El régimen de apartheid israelí

Global South Response

Qué es el apartheid

Apartheid es una palabra afrikáans que significa «separación» y fue el nombre dado al sistema institucionalizado de segregación racial y subyugación de la población africana y de otros grupos no blancos de Sudáfrica por parte de los colonos blancos desde 1948 hasta 1994. En 1973, la Convención sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid codificó el «apartheid» como un crimen basado en un conjunto de criterios universales, aplicables no sólo en el caso de Sudáfrica.

Tras décadas de lucha, el apartheid fue abolido en África del Sur en el siglo XX. Sin embargo, el Estado de Israel lo sigue practicando hasta bien entrado el siglo XXI y se nutre de la complicidad de Estados, instituciones y empresas.

Mientras que la discriminación racial por parte de un grupo étnico, religioso o racial contra otro grupo o grupos es frecuente en todo el mundo, el apartheid se distingue por el carácter institucionalizado, legalizado y opresivo de la discriminación racial y la segregación que conlleva, junto con el objetivo de dominación racial.

1) Definición de apartheid en el derecho internacional:

Basándose en las definiciones similares contenidas en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973) y en el Estatuto de Roma de la CPI, el apartheid se define comúnmente como:

Actos inhumanos cometidos por un grupo racial contra otro grupo racial en el contexto de un régimen institucionalizado de dominación y opresión sistemática, y con el objetivo/intención de mantener dicho régimen.

2) Consecuencias del estatus legal:

El apartheid es una de las más graves violaciones de los derechos humanos. Según el derecho internacional consuetudinario, la prohibición del apartheid es una norma imperativa. En consecuencia, el apartheid, cuando es cometido por cualquier Estado, da lugar a obligaciones jurídicas no sólo para el Estado responsable, sino también para todos los demás Estados y organizaciones internacionales. Esto incluye el deber de no reconocer la situación derivada del crimen como legítima y de no prestar ninguna ayuda o asistencia a la comisión del crimen de apartheid. Por último, impone a los terceros Estados la obligación de adoptar, individual o colectivamente, medidas proporcionadas y eficaces, incluidas sanciones, para desmantelar el régimen del apartheid.

Los Estados signatarios de la Convención contra el Apartheid de 1973 también tienen obligaciones específicas adicionales en virtud de este tratado. El Estatuto de Roma de la CPI, además, califica el apartheid como un crimen contra la humanidad que da lugar a la responsabilidad penal individual.

Qué es el apartheid israelí

Desde que se estableció en 1948 mediante la limpieza étnica de la mayoría del pueblo indígena palestino de sus pueblos y aldeas, el Estado de Israel ha impuesto un sistema de apartheid contra todo el pueblo palestino, incluidos los refugiados, los ciudadanos palestinos del actual Israel y los del territorio palestino ocupado. El régimen de Israel contra los palestinos, por tanto, combina el colonialismo de los colonos, la ocupación militar y el apartheid.

i) Apartheid al que se enfrentan los refugiados palestinos:

La violación más atroz de los derechos que el régimen de apartheid de Israel impone a los refugiados palestinos es la negación de su derecho al retorno. Leyes como la Ley del Retorno (1950) y la Ley de Ciudadanía Israelí (1952) despojaron a los refugiados palestinos de su derecho a la ciudadanía y otorgaron un derecho casi absoluto a la ciudadanía y una serie de otros privilegios a cualquier individuo judío y sus familiares. Estas leyes conceden el estatus civil superior de «nacionalidad judía» a los israelíes judíos.

ii) Apartheid al que se enfrentan los que sobrevivieron a la Nakba de 1948 permaneciendo en la tierra y que ahora son ciudadanos israelíes:

El robo de tierras y la demolición de hogares y comunidades por parte de las fuerzas israelíes es la realidad predominante para los palestinos. Al desplazar por la fuerza a las comunidades palestinas dentro del actual Israel (como en las comunidades palestinas beduinas de Al-Araqib y Umm al-Hiran) Israel les obliga a convertirse en refugiados (desplazados internos) en su propia tierra. Así es como al Nakba (catástrofe) no es un aspecto del pasado, sino un crimen continuo de desposesión colonial y grave negación de derechos.

A los ciudadanos palestinos de Israel se les niega la igualdad en la propiedad de la tierra, el empleo, la vivienda, la educación y otros aspectos vitales de la vida por medio de más de 65 leyes racialmente discriminatorias.

iii) Apartheid en el Territorio Palestino Ocupado (TPO):

Israel derriba regularmente casas palestinas y desplaza a las comunidades palestinas para la expansión de los asentamientos ilegales israelíes. Esto incluye también carreteras separadas que sólo utilizan los ciudadanos y colonos judíos israelíes.

La tierra y los recursos hídricos palestinos son robados y desviados hacia los asentamientos judío-israelíes. Más del 60% del territorio está demarcado como Área C, bajo control total de las fuerzas israelíes. Se trata de una tierra predominantemente agraria y rica en recursos.

Los recursos naturales palestinos, como la piedra, el gas natural y el petróleo, son expoliados y robados a los palestinos.

Israel emplea la anexión de facto y de jure de los territorios ocupados como parte de su política sistemática de enjaular a los palestinos en guetos cada vez más pequeños, destruyendo sus medios de vida.

Aparte de todas estas manifestaciones de apartheid, el parlamento de Israel aprobó en 2018 la ley del Estado-nación que «consagra constitucionalmente la supremacía judía y la identidad del Estado de Israel como el Estado-nación del pueblo judío». Esta es sólo la última ley cuasi-constitucional, aunque de mayor alcance, que discrimina y subyuga a los palestinos indígenas. Y esto es lo que convierte a Israel en un Estado de apartheid, en el que la dominación racista de los palestinos y la negación de sus derechos básicos no son sólo una cuestión de práctica y política cotidiana, sino que también están consagradas en la ley y en el sistema general intencionado de dominación racial, al igual que en la Sudáfrica del apartheid.

Reconocimiento del apartheid israelí

A lo largo de las dos últimas décadas, la demanda del pueblo palestino de condenar a Israel como régimen de apartheid contra todo el pueblo palestino ha cobrado cada vez más fuerza.

• La cuestión del apartheid israelí pasó a primer plano durante el Foro de ONG de la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrado en Durban (Sudáfrica) en 2001 y al que asistieron representantes de cerca de 3.000 ONG de todos los continentes. La Declaración Final del Foro de ONG reconoció que el pueblo palestino sufre «una ocupación militar colonialista y discriminatoria que viola su derecho humano fundamental a la autodeterminación» y equivale a «la marca de apartheid de Israel».

• En 2007, el jurista sudafricano John Dugard fue el primer relator especial de la ONU en alertar a las Naciones Unidas (A/HRC/4/17) de que la ocupación israelí presenta muchas de las características del colonialismo y el apartheid. El informe de los relatores especiales de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados en 2011 (A/HRC/16/72) y 2014 (A/HRC/25/67) incluyen conclusiones similares.

• En 2008, la inmensa mayoría de la sociedad civil palestina, representada en el Comité Nacional Palestino de BDS (BNC), respaldó el Documento de Posición Estratégica de la Sociedad Civil Palestina: «Unidos contra el Apartheid, el Colonialismo y la Ocupación, Dignidad y Justicia para el Pueblo Palestino» para su presentación en la Conferencia de Examen de la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban (WCAR), Ginebra, abril de 2009.

• Las observaciones finales del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) denunciaron en repetidas ocasiones las políticas de Israel como formas de discriminación racial y apartheid en los exámenes periódicos posteriores de 2007, 2012 y 2020. En 2012, el CERD instó a Israel, de conformidad con el artículo 3 de la Convención, a prohibir y erradicar las políticas o prácticas de segregación racial y apartheid que «afectan grave y desproporcionadamente a la población palestina.» (CERD/C/ISR/CO/14-16 (9 de marzo de 2012)

• En 2009, el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica patrocinó el estudio «¿Ocupación, Colonialismo, Apartheid?», que confirma la aplicabilidad de estos tres marcos jurídicos complementarios al régimen de Israel sobre los palestinos en los TPO y expone las consecuencias jurídicas para Israel y todos los demás Estados.

• En 2011, el Tribunal Russell sobre Palestina celebrado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) declaró a Israel culpable del delito de apartheid.

• En 2013, el European Journal of International Law (EJIL) publicó un extenso análisis sobre «Apartheid, Derecho Internacional y el Territorio Palestino Ocupado» de John Dugard y John Reynolds, que se basa en el estudio patrocinado por el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica de 2009.

• En 2017, la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental (CESPAO) encargó y publicó el informe «Prácticas israelíes hacia el pueblo palestino y la cuestión del apartheid» (posteriormente retirado del sitio web de la CESPAO por instrucción del Secretario General de la ONU bajo presión estadounidense-israelí).

• En 2019, las organizaciones palestinas de derechos humanos presentaron un informe sobre el apartheid israelí ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial.

• En 2020, diez expresidentes y más de 700 parlamentarios, diplomáticos y personalidades de la cultura de Asia, África y América Latina pidieron una investigación de la ONU sobre el apartheid israelí.

• En enero de 2021, B’Tselem, una importante organización israelí de derechos humanos, declaró que el régimen de Israel sobre los palestinos «desde el río hasta el mar» es un sistema de apartheid.

• En abril de 2021, Human Rights Watch publicó un análisis en profundidad de las leyes y políticas israelíes dirigidas a los palestinos, concluyendo que equivalen a un sistema de apartheid en el Israel actual y en los TPO, y a los crímenes contra la humanidad del apartheid y la persecución en los TPO.

