El trabajo más allá del mero trabajo

En Occidente el trabajo ha sido históricamente separado, por motivos ideológicos, de quienes lo ejecutan. Lo que fuera de ser una partición imposible, ha implicado una radical diferencia de estatus entre las y los trabajadores y los productos de su labor. Cuestión que asimismo ha tenido consecuencias en los premios o pagos recibidos por el trabajo: mientras se ha admirado la obra se ha menospreciado al obrero.

Si nos situamos en tres contextos históricos y culturales diferentes de Occidente, se puede graficar lo antedicho en una mirada muy general de tales hechos y procesos, los que en realidad son mucho más complejos.

En la antigua Atenas clásica (siglo V a.C.) el trabajo manual era despreciado al ser un evidente indicador de la inferior condición socioeconómica, moral e intelectual de una persona. La dependencia que suponía tener que trabajar para sobrevivir era despreciada desde los valores impuestos por los grupos dominantes y su alta consideración del ocio: demostraban su superioridad al no laborar productivamente en virtud de poseer un patrimonio suficiente para disponer de trabajo dependiente (libre o esclavo).

Luego, durante la Baja Edad Media (aproximadamente entre los siglos X-XV), si bien ya Europa occidental era cristiana, la visión general del trabajo no varió. Desde los valores de los estamentos dominantes, las labores manuales siguen suponiendo una marca pública de bajeza e incluso de vileza. Obviamente ello se remarcaba en el caso de los siervos sujetos a las tierras de sus señores. Aunque en ciertos ambientes monacales el trabajo era parte de la devoción y, por ende, no cargaba estigma alguno, la nobleza rechazaba las labores manuales y a sus ejecutores. Lo que, como en la antigua Grecia, no implicaba no necesitar, desear y admirar los productos del trabajo.

Para los siglos XVII y XVIII, la llamada Modernidad no trajo mayores variaciones a Europa. A pesar de que el trabajo en algunos casos (como en el de las llamadas profesiones liberales: profesores, abogados, médicos, etc.) adquiere un tinte más respetable, el propiamente manual se mantiene como una actividad degradada y en tal sentido una marca de bajo estatus social e incluso moral. La derrota de la nobleza en los llamados procesos de emancipación burguesa no altera mayormente la escala de valores clasista, ni tampoco concede derechos políticos a los trabajadores. Ahora la burguesía triunfante se suma a la nobleza en su desprecio del trabajo manual cuyos ejecutores fueron convertidos en mercancías por la naciente economía política.

La historia que aquí hemos recorrido, se insiste, desde una perspectiva muy general, es un continuo de desprecio y opresión de los trabajadores. Ya se sabe que la industrialización del siglo XIX, si bien trajo algunos progresos a ciertos grupos de obreros especializados, también significó pobreza y hasta miseria para una gran mayoría, y ni qué decir de la explotación. Recuérdese que no sólo Karl Marx o los anarquistas dan cuenta de ello, asimismo en la conservadora Iglesia católica de la época se tiene que el papa León XIII rechaza la explotación del trabajo por parte del capitalismo salvaje.

A la fecha, nuevamente no se pueden desconocer ciertos avances en algunos contextos, pero sin cegarse ante el mismo desprecio por las labores de los trabajadores y la explotación que han sufrido por siglos. En una época de acrecentamiento sin igual del capital de la mano del mercado autorregulado, convive la opulencia con la miseria, la inseguridad y hasta la semi o esclavitud completa de millones de personas. La legitimada meta de maximización del lucro ha provocado cesantía por las deslocalizaciones de fábricas y una gran presión sobre los trabajadores para que aumenten su productividad en condiciones de precariedad y bajos salarios. Todo ello apoyado científicamente por la disciplina económica, que ha venido a legitimar un proyecto a todas luces ideológico con una vestidura de “ciencia” objetiva y neutral: no hay explotación sino condiciones de mercado; no hay intencionalidad política, sino imparcialidad ante sucesos de mercado.

A dicho escenario se ha venido a sumar una visión ingenuamente progresista de la tecnología, donde se celebra cual fin en sí la tecnificación de múltiples procesos productivos y tareas manuales. La promesa del abaratamiento de la producción ―que ya se sabe no necesariamente implica abaratamiento de las mercancías para los consumidores― se viene considerando como algo sin duda positivo. Lo que obscurece una consecuencia obvia: la pérdida de millones de empleos.

La situación histórica del trabajo en Occidente lleva a preguntarnos una cuestión que no por evidente ha sido poco discutida u olvidada: ¿qué es el trabajo y para qué trabajamos? Hoy la inseparable dualidad persona-trabajo es concebida por la economía dominante (académica y práctica), simplemente cual factor de la producción que posibilita ganar dinero para acceder al bienestar mediante el consumo. Lo que en el fondo provoca una falacia antropológica: el trabajo queda separado de lo político, cultural, moral, psicológico, social, etc. Situación que no pasa de ser una hipótesis o un deseo ideológico, no una realidad.

Gracias a diferentes disciplinas socioculturales, se sabe hace mucho que el trabajo en tanto actividad social es para diversas personas, grupos y pueblos, mucho más que una mera acción mecánica que recibe un premio material. Obviamente las labores productivas posibilitan el sustento, pero nunca ninguna civilización las concibió como lo ha llegado a hacer la economía dominante (académica y práctica). Para diversas sociedades a través del tiempo el trabajo ha sido inseparable de aspectos mágico-religiosos, éticos, sociales, educativos, recreativos, etc. En tal sentido, por contradictorio que parezca para personas que viven en sociedades neoliberales, el trabajo obviamente coopera al sustento; pero jamás se lo consideró ni limitado a dicha meta ni como su único y verdadero sentido.

Un caso, entre los muchos posibles, de esa visión compleja del trabajo se tiene en los pueblos originarios americanos. Por ejemplo, en la zona conocida como Andes Centrales, desde hace miles de años sus diversos grupos han comprendido el trabajo desde una perspectiva que rebasa ampliamente el objetivo materialista occidental neoliberal. Así, entre otras cosas, el trabajo se ha comprendido como la materialización y recordatorio del nexo social del colectivo: es una instancia de reciprocidad material-emocional y de la fiesta que celebra y agradece dicho nexo y reciprocidad. La materialización y recordatorio de las tradiciones que dan unidad e identidad a las comunidades: trabajan juntos porque son parientes-amigos y es lo moralmente debido. La materialización y recordatorio de lo mágico-religioso: el trabajo es también rito de agradecimiento y nexo con lo divino.

En otras palabras, es imposible para el mundo andino aislar el trabajo de lo sociocultural y entenderlo simplemente como una vía de supervivencia material. En esas condiciones es difícil, cuando no imposible, que el trabajo se aliene.

Por supuesto que no se trata de idealizar al mundo andino, pues toda cultura presenta luces y sombras. Es más, la explotación de unos sujetos originarios por otros sujetos originarios no ha estado ajena a los pueblos indígenas, desde la connivencia entre españoles y algunos nativos en la Colonia temprana a la fecha. No obstante, vale la pena destacar las diferencias con la historia occidental y sobre todo con el presente neoliberal, que ha venido a extremar la instrumentalización de las personas que laboran.

Debe aclararse que no se trata de buscar modelos que no tengan el sustrato cultural para ser llevados a la práctica con éxito. Sin embargo, vale la pena señalar que, al contrario de los supuestos saberes “científicos” que determinan una sola vía para la vida colectiva y para lo económico, ha habido y hay formas alternativas de concebir el trabajo. No se trata de utopías, buenos deseos o intuiciones; sino que investigaciones en verdad científicas lo han demostrado. De donde es muy relevante distinguir entre esos conocimientos y la ideología neoliberal que se disfraza de “ciencia económica”.

Para concluir, se cree aquí que el paso que sigue al conocimiento es la acción política de transformación. Es hora de rechazar los cantos de sirena dominantes que nos intentan convencer de que no hay opción al neoliberalismo, de que todo lo que no corresponda a sus supuestos y propuestas está obsoleto o es inviable. Ciertamente la tecnologización debe hacernos replantearnos cuestiones; más lejos está ello de hacer olvidar una cuestión fundamental a la vida humana: la justicia. Con mayor razón cuando hablamos de justicia para la inmensa mayoría de la humanidad, es decir, para los millones de personas que realizan una labor productiva sustentadora.

