Dos años de genocidio: ¿Qué hicieron (y que no) los progresismos latinoamericanos para frenarlo?

Los gobiernos de América Latina están incumpliendo con la ley internacional al no emitir sanciones contra el estado de Israel.

Leticia Garziglia

A estas alturas, la discusión sobre si lo que Israel está haciendo en Gaza es un genocidio, ya quedó vetusta. Por si todavía hay alguien con dudas, un breve repaso de algunas de las resoluciones y fallos de las cortes y organismos internacionales nunca está de más.

El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Israel estaba cometiendo “de manera plausible” un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y emitió medidas vinculantes para los Estados, que tienen la obligación de prevenir el genocidio y castigar a quienes sean responsables y cómplices.

El 29 de julio de ese mismo año, la misma Corte determinó que la ocupación militar de Israel en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, es ilegal, constituye apartheid y debe terminar. A la vez, afirmó la obligación legal de todos los Estados de poner fin a la complicidad con la ocupación ilegal de Israel y sus graves violaciones de derechos humanos, y de actuar para garantizar el respeto del derecho internacional, que incluye el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno.

El 18 de septiembre, también de 2024, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución, con una mayoría abrumadora, que adoptó la Opinión Consultiva de la CIJ de julio de 2024 y llamó a los Estados a imponer sanciones a Israel y a poner fin a la ocupación israelí en los doce meses siguientes. El 18 de septiembre de este año, Israel se ratificó, una vez más, como un Estado totalmente fuera de la ley.

El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de guerra Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esto ha reforzado aún más la obligación de los Estados de actuar conforme a sus responsabilidades.

Finalmente, el 16 de septiembre 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este, e Israel concluyó oficialmente que Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino y llamó a los Estados a imponer sanciones.

Estas resoluciones se suman a los numerosos informes de organismos de derechos humanos internacionales e incluso israelíes que han concluido que se trata de un genocidio y que los Estados deben actuar para frenarlo.

Ahora, ¿qué hicieron los Estados, y más concretamente los gobiernos progresistas de América Latina para cumplir con sus obligaciones según el derecho internacional? Alerta spoiler: la mayoría de los Estados están fuera de la ley.

El único gobierno en Latinoamérica que actuó de manera concreta fue el de Colombia: Gustavo Petro fue de los primeros que condenó lo que estaba haciendo Israel, con la complicidad del Norte Global. Cortó relaciones diplomáticas con Israel, prohibió la exportación de armas y nuevos contratos militares, decretó un embargo energético sin excepciones a Israel, es decir, dejó de venderle el carbón que abastecía la maquinaria genocida. Además, la semana pasada anunció la suspensión del Tratado de Libre Comercio con Israel.

Ya en agosto de 2024 había decretado el fin de este tipo las exportaciones de carbón pero con algunas excepciones, que fueron utilizadas especialmente por la empresa estadounidense Drummond para seguir vendiendo. Ahora la prohibición es total. Antes de esa prohibición parcial, el carbón colombiano representaba más del 50% de las importaciones de carbón de Israel. El nuevo decreto confirmó que las medidas anteriores redujeron las exportaciones solo en un 39%. Colombia siguió siendo su mayor proveedor, con más de un millón de toneladas. La nueva regulación eliminó esas excepciones y suspendió todas las exportaciones de carbón térmico hasta que Israel cumpla plenamente con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de genocidio presentado por Sudáfrica.

Estos son ejemplos de sanciones legales y específicas exigidas por el Movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) que los Estados pueden y deben aplicar, según lo ya dictaminado por la CIJ y para cumplir con sus obligaciones internacionales provenientes del Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965).

Hay otros gobiernos de tinte progresista que se han expresado y anunciado medidas respondiendo a la presión popular pero que aún no las han implementado.

El gobierno de Chile anunció que impulsará una ley contra las importaciones de asentamientos ilegales israelíes que está siendo negociada en el Parlamento desde hace algunos años. También llamó a consultas a su embajador en Israel, retiró sus agregados militares de su embajada en Tel Aviv y su ministra de Defensa anunció que el país no iba firmar ninguna adquisición más de armas o equipamiento militar a Israel.

Con respecto a Brasil, Lula fue uno de los primeros en hablar de “genocidio”. No nombró un nuevo embajador de Israel en el país y se retiró de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), ante su presión para instrumentalizar el antisemitismo. La definición de antisemitismo de esta organización (que permite equipararlo con el antisionismo o cualquier crítica al Estado de Israel) es la que está siendo usada por los distintos fallos en Argentina para perseguir, procesar y criminalizar a quienes se han expresado públicamente condenando el genocidio, como Vanina Biasi y Alejandro Bodart.

También se supo que este año Brasil no vendió petróleo en bruto a Israel y redujo considerablemente la exportación de sus derivados, pero no hay aún una medida jurídica que lo prohíba todavía. Las organizaciones sociales siguen en campaña para exigir un decreto que prohíba formalmente las exportaciones directas e indirectas. Además, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, anunció que se estaban analizando medidas para imponer un embargo para la exportación de material militar, revisar el Tratado de Libre Comercio y controlar la importación de productos de los asentamientos israelíes ilegales, aunque estos anuncios aún no se efectivizaron. En este mismo momento hay un barco con acero brasileño destinado a las Industrias Militares Israelíes que salió desde los puertos de Brasil hace tres semanas y va a abastecer la producción de municiones.

Por su parte, los gobiernos de México y Uruguay aún no han tomado ninguna medida contundente que empiece a reducir a las complicidades de Estados y empresas con el genocidio de Israel.

El ex gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou había aprobado la apertura de una Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en Jerusalén, en articulación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, para la cual transfirió USD 130 mil. La oficina abrió a fines de 2024 en pleno genocidio televisado en vivo, con creciente oposición de organizaciones sociales y sectores cercanos al Frente Amplio, que hoy gobierna con Yamandú Orsi. El actual gobierno informó que el proyecto está en pausa “por la situación que se está dando en Medio Oriente»; sin embargo, no se ha confirmado el cierre completo de dicha oficina y tampoco se ha expresado el nuevo gobierno por la aplicación de sanciones, como podrían ser la revisión del Tratado de Libre Comercio (Israel-Mercosur) y un embargo militar integral y bilateral.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió recientemente el cese de la agresión a la población civil, admitió que se trata de un genocidio y afirmó que México reconoce al Estado palestino, a la vez que evitó la condena directa al Estado de Israel y no anunció ningún tipo de sanciones o medidas que tomará para frenar el genocidio.

Durante el último año y 9 meses, algunos países de la región se sumaron a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la CIJ por genocidio: Colombia, México, Chile, Bolivia, Cuba, Belice y Brasil.

Y varios países de la región, Bolivia, Cuba, Colombia y Honduras, han decidido ser parte del Grupo de La Haya, creado en enero de este año con el fin de lograr la aplicación de medidas legales y diplomáticas coordinadas en defensa del derecho internacional, los fallos de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, para lograr sanciones y rendición de cuentas.

La manera más efectiva y que tiene consenso en la sociedad civil palestina para terminar con el régimen de apartheid, ocupación ilegal y genocidio de Israel contra el pueblo palestino, es cortar con la complicidad de empresas y Estados que abastecen y financian la maquinaria genocida. Y para eso, los Estados deben cumplir con el derecho internacional e imponer sanciones de manera inmediata.