Resistencia al apartheid

La larga lucha del pueblo sudafricano, que incluyó boicots, desinversiones y sanciones internacionales contra el entonces régimen del apartheid, condujo a su desmantelamiento. Aunque los efectos del colonialismo y el apartheid perduran, sobre todo en el ámbito económico, los sudafricanos han acabado con la inhumana estructura racista formal y legalizada que los deshumanizaba y subyugaba.

Aunque ni el sistema de opresión ni la lucha para acabar con él en Sudáfrica y Palestina son idénticos, la victoria de Sudáfrica sobre el apartheid sirve de inspiración y precedente para el pueblo palestino, que hasta hoy sufre el régimen de ocupación militar, el apartheid y el colonialismo de colonos de Israel.

En 2020, tras la movilización de la sociedad civil palestina y sus socios del Sur Global contra la anexión israelí de las tierras palestinas ocupadas, diez expresidentes y más de 700 parlamentarios, diplomáticos y personalidades de la cultura de Asia, África y América Latina pidieron una investigación de la ONU sobre el apartheid de Israel y medidas de rendición de cuentas, incluidas sanciones legales y selectivas. En marzo de 2021 el gobierno de Namibia planteó estas demandas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras que Human Rights Watch las incluyó en su reciente informe «Un umbral cruzado: Las autoridades israelíes y los crímenes del apartheid y la persecución».

El apoyo del Sur Global es esencial para acabar con el apartheid de Israel. Para llevar adelante y reforzar la respuesta del Sur Global, la sociedad civil palestina te pide que:

• Concienciar a su comunidad sobre el régimen de apartheid de Israel utilizando los recursos que se comparten aquí y más arriba.

• Apoyar y compartir con los funcionarios electos, los líderes de la sociedad civil y los movimientos populares la Respuesta Global del Sur para movilizar el apoyo a las sanciones legales y específicas para desmantelar el apartheid israelí.

• Apoyar el llamado a una investigación de la ONU sobre el apartheid israelí y la reactivación de los mecanismos de la ONU para luchar contra el apartheid.

* Este texto fue publicado por Global South Response, s/f.

Teletrabajo y la paranoia de la productividad

Algunas empresas han decidido monitorizar la actividad por minuto de sus empleados con soft­wares espía que controlan los movimientos del ratón, las pulsaciones del teclado, la actividad de la pantalla e incluso contabilizan las visitas al baño o las pausas para el café.

Karelia Vázquez

José L.: Buenos días.

Clara D.: Buenos días.

…Y así hasta 35 veces nada más empezar la jornada laboral. Son las nueve de la mañana y Alexia D., diseñadora gráfica, teclea el “buenos días” número 36. No se atreve a saltarse el saludo. Ni ella ni nadie. Si lo hiciera el jefe del equipo interpretaría que está ausente, aunque 10 minutos después apareciera fresca y con el trabajo terminado en la reunión que cada mañana pasa revista al estado de los proyectos. Así que “buenos días” no es una fórmula de cortesía, sino el nuevo fichar. Después de la reunión de la mañana, la principal ocupación de Alexia es no dejar su ratón inactivo; en ese caso aparecería otra vez como ausente en Slack (un sistema de mensajería interno para el entorno laboral), y su jefe le mandaría de inmediato un correo electrónico: “¿Todo en orden, Alexia?”.

Lo ha probado todo, incluido instalar un motor en el mouse. El dispositivo simula que su ratón está activo y su estado en Slack siempre presente. Así mantiene bajo control los mensajes de su jefe. Trabaja desde su casa madrileña y está convencida de que le han instalado un bossware (contracción de las palabras en inglés boss, jefe, y software), un programa espía para medir su trabajo. ¿Es Alexia la más vaga del lugar? Ella asegura que no. Sus objetivos van bien, pero no consigue destacar en el teatro virtual de la productividad, no despliega con gracia y soltura los rituales que su jefe asocia con personacomprometidaconelproyecto. Por eso cada cierto tiempo él necesita comprobar sus constantes vitales como si ella fuera una enferma terminal, una empleada en fuga o, sencillamente, lo que es, alguien siempre bajo sospecha.

Dice The Economist que 2023 estará dominado por la paranoia de la productividad. Según el semanario inglés, es una de las buzzwords —términos emergentes y al alza— del año. Paranoicos los empleados que intuyen que los vigilan (y muchas veces tienen razón: según una encuesta de Microsoft, 9 de cada 10 grandes empresas estadounidenses han instalado soft­wares de vigilancia) y paranoicos los jefes que creen que sus subordinados trabajan lo mínimo desde casa. Poco importa lo que diga el balance anual de productividad. La paranoia es una percepción, un sentimiento. Según la RAE, una perturbación mental fijada en una idea o en un orden de ideas. Poco tiene que ver con la realidad.

En otoño de 2022, esta encuesta de Microsoft entrevistó a 20.000 trabajadores de 11 países: el 87% pensaba que eran igual de eficientes cuando trabajaban desde su casa que cuando lo hacían en la oficina. Sin embargo, cuando preguntaron a sus jefes, solo el 12% creía que sus equipos eran productivos cuando trabajaban en remoto.

Cuando la pandemia de la covid-19 impuso el teletrabajo, muchos líderes cambiaron las viejas pistas visuales para medir la productividad —un paseíllo entre los ordenadores, una mirada a los teclados o una llamada intempestiva al despacho— por correos electrónicos compulsivos con decenas de personas en copia, videollamadas constantes y reuniones de Zoom sin otro propósito que comprobar la corporeidad de su equipo.

Cuando la emergencia sanitaria se relajó y se implantó el modelo híbrido, muchos pensaron que se había alcanzado lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, el 85% de los gerentes que respondieron a la encuesta dijeron que con el trabajo híbrido —tres días en la oficina y dos en casa— les resultaba aún más difícil fiarse de sus empleados.

De esa desconexión entre la percepción de unos y otros nace el concepto de paranoia de la productividad. La idea de que, aun cuando se trabaje más que nunca —los datos de Microsoft muestran que las reuniones semanales han aumentado un 153% desde 2020 y que la multitarea y las largas jornadas son la norma—, solo serán considerados productivos los empleados que estén a la vista.

“Efectivamente, los jefes confían más en los que tienen enfrente. La confianza es el resultado de las relaciones sociales. Confiamos en quienes conocemos o en los que se parecen a nosotros, física o socialmente”, explica vía correo electrónico Ayelet Fishbach, profesora de Ciencias del Comportamiento en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, y agrega: “La tecnología ha intentado cambiarlo permitiéndonos conectar con gente que no comparte nuestro mismo espacio físico, pero es un gran obstáculo porque nuestros cerebros no están preparados para confiar en los que están lejos”.

En la investigación ¿En qué punto gerentes y empleados no están de acuerdo sobre el trabajo remoto?, un equipo de académicos liderado por Nicholas Bloom, profesor de Economía de la Universidad de Stanford, detectó que la clave del desencuentro estaba en el desplazamiento: los empleados calculaban el tiempo y los gastos de desplazamiento en su productividad y los gerentes no. Lo corrobora José María Barrero, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y uno de los coautores del estudio: “Cuando les preguntamos a los empleados por qué se sienten más productivos trabajando desde casa, la principal razón es que ahorran el tiempo y el dinero de ir y venir al trabajo. Para sus gerentes es difícil ver esa ganancia; en cambio, les frustra no tener todo el día al empleado enfrente”, explica por correo electrónico.

Para aliviar la paranoia de la productividad, algunas empresas han decidido monitorizar la actividad por minuto de sus empleados con soft­wares espía que controlan los movimientos del ratón, las pulsaciones del teclado, la actividad de la pantalla e incluso contabilizan las visitas al baño o las pausas para el café. El informe Employee Monitoring and Surveillance: The Challenges of Digitalisation, realizado por una agencia de la Unión Europea (Eurofound), estima que un 40% de las empresas españolas ha instalado algoritmos para monitorizar la actividad de sus empleados. La cifra se ha calculado con los datos aportados por las propias compañías y por el incremento de facturación de los proveedores de estas soluciones informáticas. “España es líder europeo en vigilancia algorítmica de la actividad laboral, por encima de Alemania (15%), Francia (25%) y el Reino Unido (26%). Es curioso porque en otros puntos la digitalización de la empresa española no ocupa los primeros puestos de los Veintisiete”, reflexiona José Varela, responsable de digitalización del sindicato UGT.

Varela recuerda que en España los trabajadores tienen derecho a saber si están siendo vigilados. “Además, con la ley rider, en vigor desde 2021, las compañías tienen la obligación de informar al comité de empresa de los algoritmos que se están empleando para la organización del trabajo”.

“Si una empresa decide implantar un software de vigilancia, debe ser consciente de las consecuencias. Es una acción que modifica el contrato social con los empleados, una clara señal de que el equipo ya no se considera fiable, y estos sentimientos son recíprocos”, indica Fishbach, la profesora de Chicago.

Las personas sometidas a monitoreo digital constante con las que hemos hablado para este reportaje consideran estas prácticas “desmoralizantes y tóxicas”, pero prefirieron no identificarse (incluida Alexia, que es un nombre ficticio). Los desarrolladores de estos softwares señalan que, además, los datos que se recogen son erróneos porque no miden resultados, solo la actividad en el ordenador. “Medir la productividad por los movimientos del ratón es como usar un reloj de sol como cronómetro. La vigilancia conduce a datos erróneos, pero alivia la paranoia de algunos responsables que necesitan recuperar la visibilidad que la antigua vida de oficina les proporcionaba”, escribió en un artículo Jared Spataro, vicepresidente de Microsoft.

Varela, de UGT, en sus conversaciones con muchos directivos, ha intentado descubrir qué los inquieta del trabajo híbrido y remoto. Siempre le contestan lo mismo: la productividad. “Entonces insisto: ‘Pero ¿cómo la mediáis en el trabajo presencial?’, y al final reconocen que de ninguna manera. Se está confundiendo el control presencial con las métricas de productividad”, constata. Spataro recomienda a los jefes, grandes y pequeños, que se comporten como lo haría un científico, con curiosidad: “Escuchen para aprender, midan lo que importa y concéntrense en los resultados y no en la actividad”, se lee en su artículo.

Los empleados se defienden con unos dispositivos que simulan el movimiento del ratón y los hacen aparecer siempre activos en programas como Slack. En YouTube los tutoriales para instalarlos acumulan miles de visitas, y en TikTok los hashtags #mousejiggler y #mousemover superan el millón de visualizaciones. La estrella en 2022 en Amazon fue el Liberty Mouse Mover, la versión de alta gama de la categoría que promete por 54 euros ser “indetectable”. También han aumentado las descargas gratuitas de AutoClicker (más de siete millones de resultados en Google), un software que mueve el ratón siguiendo diferentes patrones y desplaza el cursor por la pantalla haciendo clics cada pocos segundos.

The Economist describe otra consecuencia de la paranoia: el teatro de la productividad, esa exageración de los rituales asociados a la absoluta disponibilidad y eficiencia. En el trabajo presencial se acompaña de gestualidad y servilismo, y en el escenario virtual, de frecuentes actualizaciones de los estados en Slack o de envíos compulsivos de correos electrónicos.

La paranoia de la productividad no es solo una nebulosa de sentimientos e ideas fijas sin consecuencias. La vuelta obligada a la oficina es su completa manifestación material. “Hay un regreso masivo a la oficina. España fue el país europeo que más retrocedió en teletrabajo en 2022. En nuestra opinión, es un exceso, consecuencia de la fuerte cultura de presencialidad de la empresa española”, confirma Varela.

Antes de la pandemia, el trabajo remoto en España era una excentricidad. Según los datos de la EPA de 2018, un 95,3% de los asalariados nunca había trabajado desde su domicilio. Un informe de Adecco ya avisaba de que más de la mitad de los directivos no estaban contentos con la idea. Cuando se les preguntó si facilitarían el trabajo remoto una vez que terminara la pandemia, el 51,7% contestó que no, y cuando se indagó por los motivos, la opción seleccionada por una de cada cuatro empresas fue: “No sabe, no contesta”.

Los expertos consultados para este reportaje ven luces y sombras en todos los modelos de trabajo. “La colaboración y discusión en persona es muy valiosa, por eso trabajar todo el tiempo en remoto tampoco es la situación ideal. Ir a la oficina dos o tres días por semana y quedarse el resto en casa parece más conveniente, pero requiere coordinación”, explica Barrero. Incluso el profesor Nicholas Bloom, gran defensor del trabajo híbrido, encuentra en la planificación el punto débil de ese modelo: “El mayor error de los directivos es ceder a los empleados todo el control en la elección de los días que prefieren trabajar desde casa”, escribe en un artículo. Desde su punto de vista, la empresa debe forzar que algún día de la semana todo el equipo coincida.

Bloom ha examinado con lupa el modelo híbrido de trabajo antes de afirmar taxativamente que es el mejor de los mundos posibles. Según los cálcu­los de su equipo del WFH Research (Work from Home Research, compuesto, entre otros, por investigadores de la Universidad de Stanford, la Universidad de Chicago y el MIT), el trabajo híbrido traería beneficios a las empresas de entre un 10% y un 20% respecto al modelo presencial. Si trabaja dos días desde casa, el empleado estaría ahorrando unos 70 minutos diarios de desplazamiento y la empresa ganaría una persona que trabaja una hora más durante dos días de la semana. A eso se suma que en las encuestas los empleados aseguran que en casa sacan más trabajo, pues la oficina es ahora un sitio para socializar. “Tengo datos ajustados minuto a minuto de la actividad del modelo híbrido y he comprobado que en casa la gente se toma menos descansos, bebe menos cafés y va menos al baño. Son más rápidos, acortan las comidas. En casa, la pausa para comer suele durar entre 20 y 30 minutos; en la oficina, más de una hora”, argumenta en su estudio.

Los cálculos de Bloom coinciden con los de la consultora Gartner HR Practice, que afirma que cuando a los empleados se les permite decidir cuándo y dónde trabajar se dobla la probabilidad de que aumenten su productividad. “La autonomía es una necesidad humana fundamental que reduce la fatiga de los trabajadores en casi dos puntos y duplica la probabilidad de retener el talento”, indica por correo electrónico su directora, Caitlin Duffy.

Tras dos años y medio de trabajo remoto o híbrido, el déficit de confianza es alarmante. “Tal vez los líderes deban reencuadrar sus métricas de productividad para adaptarlas a un mundo con menos visibilidad, donde tiene que crecer la confianza”, dice Fishbach. En sus investigaciones, ha comprobado una y otra vez que el tiempo es la métrica más común de la productividad porque es muy simple. “Es mucho más fácil contar las horas que se pasan en una oficina que calibrar el valor de una buena idea”.

Ya lo dejó dicho Miguel Delibes en su novela El camino: “Nadie es capaz de señalar el lugar del cerebro donde se generan las buenas ideas”. Tampoco nadie ha sido capaz de determinar su precio, y mucho menos su hora de entrada.

* Publicado en El País, 05.03.23.

Ricos aún más ricos, pobres aún más pobres

La riqueza de los cinco hombres más ricos se ha duplicado, mientras que casi 5 mil millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década.

Oxfam

De acuerdo con un nuevo informe de Oxfam, Desigualdad S.A., sobre desigualdad y poder empresarial global, desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado, pasando de 405.000 millones de dólares a 869.000 millones (lo que supone un aumento de 14 millones de dólares por hora). 

Entretanto, la riqueza que concentran cerca de 5000 millones de personas ha disminuido. A este ritmo, podría aparecer el primer billonario del mundo en tan solo 10 años, mientras que harían falta 229 años para erradicar la pobreza a nivel global.

Desigualdad S.A., el informe que se publica hoy mientras las élites empresariales se reúnen en Davos, revela que siete de las 10 empresas más grandes del mundo tienen a un milmillonario como presidente o accionista principal. El valor de mercado conjunto de estas mega empresas es de 10,2 billones de dólares, más que el PIB combinado de todos los países de África y América Latina.

“Estamos asistiendo a lo que parece el inicio de una nueva década de gran división, en la que miles de millones de personas se enfrentan a los efectos económicos de la pandemia, la inflación y la guerra, mientras las fortunas de los milmillonarios crecen desorbitadamente. Esta desigualdad no es ninguna casualidad; los milmillonarios se aseguran de que las grandes empresas les generen más riqueza a costa del resto de la población”, señala el director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, Amitabh Behar:

“El creciente poder de grandes empresas y monopolios se ha convertido en una máquina de generación de desigualdades. Mientras exprimen a las y los trabajadores, arman esquemas agresivos de elusión fiscal, privatizan los servicios públicos y aceleran el colapso climático, canalizan cantidades ingentes de riqueza hacia sus propietarios, ya ultrarricos. Y así, de esta manera, estas grandes corporaciones canalizan también poder, menoscabando nuestras democracias y derechos. Ninguna empresa o persona debería ser capaz de acaparar tanto poder sobre nuestras economías y nuestras vidas. En otras palabras: nadie debería poseer mil millones de dólares”

El aumento desmesurado de la riqueza extrema en los últimos tres años se ha consolidado mientras que la pobreza mundial continúa en niveles similares a los registrados antes de la pandemia. En términos reales, considerando el aumento de coste de vida, la riqueza de los milmillonarios se ha incrementado en 3,3 billones de dólares desde 2020, a un ritmo tres veces mayor que la inflación.

➤A pesar de representar solo el 21% de la población mundial, los países ricos del Norte global poseen el 69% de la riqueza mundial, y concentran el 74% de la riqueza milmillonaria del mundo.

➤La tenencia de acciones beneficia desproporcionadamente a los más ricos. El 1 % más rico de la población mundial posee el 43% de los activos financieros globales. Este 1% posee el 48% de la riqueza financiera en Oriente Medio, el 50% en Asia y el 47% en Europa.

Al igual que las fortunas de los súper ricos, las grandes empresas obtendrán ganancias anuales récord en 2023. 148 de las mayores empresas del mundo obtuvieron unos beneficios netos conjuntos de 1,8 billones de dólares en los 12 meses previos a junio de 2023: un aumento del 52% respecto al promedio observado en el período de 2018 a 2021. Sus beneficios extraordinarios se situaron cerca de los 700.000 millones de dólares. El Informe revela también que por cada 100 dólares de beneficios generados por 96 grandes empresas entre julio de 2022 y junio de 2023, 82 dólares acabaron en manos de ricos accionistas.

➤Bernard Arnault es el segundo hombre más rico del mundo y preside el imperio de artículos de lujo LVMH, que ha sido multado por el organismo antimonopolio de Francia. También es propietario del mayor medio de comunicación de Francia, Les Échos, además de Le Parisien.

➤Aliko Dangote, la persona más rica de África, ostenta un “cuasi monopolio” sobre el cemento en Nigeria, y está ahora expandiendo su imperio hacia el petróleo, lo que genera inquietudes sobre un posible nuevo monopolio privado.

➤La fortuna de Jeff Bezos, valorada en 167.400 millones de dólares, ha aumentado en 32.700 millones desde el inicio de esta década. El gobierno estadounidense ha presentado una demanda contra Amazon (origen de la fortuna de Bezos), por hacer uso de su “poder monopolístico” para elevar los precios, rebajar la calidad del servicio que ofrece a sus clientes y limitar la competencia.