* Publicado en Agenda Latinoamericana, 2020.

Frivolidad de la derecha

Pablo Azócar

Muchas veces me pregunté por qué Augusto Pinochet, en el mundo entero, aparece en todos los listados de los personajes más perversos de la historia universal de la infamia. La primera respuesta que se me viene a la mente: la crueldad. 

Pocos regímenes han ejercido una crueldad tan rigurosa, fría y sistemática. El dictador chileno no solo mandó matar a varios de sus amigos y jefes a los que había jurado lealtad eterna, comenzando por el general Carlos Prats, quien lo había aupado y cobijado como se cobija a un hijo, sino que además creó un aparato represivo que recurrió a las sevicias más delirantemente inhumanas de las que se tenga memoria.

A un afamado cantautor le reventaron las manos para que no tocara nunca más la guitarra, a una dirigente estudiantil le plantaron una plancha hirviendo para deformarle la cara, a dos adolescentes los rociaron de parafina y los quemaron minuciosamente de arriba a abajo, a un obrero le martillaron los dedos para que no volviera a ejercer su oficio, a una enfermera le atravesaron las manos con yataganes hasta que se fue desangrando entera, a un campesino de 16 años le reventaron la cara y lo encontraron con la boca llena de excrementos de caballo, a un pianista le fueron arrancando una a una las uñas de las manos, a un dirigente político lo mataron a pausas quemándole el pecho con un soplete. Conocí a una adolescente que estaba embarazada porque la habían violado una y otra vez salvajemente en una cárcel clandestina. Conocí a un niño al que le pusieron electricidad en la entrepierna delante de sus padres para que estos “hablaran”. Conocí a una mujer que era incapaz de tener relaciones sexuales porque le habían metido ratones en la vagina, y a otra que la amarraron para que fuera penetrada por un perro entrenado.

El Informe Rettig y sobre todo el Informe Valech –documentos oficiales del Estado chileno, redactados por autoridades morales y especialistas de todo el arco político–recogen una parte de esas atrocidades. Me armé de valor y leí de principio a fin el Informe Valech, y la experiencia resultó más terrorífica que las peores novelas de terror. En ese informe, sin ir más lejos, hay una lista de más de mil niños que padecieron vejámenes diversos. 

Las personas que redactaron ese informe de espanto recibieron decenas de miles de testimonios, aunque fueron muchísimas las víctimas que no se animaron a hacerlo para no revivir el horror, la humillación y el miedo. 

Destaca el Informe Valech que además millones de chilenos perdieron el trabajo o la vivienda, denigrados, excluidos y acosados, cientos de miles debieron partir al exilio, y muchos de los que se quedaron tuvieron que sobrellevar la estigmatización y la persecución. Algunos fueron detenidos varias veces y debieron cambiar de ciudad. Otros, en sus pueblos, experimentaron el escarnio de tener que convivir con sus propios torturadores. En ese informe pavoroso quedaron registrados más de setecientos regimientos, retenes, comisarías, campos de concentración o cárceles secretas –en todas las regiones del país– donde sucedieron los hechos, con fechas y pormenores.

A pesar de los años transcurridos, los millares de testimonios que recoge el Informe Valech resultan sobrecogedores. 

“Me rompieron las fibras del ano al meterme objetos contundentes”. “Perdí la visión del ojo derecho por golpes de metralleta”. “Entonces un milico se sacó el pene y me obligó a que se lo enderezara con mi boca, después vino el otro y el otro, el último se fue en mi boca, mi vida nunca fue la misma ya que solo tenía 15 años”. “Me aplicaron el ‘teléfono’, golpes al unísono en ambos oídos, reventándome el derecho”. “Me fueron arrancando las muelas sin anestesia”. “Me colgaron de los pies, me hacían comer excrementos y agarraban del cuello delante mío a mi hija de nueve meses diciéndome que la iban a matar”. “Me molieron los riñones con los golpes y aún tengo secuelas”. “Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y con mi hermano”. “Me golpearon tanto que perdí la memoria y la visión”. “Nos hicieron desnudarnos, pasando una barra entre los codos y la parte trasera de las rodillas, la sensación era de descuartizamiento”. “Me deshicieron los testículos con la corriente”. “Tengo huellas de quemaduras de cigarro en todo el cuerpo”. “Me destruyeron la vagina, no pude defecar sin dolor durante años”. “Me dejaron ahí y se me gangrenó una pierna”. “Me tuvieron que extirpar el útero y los ovarios por hemorragias internas”. “Hoy tengo una afección cardíaca producto de la corriente que me aplicaron”. “Quedé con un terror que nunca se me fue, paranoia, claustrofobia, angustia”. “Sigo reviviendo una y otra vez lo que padecí en esos días”. “Todavía lloro mientras duermo”.

¿Cómo se mide la inmensidad de ese dolor? ¿Cómo se mide esa humanidad ultrajada tan masivamente y, por lo general, tan anónimamente? ¿Qué cicatrices pueden quedar en la psiquis de un país después de una barbarie de esas dimensiones?

Lo desconcertante es que lo que vino después fue el silencio. El país oficial sencillamente decidió que todo aquello se metiera debajo de la alfombra. En nombre de la “reconciliación” y la estabilidad política, se resolvió simplemente que no se volviera a hablar sobre el asunto. 

Se clausuró sin ceremonia alguna la heroica Vicaría de la Solidaridad, se canceló de la historia oficial al Cardenal Raúl Silva Henríquez, se escondieron a conciencia el Informe Valech y el Informe Rettig y los cientos de miles de testimonios, no hubo políticas de reparación, y la prensa casi no volvió a hablar sobre el asunto. Que los familiares se las arreglaran como pudieran. Como en las maldiciones bíblicas, se quedaron a solas con ese quiste los hijos y los nietos y los bisnietos.

Medio siglo después, están a la vista las consecuencias. Todavía hoy hay numerosos políticos y parlamentarios que siguen endiosando a Pinochet y negando que existiera aquel horror dantesco. Las fuerzas armadas continúan rehusándose a revelar el paradero de más de mil desaparecidos, una palabra que se instaló en el léxico universal a partir de los regímenes militares chileno y argentino. El líder ultraderechista José Antonio Kast, que aparece ahora como favorito en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, se declaró “amigo personal” y participó en homenajes al militar Miguel Krassnoff, uno de los torturadores más sanguinarios, condenado a más de 900 años de cárcel por múltiples casos de violaciones a los derechos humanos. 

La derecha política chilena no se ha “despinochetizado”. Ni atisbos de mea culpa, ninguna señal de haber dimensionado de verdad la salvajada que fue la política de exterminio emprendida por el Estado chileno en aquellos años. Líderes, intelectuales y dirigentes siguen hablando de “caídos de lado y lado” y sosteniendo que solo se trató de ciertos “excesos”.

Cuando el presidente Gabriel Boric otorgó en julio en España una distinción honorífica al jurista Baltazar Garzón -quien hizo que Pinochet fuera detenido en 1998 en Londres en nombre de la justicia universal de las Naciones Unidas-, la derecha chilena reaccionó escandalizada y presentó un reclamo formal ante la Cancillería. “El reconocimiento a Garzón es una vergüenza”, dijo un diputado. “Es una provocación”, dijo otro. No perdonan a Garzón: no le perdonan haber mancillado la figura del “tata” Pinochet. Todo esto no es privativo de la derecha: se ocultó todo durante tantos años, se clausuró tan sistemáticamente esa memoria, que hoy día sale gratis el negacionismo, o relativizar los hechos, o aplicar el viejo sistema de los empates.

La paradoja es terrible: Chile es probablemente el único país del mundo en el cual no existe conciencia aún de lo monstruoso que fue el régimen de Pinochet. Se corrieron todos los límites imaginables del bien y del mal, ni Calígula ni Nerón llegaron a extremos semejantes. 