La realidad está cambiando, estamos en un punto de inflexión en el que cada acción puede servir como catalizador de una transformación más grande. Hay que seguir presionando hasta que pare el genocidio, se desmantele el régimen de apartheid y se cumplan los plenos derechos del pueblo palestino, incluido el derecho al retorno y a recibir reparaciones. La humanidad se nos va con Gaza.

* Publicado en Diario Red, 07.10.25.

He trabajado en Google durante décadas. Me repugna lo que está haciendo

Una protesta frente a las oficinas de Google en San Francisco, el jueves 14 de diciembre de 2023. (Santiago Mejía/San Francisco Chronicle vía AP)

Por primera vez, me siento impulsada a hablar públicamente, porque nuestra empresa ahora está alimentando la violencia estatal en todo el mundo.

Emma Jackson

Cuando me uní a Google, hace más de 20 años, era solo una startup con unos pocos miles de empleados. Sentíamos que estábamos comprometidos con crear algo útil para la sociedad. Cuando visité por primera vez la sede de Mountain View y vi a la gente con camisetas de Google, pensé que la empresa debía obligar a los ingenieros a llevar uniforme; si no, ¿por qué alguien llevaría una camiseta que anunciara dónde trabaja? Nunca había visto ni experimentado esta pasión por la empresa, pero pronto comprendí por qué: cada pocos meses, se lanzaba un nuevo producto o función que ofrecía un servicio gratuito y realmente útil (¡Gmail! ¡Google Maps!).

Pero si mi sentimiento predominante en aquel entonces era de orgullo, ahora siento algo muy diferente: desamor. Esto se debe a años de decisiones de liderazgo profundamente preocupantes, desde la incursión inicial de Google en la contratación militar con el Proyecto Maven, hasta las alianzas más recientes de la corporación con fines de lucro, como el Proyecto Nimbus, el contrato conjunto de Google y Amazon de 1200 millones de dólares para inteligencia artificial y computación en la nube con el ejército israelí, que ha impulsado el genocidio israelí de los palestinos en Gaza.

Hoy se cumple un año desde que los trabajadores de No Tech for Apartheid organizaron sentadas en las oficinas de Google para protestar contra el uso de nuestra fuerza laboral para impulsar el genocidio en Gaza, exigir el fin del acoso y la discriminación de nuestros compañeros palestinos, musulmanes y árabes, y presionar a la dirección para que aborde la crisis de salud y seguridad laboral causada por Nimbus. Google tomó represalias contra los trabajadores y despidió ilegalmente a 50 empleados, muchos de los cuales no participaron directamente en la acción.

En el año transcurrido desde entonces, Google no ha hecho más que profundizar su compromiso como contratista militar. Hace dos meses, para aprovechar los contratos federales que la corporación puede obtener bajo el mandato de Trump, Google abandonó su compromiso de no desarrollar IA para armas ni vigilancia. En rápida sucesión, Google adquirió la startup israelí de seguridad en la nube Wiz, buscó alianzas con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. para actualizar con IA las torres del contratista bélico israelí Elbit Systems en la frontera entre EE.UU. y México, y lanzó una alianza de IA con el mayor especulador bélico del mundo: Lockheed Martin.

Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon ya no son las únicas corporaciones bélicas; Google y las grandes tecnológicas les están sacando cada vez más tajada. El mercado impulsa a las grandes tecnológicas a seguir obteniendo beneficios. Pero tras saturar los mercados de consumo y empresarial, corporaciones como Google, en una polémica carrera armamentística por dominar el mercado de la nube, han identificado los crecientes presupuestos de "defensa" de Estados Unidos y otros gobiernos como importantes fuentes de ingresos.

Una cosa está clara: necesitamos urgentemente un embargo de armas a la IA.

Durante años, me he organizado internamente contra la apuesta de Google por la contratación de guerra. Junto con otros compañeros de conciencia, hemos seguido los canales internos oficiales para plantear nuestras preocupaciones y así intentar orientar a la empresa hacia una mejor dirección. Ahora, por primera vez en mis más de 20 años de trabajo en Google, me siento impulsada a hablar públicamente, porque nuestra empresa está alimentando la violencia estatal en todo el mundo, y la gravedad del daño que se está causando está aumentando rápidamente.

Los trabajadores siempre se han resistido a la instrumentalización de la tecnología, desde las campañas de United Farm Workers, que impulsaron boicots, la organización comunitaria más amplia y las huelgas, hasta los trabajadores afroamericanos que organizaron el Movimiento Revolucionario de Trabajadores Polaroid contra el uso de la tecnología de la película Polaroid en las libretas de ahorros de la Sudáfrica del apartheid (y triunfaron). Podemos encontrar una base para tratar la solidaridad como una condición laboral y un tema de organización, y una forma de construir el poder necesario no solo para lograr pequeños avances, sino para revertir la dinámica de poder que permite a nuestros jefes priorizar un genocidio por encima de nuestras propias voces.

Para obtener victorias en nuestra lucha hacia una tecnología humana, debemos actuar desde una posición de solidaridad que trascienda nuestras divisiones: tanto con las personas estructuralmente desempoderadas en nuestros lugares de trabajo como con las comunidades que soportan el peso del impacto de las tecnologías, desde los palestinos bombardeados por las plataformas de inteligencia artificial de Google y Amazon, hasta los trabajadores de la India que enfrentan contratos con jornadas laborales de 14 horas, hasta los migrantes vigilados y rastreados, hasta nuestras propias comunidades que viven bajo el microscopio de la vigilancia policial, hasta los compañeros de trabajo que no vemos pero que son vigilados y monitoreados en almacenes e instalaciones de datos hasta el punto de que no pueden usar el baño por temor a perder su trabajo.

Solo una base de trabajadores fuerte y organizada, que emprenda acciones colectivas, puede acabar con la militarización de nuestra empresa. Los trabajadores ya han transformado a Google. Durante el primer gobierno de Trump, me uní a mis colegas para organizarnos contra el Proyecto Maven, el contrato de Google con el Departamento de Defensa. Usamos nuestro poder como trabajadores para obligar a Google a rescindir el contrato.

Como trabajadores, nuestro poder para impulsar el cambio reside en los demás. No solo tenemos poder cuando nos unimos, sino que también encontramos comunidad y propósito en la lucha colectiva como una forma de sobrellevar juntos estos tiempos difíciles. Es inspirador estar con otros trabajadores y cultivar juntos nuestra fuerza y ​​valentía.

A mis compañeros trabajadores de Google y a los trabajadores del sector tecnológico en general: si no actuamos ahora, seremos reclutados para la agenda fascista y cruel de esta administración: deportar inmigrantes y disidentes, despojar a las personas de sus derechos reproductivos, reescribir las reglas de nuestro gobierno y economía para favorecer a los multimillonarios de las grandes tecnológicas y seguir impulsando el genocidio de los palestinos.

Como trabajadores tecnológicos, tenemos la responsabilidad moral de resistir la complicidad y la militarización de nuestro trabajo antes de que sea demasiado tarde.

* Publicado en The Nation, 16.04.25. Emma Jackson lleva más de 20 años trabajando en Google. Es organizadora de No Tech for Apartheid.

Cómo mueren las democracias

Chile acaba de elegir por amplia mayoría a un candidato que nunca detalló en su campaña la forma en que materializaría su programa de gobierno. Este extremista de derecha aúna en su persona tres líneas o grupos que en su momento fueron parte de las bases de apoyo de la dictadura de Pinochet: fundamentalismo católico, neoliberalismo extremo y filofascismo. Todos ello condimentado con un rabioso anticomunismo... por  más que nuestro 2025 diste enormemente de los tiempos de la Guerra Fría.

