Las agencias de inteligencia israelíes intentaron descarrilar el procesamiento por crímenes de guerra, con Netanyahu "obsesionado" con las interceptaciones.
Harry Davies, Bethan McKernan, Yuval Abraham y Meron Rapoport
Cuando el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que buscaba
órdenes de arresto contra líderes israelíes y de Hamás, emitió una advertencia críptica: “Insisto en que todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en los funcionarios de esta corte deben cesar inmediatamente".
Karim Khan no proporcionó detalles específicos sobre los intentos de interferir en el trabajo de la CPI, pero destacó una cláusula en el tratado fundacional de la Corte que convertía cualquier interferencia de ese tipo en un delito penal. Si la conducta continúa, añadió, “mi oficina no dudará en actuar”.
El fiscal no dijo quién había intentado intervenir en la administración de justicia ni cómo lo había hecho exactamente.
Ahora, una investigación realizada por
The Guardian y las revistas israelíes
+972 y
Local Call puede revelar cómo
Israel ha llevado a cabo
una “guerra” secreta de casi una década contra la Corte.
El país desplegó sus agencias de inteligencia para vigilar, piratear, presionar, difamar y supuestamente amenazar al personal superior de la CPI en un esfuerzo por descarrilar las investigaciones del tribunal.
La inteligencia israelí capturó las comunicaciones de numerosos funcionarios de la CPI, incluidos Khan y su predecesora como fiscal,
Fatou Bensouda,
interceptando llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos y documentos. La vigilancia continuó en los últimos meses, lo que proporcionó al primer ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, conocimiento previo de las intenciones del fiscal. Una comunicación interceptada recientemente sugirió que Khan quería emitir órdenes de arresto contra israelíes pero estaba bajo “tremenda presión de Estados Unidos”, según una fuente familiarizada con su contenido.
Bensouda, quien como fiscal jefe abrió la investigación de la CPI en 2021, allanando el camino para el anuncio de la semana pasada, también fue espiada y presuntamente amenazada.
Netanyahu se ha interesado mucho en las operaciones de inteligencia contra la CPI, y una fuente de inteligencia lo describió como "obsesionado" con las interceptaciones sobre el caso. Supervisados por sus asesores de seguridad nacional, los esfuerzos involucraron a la agencia de espionaje nacional, el Shin Bet, así como a la dirección de inteligencia militar, Aman, y a la división de ciberinteligencia, Unidad 8200. La inteligencia obtenida de las interceptaciones fue, dijeron las fuentes, difundida al gobierno, ministerios de justicia, relaciones exteriores y asuntos estratégicos.
Una operación encubierta contra Bensouda,
revelada el martes por The Guardian, fue dirigida personalmente por el aliado cercano de Netanyahu,
Yossi Cohen, quien en ese momento era director de la agencia de inteligencia exterior de Israel, el Mossad. En un momento, el jefe de espías incluso contó con la ayuda del entonces presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila.
Los detalles de la campaña de nueve años de Israel para frustrar la investigación de la CPI han sido descubiertos por The Guardian, una publicación israelí-palestina +972 Magazine y Local Call, un medio en hebreo.
La investigación conjunta se basa en entrevistas con más de dos docenas de oficiales y ex funcionarios de inteligencia y funcionarios gubernamentales israelíes, altos funcionarios de la CPI, diplomáticos y abogados familiarizados con el caso de la CPI y los esfuerzos de Israel para socavarlo.
Un portavoz de la CPI, contactado por The Guardian, dijo que estaba al tanto de “actividades proactivas de recopilación de inteligencia llevadas a cabo por varias agencias nacionales hostiles hacia la corte”. Dijeron que la CPI estaba implementando continuamente contramedidas contra dicha actividad, y que “ninguno de los recientes ataques contra ella por parte de agencias de inteligencia nacionales” había penetrado las principales pruebas del tribunal, que habían permanecido seguras.
Un portavoz de la oficina del primer ministro de Israel dijo: "Las preguntas que se nos envían están repletas de muchas acusaciones falsas e infundadas destinadas a dañar al Estado de Israel". Un portavoz militar añadió: “Las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] no realizaron ni realizan operaciones de vigilancia u otras operaciones de inteligencia contra la CPI”.
La decisión de Khan de solicitar órdenes judiciales contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, junto con los líderes de Hamás implicados en el ataque del 7 de octubre, marca la primera vez que un fiscal de la CPI solicita órdenes de arresto contra el líder de un estrecho aliado de Occidente.