Los alemanes se han dedicado durante décadas, día a día, mes a mes, año a año, a recordar el holocausto hitleriano, en películas y ensayos y novelas, en fotografías y cuadros y monumentos, en museos y ceremonias y memoriales. El holocausto chileno, en cambio, ni siquiera tiene nombre. Esa es la frivolidad que se instaló con el peso de la noche, una frivolidad que continúa campeando hoy, como si nada nunca hubiera sucedido.

* Publicado en La Tercera, 11.09.23.

El asesinato de Chile

El historiador Eric Hobsbawm, en un análisis publicado apenas nueve días después del Golpe, subraya la influencia de Estados Unidos —su necesidad de supremacía en América Latina—, se pregunta cuántos chilenos caerán “víctimas de la venganza de su propia clase media” y, con una claridad meridiana, les dice a quienes se preguntan qué otra opción tenía Chile: “La respuesta es simple: no hacer un Golpe”.

Eric Hobsbawm

El asesinato de Chile se había esperado durante tanto tiempo y la agonía de los últimos meses de Allende ha sido tan cubierta por la prensa, que todos los que viven de aparecer en los medios ya pronunciaron sus responsos; con la excepción de Washington, que mientras escribo continúa manteniendo un elocuente silencio. Incluso el Partido Laborista, que mostró el mismo interés por la socialdemocracia en Chile —mientras estuvo viva— que por los asuntos corrientes de Afganistán, ha llorado su muerte con algunas lágrimas oficiales. Esto es temporalmente embarazoso para los asesinos, cuyo modelo fue una contrarrevolución mucho menos publicitada, la que por cierto produjo la mayor masacre que se registre en la posguerra: la de Indonesia, en 1965[1].

Antes del Golpe, los jóvenes reaccionarios habían pintado “Yakarta” en los muros de Santiago; y ahora los militares chilenos les están diciendo a los televidentes cuán exitosa ha sido Indonesia desde entonces en atraer el capital extranjero. No habrá ningún problema para atraer el capital extranjero. Nadie sabrá siquiera cuántos chilenos caerán víctimas de la venganza de su propia clase media, pues la mayor parte de las víctimas será el tipo de chilenos de quien nunca nadie oyó hablar más allá de su fábrica, su población o su pueblo. Después de todo, cien años después de la Comuna de París, todavía no conocemos con precisión cuántas personas murieron en la masacre que acabó con ella.

El principal problema con las condolencias públicas es que muy pocos de sus autores estaban realmente interesados en Chile. La tragedia de este pequeño y remoto país es que, como España en los años treinta, su proceso político resultó ser de importancia mundial, ejemplar y, desafortunadamente, desprotegido. Se volvió un test, un caso de estudio.

Los americanos [estadounidenses] sabían perfectamente que el experimento no era acerca de si el socialismo podía sobrevenir sin una insurrección violenta o una guerra civil, sino sobre algo mucho más simple: para ellos el asunto era, y sigue siendo, la permanencia de su supremacía imperialista en América Latina. En los cinco últimos años este dominio ha comenzado a verse erosionado por una serie de regímenes políticos, no solo Chile sino también Perú, Panamá, México y más recientemente, con el triunfo de Perón, Argentina. 

Más que Allende, se habría apostado que Perón iba a ser quien finalmente atrajera hacia sí un golpe de Estado. Estados Unidos se había confiado, con buenas razones, en que un lento estrangulamiento de la economía acabaría con el experimento socialista en Chile, que siempre fue un país con una deuda externa en permanente escalada, costos de importaciones en rápido ascenso y una sola materia prima para vender, el cobre, cuyo precio se derrumbó en 1970 y se mantuvo bajo los dos años siguientes. Pero hoy los americanos [estadounidenses] sienten que ya no pueden esperar. En cualquier caso, las continuas entregas de armas a las Fuerzas Armadas chilenas muestran que Estados Unidos siempre tuvo en mente la posibilidad de un Golpe[2].

Para el resto del mundo, Chile era un experimento más bien teórico sobre el futuro del socialismo. Tanto a la derecha como a la ultraizquierda les preocupaba probar que el socialismo democrático no es algo que pueda funcionar. Sus obituarios, por lo tanto, se han concentrado en probar cuánta razón tenían. Para ambos bandos la culpa es de Allende.

La debilidad y los errores de la Unidad Popular de Allende fueron, sí, graves. Pero antes de que la mitología decante y solidifique en moldes inmóviles, dejemos tres cosas en claro. La primera y más obvia es que el gobierno de Allende no se suicidó sino que fue asesinado. Lo que acabó con él no fueron los errores políticos y económicos ni la crisis financiera, sino la metralla y las bombas. Y para aquellos comentaristas de la derecha que se preguntan qué otra opción les quedaba a los opositores de Allende más que un Golpe, la respuesta es simple: no hacer un Golpe.

En segundo lugar, el gobierno de Allende no era un experimento de socialismo democrático, sino un intento de la burguesía de atenerse a la legalidad cuando la legalidad y el constitucionalismo no servían ya a sus intereses. La Unidad Popular no tuvo el tipo de poder constitucional que el Partido Laborista ha tenido, y malgastado, cuando ha sido gobierno. Tenía a un presidente legalmente elegido por un pequeño margen de votos, que enfrentaba a un Poder Judicial hostil y a un Congreso controlado por sus enemigos, que le impidieron aprobar cualquier proyecto de ley, excepto si la oposición lo autorizaba. Allende no operó con un poder constitucional, sino meramente con los recursos que su ingenio le permitió obtener de su posición como mandatario legítimo (aunque constitucionalmente baldado). La mayor parte de esos recursos se habían agotado a fines del primer año de gobierno. Incapaz de obtener el control en las elecciones parlamentarias de este año, no había forma de obtener mucho más por los medios constitucionales.

Pero ¿y por medios inconstitucionales? Este es el tercer punto al que quería hacer referencia, y es que la opción de “revolución” antes que “legalidad” no era realmente una opción. Ni militarmente ni en términos políticos estaba la Unidad Popular en posición de imponerse en un torneo de resistencia física. 

Sin duda, Allende detestaba la idea de la guerra civil, como cualquier adulto con experiencia histórica, sin importar lo convencido que se esté de que a veces es necesaria. Pero si hizo todo lo que estuvo en su poder para evitarla fue porque creía que su bando sería el perdedor, e indudablemente tenía razón. 

Fue el otro bando el que trató de provocar una prueba de fuerza, y, por cierto, lo hizo echando mano de los métodos tradicionales de la clase obrera, con efectos devastadores. Las huelgas nacionales de los camioneros fueron diseñadas no simplemente para paralizar la economía, sino para enfrentar al gobierno con una decisión incómoda, la coerción o la abdicación, y de este modo, obligar a los militares a abandonar su postura de neutralidad política. Porque los reaccionarios sabían que si los militares debían elegir entre identificarse con la izquierda o con la derecha, lo harían con la derecha. Las huelgas fallaron el último otoño, pero tuvieron éxito este verano.

Contra este estado de cosas, Allende solo contaba con la amenaza de la resistencia. En efecto, preguntó al otro bando si estaba preparado para embarcarse en una fea y, a largo plazo, incontrolable guerra civil. Probablemente calculó mal la reticencia de la burguesía chilena a esa opción. En general, la izquierda ha subestimado el temor y el odio de la derecha, la facilidad con que los hombres y mujeres bien vestidos adquieren el gusto por la sangre. Pero como los acontecimientos han mostrado, la resistencia de la izquierda estaba organizada. Solo el tiempo dirá si estaba organizada lo suficientemente bien. Quizás, no. Pero a diferencia de la izquierda brasileña en 1964, la izquierda chilena ha caído luchando[3]. Y si el país va a entrar ahora en un periodo de oscuridad, nadie puede albergar la menor duda acerca de quién apagó la luz.

¿Qué podría haber hecho Allende? Es un difícil momento para llevar a cabo una investigación sobre los posibles errores de esos hombres y mujeres valientes, muchos de los cuales están muertos o lo estarán pronto. 

Yo no quisiera en ningún caso unirme a aquellos que hoy rondan la tumba de Allende con carteles donde se lee, convenientemente escrito de diversas formas, “Te lo dije”. Ni siquiera es fácil, en este instante, distinguir entre lo que fue un error y lo que no lo fue, entre asuntos que no estaban bajo el control de los chilenos (como el mercado del cobre), asuntos que teóricamente podrían haber sido de otro modo, pero que en la práctica eran inmodificables (por ejemplo, la parálisis de la política a raíz de las rivalidades al interior de la Unidad Popular), y políticas que sí podrían haber sido diferentes. No hay duda de que la apuesta económica del régimen de Allende —y fue siempre una apuesta contra todas las previsiones— fue un fracaso.

Personalmente no creo que hubiese mucho que Allende hubiera podido hacer después de, digamos, principios de 1972, excepto hacer hora, asegurar la irreversibilidad de los grandes cambios que se habían logrado concretar y con suerte, mantener un sistema político que le diera a la Unidad Popular una segunda oportunidad más tarde. En el curso de un solo periodo presidencial no había modo de construir el socialismo, y Allende lo sabía y no prometió hacerlo. 

En cuanto a los últimos meses, es casi seguro que no había prácticamente nada que él pudiera hacer. Por trágicas que sean las noticias sobre el Golpe, era un hecho esperado y que se había predicho. No fue una sorpresa para nadie.

NOTAS del Blog:

[1] Entre 1965 y 1966, en el contexto de un golpe de estado de militares encabezados por el general Suharto contra el presidente Sukarno, apoyados por Estados Unidos e Gran Bretaña, se persigió y exterminó a militantes del Partido Comunista. Asimismo a "sindicalistas, hinduistas, cristianos, musulmanes moderados y a la minoría china". Se especula de entre 500 mil a 2 millones de personas asesinadas. Sobre la masacre el titular de este blog se permire recomendar el documental "The act of killing" (2012) del realizador Joshua Oppenheimer.

[2] Lo que el llamado Informe Church del propio Senado de Estados Unidos confirmó ya en 1975.

[3] A pesar de cierta resistencia, acá se muestra más el voluntarismo del autor que su información. A menos que se refiera a la resistencia de Allende en La Moneda.

* Publicado en Revista Santiago, 09.09.23. Originalmente se publicó en New Society (20.09.73).

(In)Humanidad derechista

La Cámara de Diputadas y Diputados les rindió un homenaje a diputados DDDD. Los derechistas, apenas comenzó el homenaje, hicieron un punto político al retirarse, sin ninguna discreción, de la sala.

Daniel Matamala

Carlos Lorca era el mayor de cinco hermanos, hijo de una profesora normalista y de un vendedor. Se tituló de médico siquiatra. Le gustaba jugar ajedrez, la música de Serrat y los Beatles. “Había una bondad sobrecogedora en Carlos, una risa como la de los niños, auténtica y verdadera”, recordaría tiempo después su amigo Ennio.

Tenía 30 años y un hijo.

Vicente Atencio provenía de la quebrada Los Chacayes, cerca de Los Andes. Fue pirquinero en el sur, obrero del salitre en el norte, y trabajador de la construcción en Arica. “Un hombre alegre, un hombre consecuente, un hombre humilde”, recordaría tiempo después su sobrina nieta Lenina.

Tenía 47 años y cuatro hijos.

Luis Gastón Lobos nació en Río Bueno y creció en Valdivia, donde estudió en el Instituto Comercial y se tituló de contador. En Pitrufquén se casó y se convirtió en bombero. “Se ponía a cantar, o se iba silbando, y yo le decía “¡pero papá!” y él se moría de la risa. Le gustaba mucho jugar”, recordaría tiempo después su hija Marianela.

Tenía 46 años y cinco hijos.

“Tenía”. El pretérito imperfecto en estos casos es muy imperfecto. Sabemos la edad que tenían Carlos, Vicente y Gastón la última vez que fueron vistos con vida. Pero no sabemos exactamente cuánto sobrevivieron. Cuánto duraron sus tormentos en esas mazmorras del horror donde la palabra “tortura” tenía significados que ni siquiera queremos imaginar. Por eso elegimos el eufemismo sobre la descripción, la palabra fría sobre el detalle horrible. “Apremios ilegítimos”. “Torturas”. “Violaciones de los derechos humanos”.

Carlos, Vicente y Gastón tuvieron vidas disímiles, casi opuestas. Vivieron en distintos puntos del país, en oficios con tan poco en común. Cuando se interesaron por la política, militaron en diferentes partidos. Carlos fue socialista. Vicente, comunista. Gastón, radical.

Sus vidas se cruzaron por vez primera el 11 de marzo de 1973, cuando fueron elegidos diputados. Carlos, por Valdivia. Vicente, por Arica e Iquique. Gastón, por Temuco. Seis meses después, la dictadura cerró el Congreso y la cuenta regresiva de sus vidas comenzó.

Gastón fue el primero en caer. Lo arrestaron dos días después del golpe. Le cortaron el pelo al rape y lo dejaron con arresto domiciliario. El 5 de octubre lo detuvieron de nuevo. “Dijo que nos quedáramos tranquilos, que él ya iba a volver”, recuerda su hija Marcela, entonces de 11 años. “Pasé muchos años esperando que tocara la puerta y que volviera”. Tras seis días de arresto en Temuco, un fiscal firmó el documento que lo dejaba libre por falta de méritos. Pero en vez de liberarlo, lo hicieron desaparecer.

Carlos fue el siguiente. Agentes de la DINA se lo llevaron el 25 de junio de 1975, desde una casa en calle Maule, Santiago, y lo subieron esposado a un Fiat 125 rojo. Fue visto en Villa Grimaldi, antes de que se perdiera su rastro para siempre.

A Vicente, la DINA se lo llevó la mañana del 11 de agosto de 1976. Lo trasladaron a Villa Grimaldi. Su cuerpo apareció por casualidad. En 1990, mientras se excavaba un terreno en el Fundo Las Tórtolas de Colina, que había pertenecido al Ejército hasta 1980, encontraron sus restos y los de otras dos personas en fosas clandestinas.

Hay una tumba con el nombre de Vicente. No las hay con los nombres de Carlos y Gastón.

Este miércoles [06.09.23], la Cámara de Diputadas y Diputados les rindió un homenaje. Se recordaron sus cualidades humanas, su trabajo como parlamentarios y su legado. Mientras ello ocurría, el hemiciclo estaba semi vacío. Muchos parlamentarios se ausentaron. Otros, apenas comenzó el homenaje, hicieron un punto político al retirarse, sin ninguna discreción, de la sala.

Han sido días oscuros para Chile. Lejos de ser el hito que permitiera restañar heridas y sellar un compromiso con los valores democráticos y humanistas, estos 50 años nos han retrotraído a un escenario que creíamos ya superado: la justificación del golpe, la relativización del horror, el contexto usado como excusa, como atenuante, como justificación.

El exministro del Interior Víctor Pérez ha llegado a decir que los torturados, los asesinados, los desaparecidos, “fueron víctimas, sí, pero pudieron ser victimarios”.

El “sí, pero…” convertido en discurso político.

Parte de la responsabilidad es del gobierno, que nunca encontró el tono ni la estrategia para este hito. Tres ministros de Culturas y un asesor presidencial pasaron en este año y medio, con eventos que se organizaban y luego se cancelaban, y un presidente que, cual Hamlet, ventilaba dudas existenciales sobre su rol al mando de esta conmemoración.

Al final, el mayor logro fue mínimo: que los cuatro expresidentes, junto al actual mandatario, firmaran una declaración con un par de lugares comunes sobre la democracia. La firma no tuvo solemnidad, ya que no se logró que los expresidentes participaran en el acto del 11 en La Moneda.

Los partidos de derecha ni siquiera accedieron a firmar una declaración en la que ningún demócrata podría identificar un solo punto cuestionable. Primó el miedo a verse “blandos” ante el extremismo de los republicanos. Una derecha secuestrada por el pinochetismo más agresivo obliga a mirar con escepticismo el futuro de la democracia.

Pero lo ocurrido en la Cámara de Diputados demuestra que el problema no es sólo político. Es más profundo: es humano.

Deshumanizar al adversario está en el ABC de las dictaduras genocidas. Lo hicieron los nazis con los untermenschen (subhumanos), y el pinochetismo con los humanoides.