“Los monopolios afectan negativamente a la innovación y tienen efectos devastadores para las pequeñas y medianas empresas, así como para las y los trabajadores. La sociedad no ha olvidado cómo el monopolio de las farmacéuticas negó vacunas contra la COVID-19 a millones de personas, creando un apartheid de vacunas basado en el racismo, y propiciando la creación de un nuevo club de milmillonarios”, señala Behar.

En todo el mundo, las personas trabajan más duro y durante más horas, a menudo por sueldos insuficientes en empleos precarios e inseguros. Los salarios de cerca de 800 millones de trabajadores y trabajadoras no siguieron el ritmo de la inflación, con una pérdida aproximada de 1,5 billones de dólares durante los últimos dos años, el equivalente a casi un mes (25 días) de sueldo perdido por cada persona empleada.

Un nuevo análisis de Oxfam a partir de los datos de la World Benchmarking Alliance de más de 1600 de las empresas más grandes del mundo revela que solo el 0,4% de éstas se comprometen públicamente a pagar a sus trabajadores y trabajadoras un salario digno, y a abogar por esta medida justa en sus cadenas de valor. Una trabajadora del sector sociosanitario necesitaría 1200 años para ganar lo que un presidente de una de las empresas de la lista Fortune 100 gana en promedio en tan solo un año.

El informe también demuestra que la “guerra contra lo fiscal” promovida por las grandes empresas ha provocado la reducción de los tipos efectivos en el impuesto sobre la renta empresarial de aproximadamente un tercio. Entretanto, las empresas han seguido beneficiándose y promoviendo la privatización del sector público y segregando el acceso a servicios esenciales como la educación o el agua.

“Ha quedado demostrado, y la historia lo corrobora. El poder de la acción pública puede frenar la concentración de poder del sector privado y la desigualdad, convirtiendo el mercado en un espacio más justo y liberándolo del control de los milmillonarios. Los gobiernos deben intervenir para acabar con los monopolios, dar poder a los trabajadores y trabajadoras, gravar los enormes beneficios de las empresas y, sobre todo, invertir en acciones y servicios públicos transformadores”, afirma Behar.

“Las empresas tienen la responsabilidad de actuar, pero muy pocas lo están haciendo, por lo que los gobiernos deben dar un paso al frente. Los legisladores pueden basarse en ejemplos previos, como la demanda que las autoridades antimonopolio del gobierno de Estados Unidos han presentado contra Amazon en un caso emblemático; la orden de la Comisión Europea para dividir las actividades publicitarias de Google, o la lucha histórica de África para modificar la gobernanza de las reglas fiscales a nivel internacional”.

Oxfam insta a los gobiernos a reducir rápida y drásticamente la brecha entre los súper ricos y el resto de la sociedad, adoptando las siguientes medidas:

➤Revitalizar el Estado. Un Estado dinámico y eficaz es el mejor baluarte contra el poder empresarial extremo. Los gobiernos deben garantizar la provisión de servicios públicos como la salud o la educación, así como explorar alternativas y bienes públicos en sectores como la energía o el transporte.

➤Contener el poder empresarial poniendo fin a los monopolios y democratizando la regulación sobre patentes. Esto también implica legislar a favor de salarios dignos, limitar los sueldos de los altos directivos, y aplicar nuevos impuestos a los súper ricos y las grandes empresas, gravando de forma permanente la riqueza y los beneficios empresariales excesivos. Según los cálculos de Oxfam, si se aplicara un impuesto sobre la riqueza de los millonarios y milmillonarios podría recaudarse más de 1,8 billones de dólares anualmente.

➤Reinventar el sector empresarial. Las empresas competitivas y rentables no tienen por qué verse condicionadas por la codicia de los accionistas. Las empresas con modelos de propiedad y gobernanza democráticos gestionan sus beneficios de forma más igualitaria. Si tan solo el 10% de todas las empresas en Estados Unidos estuvieran en manos de sus trabajadores, podría duplicarse la riqueza del 50% más pobre de la población estadounidense y la riqueza media de las familias negras.

* Publicado en Oxfam Internacional, 15.01.24.

La historia "desde abajo": los historiadores marxistas británicos

Los historiadores marxistas de Gran Bretaña —como E. P. Thompson y Eric Hobsbawm— iniciaron una revolución que modificó nuestra comprensión del rol de los trabajadores en la historia. Su obra todavía conserva su frescura y su dinamismo.

Alfie Steer

Mientras que los guerreros culturales de la derecha populista gustan de creer que el marxismo domina nuestras universidades y nuestras instituciones culturales, la verdad es que su presencia contemporánea es más bien marginal. Hoy son pocos los académicos que aceptan acríticamente el título de «marxista». Menos todavía son los que siguen una línea partidaria. En la disciplina de la historia en particular, el enfoque marxista hoy tiende a ser criticado como económicamente determinista e incapaz de dar cuenta de la agencia humana, y acusado de reducir complejos desarrollos históricos a los procesos inmutables de los sistemas económicos. En las interpretaciones más groseras de los escritos de Marx, toda ideología, ley, política, cultura y sociedad civil es reducible a una forma de maquillaje de la base económica; el estudio del desarrollo histórico se transforma en una ciencia inalterable, únicamente accesible mediante la comprensión marxista de la explotación económica.

Aunque los que sostienen este enfoque sean solo los teóricos marxistas más dogmáticos y menos perspicaces, fue cuestionado con pasión por algunos de los historiadores más importantes del siglo veinte. 

Reunidos primero en el Grupo de Historiadores del Partido Comunista, los historiadores marxistas británicos (entre sus luminarias estaban Maurice Dobb, Rodney Hilton, Christopher Hill, Eric Hobsbawm y E. P. Thompson) tuvieron grandes ambiciones en el mundo de la investigación histórica y en el del activismo político. Apuntaban a superar el modelo vulgar de base-superestructura, que era un ancla para la teoría marxista, ampliar el concepto de clase en nuestra comprensión del pasado y recuperar las luchas y las ideas olvidadas de las clases trabajadoras. Como comprobamos en la nueva edición del clásico estudio de Harvey Kaye de 1984, los historiadores marxistas británicos fueron autores de una importante tradición teórica mucho más matizada de lo que admiten sus detractores, una tradición que todavía tiene mucho que enseñarnos sobre el estudio de la historia y sobre el valor de este estudio para la política radical contemporánea.

Como demuestra Kaye, los historiadores marxistas británicos hicieron un aporte a la vez académico y político. En el nivel más básico, expandieron los horizontes de la investigación, la escritura y la comprensión históricas. Durante demasiado tiempo la historia había estado limitada al estudio de las élites políticas dominantes, las campañas militares y las intrigas diplomáticas. Casi nunca consideraba la vida de la gente común. Expandieron el rango tradicional de la investigación histórica, los historiadores marxistas británicos intentaron descubrir una «totalidad social» del pasado más compleja y representativa. Maurice Dobb, por ejemplo, llevó el estudio de la historia económica a una definición más abarcadora del capitalismo como relación social históricamente específica, y así dio comienzo al enfoque interdisciplinario que hoy domina la academia. Esta expansión del rango de la historia también estuvo en el origen del concepto políticamente más potente de esta tradición: la historia desde abajo.

Centrándose en la obra, las vidas y las ideas de la gente común, los historiadores marxistas británicos redescubrieron la agencia política y la creatividad intelectual de las clases trabajadoras y campesinas del pasado. Lejos de víctimas pasivas de los cambios epocales (el ocaso del feudalismo, el desarrollo del capitalismo y del imperialismo, por nombrar algunos) las clases trabajadoras, desde la época medieval a la época industrial, fueron redefinidas como agentes históricos influyentes, por más limitadas que estuvieran por las relaciones de clase y la dominación del poder estatal.

Rodney Hilton combatió las definiciones del «feudalismo» como mero sistema vivido por un puñado de miembros de la élite de la clase dominante, y las amplió hasta abarcar el modo en que el sistema afectaba las vidas de los campesinos y motivaba sus propias rebeliones, que no fueron menos influyentes por estar condenadas al fracaso. La guerra civil inglesa, según Christopher Hill, fue una revolución que simultáneamente construyó los cimientos del futuro desarrollo del capitalismo y movilizó una lucha democrática fallida cuyos principales actores (los niveladores, los cavadores y los ranters) acuñaron ideas revolucionarias que abarcaban desde la democracia de masas hasta formas de comunismo primitivo y amor libre. En sus estudios de la Europa meridional precapitalista, Eric Hobsbawm redescubrió a los «rebeldes primitivos» que desarrollaban un bandidaje de tipo Robin Hood, y defendió la racionalidad de los destructores de máquinas ludditas de la Gran Bretaña industrial. Por último, en su magistral estudio de la «formación» de la clase obrera inglesa, E. P. Thompson abordó a la vez las ideas radicales de los clubes jacobinos y de los disidentes religiosos, pero también la «economía moral» impuesta por las multitudes revoltosas en las calles de Londres.

Este impulso a ampliar el rango de la historia y recuperar un mundo perdido de agencia y radicalismo obreros coincidió con un deseo de superar el modelo inadecuado de base-superestructura que había definido el marxismo clásico. Lejos de ser deterministas económicos, los historiadores marxistas británicos rechazaron todo análisis estático y ahistórico de la estratificación de clases, y definieron a la «clase» como una forma de relación social entre seres humanos que se desarrolla a lo largo del tiempo y que muchas veces es puesta en cuestión por luchas implacables. La clase no era una mera categoría económica, sino un fenómeno histórico presente en nuestras vidas sociales y formaciones culturales, en nuestras prácticas, rituales, ideas y valores. Mediante el concepto de «experiencia» de clase, los historiadores marxistas británicos elucidaron un modo en el que la lucha de clases y la explotación definieron la conciencia social y reconocieron la importancia esencial de lo material sin dejar de lado la agencia humana.