Las acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que Khan ha formulado contra Netanyahu y Gallant se relacionan todas con la guerra de ocho meses [desde octubre de 2023] de Israel en
Gaza, que según las autoridades sanitarias del territorio
ha matado a más de 35.000 personas.
Pero el caso de la CPI lleva una década en preparación, avanzando poco a poco en medio de una creciente alarma entre los funcionarios israelíes ante la posibilidad de órdenes de arresto, que impedirían a los acusados viajar a cualquiera de los 124 estados miembros de la corte por temor a ser arrestados.
Es este espectro de procesamientos en La Haya lo que, según un ex funcionario de inteligencia israelí, había llevado a “todo el establishment militar y político” a considerar la contraofensiva contra la CPI “como una guerra que debía librarse y contra la que Israel necesitaba ser defendida. Fue descrito en términos militares”.
Esa “guerra” comenzó en enero de 2015, cuando se confirmó que Palestina se uniría a la Corte después de que fuera reconocida como Estado por la asamblea general de la ONU. Su adhesión fue condenada por funcionarios israelíes como una forma de “terrorismo diplomático”.
Un ex funcionario de defensa familiarizado con el esfuerzo de Israel contra la CPI dijo que unirse a la Corte había sido "percibido como el cruce de una línea roja" y "quizás la medida diplomática más agresiva" adoptada por la Autoridad Palestina, que gobierna Cisjordania. "Ser reconocido como Estado en la ONU es bonito", añadieron, "Pero la CPI es un mecanismo con dientes".
Una amenaza entregada en mano
Para Fatou Bensouda, una respetada abogada gambiana que fue elegida fiscal jefe de la CPI en 2012, la adhesión de Palestina a la Corte trajo consigo una decisión trascendental. Según el Estatuto de Roma, el tratado que estableció la Corte, la CPI puede ejercer su jurisdicción sólo sobre crímenes cometidos dentro de los Estados miembros o cometidos por nacionales de esos Estados.
Israel, al igual que Estados Unidos, Rusia y China, no es miembro. Después de la aceptación de Palestina como miembro de la CPI, cualquier presunto crimen de guerra –cometido por personas de cualquier nacionalidad– en
territorios palestinos ocupados ahora quedó bajo la jurisdicción de Bensouda.
El 16 de enero de 2015, pocas semanas después de que Palestina se uniera, Bensouda
abrió un examen preliminar sobre lo que en la jerga legal del tribunal se llamó “la situación en Palestina”. Al mes siguiente, dos hombres que habían conseguido obtener la dirección privada del fiscal se presentaron en su casa de La Haya.
Fuentes familiarizadas con el incidente dijeron que los hombres se negaron a identificarse cuando llegaron, pero dijeron que querían entregar personalmente una carta a Bensouda en nombre de una mujer alemana desconocida que quería agradecerle. El sobre contenía cientos de dólares en efectivo y una nota con un número de teléfono israelí.
Fuentes con conocimiento de una revisión de la CPI sobre el incidente dijeron que si bien no fue posible identificar a los hombres o establecer completamente sus motivos, se concluyó que era probable que Israel le estuviera indicando al fiscal que sabía dónde vivía. La CPI informó del incidente a las autoridades holandesas y puso en marcha medidas de seguridad adicionales, instalando cámaras de circuito cerrado de televisión en su casa.
La investigación preliminar de la CPI en los territorios palestinos fue uno de varios ejercicios de investigación que el tribunal estaba llevando a cabo en ese momento, como precursor de una posible investigación completa. El número de casos de Bensouda también incluyó nueve investigaciones completas, incluso sobre acontecimientos en la República Democrática del Congo, Kenia y la región de Darfur en Sudán.
Los funcionarios de la fiscalía creían que el tribunal era vulnerable a actividades de espionaje e introdujeron medidas de contravigilancia para proteger sus investigaciones confidenciales.
En Israel, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) del primer ministro había movilizado una respuesta que involucraba a sus agencias de inteligencia. Netanyahu y algunos de los generales y jefes de espías que autorizaron la operación tenían un interés personal en su resultado.
A diferencia de la
Corte Internacional de Justicia (CIJ), un organismo de la ONU que se ocupa de la responsabilidad legal de los estados nacionales,
la CPI es un tribunal penal que procesa a individuos, apuntando a aquellos considerados más responsables de atrocidades.
