El último fanatismo de José (Antonio) Kast

Andrea Quevedo

Kast ha dicho que “no se necesita una reforma a Carabineros”, y que “se necesita mano firme contra el vandalismo, el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia, en circunstancias que está bastante demostrado que aumentar las penas no sirve de mucho, que las penas de baja y mediana duración son más efectivas, y que hay diversos factores criminógenos.

Algunos patriotas suelen apelar a Singapur como el gran ejemplo. La delincuencia es multidimensional, y desconozco detalles sobre ese país como para esbozar alguna conclusión. Basta notar por ahora que, en el índice de criminalidad del primer semestre de 2021, Singapur se encuentra en la posición 114, de un total de 137 (siendo el número 1 el país con mayor índice), solo dos puestos sobre Cuba (112), y a nadie se le ocurriría ―salvo a Artés― que instaurar una dictadura sea una vía para luchar contra la delincuencia. Si alguien reduce el bajo índice de Singapur a sus altas penas; puedo reducir el bajo índice de Cuba al comunismo.

Además, en Chile no necesitamos de mucha evidencia para comprobarlo. Hemos vivido en carne propia, dado que la política criminal populista es transversal, como se han aumentado las sanciones, sin que por ello disminuyan los delitos. Piénsese, por ejemplo, en la Ley Emilia, Agenda Corta (delitos contra la propiedad), Ley de Armas, Antisaqueos, Antibarricadas, Femicidios, etc. Finalmente, por ejemplo, el robo con violencia o intimidación en Chile tiene una pena de 5 años y 1 día a 20 años, con un marco rígido que impide bajar la pena teniendo atenuantes, desde que se promulgó la ley de Agenda Corta en el segundo gobierno de Bachelet. Tiene una pena incluso superior al homicidio (10 años y 1 día a 15 años). En Alemania la pena inferior para el robo es de 1 año, y en casos menos graves la pena va de 6 meses a 5 años; en España la pena es de 2 a 5 años. Nadie pensará que todas estas reformas han bajado la delincuencia, o que Chile tiene mejores índices que Alemania o España por tener penas más altas.

Lo insólito, entonces, es que haya gente que considere votar por Kast creyendo que impondrá el orden y la paz, con ese discurso del Capitán América que enfrentará la delincuencia. Si uno lo escucha hablar notará que es puro populismo penal, y del más ignorante. Parece disco rayado con el narcotráfico, pero nunca habla de la salud mental o drogadicción (factor criminógeno). Desprecia la igualdad (factor criminógeno) como un fin. Que no dedique tiempo a la infancia (factor criminógeno). Qué decir de la seguridad social y las redes de protección (factor criminógeno): quiere achicar el Estado y bajar los impuestos. Supongo que los emprendedores van a acabar con el crimen.

Pero olvidemos todo eso, quizás no quiere dejar de producir delincuencia; tal vez solo busca condenar (a muchos años de cárcel) a quienes delinquen. Si quisiera dejar de producirla su discurso no sería ese. En todo caso, su discurso también es malo para sus propios fines (de encarcelar gente).

Lo peor de todo es su defensa a Carabineros. Olvidemos que esta defensa expresa un fanatismo negador de evidentes violaciones a derechos humanos; o, más bien, y peor aún, capaz de negar a sus víctimas. Olvidemos el fanatismo de decir que son inocentes (y participar de una colecta en su apoyo) dos carabineros que estaban en prisión preventiva, decretada por varios jueces distintos, y confirmadas por varios ministros de corte distintos. Que casi seguro serán condenados. Si es que lo que propone es disminuir la delincuencia, su fanatismo le impide ver una de las principales causas de lo que busca combatir.

Está comprobado que es más disuasiva la pena probable que la pena alta. Y esto es bastante intuitivo. Si una persona puede robar 100, con un 99% de probabilidades de sanción, (probablemente) se abstendrá; si una persona puede robar 10, con un 1% de probabilidad de sanción, (probablemente) robará. Esto considerando personas que actúen en función de esa racionalidad, pues hay barreras morales para no delinquir. Nada nuevo bajo el sol, lo intuyó Beccaria hace más de 250 años; luego la evidencia empírica lo confirmó. Hasta se sigue de la lógica neoliberal que ellos asumen. ¿Cómo se mejoran las posibilidades de sanción? Con más detenidos. ¿Cómo se logran más detenidos? Mejorando el trabajo policial. Pero a eso hay que sumarle otras cuestiones.