Esta reconceptualización forma parte de lo que Kaye define como la «teoría de la determinación de clase» de los historiadores marxistas, que supone que la lucha de clases se desarrolla simultáneamente en las esferas social, económica, política y cultural, y que define este desarrollo como el verdadero motor de la historia.

Aunque la «determinación de clase» de los historiadores marxistas británicos podría correr el riesgo de excluir otras formas de opresión, el desarrollo subsecuente de otras «historias desde abajo» recibió la influencia directa de esta original tradición. Desde la historia de las mujeres, que prosperó en las obras de historiadoras feministas socialistas como Sheila Rowbotham y Sally Alexander, hasta las obras cada vez más importantes sobre historia negra británica, la microhistoria y la historia oral, la disciplina desplazó violentamente el eje antiguamente centrado en el mundo de los reyes, los caballeros y el clero. Aunque no siempre muestra un compromiso ideológico explícito equivalente al de los fundadores marxistas, este desplazamiento de la élite hacia la gente común, sus vidas cotidianas, su trabajo y hasta sus emociones, indica una transformación acaso irreversible.

Como enfatiza Kaye, los historiadores marxistas británicos no fueron simplemente intelectuales de cafetín, sino que también fueron militantes políticos, en muchos casos en detrimento de sus resultados académicos. Todos jugaron un rol en la oposición del Partido Comunista de Gran Bretaña, y muchos participaron de la fundación de la nueva izquierda británica en 1956. E. P. Thompson escribió y militó con pasión contra las armas nucleares y contra la violación de las libertades civiles durante la Guerra Fría. Christopher Hill defendió muchas banderas y publicaciones de la izquierda hasta bien entrados sus años ochenta. La ironía es que los historiadores marxistas británicos más populares, y, entre ellos, uno de los historiadores más vendidos del mundo, Eric Hobsbawm, fueron a la vez los que más defendieron el determinismo económico y los más moderados en términos ideológicos (en el caso de Hobsbawm, esto fue así a pesar de su membresía vitalicia al Partido Comunista de Gran Bretaña). En los años 1980, sus advertencias de que la «marcha hacia adelante del trabajo» se había detenido a causa de transformaciones fundamentales en la composición de clase de Gran Bretaña, tuvieron una enorme influencia en el proceso de moderación ideológica del Partido Laborista, que condujo al Nuevo laborismo.

Aunque naturalmente con el correr de las décadas surgieron diferencias políticas, todos los historiadores que estudia Kaye articularon cierta forma de socialismo libertario anclado tanto en los héroes populares del pasado radical de Inglaterra, desde Wat Tyler hasta William Morris, como en los escritos de Marx y Engels. En este sentido, el redescubrimiento de viejas luchas y de ideas radicales produjo nuevas fuentes de inspiración ideológica y hasta una nueva identidad nacional radical en la izquierda británica.

Mientras la academia siga siendo un punto neurálgico en las guerras culturales, la recuperación del rol de los «académicos-militantes» será una tarea importante, y los historiadores que Kaye considera en su libro (especialmente Thompson) son ejemplos arquetípicos. Con todo, tenemos que reconocer que también fueron, hasta cierto punto, beneficiarios de una época más benévola. Los empleos académicos estaban mejor pagados y había muchos cargos en la posguerra, cuando las universidades y la cantidad de estudiantes crecieron como nunca. Al mismo tiempo, las instancias de formación del movimiento obrero brindaban más oportunidades fuera de las «elitistas» universidades tradicionales. Hoy la precarización del trabajo académico hace que los historiadores estén tan exigidos y escasos de tiempo, que encontrar un momento para escribir o investigar, ni hablar de organizarse políticamente, parece una tarea prácticamente imposible. En una época tan poco auspiciosa, redescubrir las multitudes que lucharon contra la explotación y en defensa de sus antiguas libertades antes que nosotros podría ser una fuente directa de inspiración todavía más directa que la que imaginaron los historiadores marxistas.

* Publicado en Jacobin, 21.11.22.

Amnistía Internacional: Israel está cometiendo genocidio en Gaza

Finjamos sorpresa ante un nuevo informe que sostiene la intención genocida de Israel y la complicidad de diversas naciones como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido.

Amnistía Internacional

Tras llevar a cabo una investigación, Amnistía Internacional ha encontrado elementos suficientes para llegar a la conclusión de que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, ha manifestado la organización en un informe sin precedentes publicado hoy.

El informe “Es como si fuéramos seres infrahumanos”: El genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza documenta cómo, durante la ofensiva militar que lanzó tras los mortales ataques liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, Israel ha venido sumiendo a la población palestina de Gaza en un infierno de destrucción sin ningún pudor, continuamente y con absoluta impunidad.

“El informe de Amnistía Internacional demuestra que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza. Entre ellos figuran: matanza de miembros de la población palestina de Gaza, lesión grave a su integridad física o mental y sometimiento intencional de ella a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física. Mes tras mes, Israel ha tratado a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad, demostrando así su intención de causar su destrucción física”, ha explicado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Nuestras fulminantes conclusiones deben servir de llamada de atención a la comunidad internacional: lo que está ocurriendo es genocidio. Hay que ponerle fin ya”.

“Los Estados que continúen transfiriendo armas a Israel en este momento deben saber que están incumpliendo su obligación de impedir el genocidio y se arriesgan a ser cómplices de él”. Todos los Estados con influencia sobre Israel, en particular los que suministran armas, como Estados Unidos y Alemania, pero también otros Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y otros países, deben tomar ya medidas para poner fin de inmediato a las atrocidades de Israel contra la población palestina de Gaza.”

Durante los últimos dos meses, la crisis se ha vuelto especialmente grave en la gobernación de Gaza del Norte, donde una población sitiada se enfrenta al hambre, el desplazamiento y la aniquilación en medio de bombardeos incesantes y restricciones sofocantes de la ayuda humanitaria vital.

“Nuestra investigación revela que, durante meses, Israel ha seguido cometiendo actos genocidas, plenamente consciente del daño irreparable que estaba causando a la población palestina de Gaza. Lo ha hecho desafiando incontables advertencias sobre la catastrófica situación humanitaria y en contra de las decisiones jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, en las que se ordena a Israel tomar de inmediato medidas para posibilitar la prestación de asistencia humanitaria a la población civil gazatí”, ha añadido Agnès Callamard.

“Israel ha sostenido reiteradamente que sus acciones en Gaza son legítimas y están justificadas por su objetivo militar de erradicar a Hamás. Pero la intención genocida pude coexistir con los fines militares y no tiene por qué ser la única intención de Israel”.

Amnistía Internacional examinó detenidamente y en su totalidad los actos de Israel en Gaza, teniendo en cuenta su recurrencia y su comisión simultánea, así como sus efectos inmediatos y sus consecuencias acumuladas, cada una de las cuales agrava la demás. La organización consideró también la magnitud y gravedad de esos actos atendiendo al número de víctimas y al grado de destrucción causados a lo largo del tiempo. Analizó, además, declaraciones públicas de autoridades y determinó que, con frecuencia, los primeros en anunciar los actos prohibidos o instigar a cometerlos eran los altos cargos [israelíes] responsables de la gestión de la guerra.

“Teniendo en cuenta el contexto preexistente de desposesión, apartheid y ocupación militar ilícita en que se cometieron tales actos, sólo podíamos extraer una conclusión razonable, a saber: la intención de Israel es la destrucción física de la población palestina de Gaza, ya sea paralelamente a la consecución del objetivo militar de eliminar a Hamás o como medio para lograrlo”, ha afirmado Agnès Callamard.

“Los crímenes atroces cometidos el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos armados contra israelíes y víctimas de otras nacionalidades, entre ellos homicidios masivos deliberados y toma de rehenes, no pueden justificar jamás el genocidio de Israel contra la población palestina gazatí”.

La jurisprudencia internacional reconoce que no es necesario que el perpetrador tenga éxito en sus intentos de destruir al grupo protegido, ya sea total o parcialmente, para determinar que se ha cometido genocidio. La comisión de actos prohibidos con la intención de destruir al grupo, como tal, es suficiente.

Amnistía Internacional analiza detenidamente en su informe las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por Israel en Gaza en el periodo de más de nueve meses comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y principios de julio de 2024. La organización entrevistó a 212 personas, entre ellas víctimas y testigos palestinos, autoridades locales gazatíes y personal sanitario; llevó a cabo trabajo de campo, y analizó una amplia variedad de datos visuales y digitales, incluidas imágenes de satélite. Analizó también declaraciones de altos cargos gubernamentales y militares y órganos oficiales israelíes. En múltiples ocasiones, Amnistía Internacional compartió sus conclusiones con las autoridades israelíes, pero en el momento de la publicación del informe no había recibido ninguna respuesta sustantiva.

Escala y magnitud sin precedentes

Las acciones emprendidas por Israel a raíz de los mortales ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 han puesto a la población gazatí al borde del colapso. En octubre de 2024, la brutal ofensiva militar israelí había matado a más de 42.000 personas palestinas, entre ellas más de 13.300 niños y niñas, y herido a más de 97.000, en muchos casos en ataques directos o deliberadamente indiscriminados, que a menudo aniquilaron a familias enteras formadas por varias generaciones. Ha causado una destrucción sin precedentes, que se produjo, según especialistas en la materia, a una escala y una rapidez nunca vistas y se llevó a cabo arrasando ciudades enteras y destruyendo infraestructura esencial, terrenos agrícolas y lugares de carácter cultural y religioso. Debido a ello, grandes extensiones de Gaza quedaron inhabitables.