Lo hacían para apagar la humanidad. Esa luz al fondo del corazón, que nos avisa que, sin importar cuáles sean las diferencias entre nosotros, todos somos humanos.

Por eso, un hombre asesinado merece un homenaje. Y un homenaje impone presencia, silencio y respeto.

Empatía por el dolor de sus familiares y amigos, presentes en las tribunas. Recogimiento por quien fue un colega como parlamentario, pero antes que eso, un ser humano que cantaba, que jugaba ajedrez, que apagaba incendios, que reía con sus hijos. Un ser humano que amó y sufrió.

No debemos dejar que esa luz se apague. Porque si perdemos la humanidad, entonces lo habremos perdido todo.

* Publicado en La Tercera, 09.09.23.

La economía chilena en dictadura y en los gobiernos democráticos

El efectivo desempeño de la economía chilena durante la dictadura (1973-89) es contrastado con el desempeño durante los gobiernos de la Concertación (1990-2009), terminando con una breve mención de los resultados en los dos gobiernos recientes (desde 2010).

Ricardo Ffrench-Davis

La economía en la dictadura

Toda política puede tener efectos positivos y negativos. En el caso de las reformas económicas neo-liberales de la dictadura de Pinochet el balance es netamente negativo. No obstante, sin duda, tuvo varios logros beneficiosos para la evolución futura de la economía. El exitoso dinamismo exportador, cierto orden fiscal, control de la hiperinflación que había heredado en 1973, y recuperaciones de la actividad económica; estos logros fueron acompañados de dos graves recesiones, baja inversión productiva y alta inversión especulativa, profundización de la desigualdad, excesos de importaciones (con déficits en las cuentas externas insostenibles), desindustrialización, deterioro de la educación y de la inversión pública en salud, y elevado desempleo.

En resumen, los resultados netos fueron mediocres en lo económico y muy regresivos en lo social. En efecto, el ingreso por habitante de Chile, en 1973 (al inicio de la dictadura) era 28% del de los estadounidenses; en 1989 (al final de la dictadura) había disminuido a 25%. Por lo tanto, entonces, Chile no se acercó al mundo desarrollado (EEUU, UE, G-7) sino que se alejó en esos 16 años. En agudo contraste, en democracia, hacia 1997 (en 8 años), Chile había progresado a 34%. Posteriormente, siguió avanzando pero más lento; ahora (20 años después), está en 41%.

En dictadura, a veces el PIB aumentó 6% anual y hasta 9%, pero en otros cayó 14% o 17%. El mito de éxito se basa, en mucho, en considerar solo las recuperaciones ignorando las caídas. La realidad es que el promedio anual, contando recuperaciones y recesiones, fue de solo 2,9%, y una vez ajustado por el alza de la población (de 1,6% anual) entrega la mencionada caída frente al PIB por habitante de los EEUU desde 28% a 25%.

En lo social, el salario mínimo real era menor en 1989 que en 1981 y en 1974; y la brecha entre ricos y pobres se había agrandado, agravada en la primera mitad de la dictadura y peor aún en la segunda mitad (quintil rico con ingreso 20 veces el ingreso del quintil más pobre versus 12 a 13 veces en los 60s), el desempleo más que duplicó la tasa de desocupación de los 60's.

El empleo y el crecimiento económico están asociados a la inversión productiva (maquinarias y equipos y construcciones). Estas inversiones fueron menores en los 70's y 80's que en los 60's (20% del PIB versus 16%): los empresarios no “votaban” en el mercado por el gobierno pues preferían comprar empresas privatizadas en vez de crear nuevas. El balance neto de las reformas neo-liberales, al final no es pro-desarrollo sino más bien pro-especulación y pro-desigualdad.

La economía en democracia pos dictadura

El desempeño de la economía mejoró notablemente en democracia. Distinguimos dos etapas. Los primeros años de democracia y desde 1999. En 1990-98 la economía creció 7,1% anual, record no repetido. La tasa de inversión aumentó persistentemente desde 1991 hasta 1998, sustentando ese elevado crecimiento y el aumento del empleo. Destaco dos de los hechos sobresalientes de este periodo.

i) Es notable que los empresarios privados invirtiesen mucho más en los 90's que en 1973-89, en circunstancias que el gobierno del Presidente Aylwin debutó reponiendo el impuesto a las utilidades que había eliminado Pinochet desde el año del Plebiscito del No en 1988 y también reponiendo derechos laborales que se habían ido eliminando en el curso de la dictadura. Una eficaz acción económica y política demostró que es consistente con avanzar en una mayor carga tributaria y en los derechos laborales, ambos ingredientes esenciales de las economías más desarrolladas (el crecimiento es sostenible, entre otros, cuando se avanza en derechos sociales y económicos y en la producción de bienes públicos que requieren ingresos fiscales).

ii) El gobierno democrático también introdujo reformas sustanciales en el manejo de la macroeconomía, para lograr que se evitaran desequilibrios que conducen a grandes recesiones como aconteció durante la dictadura, en 1975 y 1982. Desde 1990 se procuró que se mantuviera a) una demanda agregada o total consistente con la evolución de la capacidad productiva que fue elevándose sobre 7% por año, b) que no se produjeran déficits en las cuentas externas; c) al mismo tiempo fue reduciendo la enorme deuda fiscal heredada de la dictadura. Para esto, que se denomina macroeconomía para el desarrollo, se regularon los flujos financieros y especulativos provenientes del exterior (se denominó “el encaje sobre flujos financieros”) y se manejó el tipo de cambio procurando mantener cierto equilibrio entre exportaciones e importaciones (se llama “flexibilidad administrada del tipo de cambio”). Gracias a esto, durante la próxima crisis de América Latina, que tuvo lugar en 1995, de los tres países más organizados y en progreso entonces —Argentina, México y Chile— los dos primeros sufrieron una grave recesión (México se contrajo 7% con acentuada desigualdad), mientras Chile creció sobre 7%, con alto empleo y mejoras de salarios.

El crecimiento fuerte llegó a la población. Se redujo la pobreza, el salario mínimo aumentó 63% en 1990-98 (recuérdese, que ese salario era menor en 1989 que en 1981 y que en 1974). La desigualdad aún campeaba, pero reducida y con una baja sustancial en la pobreza (de 45% en 1987 a 22% en 1998).

Desde 1999, la velocidad del progreso se redujo. Entre 1999 y 2001 hubo un cambio radical en la política macroeconómica. El Banco Central declaró libre el flujo de capitales financieros y liberó totalmente el tipo de cambio. Desde entonces, la actividad económica recibió libremente los altibajos de los mercados financieros internacionales, sufriendo shocks desestabilizadores del exterior en 1999-2002, 2008-2009 y 2013-17; en el curso de 2 decenios, solo en 2007 y 2012-13, el PIB efectivo estuvo cerca del PIB potencial. El anterior 7,1% fue reemplazado por una cifra inferior a 4%. Cifra, sin duda, aún respetable, pues le permitió seguir acortando distancia con los países desarrollados. Pero, el progreso en lo laboral y en la distribución del ingreso se debilitó; por ejemplo, ahora el ingreso mínimo aumentaba 3,1% en vez de 5,5% anual.

Estas tres diferentes velocidades dan cruciales lecciones para recuperar velocidad en el futuro.

Como la dictadura tuvo dos mitades bien diferenciadas: en la primera se impusieron las principales reformas neo-liberales y en la segunda mitad las reformas se moderan o algunas se corrigen; presentamos, también, un corte en los años de democracia en 1997. 

Con todo, el contraste es notable. Por ejemplo, el crecimiento por habitante promedió 1,3% en la dictadura y en este lapso de 16 años de democracia creció 4,1%. 

Es evidente que las mejoras sociales en democracia y los retrocesos en dictadura están asociados en parte al diverso ritmo de crecimiento. Este es esencial para la inclusión, y crecimiento e inclusión se auto-refuerzan. El neoliberalismo es mediocre en ambos componentes del desarrollo económico.

* Publicado en la sección Noticias del sitio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 04.04.19. Para detalles de cifras e interpretaciones ver del autor su libro Reformas económicas en Chile, 1973-2017, Taurus, 2018.