Chile tiene porcentajes muy altos de condena (76% en juicio oral), y muchos presos. Hay particularidades en los delitos económicos, pero en los robos y en el tráfico, que son lo que a Kast le interesa, casi todos son condenados. Pero hay algunos que son absueltos porque importante evidencia fue considerada prueba ilícita o la detención fue ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se hizo un mal trabajo policial al levantar evidencia o, peor incluso, que se violaron derechos humanos de los detenidos. ¿Qué hay que hacer? Mejorar las policías. Así disminuirá la producción de prueba ilícita.

Hay también juicios, y me ha tocado verlo muchas veces, que se pierden por pésimas declaraciones de los policías. A veces no se acuerdan ni quién detuvo a quién, ni quién hizo qué. Incluso me ha tocado escucharlos decir que no saben por qué están citados a declarar. Eso fue en un juicio por los desórdenes de Wanderers con la U en Valparaíso. Fue un escándalo, hasta el Gobierno se querelló. Era un juicio importante, y absolvieron. Los dos carabineros dijeron que no sabían por qué estaban citados, el juicio simplificado duró cinco minutos, y el fiscal pidió, en atención a la prueba rendida, la absolución. De nada sirve hacer todo bien en la investigación si luego se declaraba mal en el juicio oral. Lo previo da lo mismo si no se puede defender en el juicio oral, que por eso se llama juicio oral, y ahí se rinde la prueba. ¿Cómo se mejora eso? Mejorando las policías. Van a mejorar sus testimonios.

En relación con las investigaciones, pueden ingresar con imputados conocidos, que se identifican en la denuncia, querella o son detenidos en flagrancia, o desconocidos. Esto varía según los delitos, por ejemplo, en delitos sexuales se denuncia a un imputado conocido en el 62.18% de los casos, dadas las dinámicas y características de esos delitos. Pero, en relación con el delito de robo, según el boletín institucional de la Fiscalía, en el primer semestre de este año el 9.19% de los ingresos tenía un imputado conocido; mientras que el 90.81% uno desconocido.

En cuanto a los términos, en ese mismo período se registran para los robos un 13.5% de causas terminadas con imputado conocido, y un 86.50% de términos con imputados desconocidos. La variación obedece en parte a que los términos incluyen ingresos de diversos años, pero se aprecia que el cambio en imputados desconocidos no es muy relevante. Según un estudio de Salinero (2009), en Chile se condena 3.5 denuncias de cada 100 para el robo con fuerza (por ejemplo, Robo en lugar habitado) y 11 de cada 100 para robos con violencia o intimidación. En España se condenan 22 de cada 100 robos.

Lo importante es que de los imputados conocidos la gran mayoría son condenados. En los desconocidos, que nunca se llegan a conocer, se genera la impunidad. En el delito de robo casi todos los conocidos son detenidos en flagrancia. Casi ni uno después. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo policial es malo. Si no te pillan en flagrancia… te salvaste. ¿Qué hay que hacer? Mejorar el trabajo policial, habrá más detenidos. Otros países tienen porcentajes mucho mejores, Japón es increíble: las policías japonesas resuelven el 75,9% de los casos de robo y el 95,5% de los casos de homicidio.

Se ha señalado también que los sistemas penales funcionan mejor si es que hay confianza en el sistema por parte de la ciudadanía (puede verse el trabajo de Paul H. Robinson). ¿Qué pasa si la gente no confía? No denuncia, no quiere declarar como testigo, no aporta documentos, siente que pierde el tiempo, etc. Con menos denuncias y malos testigos hay menos condenas. Hay varias medidas para mejorar la confianza, pero una es que haya procedimientos de investigación efectivos. ¿Cómo se hace eso? Mejorando el trabajo policial. Va a aumentar la confianza.

Ni hablar de la preparación de los policías. No es culpa de ellos, pero ¿se imaginan qué sabe un policía para investigar un delito de mercado de valores? ¿Una colusión compleja? ¿Creen que tienen economistas? Ni si quiera la Fiscalía está bien preparada. ¿Cómo se mejora eso? Mejorando la formación de las policías. Y eso es costoso. Pero Kast propone achicar el Estado y bajar los impuestos. Quizás lo paguen los emprendedores con una pacotón.