Mohammed, quien huyó con su familia a Rafá desde la ciudad de Gaza en marzo de 2024 y se vio desplazado de nuevo en mayo de 2024, describió así sus esfuerzos por sobrevivir en condiciones terribles:

“En Deir al Balah estamos como en un apocalipsis. No hay sitio para plantar una tienda, tienes que ponerla cerca del mar […] Tienes que proteger a tu familia de los insectos, del calor, y no hay agua limpia ni aseos, y todo el rato sin que cese nunca el bombardeo. Es como si fuéramos seres infrahumanos”.

Israel impuso en Gaza unas condiciones de existencia que generaron una mezcla mortal de desnutrición, hambre y enfermedades y dejaron a la población palestina expuesta a sufrir una muerte lenta y calculada. También sometió a centenares de gazatíes a detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos

Considerados aisladamente, algunos de los actos investigados por Amnistía Internacional constituyen violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero al examinar más en general la campaña militar de Israel y los efectos acumulados de sus políticas y actos, la única conclusión razonable que cabe extraer es que hay intención genocida.

Intención de destruir

Para determinar la intención específica israelí de destruir físicamente a la población palestina de Gaza, como tal, Amnistía Internacional analizó el patrón general de conducta de Israel en Gaza; examinó declaraciones deshumanizadoras y genocidas de autoridades israelíes del gobierno y militares, en particular las hechas por los más altos cargos, y consideró el contexto del sistema de apartheid de Israel, su bloqueo inhumano de Gaza y los 57 años de ocupación militar ilícita del territorio palestino.

Antes de llegar a su conclusión, la organización examinó la afirmación de Israel de que, en toda Gaza, su ejército había atacado a Hamás y otros grupos armados de manera legítima y de que la destrucción sin precedentes y la negación de ayuda humanitaria consiguientes eran el resultado de conductas ilícitas de Hamás y otros grupos armados, como ubicar a combatientes entre la población civil o desviar la ayuda. Amnistía Internacional concluyó que esta afirmación no es creíble. La presencia de Hamás cerca o dentro de zonas densamente pobladas no exime a Israel de su obligación de tomar todas las precauciones posibles para no dañar a civiles y de evitar los ataques indiscriminados o desproporcionados. Su investigación determinó que Israel había incumplido reiteradamente tal obligación y cometido numerosos crímenes de derecho internacional para los que no puede haber ninguna justificación basada en las acciones de Hamás. Asimismo, Amnistía Internacional no encontró elementos que demostraran que la desviación de la ayuda podía explicar las restricciones extremas y deliberadas impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria vital.

En su análisis, la organización consideró también argumentos alternativos según los cuales Israel estaba actuando de manera irreflexiva o, simplemente, quería eliminar a Hamás y no le importaba si en el proceso tenía que destruir a la población palestina, lo que sería indicativo de un cruel desprecio por las vidas palestinas, más que de intención genocida.

No obstante, con independencia de que Israel considere la destrucción de la población palestina como un medio para eliminar a Hamás o como un resultado indirecto de tal fin, esta forma de ver a las personas palestinas como seres desechables que no merecen tenerse en cuenta es en sí misma prueba de intención genocida.

Muchos de los actos ilícitos documentados por Amnistía Internacional estuvieron precedidos de declaraciones de autoridades [israelíes] en las que se instaba a llevarlos a cabo. La organización examinó 102 declaraciones hechas por autoridades del gobierno, mandos militares y otras entidades israelíes entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024, en las que deshumanizaba a la población palestina y se instaba a cometer actos genocidas u otros crímenes contra ella o se los justificaba.

Entre ellas, Amnistía Internacional identificó 22 en las que altos cargos responsables de la gestión de la ofensiva parecían instar a cometer actos genocidas o los justificaban, lo que constituiría una prueba directa de la intención genocida. Este lenguaje solía encontrar eco, incluso entre los soldados sobre el terreno, como pusieron de manifiesto contenidos audiovisuales verificados por la organización que mostraban a soldados haciendo llamamientos a “borrar” Gaza o hacerla inhabitable y celebrando la destrucción de viviendas, mezquitas, escuelas y universidades palestinas.

Matanza y lesión grave a la integridad física o mental

Amnistía Internacional documentó los actos de genocidio de matanza de miembros de la población palestina de Gaza y lesión grave a su integridad física o mental, examinando los resultados de investigaciones que había llevado a cabo sobre 15 ataques aéreos efectuados entre el 7 de octubre de 2023 y el 20 de abril de 2024 y que mataron al menos a 334 civiles, entre ellos 141 niños y niñas, e hirieron a centenares más. La organización no encontró elementos que indicaran que alguno de estos ataques estuviera dirigido contra un objetivo militar.

En un caso ilustrativo del 20 de abril de 2024, un ataque aéreo israelí destruyó la casa de la familia palestina Abdelal en el barrio de Al Jneinah del este de Rafá y mató a miembros de ella de tres generaciones, incluidos 16 niños y niñas, mientras dormían.

Aunque estos ataques representan solo una fracción del número total de bombardeos israelíes, son indicativos de un patrón más general de ataques reiterados contra civiles y bienes de carácter civil o deliberadamente indiscriminados. Los ataques se llevaron a cabo también de maneras que tenían por objeto causar un número muy alto de víctimas mortales y lesiones entre la población civil.

Sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear destrucción física

El informe documenta cómo Israel sometió deliberadamente a la población palestina de Gaza a condiciones de existencia que tenían por objeto causar con el tiempo su destrucción. Estas condiciones se impusieron por medio de tres patrones de actuación simultáneos, cada uno de los cuales agravó reiteradamente los devastadores efectos de los demás. Consistían en: causar daños y destrucción en infraestructuras vitales y otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil; dictar reiteradamente órdenes de “evacuación” de aplicación general, arbitrarias y equívocas para someter a desplazamiento forzado a casi toda la población gazatí, y no autorizar y obstaculizar la entrada y la distribución de servicios esenciales, asistencia humanitaria y otros suministros vitales en Gaza.

Después del 7 de octubre de 2023, Israel impuso un asedio total a Gaza y cortó el suministro de electricidad, agua y combustible. En el período de nueves meses examinado en este informe, Israel mantuvo un bloqueo ilícito sofocante, ejerció un control estricto del acceso a fuentes de energía, no facilitó un acceso humanitario significativo dentro de Gaza y obstaculizó la importación y la distribución de productos esenciales y ayuda humanitaria, especialmente en las zonas situadas al norte de Wadi Gaza. Debido a ello se agravó la crisis humanitaria ya existente. 

Estas medidas, sumadas a los extensos daños causados a viviendas, hospitales, sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento y terrenos agrícolas gazatíes, así como al desplazamiento forzado masivo, hicieron que el hambre llegara a extremos catastróficos y que las enfermedades se propagaran a un ritmo alarmante. Los efectos se hicieron sentir especialmente entre los niños y niñas de corta edad y las mujeres embarazadas y lactantes, con consecuencias previsibles para su salud a largo plazo.

Una y otra vez, Israel tuvo la oportunidad de mejorar la situación humanitaria en Gaza; sin embargo, lleva más de un año negándose a tomar para ello medidas que están claramente a su alcance, como abrir suficientes puntos de acceso a Gaza o eliminar las estrictas restricciones impuestas a lo que puede entrar en el territorio o los obstáculos a la distribución de la ayuda en él, y mientras tanto la situación se ha ido agravando cada vez más.

Por medio de sus reiteradas órdenes de “evacuación”, Israel obligó a casi 1,9 millones de personas –el 90% de población gazatí– a desplazarse en condiciones inhumanas a reductos inseguros y cada vez más pequeños, en algunos casos hasta 10 veces. Estas múltiples oleadas de desplazamiento forzado dejaron a gran número de gazatíes sin trabajo y con profundos traumas, especialmente porque un 70% de las personas que viven en Gaza son refugiadas o descendientes de familias refugiadas cuyas ciudades y pueblos fueron sometidos por Israel a una limpieza étnica durante la Nakba de 1948.

A pesar de la rapidez con que las condiciones iban dejando de ser aptas para la vida humana, las autoridades israelíes se negaron a adoptar medidas que habrían protegido a la población civil desplazada y garantizado la satisfacción de sus necesidades básicas, poniendo así de manifiesto que sus acciones eran deliberadas.

Se negaron a permitir el regreso de las personas desplazadas a sus hogares en el norte de Gaza o a reubicarlas temporalmente en otras partes del Territorio Palestino Ocupado o en Israel, negando continuamente a muchas de ellas su derecho a regresar, con arreglo al derecho internacional, a las zonas de las que fueron desplazadas en 1948. Lo hicieron a sabiendas de que para la población palestina de Gaza no había ningún lugar seguro al que huir.

Rendición de cuentas por genocidio

“La inacción absoluta y vergonzosa de que ha dado muestras la comunidad internacional durante más de un año a la hora de presionar a Israel para que ponga fin a sus atrocidades en Gaza —primeramente, con su tardanza en pedir un alto el fuego, y después, con las continuas transferencias de armas— es y seguirá siendo una mancha que empaña nuestra conciencia colectiva”, ha manifestado Agnès Callamard.

“Los gobiernos deben dejar de fingir que son impotentes para poner fin a este genocidio, que ha sido posible cometer gracias a decenios de impunidad de las violaciones israelíes del derecho internacional. Los Estados deben dejar de limitarse a expresar su pesar o consternación y pasar a la acción con medidas internacionales enérgicas y continuadas, por mucho que la conclusión de que se ha cometido genocidio pueda incomodar a algunos de los aliados de Israel”.