El golpe militar contra Salvador Allende visto por un general chileno

En el contexto de los 50 años del derrocamiento de Salvador Allende, el libro Un ejército de todos, del general retirado Ricardo Martínez Menanteau, comandante en jefe del Ejército de Chile entre 2018 y 2022, antes de su presentación ya desató revuelo en las cúpulas castrenses del país sudamericano, que nunca admitieron responsabilidad en ese capítulo atroz.

Aun antes de su presentación oficial, el libro Un ejército de todos, escrito por el general retirado Ricardo Martínez Menanteau, comandante en jefe del Ejército de Chile entre 2018 y 2022, ya desató el revuelo en las cúpulas castrenses de ese país. El 50 aniversario del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende y entronizó la cruenta dictadura de Augusto Pinochet es un momento delicado para la convivencia entre los mandos civiles y los estamentos castrenses que jamás han reconocido la responsabilidad de los militares en ese capítulo atroz de la historia chilena.

El Cuerpo de Generales y Almirantes, formado por generales en retiro, le envió hace unos días una misiva al presidente Gabriel Boric para manifestar que las actividades conmemorativas del 11 de septiembre “están provocando mayor división en los connacionales” y afirma: “no podemos quedarnos en un silencio culposo ante tanta agresividad y denostación a las fuerzas militares y policiales que efectivamente tuvieron participación –aunque no buscada ni deseada– en el quiebre institucional del año 1973″, el cual “pareciera que el señalado quiebre lo hubiesen llevado adelante unilateralmente las FF.AA., olvidándose que sus causas jamás se generaron en los cuarteles”.

Para mayor disgusto de sus compañeros de armas, Martínez Menanteau –un hombre que a los 15 años de edad ingresó al Ejército y que salió de él tras ejercer su jefatura máxima– lanzará este martes, en el Aula Magna de la Universidad Católica, en Santiago, un libro singular, “concebido originalmente como un documento destinado a rescatar y fortalecer el ethos militar dentro de la institución armada” y que “pretende revalorizar la imagen del Ejército ante la ciudadanía” y “contribuir, a 50 años del quiebre de nuestra convivencia nacional, al indispensable reencuentro de todos los chilenos”, según se lee en la reseña del volumen. Sin embargo, Un ejército de todos aporta un reconocimiento crudo y sin precedentes, formulado desde el interior de las Fuerzas Armadas, de algunas de las más graves violaciones perpetradas por los uniformados a los derechos humanos, a la legalidad y al pundonor militar.

Por la relevancia y el interés de esta mirada única, en vísperas del 50 aniversario del cuartelazo del 11 de septiembre de 1973, La Jornada ofrece a sus lectores, en exclusiva para México, algunos pasajes de Un ejército de todos, con la amable autorización de JC Sáez Editor.

Asesinato del general Schneider

En mayo de 1970, el Comandante en Jefe [general René Schneider] difundió una política que debía guiar la conducta del Ejército. Era la continuación de la mirada histórica institucional consistente en respetar la Constitución de la República, que la prensa hasta el día de hoy ha denominado “doctrina Schneider”. En ella se reiteraba un precepto fundamental del Ejército, cual era respaldar y respetar la carta fundamental del país.

Consultado el Comandante en Jefe sobre lo que sostenían dichas candidaturas, señaló: “Nuestra doctrina y misión es la de respeto y respaldo a la Constitución Política del Estado. De acuerdo con ella, el Congreso es dueño y soberano en el caso mencionado y es misión nuestra hacer que sea respetado en su decisión” (entrevista en el diario El Mercurio, 8 de mayo de 1970).

Este compromiso con la Constitución le costó la vida. Dos días antes de que el acuerdo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular tuviera lugar para elegir en el Congreso Pleno a Salvador Allende, el 22 de octubre de 1970, mientras el Comandante en Jefe del Ejército se dirigía a su trabajo, un grupo de individuos de extrema derecha rodearon el vehículo disparando en múltiples ocasiones sobre el general, quien falleció días después en el Hospital Militar, dada la gravedad de sus heridas.

En el asesinato del general Schneider hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro, los que habrían contado con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.

Sobre la participación de esta entidad extranjera, se puede señalar que el 18 de octubre de ese año, hubo comunicaciones que daban cuenta del embarque de armas y municiones desde Estados Unidos que llegaron a la embajada de ese país en Chile para ser usadas en el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército.

En una de las notas de la CIA, se indicaba que “neutralizar a Schneider será un prerrequisito clave para el golpe militar, ya que él se opone a cualquier intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la elección constitucional de Allende”.

Las armas proporcionadas por la CIA habrían sido entregadas a un grupo de oficiales chilenos liderados por los generales Camilo Valenzuela y Roberto Viaux, quienes tuvieron los principales roles en la planificación y conducción del grupo que atentó y dio muerte el general Schneider.

Nombramiento del general Prats como Comandante en Jefe

Tras el asesinato de Schneider, el Presidente Frei Montalva nombró a quien le seguía en antigüedad, el general Carlos Prats, decisión que posteriormente fue ratificada por el presidente Allende.

Es importante señalar que, producida la elección de septiembre de 1970 y en el lapso anterior a su asesinato, los generales Schneider y Prats más los comandantes en jefe de la Armada y Fuerza Aérea, fueron autorizados por el Presidente de la República y su ministro de Defensa, para prestar asesoría técnica a los grupos parlamentarios que negociaban la reforma constitucional conocida como “Estatuto de Garantías Democráticas”, que estableció en su artículo 22 que “la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles”.

Esta reforma recogía dos objetivos consustanciales a los ejércitos del mundo: la defensa del monopolio del empleo de las armas y la preocupación por la carrera profesional que supone su inicio y formación en las escuelas matrices.

El asesinato del general Schneider fue un triste y luctuoso hecho y un agravio al ethos militar. Quedó en evidencia que cuando militares de alto rango pierden las referencias éticas y conspiran con activistas políticos fanatizados por causas fundadas en un patriotismo errado, a final de cuenta será el Ejército el que sufrirá un perjuicio muy difícil de reparar. Un oficial general está siempre enseñando a su tropa y es un faro que ilumina, aunque no se dé cuenta. Su ejemplo es referencia y en este caso fue una vergüenza para la institución, aunque el crimen en sí haya sido materializado por civiles.

Este deleznable asesinato no sólo truncó la existencia de un Comandante en Jefe en ejercicio, sino que también destruyó la vida de un soldado ejemplar en el respeto y la defensa de las instituciones democráticas de la República.

Ante este crimen, también es reprochable que en los años posteriores los mandos institucionales no honraran su memoria, sin explicación alguna. Se debió esperar hasta el término del gobierno militar para que paulatinamente su nombre fuese puesto en el sitial de relevancia que le correspondía. Su figura fue reivindicada políticamente por sectores que defendían posiciones opuestas, lo que seguramente debe haber influido en esta inacción institucional.

Incorporación de militares a los gabinetes políticos

Producto de la grave crisis política, económica y social que se comenzó a vivir durante el gobierno de la Unidad Popular, el Presidente Allende, en un intento de revertir la situación, designó un gabinete que integraba a miembros de las Fuerzas Armadas, conocido como “cívico-militar”. Meses después, organizó un gabinete llamado de “seguridad nacional” con los comandantes en jefes institucionales. Su misión consistía, centralmente, en controlar las acciones subversivas que se estaban llevando a cabo y recuperar el orden público.

Con esta decisión presidencial, apoyada por algunos adherentes de la Unidad Popular e impugnada por otros, se les reconocía de hecho a las Fuerzas Armadas, una vez más en la historia del país, un rol de garantes de la normalidad institucional, que no era otra cosa que confirmar el ya aludido rol latente, toda vez que con esta medida se les volvía a involucrar en la coyuntura política, después de cuarenta años de ejercicio estrictamente castrense y de marginación de la política contingente.

Sin embargo, la participación de las Fuerzas Armadas no fue sólo de carácter ministerial, ya que también se extendió a las empresas estatales. En efecto, en alrededor de cuarenta organismos, como la CORFO, la Comisión de Energía Nuclear y otros, hubo representación militar. En abril de 1972, el comandante de la II División de Ejército, general Orlando Urbina, tuvo la responsabilidad de organizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD III) en Santiago, mientras otros oficiales eran designados interventores en complejas situaciones.