Múltiples fuentes israelíes dijeron que el liderazgo de las FDI quería que la inteligencia militar se uniera al esfuerzo, liderado por otras agencias de espionaje, para garantizar que los oficiales superiores pudieran estar protegidos de los cargos. "Nos dijeron que los altos funcionarios tienen miedo de aceptar puestos en Cisjordania porque temen ser procesados en La Haya", recordó una fuente.
Dos funcionarios de inteligencia involucrados en la obtención de interceptaciones sobre la CPI dijeron que la oficina del primer ministro mostró un gran interés en su trabajo. Uno dijo que la oficina de Netanyahu enviaría “áreas de interés” e “instrucciones” en relación con el seguimiento de los funcionarios judiciales. Otro describió al primer ministro como “obsesionado” con las interceptaciones que arrojaran luz sobre las actividades de la CPI.
Correos electrónicos pirateados y llamadas monitoreadas
Cinco fuentes familiarizadas con las actividades de inteligencia de Israel dijeron que Israel espiaba habitualmente las llamadas telefónicas realizadas por Bensouda y su personal con los palestinos. Al impedirle a Israel acceder a Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, la CPI se vio obligada a realizar gran parte de su investigación por teléfono, lo que la hizo más susceptible a la vigilancia. Gracias a su amplio acceso a la infraestructura de telecomunicaciones palestina, dijeron las fuentes, los agentes de inteligencia pudieron capturar las llamadas sin instalar software espía en los dispositivos de los funcionarios de la CPI.
"Si Fatou Bensouda hablara con cualquier persona en Cisjordania o Gaza, entonces esa llamada telefónica entraría en los sistemas [de interceptación]", dijo una fuente. Otro dijo que internamente no había dudas sobre espiar al fiscal, y agregó: “Con Bensouda, ella es negra y africana, entonces, ¿a quién le importa?”.
El sistema de vigilancia no captó llamadas entre funcionarios de la CPI y nadie fuera de Palestina. Sin embargo, múltiples fuentes dijeron que el sistema requería la selección activa de los números de teléfono extranjeros de los funcionarios de la CPI cuyas llamadas las agencias de inteligencia israelíes decidieron escuchar. Según una fuente israelí, una gran pizarra en un departamento de inteligencia israelí contenía los nombres de unas 60 personas bajo vigilancia –la mitad de ellas palestinas y la otra mitad de otros países, incluidos funcionarios de la ONU y personal de la CPI.
En La Haya, Bensouda y su personal superior fueron alertados por asesores de seguridad y a través de canales diplomáticos de que Israel estaba monitoreando su trabajo. Un ex alto funcionario de la CPI recordó: “Nos informaron que estaban tratando de obtener información sobre dónde estábamos con el examen preliminar”. Los funcionarios también se enteraron de amenazas específicas contra una destacada ONG palestina, Al-Haq, que era uno de varios grupos palestinos de derechos humanos que frecuentemente presentaban información a la investigación de la CPI, a menudo en documentos extensos que detallaban incidentes que quería que el fiscal considerara. La Autoridad Palestina presentó expedientes similares. Esos documentos a menudo contenían información confidencial, como testimonios de posibles testigos. También se entiende que las presentaciones de Al-Haq vincularon acusaciones específicas de crímenes del Estatuto de Roma con altos funcionarios, incluidos jefes de las FDI, directores del Shin Bet y ministros de defensa como Benny Gantz.
Años más tarde, después de que la CPI abrió una investigación completa sobre el caso de Palestina,
Gantz designó a Al-Haq y a otros cinco grupos de derechos humanos palestinos como “organizaciones terroristas”, una etiqueta que fue
rechazada por varios estados europeos y que más tarde
la CIA consideró no respaldado por evidencia. Las organizaciones dijeron que las designaciones eran un “ataque dirigido” contra quienes colaboran más activamente con la CPI.
Según varios funcionarios de inteligencia actuales y anteriores, los equipos militares de ciberofensiva y el Shin Bet monitorearon sistemáticamente a los empleados de las ONG palestinas y de la Autoridad Palestina que colaboraban con la CPI. Dos fuentes de inteligencia describieron cómo agentes israelíes piratearon los correos electrónicos de Al-Haq y otros grupos que se comunicaban con la oficina de Bensouda. Una de las fuentes dijo que el Shin Bet incluso instaló el software espía Pegasus, desarrollado por el grupo NSO del sector privado, en los teléfonos de varios empleados de ONG palestinas, así como de dos altos funcionarios de la Autoridad Palestina.
Vigilar las presentaciones palestinas a la investigación de la CPI se consideraba parte del mandato del Shin Bet, pero a algunos oficiales del ejército les preocupaba que el espionaje de una entidad civil extranjera cruzara una línea, ya que tenía poco que ver con operaciones militares. "No tiene nada que ver con Hamás, no tiene nada que ver con la estabilidad en Cisjordania", dijo una fuente militar sobre la vigilancia de la CPI. Otro añadió: "Utilizamos nuestros recursos para espiar a Fatou Bensouda; esto no es algo legítimo que hagamos como inteligencia militar".
Reuniones secretas con la CPI
Legítima o no, la vigilancia de la CPI y de los palestinos que defendían los procesos contra israelíes proporcionó al gobierno israelí una ventaja en un canal secreto que había abierto con la oficina del fiscal.
Las reuniones de Israel con la CPI fueron muy delicadas: si se hacían públicas, tenían el potencial de socavar la posición oficial del gobierno de que no reconocía la autoridad de la Corte. Según seis fuentes familiarizadas con las reuniones, estaban compuestas por una delegación de altos abogados y diplomáticos del gobierno que viajaron a La Haya. Dos de las fuentes dijeron que las reuniones fueron autorizadas por Netanyahu.
La delegación israelí estaba formada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina del Fiscal General Militar. Las reuniones tuvieron lugar entre 2017 y 2019, y fueron dirigidas por el destacado abogado y diplomático israelí Tal Becker. “Al principio todo fue tenso”, recordó un ex funcionario de la CPI. “Entraríamos en detalles de incidentes específicos. Decíamos: 'Estamos recibiendo denuncias sobre estos ataques, estos asesinatos', y nos proporcionaban información”.
Una persona con conocimiento directo de la preparación de Israel para las reuniones clandestinas dijo que los funcionarios del Ministerio de Justicia recibieron información de inteligencia obtenida de interceptaciones de vigilancia israelíes antes de que las delegaciones llegaran a La Haya. "Los abogados que se ocuparon del asunto en el Ministerio de Justicia tenían una gran sed de información de inteligencia", dijeron. Para los israelíes, las reuniones clandestinas, aunque delicadas, representaron una oportunidad única para presentar directamente argumentos legales que cuestionaban la jurisdicción del fiscal sobre los territorios palestinos.
A los agentes de vigilancia israelíes se les pidió que averiguaran qué incidentes específicos podrían formar parte de un futuro procesamiento de la CPI, dijeron múltiples fuentes, para permitir a los órganos de investigación israelíes "abrir investigaciones retroactivas" en los mismos casos. "Si se transfirieron materiales a la CPI, teníamos que entender exactamente qué eran, para asegurarnos de que las FDI los investigaran de forma independiente y suficiente para que pudieran afirmar que eran complementarios", explicó una fuente.
Las reuniones secundarias de Israel con la CPI terminaron en diciembre de 2019, cuando Bensouda,
al anunciar el final de su examen preliminar, dijo que creía que había una
“base razonable” para concluir que tanto Israel como los grupos armados palestinos habían cometido crímenes de guerra en los territorios ocupados.
Fue un revés significativo para los líderes de Israel, aunque podría haber sido peor. En una medida que algunos miembros del gobierno consideraron una reivindicación parcial de los esfuerzos de lobby de Israel, Bensouda no llegó a iniciar una investigación formal. En lugar de ello, anunció que pediría a un panel de jueces de la CPI que se pronunciara sobre la polémica cuestión de la jurisdicción de la Corte sobre los territorios palestinos, debido a “cuestiones fácticas y legales únicas y altamente controvertidas”.
Sin embargo, Bensouda había dejado claro que estaba dispuesta a abrir una investigación completa si los jueces le daban luz verde. Fue en este contexto que Israel intensificó su campaña contra la CPI y recurrió a su principal jefe de espías para aumentar la presión sobre Bensouda personalmente.
Amenazas personales y una "campaña de desprestigio"
Entre finales de 2019 y principios de 2021, mientras la sala de cuestiones preliminares consideraba las cuestiones jurisdiccionales, el director del Mossad, Yossi Cohen, intensificó sus esfuerzos para persuadir a Bensouda de que no continuara con la investigación.
Los contactos de Cohen con Bensouda –que fueron descritos a The Guardian por cuatro personas familiarizadas con los relatos contemporáneos del fiscal sobre las interacciones, así como por fuentes informadas sobre la operación del Mossad– habían comenzado varios años antes. En uno de los primeros encuentros, Cohen sorprendió a Bensouda cuando hizo una aparición inesperada en una reunión oficial que la fiscal estaba manteniendo con el entonces presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, en una suite de un hotel de Nueva York. Fuentes familiarizadas con la reunión dijeron que después de que se pidió al personal de Bensouda que abandonara la habitación, el director del Mossad apareció repentinamente detrás de una puerta en una “emboscada” cuidadosamente coreografiada.
Después del incidente en Nueva York, Cohen insistió en contactar a la fiscal, apareciendo sin previo aviso y sometiéndola a llamadas no deseadas. Aunque inicialmente fue amigable, dijeron las fuentes, el comportamiento de Cohen se volvió cada vez más amenazante e intimidante.
Cohen, un aliado cercano de Netanyahu en ese momento, era un veterano jefe de espías del Mossad y se había ganado una reputación dentro del servicio como un hábil reclutador de agentes con experiencia en el cultivo de funcionarios de alto nivel en gobiernos extranjeros.
Los relatos de sus reuniones secretas con Bensouda pintan un cuadro en el que buscaba “construir una relación” con la fiscal mientras intentaba disuadirla de llevar a cabo una investigación que, de seguir adelante, podría involucrar a altos funcionarios israelíes.
Tres fuentes informadas sobre las actividades de Cohen dijeron que entendían que el jefe de espionaje había intentado reclutar a Bensouda para que cumpliera con las demandas de Israel durante el período en el que ella esperaba un fallo de la cámara previa al juicio. Dijeron que se volvió más amenazador cuando comenzó a darse cuenta de que no convencerían a la fiscal de que abandonara la investigación. En un momento, se dice que Cohen hizo comentarios sobre la seguridad de Bensouda y amenazas apenas veladas sobre las consecuencias para su carrera si seguía adelante. Contactados por The Guardian, Cohen y Kabila no respondieron a las solicitudes de comentarios. Bensouda declinó hacer comentarios.
Cuando era fiscal, Bensouda reveló formalmente sus encuentros con Cohen a un pequeño grupo dentro de la CPI, con la intención de dejar constancia de su creencia de que había sido "amenazada personalmente", dijeron fuentes familiarizadas con las revelaciones.
Ésta no fue la única forma en que Israel intentó presionar al fiscal. Aproximadamente al mismo tiempo, funcionarios de la CPI descubrieron detalles de lo que las fuentes describieron como una “campaña de difamación” diplomática, relacionada en parte con un familiar cercano. Según múltiples fuentes, el Mossad había obtenido un alijo de material que incluía transcripciones de una aparente operación encubierta contra el marido de Bensouda. Los orígenes del material (y si era genuino) aún no están claros.
Sin embargo, Israel hizo circular elementos de la información entre funcionarios diplomáticos occidentales, dijeron las fuentes, en un intento fallido de desacreditar al fiscal jefe. Una persona informada sobre la campaña dijo que ganó poco apoyo entre los diplomáticos y equivalía a un intento desesperado de “mancillar” la reputación de Bensouda.
La campaña de Trump contra la CPI
En marzo de 2020, tres meses después de que Bensouda remitiera el caso de Palestina a la sala de cuestiones preliminares, una delegación del gobierno israelí habría mantenido conversaciones en Washington con altos funcionarios estadounidenses sobre “una lucha conjunta israelí-estadounidense” contra la CPI.
Un funcionario de inteligencia israelí dijo que consideraban que la administración de Donald Trump era más cooperativa que la de su predecesor demócrata. Los israelíes se sintieron lo suficientemente cómodos como para pedir información a la inteligencia estadounidense sobre Bensouda, una solicitud que, según la fuente, habría sido "imposible" durante el mandato de Barack Obama.
Días antes de las reuniones en Washington, Bensouda había recibido autorización de los jueces de la CPI para llevar a cabo una investigación separada sobre los crímenes de guerra en
Afganistán cometidos por los talibanes y personal militar tanto afgano como estadounidense. Temiendo que las fuerzas armadas estadounidenses fueran procesadas,
la administración Trump estaba involucrada en su propia campaña agresiva contra la CPI, que culminó en el verano de 2020 con la imposición de
sanciones económicas estadounidenses a Bensouda y uno de los altos funcionarios de la CPI.