“Las órdenes de detención que la Corte Penal Internacional dictó el mes pasado contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, de Israel por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ofrecen verdaderas esperanzas de hacer por fin justicia a las víctimas. Los Estados deben demostrar su respeto por la decisión de la Corte Penal Internacional y por los principios universales del derecho internacional deteniendo y entregando a las personas requeridas por la Corte.

“Pedimos a la Fiscalía de la Corte que se plantee con urgencia añadir el genocidio a la lista de crímenes que está investigando e instamos a todos los Estados a utilizar todas las vías legales posibles para llevar a los perpetradores ante la justicia. No se debe permitir a nadie cometer genocidio y quedar impune”.

Amnistía Internacional pide también que se libere sin condiciones a todas las personas civiles tomadas como rehenes y se haga rendir cuentas a Hamás y los demás grupos armados palestinos responsables de los crímenes cometidos el 7 de octubre de 2023.

La organización insta, además, al Consejo de Seguridad de la ONU a que imponga sanciones selectivas a las autoridades israelíes y de Hamás especialmente implicadas en crímenes de derecho internacional.

Información complementaria

El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados dispararon indiscriminadamente cohetes contra el sur de Israel y llevaron a cabo allí homicidios masivos deliberados y toma de rehenes: mataron a 1.200 personas, de las que más de 800 eran civiles, secuestraron a 223 civiles y capturaron a 27 soldados. Los crímenes perpetrados por Hamás y otros grupos armados durante ese ataque se tratarán en un próximo informe de Amnistía Internacional.

Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional ha realizado investigaciones a fondo sobre las múltiples violaciones del derecho internacional y crímenes previstos en él que las fuerzas israelíes han cometido, entre los que figuran ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil y ataques deliberadamente indiscriminados, así como otros ataques ilegítimos y castigos colectivos infligidos a la población civil. La organización ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acelere su investigación sobre la situación en Palestina, y hace campaña por un alto el fuego inmediato.

* Publicado en Amnistía Internacional, 05.12.24.

Haití: la más universal de las revoluciones

El 14 de agosto de 1791 fue proclamado el grito de la Revolución Haitiana, la chispa que encendió las luchas anticoloniales latinoamericanas y aterrorizó a las élites propietarias. La voz de la libertad encarnada por los jacobinos negros persigue a una clase e inspira a otra hasta el día de hoy.

Marcos Queiroz

En la noche del 14 de agosto de 1791, en las inmediaciones de una de las haciendas más tradicionales de Santo Domingo, entonces colonia francesa, tuvo lugar la ceremonia de Boïs-Caïman, hito inaugural de la mayor insurrección de esclavos del mundo moderno. Dirigida por “Zamba” Boukman, líder político y sacerdote vudú, proclamó una llamada a las armas y un compromiso de lucha por el fin del cautiverio, expresado en la frase inmortalizada por la historia: escuchad la voz de la libertad que habla en el corazón de todos nosotros.

Santo Domingo no era una colonia cualquiera. Para Francia, la metrópoli que más se expandía a finales del siglo XVIII, era LA colonia, o como la llamaban entonces: la perla de las Antillas. El mayor mercado de esclavos del mundo, producía la mitad del azúcar y del café que se consumía en el planeta. En el corazón de un mercado internacional en rápida expansión, representaba la cúspide del capitalismo. El sucio secreto de la “infancia” del capital es su íntima e intrínseca relación con el colonialismo. Alrededor de un millón de los 25 millones de franceses dependían directamente del comercio colonial y el 15% de los mil miembros de la Asamblea Nacional “revolucionaria” poseían propiedades coloniales en 1789. Las fortunas creadas en París, Burdeos y Nantes, fundamentales para la lucha por la “emancipación humana” que estalló en Francia, se generaron gracias a la brutal deshumanización de los negros al otro lado del Atlántico. Gente que llevaría la lucha por la libertad a su manera y la elevaría a otro nivel: lo universal, después de todo, no descansaba en Europa, sino que se encarnaba en las antiguas manos esclavizadas del Caribe.

Recalibrar lo universal frente a la esclavitud

Entre 1791 y 1804, dirigidas por Toussaint Louverture, Jacques Dessalines, Alexandre Petion, Henri Christophe y otros, las masas haitianas libraron una audaz lucha contra las fuerzas coloniales, derrotando sucesivamente a 60.000 soldados ingleses y 43.000 franceses. En enero de 1805 se declaró el primer estado independiente construido por antiguos esclavos y negros liberados. En las cartas constitucionales posteriores a la Revolución, reescribieron el ideal de libertad ante la experiencia de la esclavitud y la amenaza aún presente del colonialismo. Se declaró la igualdad universal y, en el mismo gesto, se afirmó la diversidad y la diferencia humanas. Aquí nació una nación cuyos hijos habían sido repudiados injustamente durante tanto tiempo, como se afirma en el preámbulo de la primera Constitución del Haití independiente.

La resignificación de los ideales universales de libertad e igualdad por parte de los súbditos que habían vivido los horrores del colonialismo y la esclavitud abarcó desde el nombre de Haití -nombre dado a la isla de Santo Domingo por sus primeros habitantes, el pueblo indígena taíno- hasta el programa político del nuevo Estado-nación. En ella, todos los habitantes de Haití debían ser tratados como “negros”. Sin embargo, a diferencia del resto del mundo colonial, allí “negro” era sinónimo de libertad, como se cantaba en la samba. Al abolirse todas las jerarquías basadas en el color de la piel, la ciudadanía pasaba a ser reconocida y atribuida conceptualmente por medio del términos que los colonizadores utilizaban para deshumanizar.

Negro pasó a significar no el color de la piel o el lugar de origen, ya que los polacos y alemanes que participaron en la guerra de la independencia, los africanos o los nativos americanos de otros lugares podían convertirse en ciudadanos haitianos: por tanto, también se convirtieron en negros. Todos los que podrían haber sido víctimas de la esclavitud y el genocidio podrían ser haitianos, por lo tanto ciudadanos haitianos, por lo tanto negros. En este particularismo que afirma lo universal, el signo negro, heredado del vocabulario colonial, fue resignificado para afirmar la universalidad contenida en la categoría ciudadano. Al hacerlo, también afirmó que no se puede hablar de ciudadanía en el mundo moderno sin un reconocimiento radical de la experiencia de la raza y la esclavitud. Fue la declaración de los derechos del negro y del ciudadano: el signo racial, antes utilizado para limitar, se convirtió en universal como sinónimo de humanidad.

El problema de la esclavitud no era una abstracción filosófica, como en la teoría ilustrada de los terratenientes europeos, o sólo una parte de los derechos individuales y sociales, como en la Constitución francesa de 1795. Apareció como una cuestión de los “habitantes” de Haití, un aspecto central de la constitución política y parte de los fundamentos indispensables de la entidad geopolítica de la nueva nación. Haití se funda para garantizar la libertad y acabar con la subordinación racial, adoptando una postura radical antiesclavista y proponiendo un movimiento transnacional, internacionalista y antiimperialista, un cosmopolitismo revolucionario articulado por una ciudadanía diaspórica ejercida en un territorio quilombola en medio del Caribe.

La universalidad del colonialismo

Esta postura radical, enraizada en el propio proceso revolucionario, ilumina esta otra historia de la libertad en el mundo moderno. Fueron los acontecimientos de Santo Domingo, y no la filantropía de los europeos, los que llevaron al poder legislativo francés a garantizar los derechos políticos de los hombres libres de color en 1792 y a abolir la esclavitud en todas sus colonias en 1794. Tras la llegada de Napoleón al poder y el restablecimiento de la esclavitud, fue el espíritu de libertad de los haitianos el que derrotó la última embestida francesa en 1803, que pretendía destruir a todos los hombres y mujeres negros, perdonando sólo a los niños menores de doce años.

La furia asesina francesa contra Haití no cesaría con la victoria de la Revolución. Ante el embargo económico y político de las demás naciones, Haití se vio obligado, en 1825, a negociar el reconocimiento diplomático con Francia, que sólo accedió al diálogo si el pequeño país caribeño aceptaba pagar una fuerte deuda por su independencia. Así, tras enviar a la isla a contables y actuarios que contabilizaron todas las tierras (cultivables o no), los bienes físicos, el número de personas anteriormente esclavizadas, las propiedades y los servicios, Francia impuso un tratado en términos estructuralmente desiguales, impregnado de aislamiento y amenaza militar. El préstamo para pagar la deuda sólo podía hacerse con bancos franceses y se transfería directamente al tesoro del país europeo. La deuda se renegoció en 1834 y 1860, y la deuda principal no se saldó hasta 1883.

Las tasas, los intereses y las comisiones de los préstamos, todos ellos exorbitantes y abusivos, acabaron siendo asumidos por los bancos estadounidenses a principios del siglo XX y no se pagaron hasta 1947. Para pagar lo que se debía, Haití tuvo que nacionalizar la deuda y orientar fuertemente su política agrícola y económica, que representa casi el 70% de sus ingresos por comercio exterior. Fue para garantizar el pago, así como los intereses azucareros de la Compañía Azucarera, que Estados Unidos ocupó Haití entre 1915 y 1934. Durante este tiempo, los estadounidenses tomaron el control del Tesoro Nacional y de las instituciones aduaneras haitianas, e impusieron una reforma constitucional que permitía a los extranjeros poseer tierras (prohibidas desde la independencia en 1804). Para tener una dimensión, en 2003, la deuda sería de unos 21.000 millones de dólares; en 2016, el PIB de Haití era de 19.000 millones de dólares, el de Francia, de 2,5 billones.