La participación militar en el gobierno de la Unidad Popular ha tenido dos lecturas dentro de la institución castrense: una, que le otorga un rol deliberante a las Fuerzas Armadas al colocar a los comandantes en jefe y oficiales generales en funciones ministeriales, y otra, que comprueba la subordinación militar al poder ejecutivo, en este caso específico para evitar la confrontación violenta resultante de las huelgas y garantizar elecciones normales en marzo de 1973, a fin de respetar la institucionalidad.

El “Tanquetazo”

En junio de 1973, se produce el episodio conocido como “Tanquetazo”, por el levantamiento del Regimiento Blindado N.°2, unidad en la que había un descontento, en especial entre sus oficiales más jóvenes, que tenían contactos con civiles de Patria y Libertad, grupo de extrema derecha que incitaba a un alzamiento militar. La situación fue controlada por el general Prats y los protagonistas de este movimiento fueron acusados de sublevación y de incumplimiento de deberes militares. Nuevamente, un grupo de militares era instrumentalizado por movimientos políticos que buscaban protagonismo a través de las armas. Una vez más, el ethos militar había sido sobrepasado por aconteceres políticos ajenos a la institución.

Es muy importante rescatar la posición del general Prats ante los convulsionados momentos que se vivían producto del asesinato del general Schneider y de su confirmación en el cargo por parte del Presidente Salvador Allende.

El general Prats difundió un documento denominado “Definición Doctrinaria Institucional”, en el cual, entre otros puntos, destacaba lo siguiente:

“...la función del Ejército es exclusivamente profesional; es la misma mantenida con firmeza en el pasado, ratificada por el General Schneider en momentos críticos del acaecer nacional y confirmada taxativamente por el Comandante en Jefe infrascrito desde que asumió su cargo”.

Plan Regulador de la Organización de Paz del Ejército

Durante su mando, el general Prats realizó distintas acciones para mejorar la cohesión espiritual y el adoctrinamiento de los integrantes del Ejército a través de un programa de visitas a las unidades de todo el país, exponiendo el pensamiento institucional y aprovechando la ocasión para conocer la moral y las necesidades más urgentes del personal.

Paralelamente, se concentró en llevar adelante el “Plan Regulador de la Organización de Paz del Ejército”, basado en el “Plan de Adquisiciones” elaborado por el general Schneider, cuya finalidad era aumentar las capacidades operativas, dotándolo de equipamiento moderno.

También tuvo especial preocupación por igualar las remuneraciones de los militares con las otras instituciones de las Fuerzas Armadas. Impulsó la reforma constitucional del articulo Nº22 para establecer que las Fuerzas Armadas son “profesionales, disciplinadas, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes”, aprobada el 9 de enero 1971.

Prats propuso al gobierno una ley que otorgaba derecho a voto a los suboficiales de los institutos armados de la nación, que terminó siendo aprobada el año 1972. Promovió la ley 17.798 que establecía el tipo de armas que debían quedar sometidas a control; la penalidad por la creación y el funcionamiento de milicias armadas, la posesión o el porte de armas prohibidas, el ingreso sin autorización a recintos militares y policiales, entre otros. Esta iniciativa legal nunca prosperó, dada la polarización en el país.

La Cámara de Diputados invoca a las Fuerzas Armadas

Ante la crisis imperante, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados apeló al involucramiento de las Fuerzas Armadas en la crisis política. Este llamado por una fracción del Congreso reafirma el rol latente atribuido a las Fuerzas Armadas que hemos venido argumentando.

Como podemos apreciar, las instituciones armadas se vieron enfrentadas en 1973 a dos situaciones extremadamente críticas y que marcarían el futuro, principalmente el del Ejército.

Estas convulsiones llegaron a la propia institución que se vio afectada por los hechos de agitación social que vivía el país. Estos se acentuaron con eventos como una manifestación de esposas de oficiales, frente al domicilio del Comandante en Jefe del Ejército, lo que desembocó finalmente en su renuncia para evitar divisiones internas.

La crisis política, económica, social e institucional del periodo 1970-1973 lleva a las Fuerzas Armadas a tomar una decisión extrema e inédita en el siglo, cual es deponer al Presidente de la República y asumir el gobierno del país, en otras palabras, a ejecutar un golpe de Estado (pronunciamiento militar).

Los derechos humanos en el gobierno cívico-militar (1973-1990)

El 11 de septiembre de 1973 los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden deciden llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno del Presidente Salvador Allende y asumir la conducción del país como resultado de la grave crisis imperante. Este hito histórico, cuyas reverberaciones se sienten hasta nuestros días, marca el inicio de una nueva etapa institucional en materia de doctrina militar y derechos humanos.

Este contexto excepcional obligó a los integrantes del Ejército a enfocar sus años de formación y sus valores en actividades inéditas y diversas, todo ello en un ambiente nacional de gran tensión y polarización. El Ejército tuvo que realizar un gran despliegue para cubrir con su personal todas las funciones requeridas, desde el más alto cargo hasta las labores más sencillas, incluso debiendo recurrir al empleo de reservistas en los primeros tiempos. Algunos fueron destinados a tareas gubernamentales, otros fueron comisionados a actividades de inteligencia nacional o política (no militar) y un tercer grupo, mayoritario, siguió en sus labores militares rutinarias.

Este relato no pretende analizar caso por caso lo sucedido, sino que destacar acontecimientos que pusieron en jaque —y en muchos casos, vulneraron— ciertos preceptos morales individuales e institucionales y principios de responsabilidad militar.

Autoexilio del general Prats

En la madrugada del 15 de septiembre de 1973, el Excomandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, fue trasladado en un helicóptero Puma hacia Portillo. Luego, en su auto particular y escoltado por una patrulla militar, llegó a Caracoles donde, después de realizar los trámites aduaneros correspondientes y despedirse de la escolta, entregó una carta dirigida al general Augusto Pinochet, que en sus párrafos principales señalaba: “El futuro dirá quien estuvo equivocado. Si lo que ustedes hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe. Agradezco las facilidades que dispusiste que me permitirán salir del país”.

La exigencia que tiene un oficial general o superior excede con creces a la de sus subalternos. Su responsabilidad es muy alta, ya que una resolución que ordene a un subalterno ejecutar una tarea puede alterar la interpretación valórica de este último. Esto ocurre porque el ejercicio de un valor en circunstancias extremas puede estar sujeto a algún grado de interpretación.

Un elemento fundamental para mantener la disciplina militar consiste en que las órdenes que imparte un superior deben ser legales y allí radica el imperativo que deben ser cumplidas por los subordinados. La Ordenanza General del Ejército establece que la disciplina en las relaciones entre militares no es un acto de sumisión; al contrario, es un acto de reflexión profunda, mediante el cual los subalternos entregan parte de su libertad de acción a fin de que un comandante realice una misión que esté enmarcada en un código legal, reglamentario y profesional. Por ello, un subalterno está obligado a obedecer las órdenes que emanan de un superior, aunque está dotado de la capacidad de representar a sus superiores las consecuencias de órdenes incorrectas, ilegales o injustas.

En las páginas del libro Ejército de Chile. Un recorrido por su historia se señala de manera clara y explícita: “Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación —ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas— fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar.”

La Caravana de la muerte

Uno de los episodios más condenables en materia de derechos humanos durante el gobierno militar fue el paso del general Sergio Arellano Stark y su comitiva por diversas guarniciones del norte y sur del país durante el mes de octubre de 1973 con el supuesto fin de “revisar y agilizar [los] procesos” de los presos políticos. Dicha comitiva, conocida hasta nuestros días como la “Caravana de la muerte”, dejó tras de sí la huella lacerante de ejecuciones masivas, decenas de individuos que fueran sacados de las cárceles, fusilados de manera sumaria, sin su derecho a un debido proceso. La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento altamente indisciplinado de sus integrantes para amedrentar a personal subalterno de las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno de cómo se debía proceder con el “adversario”.

El general a cargo, que lo hacía en calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército”, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos en consejos de guerra espurios.