Kast no esconde --aunque edulcora con omisiones y mentiras-- su postura extrema y su agenda autoritaria, antiderechos y antibeneficios sociales. Esta para nada velada amenaza a la democracia y la gobernabilidad recibió de nuevo la bendición de la derecha tradicional, la cual ha seguido los mismos serviles pasos de otras derechas con otros populistas.

De ahí que el siguiente texto escrito para el caso de Estados Unidos de Trump pueda servir para avistar los peligros que se ciernen también sobre Chile.

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Steven Lavitsky y Daniel Ziblatt

¿Está la democracia estadounidense en peligro? Es una pregunta que jamás pensamos que nos formularíamos. Llevamos colaborando quince años, reflexionando, escribiendo y hablando a nuestros alumnos acerca de los fallos de la democracia en otros tiempos y lugares, como la muy sombría Europa de la década de 1930 o la represiva Latinoamérica de la década de 1970. Hemos invertido años investigando las nuevas formas de autoritarismo que están emergiendo en el planeta. Para nosotros, estudiar cómo mueren las democracias ha sido una obsesión profesional.

Pero ahora nos encontramos poniendo el foco en nuestro propio país. En el transcurso de los dos últimos años hemos visto a políticos decir y hacer cosas sin precedentes en Estados Unidos, cosas que, sin embargo, identificamos como precursoras de crisis democráticas en otros lugares. Y nos asusta, como les ocurre a tantos otros estadounidenses, por más que intentemos serenarnos diciéndonos que «aquí la cosa no se puede poner tan fea». Al fin y al cabo, aunque sabemos que todas las democracias son frágiles, la nuestra ha sabido ingeniárselas para desafiar a la gravedad. La Constitución de Estados Unidos, el credo nacional sobre la libertad y la igualdad, la robusta clase media histórica del país, así como sus elevados niveles de riqueza y educación, y su amplio y diversificado sector privado deberían ser vacunas frente al tipo de quiebra democrática acontecida en otros lugares. 

Pero, a pesar de todo, estamos preocupados. Los políticos estadounidenses actuales tratan a sus adversarios como enemigos, intimidan a la prensa libre y amenazan con impugnar los resultados electorales. Intentan debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales, los servicios de inteligencia y las oficinas de ética. Los estados norteamericanos, que en su día fueron ensalzados por el gran jurista Louis Brandeis como «laboratorios de democracia», corren el riesgo de convertirse en laboratorios de autoritarismo mientras quienes ostentan el poder reescriben las reglas electorales, redibujan las circunscripciones electorales e incluso derogan derechos al voto para asegurarse la victoria. Y, en 2016, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un hombre sin experiencia alguna en la función pública, con escaso compromiso apreciable con los derechos constitucionales y tendencias autoritarias evidentes fue elegido presidente. 

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A mediodía del 11 de septiembre de 1973, tras meses de una tensión creciente en las calles de Santiago de Chile, aviones a reacción Hawker Hunter de fabricación británica se abatieron sobre La Moneda, el palacio presidencial neoclásico situado en el centro de la ciudad, y lo bombardearon. Bajo una lluvia de bombas, La Moneda fue pasto de las llamas. El presidente Salvador Allende, elegido tres años antes como líder de una coalición de izquierdas, se había hecho fuerte en el interior de aquel palacio. Durante su mandato, Chile se había visto sacudido por el malestar social, la crisis económica y la parálisis política. Allende había declarado que no abandonaría su puesto hasta concluir su trabajo, pero había llegado el momento de la verdad. Encabezadas por el general Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas de Chile se estaban haciendo con el control del país. A primera hora de aquel funesto día, Allende pronunció un discurso desafiante a través de una emisora radiofónica nacional con la esperanza de que sus muchos partidarios tomaran las calles en defensa de la democracia [Falso: de hecho, Allende llamó al pueblo a no salir a las calles]. Pero la resistencia no se materializó. La policía militar que protegía el palacio lo había abandonado y, por toda respuesta, su discurso radiofónico encontró el silencio. Al cabo de pocas horas, el presidente Allende había muerto, y, con él, la democracia chilena. 

Así es como solemos creer que mueren las democracias: a manos de hombres armados. Durante la Guerra Fría, golpes de Estado provocaron el colapso de tres de cada cuatro democracias caídas. Las democracias de Argentina, Brasil, República Dominicana, Ghana, Grecia, Guatemala, Nigeria, Pakistán, Perú, Tailandia, Turquía y Uruguay perecieron de este modo. Y en el pasado más reciente, golpes de Estado militares derrocaron al presidente egipcio Mohamed Morsi en 2013 y a la primera ministra tailandesa Yingluck Shinawatra en 2014. En todos estos casos, la democracia se disolvió de un modo espectacular, mediante la coacción y el poder militar. 

Sin embargo, existe otra manera de hacer quebrar una democracia, un modo menos dramático pero igual de destructivo. Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Algunos de esos dirigentes desmantelan la democracia a toda prisa, como hizo Hitler en la estela del incendio del Reichstag en 1933 en Alemania. Pero, más a menudo, las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables.

Así es como mueren las democracias hoy en día. Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido del panorama. Los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas. Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos. En la actualidad, el retroceso democrático empieza en las urnas. 

La senda electoral hacia la desarticulación es peligrosamente engañosa. Con un golpe de Estado clásico, como en el Chile de Pinochet, la muerte de la democracia es inmediata y resulta evidente para todo el mundo. El palacio presidencial arde en llamas. El presidente es asesinado, encarcelado o desterrado al exilio. La Constitución se suspende o descarta. Por la vía electoral, en cambio, no ocurre nada de esto. No hay tanques en las calles. La Constitución y otras instituciones nominalmente democráticas continúan vigentes. La población sigue votando. Los autócratas electos mantienen una apariencia de democracia, a la que van destripando hasta despojarla de contenido. 

Muchas medidas gubernamentales que subvierten la democracia son «legales», en el sentido de que las aprueban bien la asamblea legislativa o bien los tribunales. Es posible que incluso se vendan a la población como medidas para «mejorar» la democracia: para reforzar la eficacia del poder judicial, combatir la corrupción o incluso sanear el proceso electoral. Se sigue publicando prensa, si bien ésta está sobornada y al servicio del poder, o bien tan sometida a presión que practica la autocensura. Los ciudadanos continúan criticando al Gobierno, pero a menudo se encuentran lidiando con impuestos u otros problemas legales. Y todo ello siembra la confusión pública. La población no cae inmediatamente en la cuenta de lo que está sucediendo. Muchas personas continúan creyendo que viven en una democracia. 

Dado que no existe un único momento (no hay golpe de Estado, ni declaración de ley marcial ni suspensión de la Constitución) en el que el régimen «cruce claramente la línea» y se convierta en una dictadura, nada hace sonar las alarmas entre la población. Quienes denuncian los abusos del Gobierno pueden ser descalificados como exagerados o alarmistas. Para muchas personas, la erosión de la democracia es casi imperceptible. 

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¿En qué medida la democracia estadounidense es vulnerable a este tipo de retroceso? Ciertamente, la democracia de Estados Unidos se asienta sobre cimientos más robustos que las de Venezuela, Turquía o Hungría. Pero ¿son realmente tan robustos? 

Responder a tal interrogante obliga a tomar distancia con respecto a los titulares diarios y a desoír las alertas de la prensa para ampliar la perspectiva, así como a inferir lecciones de las experiencias de otras democracias del planeta a lo largo de la historia. Estudiar otras democracias en crisis nos permite entender mejor los desafíos que afronta nuestra propia democracia. A título de ejemplo, basándonos en las experiencias históricas de otros países, hemos ideado una prueba decisiva que ayuda a identificar qué personas podrían convertirse en autócratas en caso de ascender al poder. Podemos extraer lecciones de los errores en que incurrieron dirigentes democráticos pasados al abrir la puerta a dictadores en potencia y de los métodos que otras democracias han aplicado para mantener a los extremistas alejados del poder. El enfoque comparativo revela asimismo cómo autócratas electos de distintas partes del mundo emplean estrategias asombrosamente similares para subvertir las instituciones democráticas. A medida que tales patrones devienen visibles, los pasos hacia la desarticulación se vuelven menos ambiguos y, por ende, más fáciles de combatir. Conocer cómo la ciudadanía de otras democracias ha logrado resistir ante autócratas electos o por qué tuvieron la tragedia de no saber hacerlo también es esencial para quienes pretenden defender la democracia estadounidense en la actualidad.

Es bien sabido que de vez en cuando emergen demagogos extremistas en todas las sociedades, incluso en las democracias saludables. Estados Unidos ha tenido su cuota, incluidos entre ellos Henry Ford, Huey Long, Joseph McCarthy y George Wallace. Una prueba esencial para las democracias no es si afloran o no tales figuras, sino si la élite política y, sobre todo, los partidos políticos se esfuerzan por impedirles llegar al poder, manteniéndolos alejados de los puestos principales, negándose a aprobarlos o a alinearse con ellos y, en caso necesario, haciendo causa común con la oposición en apoyo a candidatos democráticos. Aislar a los extremistas populistas exige valentía política. Pero cuando el temor, el oportunismo o un error de cálculo conducen a los partidos establecidos a incorporar a extremistas en el sistema general, la democracia se pone en peligro. 

Una vez una persona potencialmente autoritaria llega al poder, las democracias afrontan una segunda prueba decisiva: ¿subvertirá el dirigente autocrático las instituciones democráticas o servirán éstas para contenerlo? Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución, y esa defensa no sólo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe hacerse mediante normas democráticas. Sin unas normas sólidas, los mecanismos de control y equilibrio no funcionan como los baluartes de la democracia que suponemos que son. Las instituciones se convierten en armas políticas, esgrimidas enérgicamente por quienes las controlan en contra de quienes no lo hacen. Y así es como los autócratas electos subvierten la democracia, llenando de personas afines e «instrumentalizando» los tribunales y otros organismos neutrales, sobornando a los medios de comunicación y al sector privado (u hostigándolos a guardar silencio) y reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario. La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. 

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Estados Unidos suspendió la primera prueba en noviembre de 2016, cuando eligió un presidente con un dudoso compromiso con las reglas democráticas. La victoria por sorpresa de Donald Trump no sólo se debió a la desafección pública, sino también al fracaso del Partido Republicano en impedir que un demagogo extremista de entre sus filas fuera elegido candidato a la presidencia.

¿Estamos ante una amenaza seria? Muchos observadores se consuelan con la Constitución, que se redactó precisamente para coartar y contener a demagogos como Donald Trump. El sistema de Madison de mecanismos de equilibrio y control ha resistido durante más de dos siglos. 

Pero nosotros no lo tenemos tan claro. Históricamente, el sistema de mecanismos de control y equilibrio ha funcionado bastante bien, aunque no, o no exclusivamente, gracias al sistema constitucional concebido por los fundadores. Las democracias funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo cuando las constituciones se apuntalan con normas democráticas no escritas. Dos normas básicas han reforzado los mecanismos de control y equilibrio en Estados Unidos de modos que la ciudadanía ha acabado por dar por supuestos: la tolerancia mutua, o el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos, y la contención, o la idea de que los políticos deben moderarse a la hora de desplegar sus prerrogativas institucionales. Estas dos normas sustentaron la democracia estadounidense durante gran parte del siglo XX. Los líderes de los dos grandes partidos aceptaban su legitimidad mutua y se resistían a la tentación de usar su control temporal de las instituciones en el máximo beneficio de su formación. Las normas de tolerancia y contención funcionaban como los guardarraíles de la democracia estadounidense y permitían evitar la lucha partidista a muerte que ha destruido democracias en otras regiones del mundo, incluida la Europa de la década de 1930 y la Sudamérica de las décadas de 1960 y 1970. 

No obstante, en la actualidad, dichos guardarraíles de la democracia estadounidense se están debilitando. La erosión de las normas democráticas en el país dio comienzo en las décadas de 1980 y 1990 y se aceleró en la de 2000. Para cuando Barack Obama llegó a la presidencia, muchos republicanos, en concreto, ponían en tela de juicio la legitimidad de sus rivales demócratas y habían abandonado la contención como estrategia para ganar por cualquier medio necesario. Y aunque tal vez Donald Trump haya precipitado este proceso, no fue su iniciador. Los desafíos que afronta la democracia estadounidense son mucho más profundos. La debilidad de nuestras normas democráticas arraiga en una polarización partidista extrema, una polarización que sobrepasa las diferencias políticas y entronca con un conflicto existencial racial y cultural. Los esfuerzos realizados en Estados Unidos por conseguir la igualdad racial en una sociedad cada vez más diversa han alimentado una reacción insidiosa e intensificado la polarización de la población. Y si algo claro se infiere del estudio de las quiebras democráticas en el transcurso de la historia es que la polarización extrema puede acabar con la democracia. 

Existen, por consiguiente, motivos para la alarma. Los estadounidenses no sólo eligieron a un demagogo en 2016, sino que lo hicieron en un momento en el que las normas que en el pasado protegían nuestra democracia empezaban a soltar amarras. No obstante, si bien las experiencias de otros países nos enseñan que la polarización puede acabar con la democracia, también nos indican que tal descompostura no es ni inevitable ni irreversible. 

A muchos estadounidenses les asusta lo que está sucediendo en su país, y con razón. Sin embargo, proteger la democracia exige algo más que temor o indignación. Debemos ser a un tiempo humildes y osados. Debemos aprender de otros países a detectar las señales de alerta y a identificar las falsas alarmas. Debemos ser conscientes de los fatídicos pasos en falso que han hecho naufragar otras democracias. Y debemos apreciar cómo la ciudadanía se ha alzado para afrontar las grandes crisis democráticas del pasado y ha superado sus propias divisiones profundamente arraigadas para evitar la quiebra de la democracia. La historia no se repite, pero rima. La promesa de la historia, y la esperanza de este libro, es que sepamos detectar las rimas antes de que sea demasiado tarde.

* Este texto es una versión editada de la Introducción del libro Cómo mueren las democracias.

Concentración económica, oligarquía y clase política

Emmett Brown

Resulta preocupante que la supuesta tercera economía de América Latina esté siendo consumida por la concentración de poder económico, una realidad que cada vez se hace más visible en Chile, donde un pequeño grupo de conglomerados empresariales ejercen un control significativo sobre numerosos sectores de nuestra alicaída economía, con graves consecuencias en términos de igualdad, democracia y desarrollo sustentable.

Es tan compleja la situación, con industrias que quiebran, agricultores que desaparecen y con una fuerza laboral mal pagada, que atacar la concentración económica debe ser tarea del Estado, independientemente del gobierno de turno y tomando distancia de las presiones de clubes de promoción de intereses oligarcas, como la SOFOFA o la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA.