En este sentido, Haití es un acontecimiento que conecta las dos grandes fases de la política imperial: la esclavitud atlántica y el colonialismo. Por un lado, demuestra cómo todos los negros del mundo tuvieron que pagar por su libertad, constituyendo el capital blanco. Haití soportó como Estado lo que los individuos pagaron con el esfuerzo de su trabajo para comprar manumisiones y cartas de libertad en toda América. Se inauguró una faceta oculta de la lógica racial del rentismo capitalista: el valor no deriva sólo del trabajo, sino del reconocimiento de la libertad de los sujetos no blancos. Al ver reconocida su soberanía en condiciones de extrema subordinación política y económica, Haití se aproxima a las historias vividas por los países africanos en el periodo posterior a la descolonización del siglo XX: a nivel internacional, la soberanía de un Estado negro sólo es posible dentro de una lógica de dependencia.

El viento universal de la libertad

La africanidad de la revolución haitiana debe verse también desde otro lado. En la medida en que los insurgentes procedían en su mayoría de África, la influencia del continente impregnó la lógica revolucionaria, expresada en las tácticas de la guerra de guerrillas y el quilombagem en las montañas, el liderazgo descentralizado, la ética bantú y la configuración de la lengua criolla, a través de la cual las sediciones insurgentes circularon lejos del entendimiento colonial. Además, el acontecimiento puede entenderse como una lucha precursora de las revoluciones por la descolonización en África y otros países periféricos. Por lo tanto, no hay que considerar a Haití como un mero capítulo de la Revolución Francesa, sino como un proceso revolucionario en sí mismo, con su propio programa político que aborda directamente el problema colonial. Es a partir de esta visión que se entiende otro aspecto de la universalidad haitiana: su impacto concreto en las tácticas de resistencia y dominación que surgieron tras la Revolución.

La libertad latinoamericana comienza en Haití. Tras ser derrotados por la reconquista española en 1815, los criollos latinoamericanos se refugian en Jamaica, buscando el apoyo de Inglaterra para la lucha por la independencia. Tras la negativa de los británicos, se dirigieron a Haití, donde Simón Bolívar se reunió con Alexandre Petión, entonces presidente. Tras las negociaciones, Petión acepta proporcionar ayuda militar, política y económica a los insurgentes sudamericanos. Con armas, pertrechos y dinero proporcionados por los haitianos, partieron de la isla las dos expediciones que retomarían la lucha en el continente e iniciarían el proceso de independencia de lo que hoy se entiende como Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. En otras palabras, el apoyo a Haití es el acontecimiento inaugural que hizo posible la liberación latinoamericana. Un acontecimiento silenciado por la memoria dominante. Silencio que se cierne sobre las condiciones del acuerdo entre Petión y Bolívar -a diferencia de lo que se llama convencionalmente la diplomacia moderna-, Haití no quería nada a cambio, salvo la abolición de la esclavitud en todos los territorios liberados de América. Nada más acorde con la política radical antiesclavista que fundó el Estado negro. Aunque Bolívar cumplió su promesa durante las primeras victorias sobre los españoles, ella fue siendo paulatinamente abandonada por los criollos. Los negros de las nuevas repúblicas sudamericanas aún tendrían que luchar unos años más para que la abolición llegara por completo.

Haití también inspiraría a los insurgentes esclavizados del otro lado del Atlántico. En Cartagena, durante los conflictos con los españoles, se podían ver banderas haitianas ondeando alrededor de las casas de Getsemaní, el histórico barrio negro de la ciudad y donde se dio el primer grito de independencia de Colombia. En 1800-1801, en Virginia, Estados Unidos, durante la Rebelión de Gabriel Prosser, el líder citó a Santo Domingo como referencia de lucha. En Brasil, a lo largo del siglo XIX, eran frecuentes los rumores de que los levantamientos de los negros formaban parte de una conspiración internacional desencadenada por la Revolución de Haití. Las formaciones de quilombos, las insurgencias urbanas, como la de Malês, y las constantes fugas fueron motivos para evocar el pánico al haitianismo.

El imaginario libertario haitiano entra en el siglo XX: en las pinturas de Toussaint Louverture durante el Renacimiento de Harlem; como fundamento de la ascendencia revolucionaria de los movimientos negros; en la circulación de los Jacobinos Negros de CLR James a través de infinidad de manos, como las de Martin Luther King, Louis y Lucille Armstrong, Kwame Nkrumah y los estudiantes sudafricanos que luchaban por otro tipo de historia a mediados de los años noventa. En las novelas, novelas y prosa de Alejo Carpentier, Aimé Césaire, Edouard Glissant, Juan Bosh, Vicente Placoly, Jean Métellus, George Lamming y Derek Walcott.

Por otro lado, se montó un aparato antihaitiano en todo el mundo. Si los haitianos afirmaban la universalidad de los derechos humanos con independencia del color de la piel, en Europa surgían las doctrinas del racismo científico como forma de limitar lo universal. La democracia y los derechos fundamentales sólo eran accesibles, se decía, a los seres racialmente superiores: una ciencia de la eugenesia como respuesta directa al Atlántico revolucionario.

En las Américas se establecen estados-nación fundados en la negación de un Santo Domingo interno. En Estados Unidos se publica la Ley de Insurrección de 1807, una de las primeras grietas en el sistema federalista. Surgida como una demanda de la clase esclavista ante el temor de una rebelión generalizada de los negros, permite el uso de las fuerzas federales para reprimir insurrecciones en los estados. Esta ley sigue en vigor y se utilizó por última vez en 1992 contra las manifestaciones de negros en Los Ángeles en el caso Rodney King. El año pasado, Trump la utilizó para amenazar las protestas antirracistas, poco después del inicio de las movilizaciones que recorrieron el país tras el asesinato de George Floyd.

En Hispanoamérica, líderes revolucionarios negros de la independencia, como José Prudencio Padilla y Manuel Piar, son ejecutados en los albores de las repúblicas bajo la sombra del haitianismo. Magnicidas que transmiten un mensaje sobre el lugar de los afrodescendientes en las nuevas naciones latinoamericanas. En Brasil, fue el miedo a Haití lo que fundó la solución monárquica y un Estado centralizado, capaz de responder a las revueltas populares con cohesión y coherencia política, y lo que eliminó la posibilidad de cualquier tipo de ciudadanía para los africanos, aunque fueran liberados, en la Constitución de 1824. Este miedo también será reactivado en diferentes momentos del siglo XIX por las élites políticas brasileñas, especialmente ante el fin de la trata de esclavos y de la esclavitud: el miedo a la rebelión de los esclavos y a un nuevo Haití dará unidad a la clase terrateniente y es lo que permitirá salvaguardar los intereses económicos y el poder político, ambos fundados en la subciudadanía negra en un proyecto blanco de nación.

Aunque silenciada por la narrativa dominante, Haití fue un acontecimiento universal: estuvo en todas partes. Actuó como motor del antagonismo político, marcando tácticas de insubordinación y dominación. Se inscribió en las estructuras fundacionales de la modernidad.

El devenir haitiano

Según el filósofo camerunés Achille Mbembe, las experiencias esclavistas y coloniales legaron una lógica de poder y dominación basada en la permisividad y las tecnologías sobre los cuerpos, la tierra y el tiempo. Las prácticas de zonificación, cercamiento y loteamiento; la economía de la violencia; y la desposesión de las matrices de lo posible son las características fundacionales del poder colonial. Esta estructura de dominación dependía, al final, del establecimiento de un individuo como esclavo. En la modernidad atlántica, ese esclavo era el hombre negro. El signo negro era el átomo de la política moderna de la muerte. Mbembe dice que esta condición de inhumanidad, antes reservada a los genes de origen africano en el primer capitalismo, se extiende ahora a toda la humanidad. La institucionalización y universalización de este carácter desechable y soluble como norma de vida es lo que él llama el devenir-negro del mundo.

El devenir negro del mundo es el Apocalipsis. Como escribe el escritor dominicano Junot Díaz, la historia de Haití está llena de “apocalipsis”: los horrores del genocidio indígena, la esclavitud y el colonialismo; la guerra revolucionaria, que redujo la población de la isla en un 40%; las décadas de embargo económico, usurpación financiera y aislamiento político; las intervenciones imperialistas; la masacre de 1937 practicada por sus vecinos dominicanos; las dictaduras de los Docs; y, más recientemente, el terremoto de 2010. Junot afirma que los “apocalipsis” nos permiten ver aspectos de nuestro mundo que preferimos ignorar, ocultos tras la negación. Más que eso: los “apocalipsis” iluminan que cualquier catástrofe no es un acontecimiento natural sino social, que la forma en que llevamos a cabo nuestra vida cotidiana produce incesantemente la posibilidad de un nuevo Apocalipsis.

El teórico haitiano Michel-Rolph Trouillot sostiene que el silencio producido sobre la Revolución Haitiana es la negación fundamental de la modernidad. Este olvido deliberado es lo que permite construir relatos de progreso, democracia y avance de los derechos humanos sin dar cuenta de la sangre derramada. Permiso que permite un nuevo Apocalipsis a la vuelta de la esquina: la universalización misma de la condición del fin del mundo. Fue contra esta condición que los haitianos se reunieron aquel 14 de agosto en Boïs-Caïman y lucharon durante más de una década contra una realidad que les imponía vivir como esclavos o morir. Y al final del proceso, contra toda lógica moderna, afirmaron que el devenir negro no era la muerte, sino la vida, la libertad. En esta resignificación, en la que el devenir negro se transmuta en devenir haitiano, rechazaron la vida como muertos vivientes en el fin del mundo.

Es en los dilemas universales legados por la revolución haitiana donde se encuentran las claves de la tergiversación histórica, haciendo de lo impensable lo inevitable. Transformar el devenir negro en devenir haitiano como condición para, una vez más, evitar el Apocalipsis.

* Publicado en Jacobin, 23.08.21,