Entre los funcionarios de la CPI, se creía que las restricciones financieras y de visas impuestas por Estados Unidos al personal judicial estaban relacionadas tanto con la investigación de Palestina como con el caso de Afganistán. Dos ex funcionarios de la CPI dijeron que altos funcionarios israelíes les habían indicado expresamente que Israel y Estados Unidos estaban trabajando juntos.
En una conferencia de prensa celebrada en junio de ese año, altos funcionarios de la administración Trump manifestaron su intención de
imponer sanciones a funcionarios de la CPI, anunciando que habían recibido información no especificada sobre “corrupción financiera y malas prácticas en los niveles más altos de la oficina del fiscal”. Además de referirse al caso de Afganistán,
Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, vinculó las medidas estadounidenses con el caso de Palestina. "Está claro que la CPI sólo está poniendo a Israel en [su] punto de mira con fines abiertamente políticos", dijo. Meses después,
Pompeo acusó a Bensouda de haber “involucrado en actos corruptos para su beneficio personal”.
Estados Unidos nunca ha proporcionado públicamente ninguna información que fundamente esa acusación, y Joe Biden levantó las sanciones meses después de su llegada a la Casa Blanca.
Pero en ese momento Bensouda enfrentó una presión cada vez mayor debido a un esfuerzo aparentemente concertado entre bastidores por parte de los dos poderosos aliados. Como ciudadana gambiana, no disfrutaba de la protección política que tenían otros colegas de la CPI de países occidentales en virtud de su ciudadanía. Una ex fuente de la CPI dijo que esto la dejó “vulnerable y aislada”.
Las actividades de Cohen, dijeron las fuentes, fueron particularmente preocupantes para la fiscal y la llevaron a temer por su seguridad personal. Cuando la sala de cuestiones preliminares finalmente
confirmó que la CPI tenía jurisdicción en Palestina en febrero de 2021, algunos en la CPI incluso creyeron que Bensouda debería dejar la decisión final de abrir una investigación completa a su sucesor. Sin embargo, el 3 de marzo, meses antes del final de su mandato de nueve años, Bensouda
anunció una investigación completa sobre el caso Palestina, poniendo en marcha un proceso que podría conducir a cargos penales, aunque advirtió que la siguiente fase podría llevar tiempo.
"Cualquier investigación emprendida por la oficina se llevará a cabo de forma independiente, imparcial y objetiva, sin temor ni favoritismo", dijo. “A las víctimas palestinas e israelíes y a las comunidades afectadas les instamos a tener paciencia”.
Khan anuncia órdenes de arresto
Cuando
Khan tomó el mando de la fiscalía de la CPI en
junio de 2021, heredó una investigación que, según dijo más tarde, “se basa en la culpa de San Andrés de la política internacional y los intereses estratégicos”. Cuando asumió el cargo, otras investigaciones –incluso sobre acontecimientos en Filipinas, la República Democrática del Congo, Afganistán y Bangladesh– compitieron por su atención, y en marzo de 2022, días después de que Rusia lanzara su invasión de Ucrania, abrió
una investigación de alto perfil sobre presuntos ataques rusos. crímenes de guerra.
Inicialmente, la investigación políticamente sensible sobre Palestina no fue tratada como una prioridad por el equipo del fiscal británico, dijeron fuentes familiarizadas con el caso. Uno de ellos dijo que, en efecto, estaba “en el estante”, pero la oficina de Khan lo cuestiona y dice que estableció un equipo de investigación dedicado a hacer avanzar la investigación.
En Israel, los principales abogados del gobierno consideraban a Khan –que anteriormente había defendido a señores de la guerra como el
ex presidente liberiano Charles Taylor– como un fiscal más cauteloso que Bensouda. Un ex alto funcionario israelí dijo que había “mucho respeto” por Khan, a diferencia de su predecesor. Su nombramiento ante el tribunal fue visto como un “motivo de optimismo”, dijeron, pero añadieron que el
ataque del 7 de octubre “cambió esa realidad”.
Al final de la tercera semana del bombardeo israelí de Gaza, Khan estaba en el terreno en el cruce fronterizo de Rafah. Posteriormente realizó visitas a Cisjordania y al sur de Israel, donde fue invitado a reunirse con los supervivientes del ataque del 7 de octubre y con los familiares de las personas que habían sido asesinadas.