Todos los esfuerzos reales, tendientes a reducir la concentración y la integración vertical, irán en beneficio de la gente, especialmente de los más pobres que, aislados en poblaciones periféricas abandonadas a su suerte y sometidas al control territorial ejercido por el crimen organizado, no resisten más. El hambre genera violencia y atenta en contra de la paz social. Si bien no podemos pretender que la oligarquía deje de medrar, sí podemos exigir al gobierno que se haga cargo de poner coto a la actividad de los grupos económicos que tienen una decisiva influencia en decisiones políticas y regulaciones, lo que limita la competencia y fomenta la desigualdad.

El fenómeno descrito no se limita a un sector en particular, sino que cubre un amplio espectro de industrias, tan diversas como la agricultura, la minería, la banca, el retail y los medios de comunicación, limitando la libre competencia, imponiendo barreras de entrada para nuevos competidores y afectando la innovación y el desarrollo a largo plazo, inhibiendo el crecimiento al limitar la eficiencia de la asignación de recursos y la capacidad del país para adaptarse a los cambios en el panorama económico global.

En este contexto, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, ha dado un paso significativo en su lucha por favorecer la competencia, al promover ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento tendiente a reducir la concentración económica agregada, con la esperanza de que este organismo recomiende al presidente de la República iniciar un proceso legislativo con el fin de regular las estructuras societarias piramidales dentro de los grupos empresariales y la limitación de la participación de entidades financieras en empresas no financieras del sector real de la economía.

Además, desde CONADECUS apuntan a la necesidad de considerar la participación de los conglomerados al otorgar concesiones o derechos por parte del Estado, así como en la creación de un registro que identifique a los grupos económicos que superen cierto tamaño, todo, por cierto, ante la oposición corporativa de los consorcios empresariales.

La iniciativa de CONADECUS tiene mucho sentido y se alinea con los intereses de los chilenos: es imperativo que los responsables de las políticas públicas y los entes reguladores tomen medidas efectivas para mitigar los riesgos asociados a la alta concentración de poder económico. Se necesitan normas más estrictas, mayor transparencia y políticas que promuevan la competencia y la diversificación de la economía. El poder político tiene el deber de combatir las distorsiones de mercado, los abusos cometidos desde el ejercicio de posiciones dominantes, capaces de imponer condiciones y precios, castigando siempre a la parte más débil de la relación. Una clase política entregada a intereses de otro tipo debe ser desterrada de la vida pública nacional.

La economía chilena y su democracia merecen una base empresarial amplia y competitiva que promueva el crecimiento económico, la innovación y la igualdad de oportunidades en un contexto justo, con la cancha pareja, sin privilegios impuestos por una legislación laxa y permisiva que permite el desarrollo de una oligarquía capaz de controlar totalmente las esferas del poder. Esto es especialmente crítico en esta etapa de la historia del país, cuando se está lidiando con una serie de desafíos sociales y económicos de gran envergadura.

Otra expresión de la concentración de poder económico en manos de una oligarquía miserable es la integración vertical, en la que un mismo grupo económico, controla varios o todos los niveles de una cadena de producción o servicio. La integración vertical puede exacerbar las preocupaciones mencionadas, ya que permite a estas empresas poderosas controlar el mercado no sólo horizontalmente a través de distintos sectores, sino también verticalmente.

Una salida razonable a la compleja situación pasa por la implementación de reglas antimonopolio más estrictas, por la promoción de la apertura de mercados en todas las etapas de las cadenas de suministro y producción, y el fomento de una mayor transparencia en las estructuras de propiedad y operación de las empresas. 

Pero, mientras existan estamentos del Estado que operen como estructuras funcionales de la oligarquía y sus empresas, todo esto será una quimera. Si no, veamos cómo les va, por ejemplo, a los productores de trigo en sus conversaciones con ODEPA.

Haga el ejercicio: vaya y pregunte.

* Publicados en Atentos, 18.04.24. El autor escribe bajo seudónimo.

¿Es esta la primera guerra de apartheid de Israel?

Lejos de carecer de una estrategia política, Israel lucha por reforzar el proyecto supremacista que ha construido durante décadas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

Oren Yiftachel

Durante el último año, muchos han sostenido que el desastre del 7 de octubre —la mayor masacre de civiles israelíes en la historia del país— fue una señal de que el statu quo de la ocupación permanente se había derrumbado. Bajo el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, Israel había estado impulsando una política de “gestión de conflictos” a largo plazo para reforzar su ocupación y asentamiento en tierras palestinas, al tiempo que contenía la fragmentada resistencia palestina. Esto implicaba financiar a un Hamas “disuadido”, al que varios líderes israelíes consideraban “un activo”.

Es cierto que algunos aspectos de esta estrategia se derrumbaron tras el 7 de octubre, especialmente la ilusión de que el proyecto nacional palestino podía ser aplastado, o de que Hamas y Hezbolá podían mantenerse a raya en ausencia de acuerdos políticos. La noción de que los asentamientos judíos podían garantizar la seguridad a lo largo de las fronteras de Israel, un mito sionista de larga data, también se hizo añicos; más allá del profundo trauma y dolor que sufrieron docenas de comunidades fronterizas judías, unos 130.000 israelíes de más de 60 localidades dentro de la Línea Verde [1] fueron desplazados, y la mayoría de ellos siguen así.

Otros expertos han afirmado que la guerra de Israel en Gaza, y ahora en Líbano, carece de una estrategia política para “el día después” y se libra únicamente en aras de la supervivencia política de Netanyahu. Pero, contrariamente a la opinión popular, un análisis lúcido del año pasado muestra que Israel sigue promoviendo un objetivo estratégico inequívoco en esta guerra: mantener y profundizar el régimen de supremacía judía sobre los palestinos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En este sentido, los últimos 12 meses podrían entenderse mejor como la “primera guerra del apartheid” de Israel.

Si bien las ocho guerras anteriores intentaron crear nuevos órdenes geográficos y políticos o se limitaron a regiones específicas, la actual busca reforzar el proyecto político supremacista que Israel ha construido en todo el territorio y que el ataque del 7 de octubre puso en tela de juicio de manera fundamental. En consecuencia, también existe una firme negativa a explorar cualquier vía de reconciliación o incluso de alto el fuego con los palestinos.

El orden supremacista de Israel, que en su día se denominó “apartheid progresivo” y más recientemente “apartheid cada vez más profundo”, tiene raíces históricas de larga data. En las últimas décadas se lo ha ocultado mediante el llamado proceso de paz, las promesas de una “ocupación temporal” y las afirmaciones de que Israel no tiene “ningún socio” con el que negociar. Pero la realidad del proyecto de apartheid se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos años, especialmente bajo el liderazgo de Netanyahu.

Hoy Israel no hace ningún esfuerzo por ocultar sus objetivos supremacistas. La Ley del Estado-Nación Judío de 2018 declaró que “el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío” y que “el Estado considera el desarrollo de asentamientos judíos como un valor nacional”. Llevando esto un paso más allá, el manifiesto del actual gobierno israelí (conocido como sus “principios rectores”) declaró orgullosamente en 2022 que “el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable a todas las áreas de la Tierra de Israel” –que, en el léxico hebreo, incluye Gaza y Cisjordania– y promete “promover y desarrollar asentamientos en todas las partes de la Tierra de Israel”.