El aumento de las penas y las cárceles está lejos de ser una medida apta para disminuir la delincuencia, como se ha señalado en extenso. Aparici (2014) sostiene que: “El aumento de la población penitenciaria, produce unos efectos mínimos en los niveles de delincuencia, lo que unido al gran gasto que supone y a los efectos negativos que produce sobre las personas encarceladas, conduce a la conclusión de que los costes superan sobradamente los beneficios”. Paz Ciudadana (2016), luego de analizar diversos estudios, concluye que: “En síntesis, la literatura especializada muestra que no hay evidencia de los efectos de la disuasión general a través del aumento general en la severidad de las penas”.

En cambio, “cuando aumenta la probabilidad de captura, disminuyen los incentivos para participar de la actividad criminal” (Cea, Ruiz y Matus, 2006); y “conforme a la evidencia, más que preocuparse por la pena probable, los infractores se inquietarían por la mayor certeza en torno a la posibilidad de ser capturado” (Paz Ciudadana). Así, Salinero (2009) en un estudio realizado respecto de la incidencia de la probabilidad de condena en los robos, concluye que: “para el caso chileno, el aumento de la población penal no trae como consecuencia una disminución de la tasa de denuncia del delito de robo”; mientras que “el aumento de la probabilidad de condena implica una disminución real en la comisión de los delitos de robo”. ¿Cómo se logra eso? Salinero señala que es necesario “aumentar la dotación de policías” y su eficacia, aumentando las detenciones y el uso nuevas tácticas policiales.

¿Y qué ofrece Kast? ¿Qué propone Kast? Que no hay que mejorar las policías. Que hacen todo bien, que no son necesarias reformas.[1]

Casi nada sobre combatir los factores que producen la delincuencia. Kast ofrece sancionarla. Le basta el castigo. Pero para que haya castigo se requiere primero tener un detenido y luego una buena investigación que permita ofrecer pruebas contundentes en un juicio. Recién ahí se puede condenar. Todo esto requiere reformas sustanciales de las policías, a quienes Kast defiende como héroes, incapaz de ver un mínimo defecto en el trabajo policial.

Hasta la mano dura que ofrece requiere mejorar las policías, pero él es incapaz de verlo. Ofrece medios que no sirven a sus propios fines. Prefiere quedarse con el populismo penal. Pues, pese a todo, habrá gente que vote por él creyendo que su promesa de disminuir la delincuencia será cumplida.

Este es su último fanatismo.

NOTA:

[1] En su programa promete “respaldo incondicional a Carabineros e Investigaciones”, ya que “nadie se atreve a defenderlos”, señalando que no le temen a los militares, que recuperarán la Araucanía “y si es necesario (…) todos los lugares de Chile que necesitan más autoridad”. Promete: construir más cárceles; sanción para quien agreda física o verbalmente a un policía, quienes serán juzgados y condenados (¿dominará al Poder Judicial? Porque la condena no depende del Gobierno); aumentar las penas a los portonazos (se aumentó el 2019 a 5 años si hay sorpresa, llega a 20 años si hay violencia) y entregar más herramientas a las policías para prevenirlos (no señala cuáles); aumentar las penas a la violencia urbana, pues los chilenos estaríamos “cansados de la primera línea, sus destrozos y afrentas (no dice qué penas ni qué delitos, pero la ley antibarricadas aumentó las penas el 2020); duplicar penas por daños a monumentos nacionales (no especifica el perjuicio, pero esos daños ya tienen pena de hasta 5 años y multa); “los presos van a trabajar para pagar su gasto en prisión” (esto va contra tratados internacionales); coordinación internacional anti-radicales de izquierda (¿Operación Cóndor 2.0?); aumentar la cárceles concesionadas (pese a abundantes estudios sobre su fracaso); aumentar las penas a adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos graves (no dice a cuánto, pero ya llegan hasta 10 años); aumentar las penas por delitos contra funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones (ya existes figuras agravadas para estos delitos).

* Agradecemos a la autora por enviarnos este texto. Andrea Quevedo es abogada y máster en Derecho Penal.