesto al patrimonio?", publicado en Revista CEPAL, nro. 132 - Edición Especial. El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe. Ramón E. López es profesor titular del Departamento de Economía de la Facultad
de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. Gino Sturla es Doctor en Economía, Departamento de Economía y Administración
de la Universidad de Florencia.
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