Los hechos y el expediente judicial confirman que la misión del general Arellano era acelerar procesos en aquellos lugares donde los mandos supuestamente hubieran actuado débilmente a partir del 11 de septiembre de 1973 (“comandantes pusilánimes”, según sus propias palabras). Pero en términos legales, esto no era factible, pues la comitiva no contaba en su delegación con ningún asesor jurídico. En esta dramática situación, los capitanes, tenientes o suboficiales, no tenían otra posibilidad más que la de cumplir las órdenes de sus superiores bajo el apercibimiento de un eventual juzgamiento por consejo de guerra.

No hay que olvidar que el alto mando de la época había declarado, mediante el Decreto Ley 5 del 12 de septiembre de 1973, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, dadas las circunstancias que vivía el país, debía entenderse como “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales, lo que implicaba que el incumplimiento de órdenes por parte de los militares podía ser causa suficiente para ser fusilado.

En un careo entre el general Arellano y el capitán Patricio Díaz con motivo de las ejecuciones en Copiapó, el general niega enfáticamente haber ordenado los fusilamientos de presos políticos, mientras el capitán expresa que “…la razón que más me impulsa a decir que el Comandante Haag (Comandante del Regimiento Atacama en Copiapó) cumplía órdenes superiores es que las dieciséis ejecuciones habidas en Copiapó se producen exactamente durante el periodo de permanencia de mi General Arellano y su comitiva en la guarnición. Complementando lo expresado, deseo manifestar que ni antes ni después de la presencia de mi General Arellano en Copiapó, hubo detenidos que hayan sido ejecutados…”. Lo anterior ratifica claramente que su recorrido por cada una de las ciudades en donde se produjeron asesinatos fue producto de una orden expresa de dicha autoridad.

La calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército” que tenía el general Arellano durante este recorrido era muy gravitante y decisiva para las resoluciones que se iban dictando, ya que representaba en su persona la autoridad del propio Comandante en Jefe del Ejército ante los mandos militares que lo recibían en las distintas guarniciones.

Esta delegación implica una gran responsabilidad de quien entrega esa potestad a un subordinado, en este caso el general Pinochet, y de quien la recibe para utilizarla con el mayor criterio, responsabilidad y justicia, el general Arellano.

Se deduce entonces que existió una conducta previa que buscaba producir temor e involucrar a integrantes de todas las unidades que visitaban, entregándoles la responsabilidad de enfrentar a los familiares de los afectados y así dejar a los jóvenes oficiales y suboficiales de esos regimientos como la cara visible de las ejecuciones.

Las acciones del general Arellano fueron absolutamente reñidas con el honor militar. Además, este no tuvo ninguna consideración hacia sus subalternos, lo que se ratifica en la declaración del propio juez Juan Guzmán Tapia, encargado de efectuar la investigación judicial de estos delitos, cuando relata lo sucedido en Copiapó ante una orden impartida por el general Arellano, (…) “sin embargo, ambos subtenientes representaron la referida orden, esto es, se opusieron a su cumplimiento. No obstante, una vez representada dicha orden, se vieron compelidos nuevamente a cumplirla, porque de no hacerlo, enfrentarían un juicio militar por los crímenes de traición a la patria e insubordinación, delitos éstos perpetrados ‘en tiempos de guerra’ que como pena aplicada contemplaban la de muerte” (…). De ello se deduce que el citado general no se hizo responsable de las consecuencias de su actuar. En cuanto a los oficiales encargados de ejecutar las órdenes, ambos fueron procesados posteriormente y hoy cumplen condena en Colina I. De esta forma, Arellano no respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando, ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución.

En definitiva, estos dramáticos hechos ocasionaron un irreversible daño a la población como consecuencia de sentencias de muerte arbitrarias y sin debido proceso, ordenadas por un general del Ejército y una grave lesión a la imagen de la institución castrense, pues algunos de sus miembros se vieron obligados a disparar contra civiles bajo amenaza de muerte, siendo que algunos de ellos ya cumplían condenas.

Por último, es importante mencionar que nunca se aclaró el tipo de órdenes que recibió el general Arellano por parte del Comandante en Jefe del Ejército; en cambio, su desempeño le valió un ascenso dentro de la institución, por resolución del mando en jefe.

Asesinato del general Prats

Aparte de los crímenes de la “Caravana de la muerte” y otros que ocurrieron, el asesinato del Excomandante en Jefe, general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, acaecido en septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, y del que se responsabilizó a algunos miembros de la DINA, se ha constituido también en un crimen cobarde, cruel y repudiable y en una vergüenza institucional. A pesar de haber sido realizado por un organismo de seguridad no perteneciente al Ejército, quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría formaban parte de la institución.

Según consta en el expediente de la investigación, el agente de la DINA Michael Townley, de nacionalidad estadounidense, colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Prats y el día 30 de septiembre de 1974, a las 00:50, lo hizo detonar mediante un dispositivo a control remoto cuando el matrimonio regresaba a su domicilio, provocando la muerte instantánea de ambos.

Sobre esta situación se pronunció años después, el 5 de junio de 2009, el Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, al inaugurar el Campo Militar “San Bernardo” del general Carlos Prats: “… el Ejército chileno, su Comandante en Jefe y los miles de hombres y mujeres que lo componen, condenan públicamente la vileza de esta acción y repudian a los autores de tan deleznable crimen, así como a los indiferentes que no prestaron consuelo y apoyo a las hijas de un Comandante en Jefe asesinado…”. Agregó: “… de confirmarse, en sentencia ejecutoriada, la participación de exmilitares en estos dos crímenes, se habría configurado un acto del mayor deshonor. Es más, si ya el atentado a la vida del general Prats sería un agravio al honor militar, la muerte de su esposa constituiría un ultraje a nuestra cultura militar y al concepto de familia que tanto valoramos…”.

Un segundo pronunciamiento al respecto, lo efectuó el entonces Comandante en Jefe del Ejército general Juan Miguel Fuente-Alba cuando se dictó la sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema mediante un comunicado oficial el 8 de julio de 2010, en el cual, entre otros conceptos, se declaraba que el Ejército repudiaba a todos los partícipes de este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron; que con dicho crimen se habían violado los principios que constituían el acervo moral de la institución; que los autores habían despreciado el tradicional código de honor y de conducta institucionales.

Lo expresado por el Ejército de Chile a través de los comandantes en jefe representa la posición institucional ante situaciones aberrantes que no tienen justificación alguna.

Resulta difícil pensar que la acción de la DINA en 1974 para atentar contra la vida del general Prats, que había dejado el cargo de Comandante en Jefe del Ejército hacía sólo un año atrás, no haya sido conocido por el general Pinochet a quien hoy sabemos que le reportaban periódicamente las operaciones de este organismo, con mayor razón, si el objetivo había sido su camarada de armas de toda una vida militar. A esto debe agregarse la nefasta conducta del general Camilo Valenzuela y del general en retiro (en esa época) Roberto Viaux por su participación en el secuestro y asesinato del general Schneider que era su superior y con quien mantenían una amistad profesional. Ambos hechos transgreden gravemente el honor militar, honor que debieran tener todos quienes han dedicado una vida entera al Ejército de Chile.

Al igual que lo ocurrido con el asesinato del general Schneider, la institución omitió por décadas el merecido homenaje a este distinguido oficial que procuró enfrentar de la mejor manera situaciones críticas y muy difíciles en la coyuntura nacional.

Los detenidos desaparecidos

Los detenidos desaparecidos durante el gobierno militar, que superan el millar de personas, constituyen una de las páginas más oscuras en materia de violaciones de los derechos humanos durante ese período y representan una herida abierta en el alma nacional.

No haber entregado los cuerpos de las víctimas al momento de ocurridas las muertes y no haberlo hecho tampoco años después cuando se hicieron las inhumaciones desde fosas clandestinas en una operación resuelta por el mando en jefe y avalada por los mandos superiores de la época representa un severo agravio al ethos militar y una afrenta muy dolorosa para las familias afectadas.

También constituye, y con justa razón, uno de los factores más determinantes en las imputaciones que hasta el día de hoy le hacen al Ejército los distintos organismos de derechos humanos.

* Publicado en La Jornada, 27.08.23.