En julio, la Knesset [Parlamento israelí] votó por una abrumadora mayoría rechazar la creación de un Estado palestino. Y cuando Netanyahu habla en la ONU, como lo hizo hace dos semanas, los mapas que muestra reflejan claramente esta visión: un Estado judío entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, con los palestinos condenados a existir en los márgenes invisibles de la soberanía judía como residentes de segunda o tercera clase.

Irónica y trágicamente, los ataques terroristas de Hamas y sus socios durante las últimas tres décadas, así como su retórica de negar la existencia de Israel y abogar por un futuro Estado islámico entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, fueron invocados como pretexto para la ocupación y opresión de los palestinos por parte de Israel. Las masacres del 7 de octubre pueden, por lo tanto, ser criticadas no sólo como criminales y profundamente inmorales, sino también como una “rebelión bumerán” que vuelve a ejercer una violencia brutal contra el pueblo palestino y socava gravemente su justa lucha por la descolonización y la autodeterminación. La ofensiva de Hezbolá en el norte ha añadido más leña al fuego de la rebelión bumerán, que a su vez quema a sus perpetradores.

Reprimir a los palestinos y consolidar la supremacía judía

Israel ha dominado, expulsado y ocupado violentamente a los palestinos durante más de 75 años, pero esta historia de opresión palidece en comparación con la destrucción infligida a los habitantes de Gaza durante el año pasado, lo que muchos expertos han calificado de genocidio.

Tras la “desconexión” de Israel y 17 años de asedio asfixiante sobre el enclave controlado por Hamás, Gaza llegó a simbolizar a ojos israelíes una versión distorsionada de la soberanía palestina. Por lo tanto, mucho más allá de luchar contra los militantes o buscar venganza por el 7 de octubre, los bombardeos masivos, la limpieza étnica y la destrucción por parte de Israel de la mayor parte de la infraestructura civil de la Franja –incluidos hospitales, mezquitas, industrias, escuelas y universidades– son un ataque directo a la posibilidad de la descolonización y la soberanía palestinas.

Bajo la niebla de esta embestida contra Gaza, la toma colonial de Cisjordania también se ha acelerado durante el año pasado. Israel ha introducido nuevas medidas de anexión administrativa; la violencia de los colonos se ha intensificado aún más con el apoyo del ejército; se han establecido docenas de nuevos puestos de avanzada, lo que contribuye a la expulsión de comunidades palestinas; las ciudades palestinas han sido sometidas a cierres económicos asfixiantes; y la violenta represión del ejército israelí a la resistencia armada ha alcanzado niveles nunca vistos desde la Segunda Intifada [28 sept 2000 - 8 feb 2005], especialmente en los campos de refugiados de Yenín, Nablus y Tulkarem. La distinción anteriormente tenue entre las zonas A, B y C ha sido completamente borrada: el ejército israelí opera libremente en todo el territorio.

Al mismo tiempo, Israel ha profundizado la opresión de los palestinos dentro de la Línea Verde y su condición de ciudadanos de segunda clase. Ha intensificado sus severas restricciones a su actividad política mediante una mayor vigilancia, arrestos, despidos, suspensiones y acoso. Los líderes árabes son etiquetados como “partidarios del terrorismo” y las autoridades están llevando a cabo una ola de demoliciones de casas sin precedentes, especialmente en el Néguev/Naqab, donde el número de demoliciones en 2023 (que alcanzó un récord de 3.283) fue mayor que el número de judíos en todo el estado. Al mismo tiempo, la policía prácticamente renunció a abordar el grave problema del crimen organizado en las comunidades árabes. Por lo tanto, podemos ver una estrategia común en todos los territorios que controla Israel para reprimir a los palestinos y consolidar la supremacía judía.

La creciente ofensiva en el Líbano —que se lanzó con el objetivo de repeler los doce meses de agresión de Hezbolá contra el norte de Israel, pero que ahora está creciendo hasta convertirse en un ataque masivo contra todo el Líbano— y el intercambio de golpes con Irán aparentemente anuncian una nueva fase regional de la guerra. Está claramente vinculada a la agenda geopolítica del imperio estadounidense, pero también sirve para distraer la atención de la opresión cada vez más profunda de los palestinos.

Otro frente de la guerra del apartheid se está librando contra los israelíes judíos que luchan por la paz y la democracia. Los continuos intentos del gobierno de Netanyahu de debilitar la (ya limitada) independencia del poder judicial permitirán más violaciones de los derechos humanos al aumentar el poder del Ejecutivo, actualmente integrado por la coalición más derechista que Israel haya conocido jamás.

Ya estamos viendo los efectos de la caída de Israel en un régimen autoritario. El país está invadido por armas gracias a la decisión del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, de distribuir decenas de miles de fusiles, principalmente entre los partidarios de la supremacía judía que viven en los asentamientos de Cisjordania o en las regiones fronterizas. El ministro de Finanzas y gobernador de facto de Cisjordania, Bezalel Smotrich (él mismo un colono incondicional), ha asignado grandes sumas de fondos públicos a proyectos de colonos. Y el gobierno ha silenciado eficazmente cualquier crítica a la guerra criminal de Israel: ha desatado una severa violencia policial contra los manifestantes antigubernamentales y pacifistas, ha incitado a la violencia contra instituciones académicas, intelectuales y artistas, y ha amplificado el discurso tóxico e incriminatorio contra los “traidores” de izquierda.

Una dimensión especialmente repugnante de la guerra del apartheid es el abandono por parte del gobierno de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás, cuyo posible regreso amenaza al gobierno al exponer aún más el fiasco del 7 de octubre. Del mismo modo, su presencia en los túneles de Hamás permite al gobierno continuar su “presión militar” criminal –y en gran medida ineficaz– en Gaza, lo que pone en peligro cualquier posibilidad de que los rehenes regresen con vida. Así, al explotar el dolor y la conmoción de las familias de los rehenes, el gobierno garantiza que nos enfrentemos a un estado de excepción permanente que impide la apertura de una investigación oficial sobre la negligencia que condujo a las masacres del 7 de octubre.

Un nuevo horizonte político

De cara al futuro, vale la pena recordar que el apartheid no es sólo un abismo moral y un crimen contra la humanidad; es también un régimen inestable, caracterizado por una violencia sin fin que no perdona a nadie y por daños de gran alcance a la economía y al medio ambiente.

A pesar del considerable apoyo que recibe entre los judíos de Israel y del exterior, y de los gobiernos occidentales que escandalosamente aseguran su impunidad, el régimen israelí está lejos de haber salido victorioso de su primera guerra de apartheid. Las fuerzas que se le oponen están creciendo no sólo entre los palestinos y los países árabes vecinos, sino también entre los judíos de la diáspora y los públicos más amplios tanto del Norte como del Sur global. El Israel del apartheid ya ha perdido la batalla moral, pero la pérdida de sus alianzas internacionales, vínculos comerciales, perspectivas económicas y vínculos culturales y académicos puede obligar al gobierno a detener su guerra por la supremacía judía.

Sin embargo, no se trata de un resultado inevitable. Requiere una importante movilización mundial para hacer cumplir el derecho internacional, así como una alianza entre judíos y palestinos que desafíe y rompa con el orden del apartheid de separación legal, segregación y discriminación. La lucha que se requiere es civil y no violenta: luchas similares contra regímenes del apartheid en todo el mundo, como en Irlanda del Norte, el sur de los Estados Unidos, Kosovo o Sudáfrica, tuvieron éxito cuando abandonaron la violencia contra civiles y se concentraron en campañas civiles, políticas, legales y morales.

La lucha también requiere un horizonte político que responda al fracaso persistente de la partición de la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El movimiento por la paz “Una tierra para todos: dos estados, una patria”, una iniciativa conjunta israelí-palestina, ha articulado una visión de ese tipo basada en la igualdad individual y colectiva. Este modelo confederal de dos estados con libertad de movimiento, instituciones conjuntas y una capital compartida puede ofrecer una salida al creciente apartheid y ayudar a esbozar un horizonte hacia un futuro de reconciliación y paz. Sólo la adopción de esas visiones puede garantizar que la primera guerra del apartheid sea también la última.

NOTA DEL BLOG:

[1] "Tras el armisticio de 1949, que puso fin a la guerra entre Israel y sus vecinos árabes, la conocida como Línea Verde sirvió para delimitar de facto el territorio de Israel de los territorios palestinos. La Línea Verde separa Jerusalén en dos y demarca Cisjordania y Gaza" (BBC News Mundo).

* Publicado en +972 Magazine, 15.10.24. Oren Yiftachel es investigador israelí de geografía política y jurídica y activista de derechos humanos.

Políticas públicas sin personas; políticas públicas sin política

Presentamos una selección del artículo "Políticas públicas sin gente: tecnocracia y poder en Chile", donde el autor expone un tópico ya evidente: el enfoque económico ha colonizado ámbitos extraeconómicos. En este caso, se expone acerca del caso de la esfera de las políticas públicas. Estas --por su naturaleza social, cultural, histórica, empírica, etc.-- manifiestamente rebasan el reduccionista, estático y lineal enfoque tecnocrático de la "ciencia" económica.

No obstante ello, seguimos condenados a que las políticas públicas sean planificadas y decididas por miopes tecnócratas; y a que, en un giro surrealista o por lo menos irónico, los postgrados en políticas públicas sean dictados preferentemente por centros de "ciencia" económica e ingeniería civil.

Así, se sigue materializando y reproduciendo una mirada que que en cualquier esfera empírica y compleja sería ridícula cuando no inconveniente: la política no es ni debería ser política. Como señalaba a sus alumnos de la PUC Sergio de Castro, exministro de la dictadura cívico-militar, sin el menor atisbo de pudor: "cuando la teoría [económica neoliberal] y la práctica [léase: los grupos humanos] están en desacuerdo, quiere decir que la práctica está mal".

Se sabe que la ignorancia es atrevida... La econometría no alcanza para esconderla en el caso de los profesionales que son los arquetipos del síndrome Dunning-Kruger.

§§§

Juan Francisco Palma

Durante la segunda mitad del siglo XX, muchos países latinoamericanos experimentaron golpes militares, acompañados de extensas violaciones de derechos humanos, programas neoliberales de ajuste estructural y una estricta censura de las ideas intelectuales. Un caso extremo es el de Chile. Siguiendo las recomendaciones de un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, se impuso una de las versiones más radicales de la doctrina neoliberal. 

Simultáneamente, las ciencias sociales sufrieron una severa represión, interrumpiéndose la enseñanza de muchas disciplinas y forzando a numerosos intelectuales a buscar refugio en el extranjero. En consecuencia, mientras en el hemisferio norte se desarrollaban enfoques alternativos para el análisis de políticas, el campo intelectual chileno se encontraba bajo un plan de desmantelamiento, y los tecnócratas neoliberales gobernaban sin ningún contrapeso. 

El reinado de los tecnócratas continuará tras la restauración de la democracia en 1990, y no será hasta el advenimiento de los sucesivos movimientos sociales que han sacudido a la sociedad chilena en los últimos años que su papel comenzará a ser cuestionado abiertamente por la ciudadanía.

El retorno a la democracia en 1990 estuvo acompañado de un gran optimismo. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, la restauración de la democracia no resultó en una politización de la sociedad chilena ni en el retorno de los científicos sociales a su antigua influencia. La omnipresencia de una ideología tecnocrática dentro del Estado, sumada a la persistencia de enclaves autoritarios y al consenso político sobre la reforma neoliberal implementada, moldeó una sociedad en la que la estabilidad del régimen democrático se logró a costa de la despolitización de la sociedad civil. 

En consecuencia, los gobiernos de centroizquierda que sucedieron a la dictadura cívico-militar no erradicaron el modelo impuesto, sino que lo adaptaron, consolidando lo que Garretón lo ha denominado 'neoliberalismo corregido y progresismo limitado'.

De acuerdo con estas fuerzas, a pesar del regreso de numerosos refugiados políticos del exilio y del empleo de numerosos científicos sociales en el aparato estatal, la mayoría de estos intelectuales no asumieron un papel influyente en los gobiernos democráticos posteriores. 

En consecuencia, al igual que en otros países de América Latina, como Perú, Colombia y Brasil, el retorno a la democracia no cuestionó la posición dominante de los tecnócratas, sino que legitimó su estatus como figuras clave en la conducción del gobierno. Así, durante las cuatro administraciones de la coalición de gobierno de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2008 [Concertación de Partidos por la Democracia], economistas con un marcado enfoque tecnopolítico emergieron como figuras clave, combinando conocimiento en economía con experiencia y conexiones con la política partidista.

En este contexto, tras la hegemonía tecnocrática de aquellos años, la mayoría de los programas de formación en políticas públicas se desarrollaron a distancia de las ciencias sociales, adoptando un enfoque «racional» [en sentido económico de cálculos de costo-beneficio] que enfatizaba el «uso de metodologías estadístico-cuantitativas» y «la maximización del beneficio neto como criterio de decisión para las políticas públicas».

Esto implica, entre otras cosas, la prevalencia de un paradigma positivista en la formulación de políticas, donde se percibe que los problemas existen "ahí afuera", esperando ser resueltos mediante la experiencia técnica y una actitud pragmática. Esencial para este marco tecnocrático y apolítico de las políticas públicas es la influencia de las ideas económicas ["científicas"], cuyo lenguaje y racionalidad se establecen como el sentido común a través del cual se diseña, implementa y estudia la política pública.

Las consecuencias del predominio de esta comprensión tradicional son múltiples. Principalmente, establece una frontera clara dentro de este supuesto campo interdisciplinario, excluyendo cualquier comprensión alternativa de las políticas públicas que no se alinee con estas ideas. 

Una clara señal de ello es la limitada presencia e influencia de las ciencias sociales en este campo, a las que se invita a aprender sobre políticas públicas a través de la formación en economía, administración y estadística. 

En este contexto, impulsado por el derecho y la certeza sobre lo desconocido, las políticas públicas se enmarcan comúnmente como una actividad apolítica y tecnocrática que no requiere la consideración del conocimiento local de las personas ni la atención a sus diversas formas de comprender el mundo en el que viven. Desde esta perspectiva, lo que se presenta como un modelo neutral y racional [desde el punto de vista ´de la "ciencia" económica] puede entenderse, en cambio, como una táctica de despolitización orientada a retener el control sobre las formas de conocer y reivindicar la verdad en las políticas públicas.

Estas comprensiones previas son significativas para el contexto latinoamericano, y en particular para Chile. En primer lugar, sugieren que la reciente impugnación del neoliberalismo no ha implicado necesariamente que todos los países latinoamericanos participen por igual en el proceso de construcción de nuevos enfoques de políticas públicas que consideren la especificidad, la historia y las realidades locales. 

En el caso de Chile, esto también sugiere que la reciente crítica a la tecnocracia no ha resultado en un cambio significativo en la primacía de la economía como criterio para pensar y debatir políticas públicas, al menos entre algunos de los actores más influyentes en este campo. 

Ante este panorama, a pesar del optimismo general sobre el desarrollo de los Estudios Críticos de Políticas a nivel mundial, el caso chileno puede considerarse un recordatorio de que estos desarrollos son siempre desiguales y están sujetos a particularidades locales.

Sin embargo, es importante recordar que estas perspectivas no representan la totalidad del corpus de ideas en juego en las políticas públicas chilenas. De esta manera, el estudio subestima deliberadamente las formas alternativas de pensar sobre las políticas públicas. Por ello, como posible vía para futuras investigaciones, vale la pena considerar explorar las ideas que se encuentran en los márgenes del campo y más allá.

Políticas públicas sin personas; significa políticas públicas sin política. Significa políticas públicas que no prestan atención al conocimiento local de las personas y a sus diversas y a veces contradictorias maneras de comprender el mundo en el que viven. 

Comprender las políticas públicas sin personas no solo aumenta la distancia con el mundo social que deberíamos intentar comprender, sino que también significa perder la oportunidad de tender puentes entre las personas y las políticas que las rigen.

* El artículo completo se puede encontrar en Critical Policy Studies, 29.08.25. Juan Francisco Palma es profesor titular de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Bristol.

Pinochet gana elecciones después de muerto

Después de 35 años de tibieza, concesiones, traiciones y rendiciones de la centro izquierda y su "neoliberalismo de rostro humano"... Chile rechaza la copia y va por el original: la ultraderecha partidaria de la dictadura.

Marcos Roitman R.

Sin proyecto, sin programa, sin alternativa, no existe esperanza. Y sin esperanza, triunfa el oscurantismo. Sin un horizonte de cambio social, las clases populares sucumben al discurso redentor.

Con miedo a perder lo que no se tiene, un trabajo decente, un sueldo digno, una pensión de jubilación digna, una sanidad pública de calidad, una educación asentada en valores democráticos, se acaba por votar a los verdugos. El dolor social genera frustración, alentando opciones reaccionarias. En Chile ganó la derecha por incomparecencia de la izquierda. No se busque fuera lo que es responsabilidad de los gobiernos progresistas que han dinamitado los valores de justicia, equidad social y bien común, en pro del interés general, eufemismo para defender los beneficios de las plutocracias y sus empresas. El pueblo no ha votado derecha engañado, lo ha hecho en la de sesperación de no poder votar un proyecto emancipador. En las urnas se puede escuchar el grito silencioso de quienes obligatoriamente han firmado la defunción de Chile como sociedad democrática por décadas, ¡vivan las cadenas!

Ahora, ¡que gane el mejor! Con esta frase, el presidente de Chile, Gabriel Boric, define su posición política, refiriéndose a la segunda vuelta que decidirá, el 14 de diciembre, el futuro inquilino del Palacio de la Moneda. Como si de un partido de futbol se tratase, y con el marcador a cero, Jeannette Jara, según Boric, mantendría intactas las opciones de triunfo frente al candidato del Partido Republicano, Jose Antonio Kast. En otras palabras, y siguiendo el símil, bastaría con un gol de último minuto y una estrategia de victoria para dar el triunfo a Jeannette Jara. Para fundamentar su relato plantea llegar a acuerdos con votantes de la derecha que han sido desplazados por Kast. En primer lugar, abrir conversaciones con Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 19.7% de votos, y cuyo lema de campaña lo delata: “Chile ni facho ni comunacho”. Para Boric, allí tendría un nicho de votos para dar la vuelta a los resultados. Esa es su opción. Negociar poder, y Parisi se deja querer. Desde luego no pensará sumar votos de Johannes Kaiser, con 13.9%, defensor a ultranza del régimen pinochetista. Sin embargo, cree convencer a algún votante despistado de Evelyn Matthei, cuyo 12.5% de votos reúne a la derecha golpista nacida en los años 80 del siglo pasado. En esta afiebrada versión, da por hecho que los votantes de Marco Enrique Ominami (1.2%) y Eduardo Artés (0.7) lo harán por la candidata de Unidad por Chile. Esta caricatura de suma votos y resta obstáculos, evidencia una miopía política y descubre las vergüenzas de un gobierno que abandonó su dignidad en pro de construir alianzas contra natura, que han posibilitado, a la derecha, recuperar el Ejecutivo. Algo que a Gabriel Boric no le preocupa, ¡que gane el mejor! Si es Kast, estará bien, no importa su ideología ni convicciones totalitarias. La democracia protegida estaría garantizada (sic).

En Chile, las formaciones políticas en las cuales se ha dividido la derecha tienen en común reivindicar la constitución de 1980. Me refiero a la economía de mercado, la concepción subsidiaria del Estado, la preeminencia del capital privado en la asignación de recursos, la apertura financiera y comercial, la privatización de los bienes esenciales del Estado, junto a la flexibilidad laboral.

Sin embargo, en la izquierda institucional, a pesar de las declamaciones, los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría o Frente Amplio aceptan el modelo neoliberal implantado por la dictadura cívico-militar, creándose un partido transversal, cuyo lema es: el modelo no se toca. ¿Sorpresa? Ninguna. Unos con la boca grande y otros con la pequeña, se sienten cómodos con las estructuras económico-sociales que rigen el pacto social. Todos los gobiernos, desde Patricio Aylwin, pasando por Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera a Gabriel Boric, han mantenido los cimientos del Estado fundado por la dictadura cívico-militar.

Ni siquiera con mayoría en ambas cámaras, hecho excepcional que se repite hoy, con las elecciones parlamentarias de 2025, Michelle Bachelet hizo amago de cambiar las leyes de subsidiaridad, los planes de pensiones privadas, las políticas educativas, acabar con la represión al pueblo mapuche o modificar la ley de amnistía a los militares implicados en la violación de los derechos humanos. Si recordamos el caso Pinochet, el lavado de imagen del dictador lo llevaron a cabo unos y otros.

Sólo el “estallido social” (octubre de 2019) pudo ser un punto de inflexión. Ahí se gestó el Frente Amplio, que en 2021 llegó a La Moneda prometiendo ser la “tumba del neoliberalismo”. Pero la decepción fue cubriendo la acción de un gobierno timorato, entregado por completo a la vieja clase política, a la cual denostaba y criticaba. Nombró a sus dirigentes ministros, les dio poder y blanqueó su corrupción, al tiempo que cayó en ella. En cuatro años, presos del estallido social siguen en la cárcel.

Dirigentes mapuches son juzgados con las leyes antiterroristas. La libertad de prensa no existe. El caso Clarín es una prueba de lo dicho. Boric ha dialogado con el gobierno de España para frenar el pago de la indemnización acordada por el Banco Mundial y el CIADE. Por otro lado, la desigualdad social sigue creciendo. Su cobardía lo ha llevado a transigir con los postulados de la derecha en temas de seguridad, emigración, narcotráfico y delincuencia, y a nivel internacional se pliega a Estados Unidos. Dirán que es un exceso, pero es una realidad.

En conclusión, los chilenos han decidido ser fieles a los principios pinochetistas. De un total de 13 millones 452 mil 724 votos, 9 millones 48 mil 936 ciudadanos entregan la papeleta a candidatos que avalan las acciones de la dictadura, apoyan su Constitución o se declaran sus admiradores. Hablamos de 70% de los votantes. Es para pensarlo. Pinochet, como el Cid Campeador, gana batallas después de muerto.

* Publicado en La Jornada, 19.11.25.