En febrero de 2024, Khan emitió una declaración enérgica que los asesores legales de Netanyahu interpretaron como una señal siniestra. En la publicación de X, de hecho advirtió a Israel que no lanzara un ataque contra Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, donde en ese momento se refugiaban más de un millón de personas desplazadas. "Estoy profundamente preocupado por el bombardeo reportado y la posible incursión terrestre de las fuerzas israelíes en Rafah", escribió. “Quienes no cumplan con la ley no deberían quejarse más tarde, cuando mi oficina tome medidas”.
Los comentarios provocaron alarma dentro del gobierno israelí, ya que parecían desviarse de sus declaraciones anteriores sobre la guerra, que los funcionarios habían considerado tranquilizadoramente cautelosas. "Ese tuit nos sorprendió mucho", dijo un alto funcionario.
Las preocupaciones en Israel sobre las intenciones de Khan aumentaron el mes pasado cuando el gobierno informó a los medios de comunicación que creía que el fiscal
estaba contemplando órdenes de arresto contra Netanyahu y otros altos funcionarios como Yoav Gallant.
La inteligencia israelí había interceptado correos electrónicos, archivos adjuntos y mensajes de texto de Khan y otros funcionarios de su oficina. "El tema de la CPI subió en la escala de prioridades de la inteligencia israelí", dijo una fuente de inteligencia.
Fue a través de comunicaciones interceptadas que Israel estableció que Khan estaba considerando en un momento entrar a Gaza a través de Egipto y quería ayuda urgente para hacerlo “sin el permiso de Israel”. Otra evaluación de la inteligencia israelí, que circuló ampliamente entre la comunidad de inteligencia, se basó en la vigilancia de una llamada entre dos políticos palestinos. Uno de ellos dijo que Khan había indicado que una solicitud de órdenes de arresto contra líderes israelíes podría ser inminente, pero advirtió que estaba "bajo una tremenda presión por parte de Estados Unidos".
Fue en este contexto que Netanyahu hizo una serie de declaraciones públicas advirtiendo que una solicitud de órdenes de arresto podría ser inminente. Hizo un llamado a “los líderes del mundo libre para que se opongan firmemente a la CPI” y “utilicen todos los medios a su disposición para detener esta peligrosa medida”. Y añadió: “Calificar a los líderes y soldados de Israel como criminales de guerra echará combustible para aviones al fuego del antisemitismo”. En Washington, un grupo de senadores republicanos de alto rango ya había enviado una carta amenazante a Khan con una advertencia clara: “Apunta a Israel y nosotros te atacaremos a ti”.
Mientras tanto, la CPI ha reforzado su seguridad con redadas periódicas en las fiscalías, controles de seguridad de los dispositivos, áreas sin teléfono, evaluaciones semanales de amenazas y la introducción de equipos especializados. Un portavoz de la CPI dijo que la oficina de Khan había sido objeto de "varias formas de amenazas y comunicaciones que podrían verse como intentos de influir indebidamente en sus actividades".
Khan reveló recientemente en
una entrevista con CNN que algunos líderes electos habían sido “muy directos” con él mientras se preparaba para emitir órdenes de arresto.
"'Este tribunal está construido para África y para matones como Putin', fue lo que me dijo un alto líder".
A pesar de la presión, Khan, al igual que su predecesor en la fiscalía, decidió seguir adelante. La semana pasada, Khan anunció que buscaba órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant junto con tres líderes de Hamás por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Dijo que el Primer Ministro y el Ministro de Defensa de Israel fueron acusados de responsabilidad por el exterminio, el hambre, la denegación de suministros de ayuda humanitaria y ataques deliberados contra civiles.
De pie frente a un atril con dos de sus principales fiscales –uno estadounidense y el otro británico– a su lado, Khan dijo que había dicho repetidamente a Israel que tomara medidas urgentes para cumplir con el derecho humanitario. “Subrayé específicamente que el hambre como método de guerra y la denegación de ayuda humanitaria constituyen delitos del Estatuto de Roma. No podría haber sido más claro”, dijo.
“Como también subrayé repetidamente en mis declaraciones públicas, quienes no cumplen con la ley no deberían quejarse más tarde, cuando mi oficina tome medidas. Ese día ha llegado”.
