En la web de este centro de estudios que, curiosamente, no realiza estudios, podemos ver el granado grupo de personas que conforman su equipo. Y en su sección de "Quiénes somos", encontramos su autodescripción, transcrita aquí en parte:
"Somos un centro de estudios e investigación privado fundado en 1990, independiente de todo grupo político, religioso, empresarial y gubernamental. Nos dedicamos al análisis de los asuntos públicos, promoviendo los valores y principios de una sociedad libre.
Nuestros fundadores Hernán Büchi, Carlos F. Cáceres, Cristián Larroulet y Luis Larraín, tuvieron como objetivo principal colaborar para que las políticas públicas en Chile se orienten a defender la libertad individual, el libre funcionamiento de los mercados, el derecho de propiedad y el progreso e igualdad de oportunidades de sus habitantes a través del desarrollo económico.
Como puede leerse, sin ningún pudor se elude aclarar el tipo de institución que realmente es L&D: una especie de agencia de lobby y de difusión de ideas que beneficien a la élite multimillonaria del país.
En realidad L&D es una turbia organización que se esconde tras una falsa independencia y defensa de la libertad. Pues, su objetivo no es otro que favorecer que el 1% pueda hacerse aún más rico, sin siquiera considerar la situación de 99% restante de los chilenos.
§§§
Hugo Herrera
Luis Larraín [a enero de 2023 presidente del Consejo Asesor] dice que 800 personas financian Libertad y Desarrollo (LyD). La Segunda estableció, en un reportaje del 16 de abril de 2018, la baja transparencia del instituto: en una escala de 0 a 7, obtuvo apenas un 1.
LyD es un ente peculiar. Se presenta como “centro de investigación”, incluido un grupo de “investigadores”, sin que, empero, se le conozcan resultados que cumplan los estándares mínimos según los cuales se entiende a esa labor en Occidente.
Cabe pensar que los donantes malgastan su dinero o son engañados: se lo entregan a un “centro de investigación” que no hace investigación acreditada.
Pocos previeron las dimensiones de la protesta social de octubre. Sin embargo, desde ambas veredas del espectro político y cultural se venía advirtiendo sobre un desajuste profundo entre los anhelos y pulsiones populares, y la institucionalidad y los discursos dominantes. Con muchísimos menos recursos, en el IES, en Idea País, en diversas universidades, habían reparado en el problema. LyD, en cambio, operó pertinazmente en su dogmatismo tipo Friedman de los setenta, según el cual el orden económico neoliberal es la base del orden político.
Su director, Luis Larraín, podía escribir, en un libro autopublicado, después de las protestas de 2011: los chilenos “quieren más del modelo”. Tras el estallido social, LyD cifró la raíz del problema en la cuestión del crecimiento, dejando de lado el asunto político y sin reparar siquiera en las razones hondas del estancamiento productivo (para entenderlas, puede leerse a auténticos investigadores: Bergoeing, en la OCDE, Ffrench-Davis).
Entonces, habría que preguntarle a los donantes: ¿vale la pena seguir botando dinero en un “centro de investigación” que no solo no investiga, sino que además es incompetente? La donación, a esta altura, es, además, políticamente irresponsable.
Gracias a ella, LyD sigue actuando como un verdadero tapón hermenéutico, reduciendo a la centroderecha [¡sic!... LyD es, a todas luces, de extrema derecha] en sus capacidades de entender la situación y desplegar un pensamiento político amplio, allende los estrechos límites de cabezas para las cuales el individuo es una entidad última y autónoma, y el Estado es mero agregado por limitar al papel de gendarme.
El asunto podría tener un giro más turbio. Ocurre que LyD es un enclave. Su contingente de operadores interviene en el proceso legislativo y el gobierno.
Probablemente esas capacidades de operación expliquen una parte de los 800 donantes, a la que, en verdad, no le importaría que no haya investigación ni comprensión pertinente de la situación. Lo que la estimularía es la capacidad de LyD de permear el proceso político.
En la época en que el financiamiento de los partidos ha sido normado, sería deseable saber quién le paga a esa pléyade de activistas. No sea que la política esté siendo irregularmente financiada por esa vía.
* Publicado por El Mercurio, 02.06.20. Hugo Herrera es un filósofo y académico de derecha.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario